Varias personas empujan un coche clásico americano averiado junto a un montón de basura en La Habana, Cuba, el miércoles 17 de junio de 2026.AP
Actualmente los privados que importan y exportan –por ejemplo las pequeñas y medianas empresas (pymes)— tienen que hacerlo a través de una agencia estatal que maneja los tiempos e impone precios. Ahora se eliminaría esa intermediación.
A partir de las declaraciones del presidente Miguel Díaz-Canel y otros funcionarios cubanos se han conocido algunas de las medidas aprobadas por el Partido Comunista de Cuba que, de ser aprobadas por el Parlamento, implementarían una inédita política de mercado en la isla.
A continuación se ofrece un detalle de las más sobresalientes.
Descentralización y reducción del Estado
En el actual modelo cubano el gobierno central define qué se produce, quién lo hace, los precios de venta y la manera en que se asignan los recursos. Con las nuevas medidas se buscará conferir a los municipios el derecho de decidir qué empresas aprobar en sus territorios y su interrelación con compañías estatales, cooperativas y negocios privados.
También que tengan la facultad de importar y exportar y de gestionar sus ingresos en moneda extranjera.
En Cuba hay 168 municipios desplegados en 15 provincias.
Además ya se encuentra en la Asamblea Nacional del Poder Popular —el Parlamento— un proyecto de ley que busca reducir de 27 a 21 la cantidad de ministerios.
Autonomía de las empresas estatales
Las empresas podrán diseñar sus sistemas de salarios y tendrán facultades sin límites para usar sus utilidades, además de potestad de importar y exportar y asociarse con privados o cooperativas. Cuba cuenta con unas 2.000 empresas estatales.
Comercio exterior
Actualmente los privados que importan y exportan –por ejemplo las pequeñas y medianas empresas (pymes)— tienen que hacerlo a través de una agencia estatal que maneja los tiempos e impone precios. Ahora se eliminaría esa intermediación.
También se darán beneficios a la importación de insumos y materias primas para procesos productivos.
Actividades privadas
Las medidas buscan acelerar el proceso de aprobación de pymes y fomentar su asociación con el Estado. Actualmente están aprobadas en la isla más de 9.500 pymes, un proceso que comenzó en 2021.
Inversión extranjera y de cubanos
Se eliminarán trabas al uso de cuentas bancarias y la aprobación de inversión extranjera directa. Cubanos residentes en el país y en el exterior podrán participar como actores económicos junto a inversores extranjeros, empresas estatales y cooperativas.
Eliminación de subsidios
Tras el triunfo de la revolución se instauró una libreta de abastecimiento que permite a los cubanos obtener casi cualquier producto a precios controlados y accesibles. A partir de ahora se eliminarían gradualmente los subsidios, por ejemplo a los alimentos, que se pagarán a precio de mercado.
Uso de la tierra
Se dará a los campesinos acceso a los mercados de insumos y al mercado cambiario. También se ampliarán los permisos para la inversión extranjera en la producción de alimentos.
JD Vance instó al régimen cubano a adoptar “decisiones inteligentes” durante las conversaciones con Washington
El número dos de la Casa Blanca mencionó que el sistema implementado por las autoridades de la isla “no ha funcionado” dado a que “no pueden generar ingresos” y confirmó contactos con La Habana para “cambiar” sus políticas económicas
El vicepresidente de EE. UU., JD Vance, interviene durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, en Washington, D. C. (EE. UU.), el 18 de junio de 2026 (REUTERS/Eric Lee)
El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, urgió el jueves a las autoridades cubanas a tomar “decisiones inteligentes” en el contexto de las negociaciones que mantienen Washington y La Habana sobre el futuro de la isla. Durante una rueda de prensa, Vance fue consultado sobre si, tras el acuerdo con Irán, Cuba podría ser el próximo país objeto de un entendimiento, tal como sugirió semanas atrás el presidente estadounidense Donald Trump.
Vance describió a Cuba como “un sistema que no ha funcionado” y señaló que la economía cubana está “probablemente peor que la economía iraní”. El recordó que, debido a la cercanía geográfica —a solo 90 millas (145 kilómetros) de las costas de Florida—, cada crisis en la isla provoca la llegada de migrantes “desesperados” a Estados Unidos.
“Queremos que el pueblo cubano sea feliz y tenga éxito. Ahora mismo estamos hablando con el Gobierno cubano sobre cómo podrían cambiar su forma de actuar para lograrlo. Vamos a ver qué hacen y, obviamente, si hacen una cosa, nosotros vamos a hacer otra. Si toman decisiones inteligentes, vamos a tener una relación mucho mejor con esa isla”, declaró el número dos de la Casa Blanca.
Tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela, la administración de Trump impuso un bloqueo petrolero a Cuba y advirtió sobre la posibilidad de “tomar el control” de la isla para forzar cambios económicos y políticos.
Los cubanos sufren las medidas del régimen castrista desde hace décadas (REUTERS/Norlys Perez)
Estas nuevas declaraciones de Vance suscitaron en el marco de una sesión extraordinaria en la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba en la que se ratificó el mayor paquete de reformas económicas impulsado por el régimen en décadas, un día después de que el Comité Central del Partido Comunista (PCC) lo aprobara en un pleno de urgencia.
El proceso, finalizado en menos de una semana desde el anuncio del 12 de junio, resultó inusual para un sistema donde el partido único marca los ritmos y la Asamblea respalda por unanimidad las propuestas que recibe.
El dictador Miguel Díaz-Canel encabezó el miércoles el pleno del Comité Central e introdujo el discurso más autocrítico de su mandato, apuntando a problemas internos.
“Hay obstáculos que no vienen de afuera, ni del bloqueo”, afirmó, señalando a “la lentitud, la burocracia y las normas que impiden a quienes quieren producir”. Esta declaración marcó un giro respecto al discurso oficial, que durante décadas atribuyó las dificultades del país casi exclusivamente al embargo estadounidense vigente desde 1962.
El paquete de reformas abarca mayor autonomía para municipios y empresas estatales, recuperación agrícola, apertura del comercio exterior y reforma social. Entre las novedades figura la posibilidad de que cubanos en el exterior inviertan en igualdad de condiciones con empresas estatales y capital extranjero, una apertura que hasta ahora no se había formalizado.El dictador de Cuba, Miguel Díaz-Canel (EFE/ Ernesto Mastrascusa)
También se contempla la reducción de ministerios y la sustitución de subsidios generalizados por ayudas focalizadas. Díaz-Canel citó a China y Vietnam como referentes de economías de mercado bajo partido único.
El dictador Raúl Castro, de 95 años, respaldó las medidas en una carta leída ante el Comité Central, donde las calificó de beneficiosas. Castro enfrenta cargos por homicidio en un tribunal federal estadounidense por el derribo en 1996 de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate sobre el estrecho de Florida, hecho que provocó cuatro muertes. El primer ministro Manuel Marrero aclaró que las reformas “no implican en ningún sentido renunciar a la responsabilidad social del Estado”.
Los tres procesos por los que es llamado el expresidente son los relacionados con masacres que marcaron la violencia paramilitar en Antioquia y el asesinado del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo.
El Aro, La Granja y San Roque son algunos de los lugares que vivieron el horror de los criminales al mando de los hermanos Castaño y Salvatore Mancuso.
En la tarde de este jueves 18 de junio, el expresidente Álvaro Uribe dio a conocer que la Fiscalía lo llamó a indagatoria por su presunta relación con tres masacres que ocurrieron en Antioquia en la década de 1990 y ensangrentaron el departamento en el que se sembró el terror paramilitar. El ente investigador, que tuvo quietos los expedientes por años, hizo una movida que lo vinculó directamente a una investigación por su haber, supuestamente, haber ayudado en la conformación y acción de grupos paramilitares.
Según se conoció, la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia inició la investigación formal por hechos relacionados con la conformación de un grupo paramilitar en el municipio de San Roque y las masacres perpetradas en los corregimientos de El Aro y la Granja del municipio de Ituango, cuando era gobernador de Antioquia. Asimismo, las pesquisas son por el crimen del defensor del derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo. El ente investigador le sigue la pista por los presuntos delitos de concierto para delinquir agravado y homicidios en persona protegida, por, supuestamente, haber facilitado y promovido el accionar de los grupos armados que habrían tenido como base la hacienda Guacharacas, que era propiedad de su familia para la época de los hechos.
Estos son los hechos del terror paramilitar por los que investigan a Uribe Vélez
Asesinato de Jesús María Valle Jaramillo
Uno de los hechos por los cuales la Fiscalía le sigue la pista al expresidente Álvaro Uribe es el asesinato del abogado Jesús María Valle Jaramillo. El defensor era presidente del Comité de Derechos Humanos de Antioquia cuando fue asesinado el 27 de febrero de 1998. Su vida la acabaron dos sicarios que llegaron hasta su oficina en la capital del departamento el mismo día que un campesino de Ituango lo esperaba para contarle detalles de lo que había pasado meses antes en el corregimiento de El Aro.
