Ellie Aghayeva, una estudiante de la Universidad de Columbia que fue detenida temprano el jueves después de que agentes federales de inmigración supuestamente usaron falsos pretextos para entrar a su dormitorio, ha sido liberada, confirmó ella en su cuenta de Instagram.

Aproximadamente a las 6:30 a.m., agentes del Departamento de Seguridad Nacional ingresaron a un edificio residencial de Columbia en la ciudad de Nueva York y tomaron a un estudiante bajo custodia, dijo la presidenta interina de la Universidad de Columbia, Claire Shipman, en una carta.

Funcionarios universitarios dicen que los agentes tergiversaron su propósito para poder acceder al edificio.

“Nuestro entendimiento en este momento es que los agentes federales hicieron declaraciones falsas para entrar al edificio con el fin de buscar a una ‘persona desaparecida’”, escribió Shipman. “Estamos trabajando para recopilar más detalles”.

Ellie Aghayeva es una estudiante internacional y de último año con doble especialización en neurociencia y ciencias políticas, según la Asociación Estadounidense de Profesores Universitarios (AAUP, por sus siglas en inglés), que confirmó su identidad a CNN. La AAUP se enteró de la identidad de Aghayeva cuando sus compañeros alertaron al capítulo de la AAUP de la Universidad de Columbia.

El Departamento de Seguridad Nacional confirmó a CNN que ICE arrestó a Aghayeva, pero no respondió a las acusaciones de que los agentes se hicieron pasar por otras personas para acceder al edificio.

ICE arrestó a Aghayeva, quien es de Azerbaiyán, “cuya visa de estudiante fue cancelada en 2016 bajo el Gobierno de Obama por no asistir a clases”, según el comunicado.

“El administrador del edificio y su compañera de cuarto permitieron que los agentes entraran al apartamento. Ella no tiene apelaciones ni solicitudes pendientes con el DHS”.

Aghayeva compartió una historia en Instagram mostrando una foto solo de sus piernas con el pie de foto: “El DHS me arrestó ilegalmente. Por favor ayuden”. La noche antes de su detención, la estudiante había compartido un reel en Instagram documentando una sesión de estudio de 10 horas en la biblioteca.

La estudiante había construido un considerable seguimiento en redes sociales, publicando regularmente sobre sus sesiones de estudio en la biblioteca, así como sobre su estilo de vida y hábitos de productividad.

El arresto de Aghayeva ocurre casi un año después de que el activista palestino y estudiante de Columbia Mahmoud Khalil fuera puesto bajo custodia de ICE el 8 de marzo de 2025. Khalil pasó más de 100 días detenido, perdiéndose el nacimiento de su primer hijo, y ahora enfrenta la posibilidad de deportación.

Columbia dijo que está trabajando para contactar a la familia de Aghayeva y asegurar que la estudiante tenga acceso a apoyo legal.

En su carta, Shipman enfatizó que los agentes de la ley deben presentar una orden judicial o citación judicial para acceder a áreas no públicas de la universidad, incluyendo residencias, aulas y edificios que requieran acceso con tarjeta de identificación de la Universidad de Columbia. Una orden administrativa, escribió, no es suficiente.

“Si los agentes del orden buscan ingresar a áreas no públicas de la Universidad, pida a los agentes que esperen antes de entrar a cualquier área no pública hasta contactar a Seguridad Pública. Seguridad Pública contactará a la Oficina del Asesor Jurídico para coordinar la respuesta de la Universidad”, escribió Shipman.

“No les permita entrar ni acepte la entrega de una orden o citación”.

El presidente Donald Trump se reunió el jueves con el alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, en Washington para discutir sobre vivienda. Mamdani luego publicó en X que había planteado la detención de Aghayeva durante su reunión. En una llamada telefónica posterior, Mamdani dijo que Trump le dijo: “ella será liberada de manera inminente”.

