Jueza ordena agua, comida y tiempo al aire libre para los detenidos por ICE en California/ Centro de detención de Adelanto en California. (FUENTE EXTERNA)
La jueza Sunshine Suzanne Sykes, del Tribunal del Distrito Central de California, también ordenó la limpieza diaria de las instalaciones, la eliminación de moho, la privacidad en duchas y baños
Una juez federal ha ordenado a las autoridades del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y a los administradores del centro de detención de Adelanto en California garantizar a los inmigrantes bajo custodia el acceso inmediato a agua potable, alimentos y comidas suficientes, así como al menos cuatro horas diarias al aire libre.
La jueza Sunshine Suzanne Sykes, del Tribunal del Distrito Central de California, también ordenó la limpieza diaria de las instalaciones, la eliminación de moho, la privacidad en duchas y baños, y que se suministre a los detenidos productos de higiene gratuitos, atuendos y ropa de cama adecuadas, entre otros.
La querella legal presentada por Public Counsel en nombre de varios detenidos asegura que los inmigrantes en el centro de Adelanto, uno de los más grandes en el sur de California con cerca de 2,000 camas, han sido sometidos a “un sistema de detención cruel, inhumano y degradante”.
Sykes también prohibió el aislamiento de los detenidos, a menos que representen una amenaza. “Cualquier medida de aislamiento debe tener en cuenta la salud física y mental del detenido y evaluar si el confinamiento en aislamiento podría deteriorar su salud”, instó la jueza en el fallo.
La magistrada dio catorce días a ICE y a la empresa GEO para elaborar un plan correctivo e implementar sistemas integrales de atención médica y adaptaciones para personas con discapacidad.
Además, Sykes nombró dos monitores independientes que tendrán la autoridad para supervisar el cumplimiento de las órdenes mientras se adelanta el litigio.
La Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA), Immigrant Defenders Law Center (ImmDef), y el bufete Willkie Farr & Gallagher LLPa presentaron la demanda.
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Muertes bajo custodia
Los centros de detención de ICE han estado en el centro de la polémica por denuncias de negligencia y el aumento de inmigrantes muertos bajo su custodia.
La demanda señala el fallecimiento el pasado 22 de septiembre de Ismael Ayala-Uribe, beneficiario del DACA de 39 años, en Adelanto. Un mes después, el 23 de octubre de 2025, Gabriel García-Avilés, de 56 años, murió tras haber estado detenido en esa cárcel durante apenas una semana. Ambas muertes permanecen bajo investigación.
En lo que va del año se ha registrado la muerte de veintidós migrantes bajo custodia del ICE, tras los 33 decesos de 2025, la mayor cifra en dos décadas, con base en el recuento de la organización National Immigration Project.
Administración Trump evalúa exigir fianzas de hasta US$100,000 a solicitantes de residencia permanente
La propuesta de fianza se suma a la reciente reactivación de la regla de carga pública, que permite negar la residencia a quienes dependan de beneficios públicos, lo que ha generado críticas de organizaciones defensoras de inmigrantes.Diario Libre USA
Una persona muestra una tarjeta de residencia o “green card” sobre unas banderas estadounidenses. (FUENTE EXTERNA)
La administración del presidente Donald Trump estudia imponer una fianza de hasta US$100,000 a algunos extranjeros que soliciten la residencia permanente (green card) desde consulados estadounidenses en el extranjero, como parte de una nueva iniciativa para garantizar que los inmigrantes puedan mantenerse económicamente por sí mismos.
Según informó The Wall Street Journal, funcionarios del Departamento de Estado analizan la posibilidad de exigir este depósito a determinados solicitantes, aunque el monto podría variar dependiendo de cada caso.
De implementarse la medida, quienes obtengan la residencia permanente recuperarían el dinero una vez se conviertan en ciudadanos estadounidenses, un proceso que generalmente toma al menos cinco años. La fianza también podría ser cubierta por familiares del solicitante.
“El presidente Trump ha dejado claro que quienes deseen inmigrar a Estados Unidos deben ser financieramente autosuficientes“, declaró al diario el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, quien confirmó que la administración explora mecanismos legales para aplicar este requisito.
Propuesta de fianza
La propuesta ampliaría un programa piloto vigente desde agosto de 2025 para algunas visas de turismo. Inicialmente, ciudadanos de Malawi y Zambia debían depositar una fianza reembolsable de hasta US$15,000, que perdían si permanecían en Estados Unidos más tiempo del autorizado o solicitaban un cambio de estatus migratorio, como asilo
- Desde entonces, el programa se ha extendido a 50 países, más de la mitad ubicados en África.
La iniciativa ha generado críticas entre organizaciones defensoras de los inmigrantes. Sharvari Dalal-Dheini, directora de asuntos gubernamentales de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA), afirmó que la medida crearía un sistema en el que solo quienes tengan suficientes recursos económicos podrán inmigrar legalmente.
“El objetivo de estas fianzas parece ser excluir a cierto tipo de inmigrantes. Solo los más ricos podrán visitar el país, reunirse con sus familias o buscar una mejor oportunidad de vida”, sostuvo.
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Carga pública
La información se conoció pocas horas después de que la administración Trump anunciara el restablecimiento de la denominada regla de carga pública, una política que permite negar la residencia permanente a personas que dependan o puedan depender de beneficios públicos como cupones de alimentos, Medicaid o subsidios de vivienda.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) indicó que la medida busca reforzar el principio de autosuficiencia económica de los inmigrantes, proteger los recursos públicos y eliminar políticas que, según la administración, fomentaban la dependencia de los contribuyentes estadounidenses.
La regla de carga pública fue implementada por primera vez en febrero de 2020 durante el primer mandato de Trump, pero fue eliminada posteriormente por la administración del expresidente Joe Biden.