Según dijo el propio Valle, las masacres perpetradas por los paramilitares fueron coadyuvadas por militares de la Cuarta Brigada del Ejército. “No me mueven odios contra el gobernador (Uribe Vélez) o el comandante de la brigada. No tengo intereses políticos. Lo hago porque ese es mi pueblo y no quiero que siga sufriendo”, señaló durante una entrevista en 1997. El 25 de agosto de 1997, en el Paraninfo de la Universidad de Antioquia, el defensor de derechos humanos señaló: “Yo considero que el gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, ha incurrido en un comportamiento omisivo, y lo mismo el secretario de Gobierno, Pedro Juan Moreno”. Semanas después radicó las denuncias ante la Fiscalía y la Corte Suprema para que se abrieran investigaciones por prevaricato por omisión.
Las denuncias que arrancaron en la década de 1990 fueron retomadas en 2017, cuando el Tribunal Superior de Medellín compulsó copias para que, por esas masacres, fuera investigado el entonces exgobernador Uribe Vélez. Tanto el caso de Valle como el de las masacres fueron declarados como hechos de lesa humanidad en 2018 por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
Masacre del Aro
El otro expediente por el que fue llamado el exmandatario tiene que ver con los hechos ocurridos entre el 22 y 31 de octubre de 1997 en el corregimiento de El Aro. En ese lugar, un grupo de aproximadamente 200 paramilitares sembraron el terror bajo el mando de Carlos Castaño, según aseguró el propio Salvatore Mancuso. En esos hechos, 15 personas fueron asesinadas y 40 casas quemadas durante las dos semanas que duró la incursión paramilitar que avanzó con el fin de exterminar el pequeño asentamiento, donde algunos de sus habitantes fueron señalados, sin pruebas, de ser colaboradores de la guerrilla.
“Los resultados deben reconocerse”: Penagos les habló a De la Espriella, Cepeda y Petro
El registrador nacional, Hernán Penagos, les dejó un mensaje directo a las campañas de Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, que de paso también es para el presidente Gustavo Petro: “Los resultados deben reconocerse”. Además, defendió el proceso informativo de entrega de datos previos al escrutinio con el que se confirma quiénes ganan en las elecciones. “El preconteo es la herramienta más potente que tiene Colombia”, precisó.
El registrador Nacional, Hernán Penagos, aseguró que los resultados de la segunda vuelta se deben reconocer.
Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga
¿Cómo está todo para la elección en la que se elegirá al sucesor del presidente Gustavo Petro?
Todo está preparado, sin mayores contratiempos. Ninguno, diría yo. Desde la semana pasada y un poco más se está distribuyendo el material electoral en todo el territorio nacional. Ese material electoral se distribuye con acompañamiento de la Fuerza Pública hasta su destino y con seguimiento por GPS para que haya absoluta tranquilidad de que sale del centro de despacho en Bogotá y llega a las diferentes registradurías de Colombia. No hay contratiempos. En materia de puestos y mesas de votación tampoco tenemos ningún incidente que nos obligue a hacer traslados, ya sea por orden público o por circunstancias de la naturaleza. Hasta ahora eso no ha pasado. Serán los mismos puestos y mesas de votación de la primera vuelta. Los jurados de votación son los mismos que participaron en la primera vuelta presidencial, por lo que estamos reforzando las capacitaciones, al igual que con las comisiones escrutadoras. Y en el exterior desde el lunes empezaron a votar, también sin ningún contratiempo.
Precisamente, desde el exterior llegaron algunas quejas por movimientos de mesas, ¿eso se subsanó?
En el exterior solo hubo una modificación que fue en el consulado de Miami, donde las autoridades, dado que en la primera vuelta el tema del parqueo era difícil y también se agolpaba la ciudadanía, ordenaron trasladar el puesto de votación a la Universidad de Miami. De hecho, es un espacio mucho más grande y cómodo para votar. Allá están votando con mucha tranquilidad. El resto de los lugares ya están definidos sin mayores contratiempos, por lo que 1,4 millones de colombianos pueden votar en el exterior en 67 países, a través de 116 consulados y 2.600 mesas desde el lunes 15 de junio. Para el domingo, habrá 1.000 mesas más. Las garantías para la ciudadanía que vive en el exterior están dadas. Eso sí, yo insisto en que, por favor, la gente vote antes del domingo, porque si llegan todos al tiempo pueden darse dificultades, como pasa cuando se agolpa la gente a una misma hora. Pero todo viene avanzando sin ningún contratiempo.
Esta semana se instaló un puesto de mando unificado para blindar las elecciones. ¿Hay alguna alerta?
Se instaló el martes, mucho antes de lo que se ha hecho en otras oportunidades, con el ánimo de recibir los reportes, ver los incidentes, recibir denuncias, verificar qué ocurre en todos los rincones de Colombia y tomar decisiones de manera oportuna. Pero, en segundo lugar, para hacer seguimiento al material electoral y para garantizar que el día de las elecciones la Fuerza Pública haga presencia en todos los puestos y mesas de votación del país. Se trata de que la ciudadanía pueda salir a votar y lo puede hacer de manera libre. Además de eso, el domingo estarán las mesas de justicia que las componen funcionarios de la Fiscalía y del CTI, la Procuraduría, la Defensoría, los personeros municipales y los funcionarios de la Registraduría para recibir en tiempo real, en los diferentes puestos de votación, cualquier queja o duda que tenga que ver con delitos electorales. La intención es poder resolver todo de manera inmediata en esos lugares.Play Video
Hernán Penagos, registrador Nacional, confirmó que después de las 5:00 p. m. habrá una tendencia en torno a los resultados.
Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga
¿Ese parte de tranquilidad también se extiende a todo el terreno digital?
Sí. Nosotros venimos trabajando muy fuerte en el tema de ciberseguridad; tenemos un software de seguridad muy potente. El Gobierno también tiene software de seguridad a través del Ministerio de las TIC y del mismo Ministerio de Defensa. Se ha comportado muy bien. En las pasadas elecciones tuvimos más de 30 intentos de suplantación de la página de la Registraduría y más de 30 millones de intentos de ataques cibernéticos; eso sí, todos controlados, todos bien gerenciados y por eso no hubo ninguna dificultad con nuestro proceso de comunicaciones y de software. Y aquí seguimos potenciándolo, revisando cualquier incidente. Uno no puede estar tranquilo siempre con los temas de ciberseguridad, porque nadie es infalible.
¿Pero hay huecos en la ciberseguridad que generen preocupación?
Por lo que ha ocurrido antes, por lo que ocurrió en las elecciones de Congreso y por lo que ocurrió en la primera vuelta, estamos tranquilos. Es un sistema que se va a portar muy bien y vamos a ser capaces de repeler cualquier intento de ataque.
¿De dónde procedían esos 30 millones de ataques?
Se tiene una referencia. Muchos provienen de naciones asiáticas, otro tanto de Europa y otros directamente del mismo país. Es decir, a medida que van llegando correos maliciosos, bots maliciosos o IP’s que tratan de ingresar a la infraestructura de la Registraduría. Más o menos se sabe cuál es el sitio de origen, pese a que son masivos, por millones.
¿Han encontrado algún patrón?
Patrones en específico, no tanto. Pero sí, por ejemplo, encontramos en qué momentos específicos del día llegan los ataques. En la madrugada del domingo, antes de iniciar las elecciones, se disparan los intentos. A las 5 de la mañana y también minutos antes de abrir urnas, llegan unos 10 millones de ingresos en un mismo momento. No es razonable que a las 5 de la mañana traten 10 millones de personas de ingresar a la infraestructura de la Registraduría. Ahí es donde se evidencia que vienen de un lado o del otro. Si lo hacen antes de las 8 de la mañana, es para colapsar el proceso. Y después de las 4 de la tarde, obviamente, se dispara todo eso de nuevo.
¿Tienen identificado el motivo de esos ataques?
El tema inclusive no es ni siquiera un intento de ingreso para alterar resultados, porque eso no es posible, ya que en Colombia eso viaja por otro lado y no por los mismos canales. Lo hacen sobre todo para atacar la infraestructura de la Registraduría, donde están el registro civil o el archivo nacional de identificación; es decir, los datos de cédula y registro civil de los colombianos. Lo hacen por la información privilegiada que tiene la Registraduría, como por ejemplo, 1.000 millones de huellas dactilares, 60 millones de registros fotográficos, todo el registro civil de los colombianos y las colombianas.
¿Todo esto que cuenta ya está en conocimiento de las autoridades?
Sí. Nosotros tenemos un correo que siempre lo activamos previo a las elecciones con la Fiscalía General de la Nación y todo incidente que nos llega, de una vez lo copiamos a la Fiscalía. De manera que, si mañana o pasado mañana se encuentran algunos patrones o algunas circunstancias que evidencien de dónde puedan venir esos intentos de vulneración, se puedan judicializar. Todo incidente que se nos presenta, de una vez lo remitimos, porque la Fiscalía tiene una oficina de analítica y de ciberseguridad.