El incidente ocurre mientras la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, ha propuesto una legislación que prohibiría a Inmigración y Control de Aduanas ingresar a lugares sensibles como escuelas y residencias estudiantiles.

“Seamos claros sobre lo que sucedió: los agentes de ICE no tenían la orden adecuada, así que mintieron para acceder a la residencia privada de una estudiante”, dijo Hochul en un comunicado en X.

El representante demócrata Jerry Nadler, decano de la delegación congresional de Nueva York, y el asambleísta Micah Lasher dijeron en un comunicado que estaban “asqueados e indignados” de que agentes de ICE supuestamente ingresaran a una residencia universitaria de Columbia bajo falsos pretextos y sin una orden judicial para detener a un estudiante, calificando la acción como peligrosa, generadora de miedo y prometiendo trabajar para traer al estudiante de regreso a casa.

Se convocó una manifestación de emergencia para protestar por la detención ocurrida en la madrugada, con Columbia University Apartheid Divest, una coalición estudiantil que representa a más de 100 organizaciones, anunciando la manifestación en X y pidiendo acción inmediata.

Estudiantes de Columbia son objetivo de acciones federales de inmigración

El arresto de Aghayeva marca la primera vez que el DHS ha detenido a un estudiante de Columbia en una residencia propiedad de la universidad desde el arresto de Khalil, un estudiante de la School of International and Public Affairs de la promoción 2024.

Khalil, quien fue sacado de su apartamento y pasó más de 100 días bajo custodia de ICE sin cargos, ahora enfrenta la inminente posibilidad de ser arrestado nuevamente y deportado a Argelia o Siria.

El equipo legal de Khalil sufrió un revés en enero cuando un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Tercer Circuito de EE.UU. en Filadelfia revocó una decisión de un tribunal inferior que había asegurado su liberación de un centro de detención de inmigración.

Khalil, quien nació en un campo de refugiados palestinos en Siria antes de graduarse en Columbia, había desempeñado un papel destacado negociando en nombre de los manifestantes pro-palestinos en la universidad.

Otra estudiante de la Universidad de Columbia, Ranjani Srinivasan, también fue detenida en marzo de 2025 en medio de protestas propalestinas en Hamilton Hall, aunque sostiene que no participó en la protesta.

Srinivasan, entonces de 37 años, ciudadana india y becaria Fulbright, dijo que fue objetivo por ejercer su derecho a la libertad de expresión, y que la experiencia la obligó a abandonar el país por miedo a ser detenida.

Funcionarios del DHS la identificaron como una de varios estudiantes de Columbia objetivo de acciones migratorias bajo la ofensiva del Gobierno de Trump contra estudiantes internacionales involucrados en protestas relacionadas con el conflicto Israel-Hamas.

El representante Adriano Espaillat, exinmigrante indocumentado, dijo que los estudiantes y el profesorado “no deberían temer por su seguridad en sus habitaciones, en el aula o en cualquier otro lugar del campus”, y describió el incidente como parte de lo que llamó “acciones ilegales” del Gobierno de Trump.

“Esta muestra de las acciones ilegales de la administración Trump —que rara vez cuentan con órdenes o citaciones legítimas— es otro recordatorio de que la Universidad de Columbia y otras instituciones deben fortalecer las protecciones y políticas que utilizan para crear un entorno seguro para quienes sirven y emplean”, escribió Espaillat en X.

Desde hace seis años, cuando salió de Venezuela y llegó a Miami, este venezolano de 51 años dice que todos los días piensa en su país. El exilio profundizó su amor por su patria y su voz transmite los sentimientos más diversos: desde la alegría al recordar su casa, la tristeza por lo que dejó atrás y también la ilusión de que el país en el que creció vuelva a ser “pujante”.

“Soy un enamorado de Venezuela a ultranza”, dice a CNN. Es instructor y da clases en esa ciudad de Florida. Pide no dar su nombre ni más detalles sobre su actividad laboral por temor a represalias.

