En 2001 con la Ley 87-01, la República Dominicana cambió de un sistema público de reparto a uno privado de cuentas individuales administrado por AFP (Administradoras de Fondos de Pensiones).

Cada trabajador afiliado tiene una cuenta personal donde empleadores y empleados depositan mensualmente un 10% del salario (aproximadamente 7.1% del empleador y 2.9% del trabajador). Estos aportes son invertidos por las AFP para generar rendimientos. El objetivo del nuevo modelo fue garantizar sostenibilidad financiera y ampliar la cobertura de las pensiones, promoviendo la eficiencia y competencia entre empresas privadas.

A más de dos décadas de la reforma, las cifras oficiales reflejan un sistema creciente, pero con problemas importantes. Al cierre de 2024, la Superintendencia de Pensiones (Sipen) reportó cerca de RD$1.1 billones acumulados en los fondos de pensiones. El número de afiliados registrados supera los 5.4 millones, casi la mitad de la población económicamente activa del país.

Cobertura de afiliados y cotizantes

Estar inscrito en el sistema no garantiza aportes constantes. De los 5.4 millones de afiliados, solo alrededor de 2.24 millones cotizan cada mes, es decir, cerca del 42%.  Más de 3 millones de afiliados se mantienen con cuentas inactivas porque dejaron el empleo formal, emigraron o quedaron desempleados, o talvez fallecieron.

Esto refleja la elevada informalidad laboral en República Dominicana, que alcanzó el 55.3 % en el cuarto trimestre de 2024 según la TSS, y una cobertura previsional aún muy limitada: apenas el 45.2 % de los ocupados cotizaba formalmente en ese periodo. En paralelo, un estudio de la Sipen (abril 2025) subrayó que los contribuyentes regulares representan solo alrededor del 38 % de la fuerza laboral estimada del país. Por tanto, más del 60 % de los trabajadores (informales, independientes o desempleados) permanece excluido del sistema contributivo, sin protección real en la vejez.

Esta brecha entre afiliados y cotizantes implica que muchos trabajadores aportan poco tiempo y por montos bajos, lo que disminuye las pensiones futuras que recibirán. En la práctica, el sistema actual deja sin protección contributiva a una gran parte de la población.

• Afiliados totales:  5,417,158
• Afiliados cotizantes activos: 2,242,332 personas (42% de afiliados).
• Afiliados inactivos: 3,174,826 personas
• Cobertura efectiva del sistema: ~37% de la fuerza laboral nacional.

Datos a mayo 2025

Crecimiento de los fondos y comisiones de las AFP

A pesar de la limitada cobertura, el fondo de pensiones continúa creciendo de forma sostenida gracias a las contribuciones de quienes sí cotizan y al rendimiento de las inversiones. Las AFP cobran una comisión anual sobre el saldo administrado, actualmente alrededor del 1 % del fondo acumulado, según lo establecido en la reforma de 2020. Este esquema ha permitido que sus ingresos aumenten cada año, incluso en contextos de desaceleración económica.

• Ingresos operacionales 2024 (AFP Popular, Siembra y Crecer): RD$8,230.7 millones.
• Utilidades netas 2024 (mismas tres AFP): RD$4,254.9 millones.

Estos ingresos han crecido muy por encima del ritmo de expansión de la economía nacional. Durante el período enero–mayo de 2025, la actividad económica registró un crecimiento interanual aproximado de 2.6 %, y se proyecta que el PIB cerrará el año entre 3 % y 4 %, con una media de 3.5 % según estimaciones del MEPyD, el Banco Mundial y el FMI.

Por su parte, las AFP han mantenido su estrategia de inversión, destinando una parte significativa de los fondos a bonos del Banco Central y del Ministerio de Hacienda, instrumentos que ofrecen rendimientos estables. Según datos de la SIPEN al mes de mayo de 2025, las inversiones en proyectos del sector privado (infraestructura, energía e inmobiliario) han aumentado y ya representan alrededor del 30 % del portafolio total administrado.

En otras palabras, las AFP han logrado combinar la seguridad de los títulos públicos con una rentabilidad creciente derivada de una cartera diversificada en el sector privado, fortaleciendo sus márgenes en un contexto de crecimiento económico moderado.