¿Qué opinión le merece, como jefe del organismo electoral, que el oficialismo diga que el preconteo no debe ser reconocido?
Si en Colombia no existiera el preconteo, estuviéramos como Perú. Tardaríamos semanas en tener los datos de los resultados electorales. ¿Qué pensaría la ciudadanía si elimináramos el preconteo y les dijéramos que vamos a ir dando los datos a medida que avanza la digitalización de las actas y que ese domingo hasta las 12 de la noche solo podemos difundir el 20 % o el 30 % y que al otro día seguimos? Yo les aseguro que eso no lo tolera la ciudadanía colombiana. El preconteo son datos informativos de una agilidad que pocos la tienen en cualquier proceso electoral en la región y en el mundo. Es información precisa para la ciudadanía y los medios, lo cual genera tranquilidad democrática. Además, el preconteo reemplaza lo que ocurre en otros países, donde hay temas que no funcionan tan bien, como los llamados datos o encuestas de boca de urna.
¿Es un proceso necesario?
Es que si no tuviéramos preconteo, estuvieran los medios haciendo encuestas a boca de urna, entre otras situaciones. Y eso no es correcto. El preconteo es la herramienta más potente que tiene Colombia. Le puedo asegurar que lo que está ocurriendo en la región, es que muchos países le están solicitando a Colombia que los apoye para implementar sistemas de preconteo. Representantes de organismos electorales de la región nos han pedido cita para que les expliquemos ese proceso. Eliminar el preconteo en Colombia es la decisión más torpe que se pueda tomar en el futuro. Yo no estaré si algo así llega a pasar, pero sí se los puedo decir: sería un error garrafal. Entraríamos en un momento en el que fácilmente en Colombia se tardarían semanas en decir cuál es su gobernante. Y eso, lo seguro en un país como el nuestro, nadie lo tolera.
Rueda de prensa para hacer un llamado a la Paz Electoral previo a las elecciones 2026, en el acto realizado en la registraduría asistió Gregorio Eljach, Procurador General, Hernán Penagos, Registrador Nacional y Andrés Castro, Personero de Bogotá
Foto: El Espectador – Gustavo Torrijos
El saliente oficialismo dice que no reconoce el preconteo, entre otras cosas, porque se hace a través de mecanismos de privados…
Es que nosotros no hacemos el preconteo para que lo reconozcan. El preconteo lo publicamos para darle información a la ciudadanía. De hecho, nosotros hemos dicho claramente que el preconteo son datos preliminares, informativos, para que la ciudadanía sepa cómo votó el país. No pretendemos que el preconteo lo tengan como información definitiva de quién es el próximo presidente de Colombia; no. Entre otras razones, porque la Registraduría ni cuenta votos ni declara resultados. El preconteo es información. Además, a la par del preconteo, 9.300 jueces de Colombia están haciendo el escrutinio, están verificando las actas, lo están haciendo en público, lo están haciendo frente a los testigos y frente a los abogados de las campañas políticas. Eso es el escrutinio y es el dato oficial y final que declara los resultados. Siempre hemos dicho: el preconteo lo damos como mecanismo informativo, no declara resultados.
Pero, registrador, ¿sí lo hace un privado?
El preconteo lo hacen los servidores de la Registraduría, delegados que están en todos los puestos de votación, transmitiendo los resultados. Los softwares sobre los que se recibe la información los proveen privados, como los softwares por los que se entrega la información de la DIAN, como el software de presupuesto del Ministerio de Hacienda, como el software que da las citas en el Ministerio del Interior, como el software que ejecuta recursos de todas las entidades del Estado. Colombia no tiene una entidad que desarrolle software, ni siquiera el Ministerio de las TIC. Vayan a consultar en este último ministerio de dónde salen los softwares con los que hacen todos los procesos de ciberseguridad o de analítica. Pues de privados.
Registrador, ¿a qué hora se sabrá el resultado, el preconteo, de la segunda vuelta?
Esperamos que al cabo de dos horas tras el cierre de urnas tengamos información muy concluyente de quién es el presidente de Colombia. La divulgación de los resultados de preconteo depende del tiempo que se tarden los jurados en contar los votos y en diligenciar las actas. Y quiero agregar algo. Los jurados, los testigos electorales, antes de que las actas las publique la Registraduría, pueden tomarles foto a esas actas. Es decir, esas actas las van a tener los partidos políticos antes de la publicación por parte de la Registraduría. Y simplemente los partidos deben hacer algo elemental, revisar el acta que les envían sus testigos y compararla con la que nosotros publicamos y con el preconteo. Los datos deben ser idénticos. Es la garantía de que siempre hay soporte físico de los resultados y eso no puede generar ninguna duda ni preocupación en cualquier ciudadano.
El debate público está mucho más visceral que en otras oportunidades, ¿Eso qué riesgos puede generar?
Sin duda que eso genera preocupación y riesgos. La polarización social, que es diferente al debate, sumada a la desinformación, se han definido como un riesgo global porque terminan generando inestabilidad democrática. La polarización social y la desinformación terminan generando deterioro de las instituciones. La credibilidad institucional y la confianza son un activo. Afortunadamente, con la Iglesia Católica y con las Fuerzas Militares, la Registraduría es la entidad en la que más confían los colombianos. Pero eso se va degradando, se va acabando, se va desgastando. La confianza tarda mucho en ganarse y solo un segundo en perderse. Esa polarización social, que es aquella en la que solo se aspira y espera que se esté de acuerdo con su propio argumento, genera en Colombia graves afectaciones. En otras naciones la polarización genera choques dialécticos, pero la polarización social en Colombia ha generado muerte, ataques, enfrentamientos, maltratos. Lo de Gamarra, en Cesar, fue eso, desinformación y polarización social que terminó en el incendio de una Registraduría por el que terminaron quemando vivas a tres mujeres. Claro que eso me preocupa.
¿Hay un riesgo latente de que algo así pueda pasar este 21 de junio?
Los fenómenos de polarización, con los que la ciudadanía es instrumentalizada con noticias falsas, hace que la gente termine enfrentada. A mí sí me inquieta ese tema, porque hoy la Registraduría puede garantizar la integridad de las elecciones, pero si ciudadanos y ciudadanas no se informan bien, no revisan, no se informan por los canales adecuados y simplemente dejan que una noticia falsa les inunde el conocimiento, pues se terminan generando afectaciones en las calles. Eso a mí me inquieta y es muy preocupante para una nación como la nuestra.
¿Esos riesgos también se derivan de un no reconocimiento del preconteo o de los resultados?
Pero claro, el reconocimiento de los resultados es un deber democrático. Si se somete a unas reglas, se juega en esas reglas. Los resultados deben reconocerse en función de que se sometió a unas reglas. Ahora, si hay dudas, pues no se resuelven en las calles ni en las redes. Esas dudas se resuelven como en cualquier nación democrática, a través de los mecanismos procedimentales que establecen las normas electorales. Todo aquel que tenga una duda, que vaya a donde se hace el proceso de escrutinio, la expresa y se le resuelve. No es una imposición sobre la otra. Para eso funciona la democracia.
¿Cuáles son esos mecanismos para hacer reclamaciones?
Colombia tiene un sistema electoral con garantías para todas las campañas políticas, para reclamar si tienen dudas del proceso. Hay cuatro instancias de reclamación, que existen hace 40 años. A veces olvidan que el Código Electoral es de 1986; esto no es nuevo. La primera, en la mesa de votación, a través de los testigos que pueden presentar reclamaciones y reconteos; y a través de los jurados de votación, que no son funcionarios de la Registraduría. La segunda, a través del escrutinio que hacen los jueces de la República, donde tampoco hay nadie de la Registraduría; ahí los partidos con sus abogados presentan sus inquietudes para que se las resuelvan los jueces. La tercera, a través del escrutinio departamental; después de que los jueces cuentan y revisan las actas en cada municipio de Colombia, todo eso se va a nivel departamental a consolidarse. Ahí también se hace el escrutinio y la consolidación pública con delegados del Consejo Nacional Electoral. La cuarta, a nivel nacional, ante el Consejo Nacional Electoral que hace el escrutinio nacional. Lo hace de manera pública, con los partidos, los candidatos y sus abogados para declarar los resultados. Incluso, hay una quinta, porque si tampoco ninguna de las anteriores les es útil, pues pueden acudir a las cortes; el Consejo de Estado les resuelve cualquier demanda electoral.
El registrador Nacional, Hernán Penagos, defendió el preconteo como una herramienta necesaria para tener información electoral.
Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga
¿El proceso en todas sus instancias está blindado?