Como él, cerca de 8 millones de venezolanos dejaron su país en los últimos años por la crisis económica y la inestabilidad política, y hoy, desde otros países de Latinoamérica o en Estados Unidos, ven lejana la posibilidad de regresar a su tierra natal.

Algunos de ellos, entrevistados por CNN, dijeron incluso que, aunque el Gobierno del presidente Nicolás Maduro ya no estuviese en el poder, tampoco pensarían en dejar los países en los que se exiliaron. Hablan del reto de una reconstrucción social que, creen, llevaría años.

Personas caminan por una zona del centro de Caracas el 12 de noviembre de 2025.

Miguel Gutiérrez/EFE/EFE

Volver, una decisión difícil

No es nada sencillo reconstruir una vida. “Mi familia está arraigada ya en este, mi nuevo país”, dice Susana, que vive en California. Alrededor de 1,1 millones de venezolanos viven en Estados Unidos, según cifras de 2024 de la Oficina del Censo.

El Gobierno de EE.UU. ha tomado medidas para poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) o revertir la extensión de esas protecciones para Venezuela, entre otros países. Aunque los especialistas señalan que cada caso es particular, muchos venezolanos con ese beneficio podrían quedar en riesgo de ser deportados.

Algunos dicen que volver a Venezuela sería como pasar por una nueva migración, algo que ya afectó su tranquilidad una vez y no quieren revivir.

“Para regresar a Venezuela tendría que suceder algo muy grande. Un cambio no solo de gobierno, sino de mentalidad”, dice Gustavo Páez, gerente de una empresa de cuidado de la salud. Llegó a California en 2016 con su esposa y sus dos hijos.

A más de 9.000 kilómetros de distancia, una joven venezolana coincide con esa idea. Joandre está en Buenos Aires desde agosto de 2016, cuando tenía 21 años. Como ella, varios entrevistados han pedido no ser plenamente identificados por temor a represalias.

“Yo ya construí una nueva vida en este país, gracias a Dios y gracias a Argentina y los argentinos”, dice. Pero cuando piensa en un futuro lejano, Venezuela vuelve a ella: “Me imagino vivir mi vejez en Venezuela”.

Tiene su propio negocio en la capital de Argentina y gran parte de su familia también vive allí. Desde que salió de Venezuela, hace más de nueve años, no ha regresado. Dice que, en el día a día, no está al pendiente de lo que pasa en su país y, aunque le afecta y le duele, explica que es para mantener “la cabeza fría” y seguir adelante.

En los últimos meses, la tensión entre Venezuela y Estados Unidos ha escalado de forma constante.

El Gobierno del presidente Donald Trump mantiene una campaña de presión en el Caribe con el despliegue de buques militares, ataques a presuntas embarcaciones con drogas en las que murieron decenas de personas y la designación del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, como integrante de una organización terrorista extranjera. Trump dejó clara su intención de presionar a Maduro y su Gobierno y afirma estar trabajando para reducir el flujo ilegal de inmigrantes y drogas. La posibilidad de un cambio de régimen es un efecto secundario de esta campaña.

“Vivimos con mucha ansiedad, pendientes del teléfono por lo que va a pasar, preguntándoles a nuestras familias qué pasa allí. En el fondo de mi corazón siento que algo va a cambiar en mi país”, dice a CNN Vanessa Pennacchio, peluquera que vive en Quito.

Vanessa Pennacchio es venezolana y vive en Quito.

CNN

Mucho más que un cambio de Gobierno

Los venezolanos que hablaron con CNN ven con preocupación lo que sucede en el país y muchos de ellos tienen a alguien de su familia que aún está en Venezuela, pero también creen que ni siquiera un cambio de régimen sería suficiente.

“Más que un cambio de régimen (hace falta), un cambio en la mentalidad del venezolano de a pie, que será uno de los grandes males dejados por esta etapa oscura de nuestra historia, la ideologización”, dice Susana desde California.