En 2024, de acuerdo con la Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones (ADAFP), los afiliados recibieron RD$97,243 millones en rendimientos, lo que equivale al 69 % del crecimiento total del fondo. Sin embargo, esa cifra, aunque positiva en el agregado, no se refleja proporcionalmente en los saldos individuales de los trabajadores, cuya mayoría percibe pensiones proyectadas que no cubrirían ni el 30 % de su salario actual.

Estructura interna de las AFP: inversiones y conflictos de interés

Un aspecto clave poco difundido es cómo se utilizan los excedentes del sistema. Las tres principales AFP (Popular, Siembra y Crecer) concentran más del 80% de los recursos bajo administración. Estos grupos también operan préstamos e inversiones a través de empresas vinculadas: poseen bancos, aseguradoras, fondos de inversión, fideicomisos, etc. Además, pagan sumas considerables a asociaciones privadas del sector (como la ADAFP, gremio de las administradoras). En conjunto, esto crea un circuito de reciclaje financiero dentro de los mismos grupos económicos.

Por ejemplo, algunas AFP han canalizado parte de las inversiones hacia proyectos como el cine nacional, (AFP Popular RD$100 MM) donde gozan de exenciones fiscales, sin que los afiliados vean claros beneficios de esas subvenciones.

Cabe resaltar que las AFP prácticamente no invierten dinero propio; su operación se financia con las comisiones descontadas de los salarios formales. En teoría, el afiliado recibiría una pensión proporcional a sus aportes. Sin embargo, en la práctica el modelo ha acumulado más de RD$1.2 billones de ahorro colectivo, sin asegurar pensiones adecuadas para la mayoría. A cambio, las AFP se han consolidado como empresas de altísimas ganancias, destinando recursos a gastos operativos (oficinas, salarios, etc.) que contrastan con la pobreza proyectada de sus afiliados.

Más de 4 mil millones en utilidades netas

Un modelo de ingresos asegurados, sin competencia real

A diferencia de cualquier otro negocio privado, las AFP no dependen de captar voluntariamente a sus clientes: la afiliación es obligatoria para todos los trabajadores formales. Esto les garantiza ingresos recurrentes por concepto de comisiones, calculadas sobre el salario y el rendimiento del fondo. Pero lo más llamativo no es lo que cobran, sino cómo lo gastan.

Los estados financieros auditados de AFP Popular, AFP Siembra y AFP Crecer para el año 2024 muestran en conjunto utilidades netas por RD$4,254,912,859. Este monto, que representa el resultado del ejercicio tras pagar todos los impuestos y cubrir sus gastos operativos, es distribuido entre sus accionistas conforme a las políticas internas de cada empresa.

Mientras los dueños celebran dividendos anuales de cifras astronómicas, la mayoría de los trabajadores apenas puede calcular una proyección de retiro que no cubre ni el 30% de su salario actual.

¿Quién gana con tu pensión? El gran gasto en sueldos, bonificaciones en las AFP dominicanas

Las cifras de gastos operativos y generales revelan una estructura ejecutiva pesada, pero financieramente cómoda. Solo en 2024:

A medida que se acerca el momento de que los primeros trabajadores comiencen a recibir sus pensiones bajo el modelo de capitalización individual establecido por la Ley 87-01, el debate sobre la sostenibilidad y equidad del sistema previsional dominicano se hace más urgente.

Un análisis detallado de los estados financieros 2024 de las tres principales Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) Popular, Siembra y Crecer, revela que estas entidades han construido un modelo empresarial altamente lucrativo con base en comisiones descontadas del salario de los trabajadores.

Salarios y bonificaciones: el alto costo del aparato administrativo

Durante el año 2024, los gastos en personal de las tres AFP ascendieron a cifras multimillonarias. AFP Popular reportó RD$824,061,703 en gastos generales, de los cuales una parte importante fue destinada al pago de sueldos y bonificaciones. AFP Siembra destinó RD$716,786,696 y AFP Crecer RD$710,899,019, según sus respectivos estados financieros. Dentro de estos montos, se incluyen sueldos fijos, bonificaciones por desempeño, pagos por cesantías y otros incentivos.