Le puedo decir lo siguiente. En Colombia, a la Registraduría la respaldan los hechos. Hace tres meses, 20 millones de personas votaron en las elecciones del Congreso y nadie las puso en duda. Hace tres semanas, 24 millones de personas votaron por la primera vuelta y probamos uno a uno los detalles, al punto que cuando el Consejo Electoral declaró los resultados, hace dos semanas, no se presentaron reclamaciones. Yo pregunto, ¿por qué no presentan reclamaciones? Pues porque no hay un argumento para presentarlas, porque no hay una evidencia que les permita impugnar esos resultados. Por eso, sí quiero pedirle a la ciudadanía que estos precedentes que han ocurrido de dos elecciones en Colombia, pues la llenen de motivos para tranquilizarse frente a un sistema electoral que funciona.
Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda reconocieron los resultados de primera vuelta, el segundo con tardanza. Pero el presidente Gustavo Petro no lo ha hecho…
El candidato presidencial de Juntos por el Perú anunció que acudirá a la movilización convocada para hoy 19 de junio y aseguró que su organización coordina medidas para evitar infiltrados, actos de violencia o cualquier incidente durante la protesta.
El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, confirmó que participará en la movilización nacional convocada para hoy 19 de junio tras los cuestionamientos formulados por su agrupación al proceso electoral. Durante una conferencia de prensa, el también congresista sostuvo que la manifestación será pacífica y afirmó que miles de simpatizantes acudirán a las calles para exigir que se respete la voluntad popular. “Nuestro pueblo viene mañana”, declaró.
Según indicó, su partido continuará presentando recursos ante las autoridades competentes y mantendrá la vigilancia sobre el desarrollo del proceso hasta que se resuelvan todas las observaciones planteadas.
El líder de Juntos por el Perú también respondió a las críticas por la convocatoria a las calles. Aseguró que la movilización no busca generar confrontación y remarcó que los participantes actuarán dentro del marco democrático. En ese sentido, indicó que su agrupación ha tomado previsiones para evitar hechos que puedan alterar el orden público.
Además, reiteró sus cuestionamientos al trabajo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y de la Cancillería respecto al manejo de las actas provenientes del extranjero. Sánchez sostuvo que existen dudas que deben ser aclaradas por las instituciones involucradas y afirmó que continuarán exigiendo explicaciones sobre el traslado y procesamiento de los documentos electorales.
Roberto Sánchez asegura que la movilización será pacífica
Durante su pronunciamiento, Sánchez afirmó que la marcha convocada para este viernes tendrá un carácter pacífico y descartó cualquier llamado a la violencia. “Mañana nos estamos organizando para que no haya infiltrados”, manifestó al explicar las coordinaciones que realiza su agrupación para el desarrollo de la protesta.
El candidato sostuvo que la movilización busca defender lo que considera la expresión legítima de los ciudadanos en las urnas. “Daremos lucha democrática para que se respete la voluntad de nuestro pueblo”, señaló. También indicó que sus simpatizantes consideran que los resultados conocidos hasta el momento no reflejan plenamente la decisión popular.
En la misma línea, pidió que las autoridades electorales garanticen transparencia durante todo el proceso. “Nosotros exigimos respeto y transparencia” y “se respete todos los votos como corresponde, pero con cero controversias”, declaró ante los medios de comunicación.
Juntos por el Perú anuncia nulidades y cuestiona el manejo de actas del extranjero
El equipo legal de Juntos por el Perú informó que presentará solicitudes de nulidad sobre diversas mesas de votación. El abogado Roy Mendoza precisó que su organización ha decidido impugnar 1.751 mesas en Lima debido a presuntas irregularidades detectadas durante la revisión de la documentación electoral.
Asimismo, anunció pedidos de nulidad para 647 mesas instaladas en Estados Unidos y otras 294 en Buenos Aires. Según explicó, una de las principales observaciones se relaciona con el tratamiento de las actas electorales en el exterior. “No digitalizando, no escaneando y no enviando las actas”, afirmó al sustentar los cuestionamientos de su agrupación.
Por su parte, Marco Zeballos responsabilizó a la Cancillería y a los consulados por las presuntas deficiencias en el traslado de la documentación. “Los consulados tienen la obligación de remitir todas las actas mediante valija diplomática” y “lo que cuestionamos es el hecho de que la autoridad, Cancillería, consulado y ONPE no hayan cumplido con sus responsabilidades”, declaró.
José Domingo Pérez se distancia de Juntos por el Perú y no descarta postular más adelante: “Es un aspecto en evaluación”
El exfiscal señaló que su prioridad en estos momentos es la excarcelación de Pedro Castillo. Pérez forma parte del equipo legal del exmandatario.
Pérez marcó distancia de Roberto Sánchez | Composición: LR.
José Domingo Pérez, exfiscal del extinto Equipo Especial Lava Jato y vocero de Juntos por el Perú, comenzó a marcar distancia del proyecto político de dicha agrupación. En entrevista con Exitosa, Pérez agradeció el espacio que le brindó Roberto Sánchez y no descartó postular en el futuro a un cargo público de representación.
“Queda claro que hay ciclos que inician y que concluyen. Esta oportunidad que me ha brindado Roberto Sánchez la agradezco. Sin él no habría podido tener esta participación política ni recorrer nuestro gran país acompañando esta fórmula democrática, que era la mejor opción frente a lo que representa el fujimorismo. (…) Continuar en política es un aspecto en evaluación- Hay que tener en cuenta que tengo el legítimo derecho de participar en la vida política del país. Mi principal obligación en este momento es lograr la excarcelación del presidente Pedro Castillo. Esa es la prioridad”, indicó
El exfiscal señaló que, por el momento, se dedicará a aportar su experiencia profesional al partido y anunció que se encuentra a la espera de la resolución de la apelación presentada por el expresidente Pedro Castillo para revertir la sentencia por conspiración impuesta tras su fallido intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. Como se sabe, Pérez es el abogado del exmandatario.
“Mi papel es acompañar desde lo que viene a ser mi profesión como abogado. Yo soy abogado del presidente Pedro Castillo. Mientras pueda brindar mi conocimiento y experiencia para una causa que considero justa, como es la defensa del voto ciudadano, apoyaré”, apuntó.
José Domingo Pérez señala que quedan impugnaciones por resolverse en estas elecciones generales 2026
José Domingo Pérez también se refirió al desarrollo de la segunda vuelta electoral en el Perú. El vocero de Juntos por el Perú indicó que su agrupación se mantiene a la espera de la resolución de los votos impugnados.
“Es la voz autorizada dentro de lo que es Juntos por el Perú. Sin embargo, todavía hay diversos recursos pendientes de resolución ante los distintos Jurados Electorales Especiales y, en los casos que correspondan, ante el Jurado Nacional de Elecciones. El proceso electoral no concluye hasta que se resuelvan estas impugnaciones”, indicó.
Como se sabe, con el 99,082% de las actas contabilizadas, Keiko Fujimori encabeza la carrera presidencial con el 50,097% de los votos válidos, mientras que Roberto Sánchez alcanza el 49,903%.
Dos desapariciones de opositores en prisión y la muerte de uno de ellos han motivado una enérgica condena de la Eurocámara a Nicaragua. Se pide suspenderla del Acuerdo de Asociación y más sanciones para sus líderes.
“El régimen de de Ortega-Murillo ha quebrantado todas las reglas”, y la UE está muy atenta a ello, dijo a DW Anna Cavazzini, eurodiputada por Alemania de la bancada ecologista en el Europarlamento.Imagen: Valerio Rosati/Zoonar/picture alliance
“Que el Parlamento Europeo ponga el foco en el caso de mi padre, de Salvadora y de los demás presos políticos es importante. Incluso en medio de un contexto internacional sumamente complejo y saturado de conflictos, demuestra que el mundo no se ha olvidado de Nicaragua”, comenta a DW Thelma Brenes.
La falta de información sobre el estado de salud del excoronel Brenes y su esposa, Salvadora Martínez, así como la muerte de Brooklyn Rivera bajo custodia del Estado después de 32 meses de desaparición forzosa en prisión, motivaron un debate y una resolución de condena al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Suspensión del acuerdo
La resolución acordada por una amplia mayoría -conservadores, socialdemócratas, liberales y ecologistas- es clara en la condena a la represión, al destierro, al cierre de organizaciones de la sociedad civil. Y es clara también en pedir la suspensión de Nicaragua del Acuerdo de Asociación que tiene la Unión Europea con Centroamérica.
“Siempre volvemos a criticar que la cláusula democrática, elemento nuclear de los tratados comerciales, no se active”, explica a DW Anna Cavazzini, ponente de la resolución por la bancada ecologista. “Pedimos que se active en el caso de Nicaragua para dejar claro que el régimen de Ortega-Murillo ha quebrantado todas las reglas y que en la Unión Europea estamos muy atentos”, sigue Cavazzini.