Al igual que ella, otros vislumbran un largo camino hacia la posibilidad de regresar. “Hoy no pienso en el regreso ni siquiera con un cambio en el mediano plazo”, agrega Alejandro Méndez, que desde hace 10 años vive en Colombia. “Hay gente más optimista que yo, que cree que todo podría volver a ser como antes. Pero no sé si sea tan fácil recuperar al país desde lo moral, lo económico y lo institucional”, agrega Méndez, padre de tres hijos.

En su nuevo hogar, Méndez encontró la posibilidad de profesionalizarse en marketing digital, algo que antes no había logrado en Venezuela, dice. Sus hijos ya están arraigados en ese país, otro factor decisivo para proyectar un futuro en Colombia, donde viven 2,8 millones de venezolanos, según datos de Migración Colombia.

Un hombre camina frente a un mural en Caracas, el 29 de noviembre de 2025.

Leonardo Fernandez Viloria/REUTERS/REUTERS

María Eugenia Fuenmayor, en Colombia, cuenta que dejó Venezuela hace poco más de un año y medio porque ya no tenía oportunidades de trabajo. Sigue de cerca lo que pasa entre Estados Unidos y su país, pero no cree que eso desencadene un cambio que beneficie al pueblo venezolano. “La principal dificultad es que en Venezuela no se vislumbra una transición fácil”, dice.

Fuenmayor, consultora empresarial, cree que si el mandatario venezolano deja de gobernar el país eventualmente, lo que siga será igualmente complejo. “La era posMaduro será también larga y complicada. Hay muchos intereses en juego y la oposición está fragmentada”, dice. Apoya a María Corina Machado, principal dirigente de la oposición, pero opina que se necesita mucho más que su liderazgo para construir.

Yesika Baker llegó a Nueva Orleans hace 25 años por su trabajo en una cadena hotelera y luego se mudó a Los Ángeles, donde es comerciante en el sector de la gastronomía.

La posibilidad de regresar a Venezuela siempre es una pregunta que se hace, dice. “Yo ya tengo mi vida aquí, pero me gustaría ir”. Quiere que su hijo de 18 años conozca el país.

Añade que sí evaluaría volver si viese cambios en el Gobierno. “Que sea la Venezuela de antes, de 30 años atrás. Próspera”, dice mientras sonríe. En su recuerdo de esos años, ve una Venezuela “contenta”.

Yesika Baker, comerciante venezolana, vive desde hace décadas en Los Ángeles.

CNN

En estos relatos de venezolanos también hay desilusión y desconfianza: la inestabilidad política y la escasa credibilidad en las instituciones aparecen una y otra vez. Los anuncios del Consejo Nacional Electoral que dieron como ganador al oficialismo en las elecciones presidenciales de 2024, rechazados por la oposición y la comunidad internacional, generaron protestas en las calles en las que hubo al menos 25 muertos y miles de detenciones, según un informe de Amnistía Internacional.

En esos comicios, las autoridades electorales proclamaron ganador a Maduro sin publicar los resultados detallados.

“Siento que a los venezolanos se nos ha mentido tanto por tanto tiempo que ya no sabemos ni quién es oposición ni quién es el oficialismo”, dice Joandre en Buenos Aires. “Sería muy difícil confiar en alguien”.

Personas compran alimentos en un puesto informal en Caracas, el 12 de noviembre de 2025.

Miguel Gutiérrez/EFE/EFE

Un pueblo “golpeado”

Cruzando el Río de la Plata, Zoe Ojeda lleva una vida tranquila en Montevideo desde hace 10 años. Desde que salió de Venezuela decidió no regresar. No está dispuesta a afrontarlo, dice esta mujer de 39 años, menos ahora que es madre de dos niños pequeños. “Creemos que volver sería otra migración, que tiene un costo alto de paz mental y tranquilidad”.