En conjunto, estas tres AFP invirtieron miles de millones en sostener su estructura operativa, un aparato que, si bien requiere talento y recursos, contrasta con la precariedad que se proyecta en las futuras pensiones de los afiliados. Otra proporción significativa de estos recursos se destina a los servicios de consultoría externa, promoción institucional, y cuotas a asociaciones privadas que agrupan a las propias AFP. Llama la atención el volumen de los gastos en “infraestructura”, “traslados y comunicaciones”, y sobre todo los “gastos diversos”, categoría que suele agrupar insumos difíciles de auditar públicamente y que suman cientos de millones La rentabilidad de estas empresas no se destina al afiliado, sino a cubrir estos costos y generar beneficios para los accionistas.

El sistema ha generado una asimetría profunda: los que ponen el dinero no tienen control ni retorno; los que administran el dinero, disfrutan de un margen de beneficio garantizado.

Las AFPs destinaron más de RD$3,400 millones en 2024 sólo a gasto de personal, sin incluir otros gastos operativos ni tecnológicos. El 68% de estos gastos corresponde al área administrativa. Esta estructura evidencia una operación altamente costosa en recursos humanos.

El gasto en ADAFP ha crecido significativamente en algunas AFP, especialmente en AFP Siembra, lo que evidencia una fuerte inversión institucional en sostener la voz gremial del sector, incluyendo actividades de incidencia pública y política.

Propietarios de las AFP y sus influencias

El mercado de pensiones en República Dominicana es esencialmente oligopólico. Aunque técnicamente existen seis AFP, solo 3 concentran casi el 80% de los activos y afiliados. Estas tres “grandes” están vinculadas a los grupos financieros más poderosos del país de familias y grupos empresariales muy poderosos. Identificar a los accionistas de las AFP ayuda a entender la dinámica de poder:

• Grupo Popular (AFP Popular): Controla Banco Popular, AFP Popular, Inversiones Popular, AFI Popular (fondos de inversión), una fiduciaria y aseguradoras. Es liderado por la familia Grullón (descendientes del fundador Alejandro Grullón). A través de esta red, la familia Grullón obtiene ganancias del banco, de la AFP (por comisiones) y de los proyectos financiados con esos fondos.

• Grupo Financiero BHD León (AFP Siembra): Surge de la fusión del Banco BHD (familia Molina-Achécar) y el Banco León (familia León). Además de AFP Siembra, el grupo engloba a Mapfre BHD Seguros (resultado de una alianza entre el Centro Financiero BHD León y MAPFRE), el BHD León Puesto de Bolsa y otras entidades financieras. El holding Centro Financiero BHD León está mayoritariamente controlado por las familias Molina-Achécar y León, con participación de la IFC del Banco Mundial Este conglomerado es hoy el segundo actor privado más importante en pensiones y banca múltiple en el país.
• Grupo Rizek (AFP Crecer): Históricamente agroindustrial (especialmente cacao), la familia Rizek ha diversificado sus inversiones hacia finanzas e infraestructura. En 2018 compraron el entonces Scotia Crecer AFP y la renombraron AFP Crecer. También poseen Seguros Crecer. En 2024 expandieron su alcance al adquirir la AFP Crecer de El Salvador por US$60 millones. A través de su holding en Panamá (Centro Financiero Crecer), los Rizek acumulan negocios en banca, seguros, bolsa y construcción. Su incursión en pensiones les permite tener un paquete financiero completo propio.

En resumen, el marco institucional dominicano ha mostrado debilidades para controlar a un mercado donde las AFP concentran creciente influencia económica. La asimetría de poder –AFP muy fuertes versus regulador relativamente débil– facilita que predominen prácticas que anteponen la rentabilidad privada al interés social. A la larga, esto convierte al sistema previsional en un negocio lucrativo antes que en una garantía de derechos para una vejez digna.

Los grupos dueños de las AFP han logrado una integración vertical completa: recaudan el ahorro del público a través de la banca, administran las pensiones en las AFP, venden seguros de vida y salud (al poseer ARS), canalizan inversiones por sus puestos de bolsa y financian créditos con ese mismo dinero. Es decir, “reciclan” el capital de los afiliados dentro de sus conglomerados para maximizar utilidades en cada etapa.