Anna Cavazzini, eurodiputada por Alemania de la bancada ecologista, en el debate sobre Nicaragua en el pleno de la Eurocámara. (Estrasburgo, 17.06.2026).Imagen: EU
A este respecto, cabe recordar que, en anteriores ocasiones, la UE sí ha retirado preferencias arancelarias (Myanmar, 1997; Sri Lanka, 2010) por incumplimiento de convenciones fundamentales de la ONU (derechos civiles, políticos, tortura). No obstante, hasta ahora no ha suspendido ningún acuerdo comercial o de asociación.
“Es de lo más contundente de esta resolución: que, mientras persista la represión, se suspenda la aplicación del ADA con Nicaragua”, apunta Thelma Brenes, quien no ha dejado de abogar por los presos políticos de su país desde que en 2018 su padre fue encarcelado y sentenciado a 30 años de cárcel. Amnistiado en 2019, fue detenido arbitrariamente otra vez en agosto de 2025. “Exigimos respuestas, el régimen tiene que dar información de su estado de salud y asegurar que le llegan los medicamentos”, comenta Cavazzini.
Advertencias previas
El caso de Carlos Brenes había sido incluido en el informe (febrero, 2026) del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), también el del líder miskito Brooklyn Rivera, tanto por su detención arbitraria como por ser personas mayores especialmente vulnerables. Ya en ese momento los especialistas de la ONU llamaron la atención sobre la desaparición en prisión de Rivera, integrante de la Asamblea Nacional.
La confirmación de su muerte, el 30 de mayo de 2026, sumada a la negativa del gobierno a entregar sus restos mortales a sus familiares, así como a la desaparición de seis de éstos, ha atizado la condena internacional. A este respecto se pronunciaron la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), que recuerdan a Nicaragua su obligación de llevar a cabo una investigación independiente, garantizar una autopsia transparente y devolver inmediatamente los restos mortales a su familia.
“El régimen de Ortega actúa en total impunidad desde hace más de ocho años”, dice a DW Natalia Yaya, directora adjunta del equipo de las Américas de la FIDH. “Es fundamental que la presión de la UE se refuerce, utilizando todos los medios a su disposición para ello, exigiendo el cese de la represión y la liberación de todos los presos políticos, incluyendo los familiares y amigos de Brooklyn Rivera”, añade.
Hacia la Corte Penal Internacional
En este contexto, el Parlamento Europeo respalda los esfuerzos para garantizar la rendición de cuentas por parte del régimen, a través de la jurisdicción universal y la Corte Penal Internacional. También aboga por el apoyo de Europa a los actores democráticos, tanto en el país como en el exilio, y por asegurar que ningún fondo europeo o multilateral sea susceptible de apoyar al régimen. No obstante, la necesidad de apoyo y asilo que tienen los ciudadanos nicaragüenses en Europa, muchos de ellos apátridas de facto, no encontró eco en la mayoría parlamentaria.
“Nicaragua presenta una de las situaciones más graves de derechos humanos en la región: ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura, expulsiones, desnacionalizaciones, represión transnacional y más de cinco mil oenegés que perdieron arbitrariamente su personalidad jurídica”, detalla Natalia Yaya. “Si hay una situación que amerita que la UE siente precedente es la de Nicaragua”, subraya.
Finalmente, “la resolución es una validación a la lucha de las familias de los presos políticos que tenemos meses y años pidiendo su liberación”, afirma Thelma Brenes. Y concluye: “Es un recordatorio al régimen nicaragüense de que la comunidad internacional sigue vigilante. Es un paso más hacia la rendición de cuentas y un mensaje claro de que la impunidad no será eterna”.
El mandatario estadounidense calificó a Brasil de “peligroso políticamente” tras la sentencia a cuatro años de Eduardo Bolsonaro, y Lula respondió pidiéndole que no se inmiscuya en las elecciones de octubre
Lula da Silva y Donald Trump, junto a los otros líderes del G7, en una foto grupal en el Hotel Royal durante la Cumbre del G7 en Evian-les-Bains, en Francia EFE/EPA/YOAN VALAT
Donald Trump y Luiz Inácio Lula da Silva protagonizaron un agrio cruce público en los márgenes de la cumbre del G7 celebrada en la localidad francesa de Évian-les-Bains, después de que el Supremo Tribunal Federal de Brasil condenara el martes a Eduardo Bolsonaro, hijo del ex presidente Jair Bolsonaro, a cuatro años y dos meses de prisión por coacción a la justicia. El choque expuso ante los principales líderes del mundo la complicada relación bilateral entre las dos mayores economías del continente americano.
Trump describió a Brasil como un país que “se ha vuelto un poco turbulento” y “un poco peligroso” en términos políticos, en declaraciones realizadas durante la cumbre. El presidente estadounidense aseguró que se enteró de la noticia “después” de su reunión con Lula, aunque confundió de manera repetida la condena judicial con un arresto, y confundió a Eduardo Bolsonaro —ex diputado que reside en Texas desde febrero de 2025— con su hermano, el senador Flávio Bolsonaro, quien sí compite en las elecciones presidenciales previstas para el 4 de octubre. “Le iba bien en las encuestas y lo arrestaron porque hizo declaraciones desde Texas”, afirmó Trump.
Lula respondió con dureza ante la prensa al término de la cumbre. Dijo que Trump “sabe poco de Brasil” y que Estados Unidos “podría aprender” sobre cómo celebrar elecciones pacíficas. Advirtió que su par tiene derecho a sus preferencias electorales, pero que no debe “interferir en las elecciones de Brasil, porque las elecciones de Brasil son asunto de Brasil”. Con ironía, añadió que la próxima vez llevaría una urna electrónica para mostrarle a Trump cómo funciona el sistema de votación brasileño.
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, observa a su llegada a una sesión de trabajo con los líderes del G7 y sus socios para promover el crecimiento económico, durante la Cumbre del G7 en Evian-les-Bains, Francia, el 17 de junio de 2026. REUTERS/Christian Hartmann
El fallo del Supremo Tribunal Federal, adoptado por unanimidad por los cuatro magistrados de la Primera Sala, declaró a Eduardo Bolsonaro culpable de haber gestionado desde suelo estadounidense la imposición de sanciones contra jueces brasileños y de haber alentado la aplicación de aranceles punitivos para entorpecer el proceso judicial contra su padre. El magistrado Alexandre de Moraes, instructor del caso, exhibió durante la audiencia videos y declaraciones del propio Eduardo Bolsonaro en los que describía sus gestiones ante la administración Trump. “Las amenazas se concretaron mediante sanciones contra magistrados de esta Corte, contra el procurador general de la República y contra Brasil, a través de aranceles”, afirmó De Moraes. Además de la pena de prisión en régimen semiabierto, la Corte le impuso una multa equivalente a unos 31.700 dólares y una inhabilitación política de ocho años.
En vísperas del G7, Washington propuso nuevos aranceles del 25% a las importaciones brasileñas, alegando prácticas comerciales desleales, y designó al Primer Comando de la Capital y al Comando Vermelho como organizaciones terroristas extranjeras, una clasificación que Lula rechazó de plano al sostener que esos grupos buscan lucro, no un cambio político. El presidente brasileño calificó la conducta de Trump de “irrespetuosa” y lo acusó de comportarse “como un emperador”. En Brasilia, la escalada se interpreta también en clave electoral: la presión de Washington beneficia a Flávio Bolsonaro y complica la estrategia del gobierno ante una opinión pública que vota en octubre.
El choque en Évian deja al descubierto que la relación entre Brasil y Estados Unidos está condicionada, cada vez más abiertamente, por la disputa política interna brasileña. Mientras Lula intenta blindar la soberanía judicial de su país frente a las presiones externas, Trump consolida su papel de respaldo internacional al bolsonarismo, una ecuación que difícilmente se resolverá antes de las elecciones de octubre.
Jorge Nieto, excandidato presidencial del Partido del Buen Gobierno, señaló que un eventual gobierno de Keiko Fujimori debería considerar la posibilidad de indultar al expresidente Pedro Castillo, quien actualmente está condenado por conspiración tras su intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. Para Nieto, esta medida contribuiría a mejorar la situación del país.
“Yo creo que es algo que debiera considerar. El señor tiene juicios por corrupción, puede afrontarlos desde su casa. El señor está acusado por un intento fallido de golpe de Estado, pero su papá (Alberto Fujimori) también. Ella debe entender mejor que nadie esa circunstancia. Por eso creo que debe considerarlo. El Perú necesita descomprimirse”, indicó en entrevista con Rosa María Palacios para el programa ‘Sin guion’ de La República.
Como se sabe, Fujimori mantiene actualmente la delantera en el conteo oficial de la ONPE frente a Roberto Sánchez. De confirmarse la tendencia al 100 % de las actas contabilizadas, será declarada presidenta. Nieto consideró que, pese a esta victoria, Fujimori debe recordar que el respaldo obtenido en primera vuelta no fue suficiente para contar con una base sólida de apoyo ciudadano.