Marlene Rodríguez también vive en la capital de Uruguay, donde trabaja en una empresa de logística. Habla de un “saneamiento” necesario para quienes viven en Venezuela y quienes quieran regresar, aunque ella dice no tener expectativas de volver. Dice que quien lidere cambios en Venezuela deberá “inspirar y llenar de esperanza a un pueblo que está golpeado y deprimido”.

“Hay cosas que en veinte años calaron mucho y generaron un deterioro a nivel social y eso solo se verá, a mi parecer, en décadas”, dice a CNN.

Ojeda coincide y agrega que ese proceso de cambio “seguro tendrá reveses” en el tiempo. Ella imagina un cambio apuntalado por líderes que presenten propuestas serias, sostenibles y reales para evitar caer en la repetición de soluciones “poco serias, sin profundidad”.

Nacido en Caracas, Alfonso Márquez dejó el país en 1990. En su forma de hablar inglés se registran las marcas de su acento, pero son casi imperceptibles. Cuando llegó a Los Ángeles, hace 35 años, se sentía “un unicornio” porque casi no se encontraba con otros venezolanos que vivieran allí, dice.

Alfonso Márquez dejó Venezuela en 1990. Vive en Los Ángeles y dice que no piensa en regresar.

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Con los años eso cambió. Asegura que no regresaría a Venezuela y tampoco cree en la posibilidad de un cambio de Gobierno. “No confío en ellos”, dice al referirse tanto al oficialismo como a la oposición.

Márquez habla con CNN en la puerta de un restaurante de comida venezolana, donde fue a almorzar con sus hijos. Cuenta que les habla sobre el país y sus tradiciones. “Venezuela es un hermoso lugar, pero para nosotros es muy difícil regresar y soportar la situación”.

Mientras tanto, a la distancia también se reconstruye la pertenencia, y hay quienes han encontrado la forma de sentirse en casa lejos de casa al ser parte de una comunidad venezolana. Sostienen un vínculo con sus tradiciones, como contaron a CNN niños de familias venezolanas de entre 6 y 12 años que viven en Argentina, donde siguen comiendo sus comidas típicas y aprenden a bailar sus danzas tradicionales, como el joropo.

En Doral, una ciudad de Florida, hay otro ejemplo de comunidad venezolana. Allí viven alrededor de 27.000 venezolanos, que representan cerca del 40 % de los habitantes. “Para nosotros, los venezolanos, es algo increíble aquí. Vas al mercado y todo el mundo está hablando español. Vas a comer algo y consigues tequeños, arepas, que es nuestra comida”, explicó a CNN Ana Cristina Barreto, agente de bienes raíces y venezolana, que llegó a Doral en 2015 con su familia.

La esperanza de que la diáspora venezolana regrese al país en el futuro sigue latente para muchos. Desde Miami, el instructor venezolano se aferra a eso. “Mucha gente joven me imagino que no vivió la Venezuela buena, productiva, que era pujante”, dice. “Venezuela es un país próspero, hay que reconstruirlo desde cero”.

Kilmar Ábrego García fue liberado de la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) la tarde de este jueves tras una orden de una jueza federal.

La jueza de distrito Paula Xinis ordenó la liberación de Ábrego García de la custodia de ICE “de inmediato” este jueves en un documento judicial, un hecho significativo en el caso del salvadoreño deportado por error este año antes de ser regresado a Estados Unidos.

La deportación injusta de Ábrego García ha sido el centro de una tensa batalla legal que ha incluido enfrentamientos entre la jueza y el Departamento de Justicia. Este caso también se ha convertido en un símbolo de la política migratoria restrictiva del Gobierno de Trump y su postura agresiva para deportar inmigrantes a países lejanos.

“Desde su regreso de la detención ilegal en El Salvador, Ábrego García ha sido detenido nuevamente, sin la debida autorización legal”, escribió la jueza de distrito Paula Xinis. “Por esta razón, el tribunal concede la petición de Ábrego García para su liberación inmediata de la custodia de ICE”.