Aunque no hay ilegalidad en invertir en emisores relacionados (mientras no excedan límites legales), esta situación rompe el principio de que las AFP actúen solo en interés de los afiliados. El interés de la empresa matriz puede influir en las decisiones de inversión, en lugar de centrarse exclusivamente en la máxima rentabilidad para los trabajadores.

En resumen, el dominio de unos pocos grupos económicos en el sistema de pensiones refuerza estructuras de poder financiero ya existentes y dificulta cualquier cambio que amenace los privilegios consolidados de estos conglomerados.

Una empresa privada que vive del ahorro público. El trabajador: aportante obligado, pero excluido del reparto

Aunque las AFP son legalmente empresas privadas, su capital de operación proviene exclusivamente del ahorro forzoso de la población trabajadora. Sin ese ahorro —obligatorio y gestionado sin opción de salida— estas empresas no existirían. Sin embargo, operan con lógica de rentabilidad corporativa: máximas ganancias para los socios, mínimo retorno para los clientes.

El diseño institucional actual permite que este modelo siga funcionando sin interrupciones: sin auditorías públicas profundas, sin rendición de cuentas al afiliado (al final son empresas privadas) y sin una discusión seria sobre la equidad del sistema.

Una disparidad histórica que exige revisión estructural

El caso de las AFP es el reflejo más crudo de cómo una política pública puede convertirse en una fuente permanente de enriquecimiento para un grupo, mientras precariza las condiciones de millones. No es solo un tema financiero; es un problema de justicia.

Revisar este esquema a nivel horizontal (comisiones, gastos, transparencia) y vertical (estructura de propiedad, derecho del afiliado, uso de utilidades) no es una opción ideológica, sino una necesidad democrática.

Porque si el trabajador financia el sistema, merece más que cifras lejanas y promesas vacías: merece ser parte del modelo que sostiene.

Y como si todo esto fuera poco: Afiliados inactivos y fondos de afiliados fallecidos

La opacidad del sistema: fondos invisibles y respuestas evasivas

En una respuesta oficial fechada el 25 de abril de 2025, la Superintendencia de Pensiones (SIPEN) respondió a una solicitud de acceso a la información realizada por Panorama, confirmando que al 28 de febrero de ese año existían RD$7,315 millones acumulados en cuentas de afiliados fallecidos cuyos familiares aún no han solicitado el beneficio de sobrevivencia. Estos fondos corresponden a 90,985 casos identificados como pendientes al 15 de julio de 2024.

Sin embargo, esta cifra resulta abiertamente contradictoria con las declaraciones realizadas por el propio superintendente en medios de comunicación apenas unas semanas antes, el 11 de marzo de 2025, donde se informó públicamente que existían más de 117,000 cuentas de afiliados fallecidos sin reclamar. ¿Es decir, 26,000 casos adicionales no aparecen en la respuesta institucional entregada por escrito, lo que plantea una seria discrepancia entre el discurso público y la data oficial, como por ejemplo cuánto es la diferencia en monto por esa mayor cantidad de casos adicionales?

Pero el asunto es aún más grave: cuando se le preguntó a la SIPEN en la misma comunicación, la máxima autoridad supervisora del sistema de pensiones, cuánto dinero permanece acumulado en las cuentas de los más de 2.4 millones de afiliados inactivos, la respuesta fue escandalosamente evasiva: “Por temas de seguridad de la información, estos montos no son visibles en el sistema”. Una declaración que, en cualquier país con estándares mínimos de gobernanza, debería encender todas las alertas institucionales.

¿Cómo puede el organismo que regula y supervisa un sistema de capitalización individual no tener visibilidad de los fondos acumulados por más de dos millones de personas? ¿Cómo puede hablarse de transparencia cuando ni siquiera se puede cuantificar el dinero que permanece inmóvil en el sistema y del cual solo se pidió un monto?

Peor aún, cuando se consultó por la cantidad de solicitudes de devolución de fondos realizadas por dominicanos emigrantes, la respuesta fue que “ese dato no se tabula, porque la ley no contempla esa posibilidad”. En otras palabras, el sistema no sabe cuántos dominicanos han perdido vínculo total con su ahorro previsional al cruzar las fronteras del país. Un limbo legal e institucional que entierra millones en silencio.