“Es de esperar que haya un gobierno que se dé cuenta de la situación, que se dé cuenta de que existe mucha resistencia. Ocho de cada diez peruanos no han votado ni por ella ni por él y, por tanto, la legitimidad hay que construirla con actos de gobierno. Si ella (Keiko Fujimori) no hace eso, no le auguro muchas posibilidades de tener un gobierno duradero”.
Nieto descarta postular para gobernador de Arequipa
Del mismo modo, Nieto descartó que vaya a postular al cargo de gobernador regional de Arequipa. La posibilidad de que el exministro presentara una candidatura para ese puesto había sido comentada en las últimas semanas.
“No iré. Yo agradezco a mi ciudad su afecto, pero vuelvo al tema. Hay una tarea que la población me encarga. Esa tarea es construir un partido y apoyar a la población desde el Congreso”.
Nieto señaló que el Partido del Buen Gobierno viene preparándose para las elecciones regionales y municipales que se celebrarán en octubre de este año.
“Tenemos las listas y los candidatos. Hay problemitas en algunos lugares, pero estoy seguro de que se van a resolver”.
JEE rechaza pedidos de Juntos por el Perú para anular mesas en el extranjero
De acuerdo con el JEE de Lima Centro 2, los recursos fueron rechazados por presentarse fuera del plazo legal y no cumplir con el pago de la tasa electoral obligatoria.
El Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 2 rechazó tres solicitudes del partido Juntos por el Perú. La organización política buscaba anular cientos de mesas de votación instaladas en el extranjero durante la segunda vuelta presidencial del pasado 7 de junio. Sin embargo, el tribunal electoral determinó que las solicitudes llegaron fuera de tiempo, por lo que no fueron aceptadas para su revisión.
Se rechazan los pedidos de nulidad en Estados Unidos
El organismo electoral rechazó los pedidos de nulidad del partido en territorio estadounidense. Una de las solicitudes fue presentada por el representante Carlos Adeval Zafra Flores, quien pedía anular 647 mesas de sufragio distribuidas en varias ciudades de Estados Unidos, incluidas Nueva York, Carolina del Norte y Salt Lake City. Al igual que los otros pedidos, este no cumplió con los plazos obligatorios del proceso.
Resolución donde se declara improcedente la solicitud de nulidad para 647 mesas en EE.UU presentada por Carlos Zafra, personero legal titular de JP.
De igual manera, también se rechazó un pedido de nulidad de 174 mesas en Chicago, New Jersey y Houston. La solicitud, presentada por Juntos por el Perú, aseguraba que en estos lugares existieron faltas que atentaban contra la validez de la elección.
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Sin embargo, las autoridades señalaron que el reclamo no era válido, ya que el documento fue presentado por Pablo Salas Charca, un delegado local que solo tenía autorización para actuar en Arequipa. Asimismo, el tribunal advirtió que el partido político dejó pasar el tiempo límite. Además, los solicitantes tampoco pagaron el dinero de la tasa que se pide para iniciar este tipo de juicios electorales.
Resolución donde se declara improcedente la solicitud de nulidad presentada por el delegado Pablo Salas Charca.
Descartan nulidad de mesas en Argentina
El segundo caso involucra a las 294 mesas que funcionaron en Argentina. El mismo representante del partido pidió anularlas al asegurar que algunos funcionarios de los consulados y miembros de mesa cometieron faltas para favorecer los votos del partido Fuerza Popular. Además, la organización protestó por demoras en el traslado de los maletines que contenían los votos desde Buenos Aires.
Tras revisar los documentos, el tribunal electoral precisó que la queja ingresó formalmente la noche del 13 de junio. Sin embargo, el plazo máximo y definitivo para presentar estos reclamos había vencido tres días antes, el 10 de junio.
Debido a esto, las autoridades recordaron que el calendario electoral se debe respetar de forma estricta y sin prórrogas para nadie. De este modo, ratificaron que los votos de los peruanos en el exterior siguen siendo válidos.
Resolución que muestra que el envío del pedido de nulidad para mesas en Argentina se realizó fuera de tiempo.
JEE acepta recurso de apelación de JP para anular mesas en Lima
El JEE de Lima Centro 1 aceptó un recurso de apelación presentado por el partido Juntos por el Perú, el cual busca invalidar los resultados de 1.751 mesas de sufragio en Lima. A diferencia de otros reclamos que fueron descartados, la organización política sí cumplió con adjuntar el pago de la tasa correspondiente, por lo que la solicitud será enviada al Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para que resuelva el caso en una segunda instancia.
El 15 de junio, Juntos por el Perú presentó tres recursos de apelación tras recibir un rechazo inicial en primera instancia por parte de las autoridades electorales en Lima. Sin embargo, el JEE de Lima Centro 2 declaró improcedente dos de estas apelaciones, debido a que el partido olvidó pagar el derecho de trámite exigido por ley. En ese marco, solo queda pendiente el pronunciamiento sobre un último recurso que se encuentra en evaluación.
“Lo que he visto no me abandonará”, dijo el secretario general de la ONU después de visitar el país caribeño.
El jefe de la ONU, António Guterres, durante una rueda de prensa en Puerto Príncipe, Haití, el martes (16.06.2026).Imagen: Odelyn Joseph/AP Photo/picture alliance
El secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió el martes (16.06.2026) desde Haití que el país caribeño “atraviesa la crisis más severa del hemisferio occidental” y la tercera del mundo, después de Palestina y Sudán, donde 6,4 millones de personas necesitan de ayuda humanitaria.
En rueda de prensa poco antes de culminar su visita, Guterres dijo que la raíz de la crisis está en la inseguridad causada por las bandas que “aterrorizan” a la población y han provocado el desplazamiento de 1,5 millones de personas al interior del país.
“Dentro de unos instantes me iré de vuestro país, pero lo que he visto no me abandonará”, lamentó el secretario general, quien destacó que para los haitianos “cada día es una lucha para la supervivencia”.
Guterres también alertó sobre la crisis alimentaria que atraviesa Haití, donde “alrededor de 6 millones de personas enfrentan inseguridad alimentaria severa”.
“He hablado (este martes) con muchos hombres, mujeres y niños que solamente tienen una comida por día”, lamentó.
La máxima autoridad de la ONU advirtió también que en el primer trimestre de este año, más de 20 mujeres y niñas “han sido agredidas cada día”, y el número de niños reclutados por las pandillas “se ha triplicado”, por lo que “ahora uno de cada dos miembros de las bandas es un niño”.
Haití, el menos financiado por la ONU
Ante esto, lamentó que el plan de respuesta de la ONU para Haití es el programa humanitario de Naciones Unidas “menos financiado”, ya que solo se recaudaron un cuarto del total de 880 millones de dólares previstos.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, da la bienvenida a soldados de Chad en una base de Puerto Príncipe, Haití, el martes (16.06.2026).Imagen: Danica Coto/AP Photo/dpa/picture alliance
“Haití no pide caridad. Haití pide que el mundo cumpla su palabra. Y Haití no puede esperar (…). La mayor vergüenza no es la violencia de las bandas. La mayor vergüenza es la indiferencia, la de un mundo que durante demasiado tiempo ha mirado hacia otro lado”, enfatizó.
Guterres insistió que cuando Haití padece “la tercera crisis humanitaria del mundo, después de Palestina y Sudán, cuando un llamamiento humanitario apenas alcanza el 24% de la financiación necesaria, queda patente que la comunidad internacional no está plenamente comprometida” con el país caribeño.
gs (efe, afp, ap)
Al menos 2,300 han muerto este año en Haití a causa violencia
GINEBRA.- La violencia de las bandas criminales ha dejado al menos 2,300 muertos, 1,100 heridos y 99 secuestros en Haití desde principios de año, informó Volker Türk, Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
Haití, el país más pobre de América, sufre hace años asesinatos, violaciones, saqueos y secuestros a manos de pandillas.El Alto Comisionado pidió a las autoridades “actuar con rapidez para establecer estructuras judiciales que permitan combatir la impunidad”.
También solicitó mantener el despliegue de la Fuerza de Represión de Pandillas, misión multinacional autorizada por la ONU.
Fiscalía chilena investiga tráfico de niños haitianos
La fiscalía de Chile abrió una investigación para determinar si hubo tráfico de “cientos de menores” haitianos que entraron al país en 2026.
La pesquisa surgió tras un informe de la Contraloría revelado por radio Biobío, que alertó sobre el ingreso de niños supuestamente para reunirse con familiares.
Según Migraciones, al menos 12 personas entraron varias veces a Chile como “supuestos adultos responsables” de menores haitianos.
La fiscalía señaló que la relación entre acompañantes y niños “no habría sido verificada” ni durante el viaje ni al ingreso.
“Estos son hechos graves que requieren una investigación específica para despejar si los hechos son delitos o no”, dijo Eugenio Campos, director de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional.