“El caso de Ábrego García exige la intervención judicial”, afirmó Xinis.

El equipo legal de Ábrego García lo recogió este jueves en un centro de detención en Pensilvania, según su abogado, Simon Sandoval-Moshenberg.

El Gobierno de Trump ha tenido dificultades en las últimas semanas para encontrar un país al que deportarlo rápidamente. Los jueces pueden ordenar a las autoridades que liberen a los migrantes detenidos si su expulsión de Estados Unidos no parece inminente.

Esa situación, sumada a que Xinis determinó que no existe actualmente una orden de deportación para Ábrego García, significaba que estaba siendo retenido ilegalmente en una remota instalación de detención migratoria en Pensilvania.

“Dado que Ábrego García ha estado detenido por ICE para llevar a cabo una deportación a un tercer país sin una orden de deportación legal, su solicitud de liberación es procedente”, escribió Xinis, y agregó que la conducta del Gobierno de Trump en los últimos meses contradice la afirmación de que su detención tenía como único propósito la deportación, lo que refuerza la conclusión de que Ábrego García no debe permanecer detenido por más tiempo.

La portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, criticó duramente la orden de Xinis y sugirió que el Gobierno la apelará.

“Esto es activismo judicial descarado por parte de una jueza nombrada por Obama”, dijo McLaughlin. “Esta orden carece de fundamento legal válido y seguiremos luchando contra ella con todas nuestras fuerzas en los tribunales”.

Ábrego García fue devuelto a Estados Unidos en junio tras una tensa batalla legal por su deportación injusta. A su llegada, las autoridades estadounidenses lo acusaron de presuntamente ayudar a introducir inmigrantes indocumentados al país. Se declaró inocente y estuvo brevemente detenido en Tennessee por los cargos antes de ser liberado en agosto.

No obstante, fue inmediatamente puesto bajo custodia de las autoridades migratorias, y desde entonces el Gobierno ha intentado deportarlo a varios países africanos con los que no tiene vínculo alguno.

Como esos planes fracasaron repetidamente este otoño, Xinis mostró impaciencia y cuestionó por qué el Gobierno no deportaba a Ábrego García a Costa Rica, que a principios de año manifestó que lo aceptaría y le otorgaría algún estatus legal.

Las autoridades “notificaron reiteradamente” a Ábrego García —mientras estaba bajo custodia de ICE— de su expulsión a Uganda, luego a Eswatini, luego a Ghana; pero ninguno de estos países fue una opción viable, y al menos dos ni siquiera habían sido consultados antes de que el Gobierno afirmara que sería expulsado allí, escribió la jueza en su decisión de este jueves.

“Pero Costa Rica nunca vaciló en su compromiso de recibir a Ábrego García, así como Ábrego García nunca vaciló en su compromiso de establecerse allí”, añadió Xinis.

Cargos en Tennessee

Ábrego García sigue bajo estrictas condiciones de libertad previa al juicio impuestas por el juez federal que supervisa un caso penal de tráfico de personas en Nashville.

Estas condiciones, que entran en vigor una vez que sea liberado de la instalación en Pensilvania, incluyen estar bajo la custodia de su hermano en Maryland y no poder viajar fuera de ese estado sin permiso del tribunal de Tennessee.

Tampoco puede salir de su residencia excepto para ir a trabajar, asistir a servicios religiosos, acudir a un profesional médico o presentarse ante el tribunal.

El juicio está programado para comenzar en enero, pero Ábrego García ha solicitado que se desestimen los cargos antes de esa fecha, argumentando que está siendo procesado injustamente. Una audiencia sobre esa solicitud estaba prevista para esta semana, pero fue cancelada por el juez a principios de mes. Actualmente se llevan a cabo procedimientos judiciales reservados sobre el caso.

Con información de Devan Cole y Hannah Rabinowitz, de CNN.