La SIPEN reconoce que muchos dejan de aportar por razones estructurales como la informalidad, la cesantía, la discapacidad o el fallecimiento. Pero lo que no admite con igual claridad es que el sistema ha sido incapaz de adaptarse a estas realidades, perpetuando un modelo que sigue generando beneficios para las administradoras, mientras miles de afiliados se desconectan sin retorno ya que este mismo sistema de capitalización individual no ha desarrollado herramientas eficaces para proteger los derechos, en vida o post mortem de los afiliados ni de sus familias.

En cualquier sistema que administre recursos públicos o privados de esta magnitud, la primera obligación es la transparencia absoluta. No basta con decir que los fondos están invertidos, ni que el sistema es técnicamente sólido. Si el ente regulador no puede decir cuánto dinero hay, a quién pertenece, y por qué no se entrega, entonces no estamos ante un sistema confiable, sino ante una estructura de poder opaca donde la información crítica es una concesión, no un derecho.

El hecho de que la propia SIPEN reconozca no tener visibilidad de los saldos de millones de cuentas inactivas, y que entregue datos contradictorios sobre los fallecidos, demuestra una falla estructural de supervisión. Y mientras esa falla no se corrija, el sistema seguirá operando sobre una paradoja: el dinero está, pero sus dueños no lo ven. Y los que lo administran, lo saben.

Pensiones futuras: escenarios de desigualdad proyectada

Con todo lo anterior, surge la pregunta: ¿qué recibirán los trabajadores comunes cuando se retiren bajo este sistema? Lamentablemente, las proyecciones de organismos locales e internacionales dibujan un panorama preocupante. La tasa de reemplazo (porcentaje del último salario cubierto por la pensión) se calcula para la mayoría de afiliados entre el 20% y 30%. Es decir, en promedio lograrán menos de un tercio de lo que ganaban de activos. Esto está muy por debajo del mínimo recomendado por la OIT (45%).

Por ejemplo, un trabajador que gane RD$30,000 al mes en términos constantes podría recibir apenas unos RD$9,000 mensuales de pensión, cifra cercana al umbral de pobreza. Cabe recordar que hoy la pensión mínima legal contributiva ronda los RD$14,000 (salario mínimo promedio del sector privado).

Muchas proyecciones indican que los fondos acumulados individuales no alcanzarán ni siquiera para pagar ese mínimo, por lo que miles de futuros jubilados podrían terminar percibiendo pagos únicos muy bajos en lugar de una renta mensual digna. Las razones de estas bajas pensiones son estructurales: salarios cotizables bajos, interrupciones frecuentes en los aportes (por informalidad o desempleo), comisiones y costos administrativos que reducen los ahorros, y un aumento en la expectativa de vida (más años pagando la pensión).

Las soluciones propuestas por el gobierno y las AFP se han centrado en ajustes paramétricos: subir la edad de jubilación (actualmente 60 años), incrementar la tasa de cotización o incentivar aportes voluntarios. Sin embargo, estas medidas resultan insuficientes si persisten la informalidad y los bajos salarios.

En resumen, el desequilibrio de origen, un sistema individualista en una economía desigual, no se corrige con simples ajustes numéricos; requeriría cambios más profundos, incluyendo mecanismos de redistribución y solidaridad que hoy están ausentes.

De hecho, hacia 2033 (30 años después de la reforma) las primeras generaciones enteras formadas 100% bajo el sistema actual comenzarán a jubilarse. Si las proyecciones se cumplen, se confirmarán las tendencias: tasas de reemplazo insuficientes, cobertura limitada a quienes tuvieron empleos formales estables, y casi nada para quienes quedaron fuera. Mientras tanto, las AFP habrán capitalizado décadas de utilidades, diversificado sus inversiones y afianzado su presencia en toda la economía.

Como ha señalado el informe “¿Quién es quién en el negocio de la seguridad social?” de la Fundación Juan Bosch y Oxfam, que describen esto como una “privatización de los derechos sociales” con efectos regresivos. Se privatizaron las pensiones con la promesa de eficiencia, pero en la práctica se socializaron los riesgos (cada trabajador asume la suerte de sus ahorros) y se privatizaron las ganancias (las AFP ganan sin asumir riesgos comparables).