El turismo se desploma en Cuba y profundiza la crisis de divisas: la llegada de visitantes cayó 58% en cinco meses
La crisis que atraviesa Cuba sigue agravándose y uno de los sectores más afectados es el turismo. Entre enero y mayo de 2026, la isla recibió 359.491 visitantes internacionales, una cifra que representa una caída de 58,4% respecto del mismo período del año anterior y que confirma el deterioro de una actividad clave para la economía nacional.
Los datos oficiales muestran que solo en mayo ingresaron al país 30.883 turistas extranjeros, un volumen muy por debajo de los niveles registrados en años anteriores. El retroceso se produce en un contexto marcado por dificultades económicas, restricciones energéticas y una fuerte reducción de la conectividad aérea internacional.
La contracción del turismo golpea una de las principales fuentes de ingreso de divisas para Cuba, junto con las remesas y la exportación de servicios profesionales. Además, el sector era considerado por el régimen como uno de los motores de la recuperación económica tras varios años de recesión.
Las estadísticas reflejan descensos generalizados en los principales países de origen de los visitantes.
Canadá, históricamente el principal mercado turístico para Cuba, aportó 126.239 viajeros en los primeros cinco meses del año. Estados Unidos registró 25.572 visitantes y Rusia 21.136.
Los tres mercados experimentaron fuertes retrocesos respecto de 2025. La disminución también se extendió al resto de los países emisores, con caídas que, en muchos casos, oscilaron entre la mitad y dos tercios de los volúmenes registrados un año antes.Canadá, históricamente el principal mercado turístico para Cuba, aportó 126.239 viajeros en los primeros cinco meses del año. Estados Unidos registró 25.572 visitantes y Rusia 21.136
Otro dato relevante es la reducción de los viajes realizados por cubanos residentes en el exterior. Entre enero y mayo llegaron 60.874 personas de este segmento, un 39% menos que en igual período del año pasado.
La menor afluencia de visitantes tuvo un impacto en la ocupación hotelera. Durante el primer trimestre de 2026 la utilización de habitaciones se ubicó en apenas 12,9%, uno de los niveles más bajos registrados en las últimas décadas.
El deterioro del sector se aceleró durante los últimos meses debido a una combinación de factores que afectaron la operación turística.
La reducción en el suministro de combustible provocó la cancelación de numerosas rutas aéreas, especialmente aquellas que conectaban a Cuba con destinos fuera del continente americano.
Al mismo tiempo, varias cadenas hoteleras internacionales anunciaron la reducción o finalización de sus operaciones en la isla, aumentando la incertidumbre sobre la capacidad del país para sostener su infraestructura turística.
Un contraste con el resto del Caribe
Los resultados de Cuba contrastan con la evolución observada en otros destinos turísticos de la región.
Mientras la isla registra una caída sostenida en la llegada de visitantes, centros vacacionales del Caribe como Punta Cana y Cancún continúan alcanzando niveles récord de demanda tras la recuperación del turismo internacional posterior a la pandemia.
La diferencia es aún más evidente al comparar los datos actuales con los máximos históricos de Cuba. En 2018 el país recibió 4,6 millones de turistas y en 2019 alcanzó 4,2 millones. En cambio, durante 2025 apenas superó los 1,8 millones de visitantes extranjeros, muy por debajo de las metas oficiales.Durante el primer trimestre de 2026 la ocupación hotelera se ubicó en apenas 12,9%, uno de los niveles más bajos registrados en las últimas décadas (EFE/Archivo)
La crisis energética
Los problemas económicos y energéticos que enfrenta el país ya no impactan únicamente sobre el turismo.
Los prolongados cortes de electricidad también comenzaron a afectar actividades cotidianas y servicios esenciales. Entre ellas figura la producción de hostias utilizadas en las celebraciones católicas.
Las hostias destinadas a las parroquias de todo el país se elaboran en un monasterio de La Habana. Sin embargo, las interrupciones del suministro eléctrico redujeron significativamente la capacidad de producción.
“Estamos todos al mismo nivel, afectados por lo mismo”, explicó el sacerdote George Payano.
El religioso señaló que la fabricación depende de equipos eléctricos que requieren varias horas continuas de funcionamiento. “Dos horas de corriente son muy limitadas”, afirmó.
Ante la reducción de la producción, las autoridades religiosas comenzaron a distribuir las hostias de manera más controlada para garantizar el abastecimiento en las distintas diócesis.
La situación ilustra el alcance de la crisis que vive Cuba. Mientras el turismo registra uno de sus peores desempeños en décadas y disminuye el ingreso de divisas, los problemas energéticos continúan afectando cada vez más aspectos de la vida cotidiana en la isla.
De Turquía a Cuba: campaña solidaria para ayudar a la isla
Conmovido por la crisis humanitaria que sufre la población cubana, un barrio de Estambul se organizó para recolectar y enviar ayuda. Es también una forma de retribuir el apoyo médico cubano para el terremoto de 2023.
El bloqueo petrolero ha agravado la ya precaria situación en Cuba. La escasez de alimentos, medicamentos y combustible impone duras condiciones para la población.Imagen: Ramon Espinosa/AP Photo/picture alliance
A miles de kilómetros de Cuba, la periodista turca Zeynep Türkmen sigue con preocupación la crisis humanitaria que vive la isla. El bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos ha agravado las ya precarias condiciones de los más de nueve millones de cubanos. La escasez de combustibles, alimentos y medicamentos amenaza seriamente a un país al borde del colapso. Ante la profundidad de la emergencia, el plan de ayuda humanitaria de la ONU y los cargamentos enviados por México, Belice y Colombia buscan aliviar la situación de la población.
En Turquía, y a pesar de la distancia, Zeynep Türkmen no quiso quedarse de brazos cruzados. Conmovida con esta realidad, decidió aportar ayuda, comprometiendo a sus vecinos de un barrio de Estambul. La periodista tiene una especial conexión con Cuba. En 2013 viajó por primera vez a la isla, interesada por conocer a realidad del país. A los pocos días de llegar le detectaron una seria lesión en la columna. Afectada por una hernia discal, debió ser sometida a cirugía.
Para ella fue sorprendente que no le cobraran nada por la operación, los tratamientos y la rehabilitación, y le impresionó la calidad humana y el profesionalismo del personal hospitalario. “Siempre he sentido que estoy en deuda con Cuba, porque me devolvieron mi salud, que ahora es perfecta”, relata en diálogo con DW. Más tarde haría nuevos viajes a la isla, reforzaría los lazos y seguiría aprendiendo español.
Cuba: vivir con apagones constantes
03:57
Los vínculos entre ambos países también tienen que ver con el apoyo que prestó Cuba tras el devastador terremoto de 2023 en Turquía, que dejó más de 50 mil muertos. Türkmen destaca que una brigada de 32 médicos cubanos concurrió a colaborar en la asistencia de los heridos. “No estoy sola en esto. Queremos ayudar a Cuba. Tenemos una deuda histórica con su servicio médico, que siempre ha estado con nosotros”, indica Türkmen.
Decidida a retribuir y colaborar, en la medida de sus posibilidades, en marzo invitó a sus vecinos y amigos a donar medicamentos para enviar a Cuba. La respuesta fue inmediata. “La situación actual en Cuba, a pesar de la distancia, nos entristece, pero también nos motiva a actuar”, dice Özge Erdoğan Yeşilırmak, jefa vecinal del barrio de Atakent. En una primera colecta lograron reunir unas 50 cajas de medicinas e insumos para la salud.
En 2023, médicos y personal de salud cubanos viajaron a Turquía para colaborar con las víctimas del terremoto.Imagen: Yamil Lage/AFP/Getty Images
Jornada artística solidaria
La convocatoria caló en los dirigentes comunales y se extendió a un sector más amplio del municipio. “Cuando supimos que Zeynep Türkmen, vecina de nuestro barrio, estaba en contacto con el país amigo y dirigiendo una campaña de apoyo, quisimos involucrarnos de todo corazón y organizamos reuniones, en las que también participó el municipio de Küçükçekmece, elaboramos conjuntamente una hoja de ruta y comenzamos nuestro trabajo”, dice , jefa del barrio de Atakent.
Juntos crearon una asociación y organizaron una jornada solidaria, que convocó a unas 500 personas en torno al arte, presentaciones musicales y discursos solidarios. En la actividad realizada el pasado 7 de junio reunieron medicamentos, artículos escolares y fondos para paneles solares. Esperan abastecer a algunos policlínicos, donde urge contar con una fuente estable de electricidad. A esta iniciativa se sumó una organización nacional de médicos, que también hará campaña para donar módulos fotovoltaicos e insumos para la salud.
“Debido al prolongado bloqueo económico contra Cuba, la población sufre graves privaciones y pobreza. Los cortes de electricidad, las dificultades para acceder a productos de primera necesidad y el empeoramiento de las condiciones de vida hacen que la solidaridad sea fundamental”, considera Deniz Gürbey, director del servicio de cultura, arte y servicios sociales del Municipio Küçükçekmece. “Esto es un deber humanitario”, subraya.
Título del autor,Corresponsal de BBC News Mundo en Colombia
23 junio 2026
El gobierno de Donald Trump en EE.UU. siguió de cerca la carrera presidencial de Abelardo de la Espriella en Colombia.
Apoyó abiertamente su candidatura y el secretario de Estado, Marco Rubio, fue de los primeros líderes mundiales en felicitar al “outsider” de derechas tras ganar las elecciones el domingo 21 de junio.
“La administración de Trump tiene ganas de trabajar estrechamente con tu próximo gobierno para avanzar en la cooperación en seguridad regional, terminar la migración ilegal a EE.UU. y endurecer nuestros lazos económicos”, dijo Rubio en X.
De la Espriella tiene la nacionalidad estadounidense y ha dicho que quiere una relación cercana a Trump, del que se declara admirador.
También busca una estrategia de mano dura contra el crimen que se alinea con la del mandatario estadounidense.
Durante los cuatro años de gobierno progresista de Gustavo Petro, las relaciones entre Washington y Bogotá fueron turbulentas.
Tras la llegada de Trump a la Casa Blanca en enero de 2025, se sucedieron crisis diplomáticas y desencuentros en seguridad, política de drogas y migración.
Las relaciones se distendieron en febrero de este año después de una amigable visita de Petro a Washington, pero la desconfianza entre el colombiano y el estadounidense se mantuvo latente.
La victoria de De la Espriella abre otro capítulo en las relaciones EE.UU.-Colombia, que a pesar de perder fuelle en los últimos años, sigue siendo la alianza más importante para el país sudamericano.
Pie de foto,Abelardo de la Espriella tiene pasaporte estadounidense.
“Una victoria propia para Trump”
“Esto se siente como una victoria propia para Trump”, analiza para BBC Mundo Sergio Guzmán, director de la consultora de análisis geopolítico Colombia Risk Analysis.
Colombia era de los pocos países en Sudamérica con un gobierno de izquierdas, el de Petro, que funcionase como cortafuegos a las aspiraciones trumpistas en la región.
Con el triunfo de De la Espriella, según el preconteo, y lo que también parece una victoria de Keiko Fujimori en Perú, solo Uruguay y Brasil (este último país con elecciones a la vista en octubre), retienen presidentes de izquierda, más distantes de EE.UU. bajo mandato del republicano.
Las reticencias de los gobiernos de Brasilia y Bogotá han limitado en cierta manera los esfuerzos de Trump de emprender acciones militares contra el narcotráfico y el crimen en la región.
De la Espriella ha sido enfático en sus intenciones de bombardear campamentos “narcoterroristas” y cargamentos de droga en Colombia, el principal productor y exportador de cocaína del mundo y escenario de un conflicto armado con múltiples actores que dura más de 60 años.
Esto coincide con la estrategia militar estadounidense, que desde septiembre de 2025 ha atacado decenas de presuntas narcoembarcaciones dejando más de 200 muertos en las costas sudamericanas, ha capturado a un presidente en funciones, Nicolás Maduro, y ha realizado operaciones conjuntas con Venezuela y Ecuador contra la delincuencia organizada.
Con Colombia, a pesar de las desavenencias con Petro, continuó la cooperación transnacional y de inteligencia que ha caracterizado las relaciones entre ambos países por décadas.
Pie de foto,Trump y Petro distendieron tensiones en la Casa Blanca en febrero, pero la sintonía nunca llegó a ser del todo completa.
“La victora de De la Espriella se enmarca en las prioridades de EE.UU. en el hemisferio occidental, que además de políticas antinarcóticas y perseguir organizaciones criminales, también involucran controlar y repatriar migrantes”, explica Elizabeth Dickinson, del centro de análisis International Crisis Group.
“El desafío para el próximo presidente colombiano será asegurarse que sus prioridades y lo que sea mejor para su país coincidan con esa agenda (la de EE.UU.) a la vez que protege a su población civil en un contexto de división política y conflicto interno”, añade la experta.
Casi 13 millones de colombianos votaron por De la Espriella, mientras que 12,7 millones lo hicieron por su rival, el candidato del petrismo Iván Cepeda, según el preconteo.
Con estos datos tan ajustados, se espera que haya una resistencia activa frente a algunas de las políticas que el presidente electo quiera implementar, aunque en su discurso de celebración se mostró más conciliador que en campaña y prometió gobernar “para todos los colombianos”.
Pie de foto,La expansión de los grupos armados será un desafío para el nuevo presidente colombiano.
La Colombia que recibe De la Espriella
Cuatro años de “paz total” de Petro, una estrategia que priorizaba la negociación sobre la lucha con actores armados, dejan una Colombia que no consigue frenar la expansión de esos grupos que se inició en 2018, dos años después del acuerdo de desmovilización entre el Estado y la guerrilla de las Farc.
El país sudamericano tiene hoy la segunda tasa de homicidios más alta de la región tras Ecuador y un récord histórico de cultivos de hojas de coca. Son datos que, sin embargo, han disminuido su ritmo de crecimiento en años recientes.
Ahora De la Espriella propone prorizar la vía confrontativa, desarmar las conversaciones y aumentar el gasto militar.
No es algo nuevo en Colombia. Distintos gobiernos se suceden con recetas de mano dura y mano tendida para poner fin al conflicto armado. Ninguna ha demostrado éxitos absolutos.
Sí parece haber cierto consenso en que el Plan Colombia, un paquete millonario de ayuda militar y económica de Washington a Bogotá de comienzos de 2000, unido a la estrategia de “Seguridad Democrática” del expresidente Álvaro Uribe a partir de 2002, debilitaron militarmente a las Farc.
Pie de foto,De la Espriella ha hecho de la seguridad su bandera y marca políticas.
Y que eso de facilitó la posición del gobierno posterior de Juan Manuel Santos (2010-2018) para forzarles a negociar y dejar las armas.
El problema, coinciden varios analistas, es que tras ese proceso de paz no se han resuelto desafíos como la desigualdad, la pujanza de economías ilícitas y la limitada presencia estatal en zonas remotas.
Todo eso ha sido caldo de cultivo para la proliferación del crimen, nuevos grupos armados y rentas como la del narcotráfico y la minería ilegal.
De la Espriella ha hablado de la posibilidad de revivir un “Plan Colombia 2.0”.
La historia no ha demostrado que la mano dura resuelva el conflicto armado y el narcotráfico. Quizás por eso el presidente electo también ha prometido llevar inversiones a las regiones más afectadas por la violencia y la criminalidad.
El reto es mayúsculo y un arma de doble filo.
A iniciativas confrontativas como el Plan Colombia y la Seguridad Democrática de Uribe, aparte de éxitos militares, se les atribuye un empoderamiento de grupos paramilitares que acabaron envueltos en masacres contra la población civil.
Las interrogantes
Ahora mismo EE.UU. tendría a los gobiernos de Ecuador y Venezuela, seguramente Perú y próximamente Colombia, alineados con su visión de seguridad. Son cuatro países enfrentados a grandes desafíos de seguridad y de crimen organizado.
Para Dickinson, una mirada positiva de esta situación es que que haya más cooperación regional.
Pero también hay riesgos: “Washington persigue su agenda más que los intereses locales de los más afectados por la violencia que se ha expandido por la región”.
Es uno de los varios equilibrios que tendrá que jugar De la Espriella en su relación con EE.UU.
Pie de foto,María Elvira Salazar, una prominente congresista republicana, acudió a apoyar a De la Espriella en su victoria electoral.
Para Guzmán, otra de sus preocupaciones es que, a pesar de la victoria de De la Espriella, EE.UU. no tenga la generosidad que tuvo anteriormente con el país.
“Hay una expectativa de que EE.UU. retorne a Colombia la asistencia militar y social que había recibido. Eso lo veo difícil, dado que Trump no es particularmente un líder generoso”, dice el analista.
Colombia fue uno de los países más afectados por los recortes de USAID, la agencia de cooperación estadounidense que destinó millones de dólares para proyectos sociales y de desarrollo en la nación sudamericana y que el gobierno de Trump desmanteló.
En los últimos años, mientras EE.UU. pareció distraerse de sus intereses en la región, Colombia, como otros países latinoamericanos, se fue acercando a China, el mayor rival geopolítico de Washington.
Hoy el gigante asiático le disputa a EE.UU. la plaza de mayor socio comercial de Bogotá, con expertos prediciendo que podría superarle en los próximos años.
“Pienso que es probable que EE.UU. le pida a Colombia que escinda de su relación con China, que se estrechó con Petro, pero no será tan sencillo porque China ocupa un espacio importante de inversión que De la Espriella no podrá ignorar y EE.UU. no podrá ocupar”, analiza Guzmán.
A poco más de dos meses de que De la Espriella tome posesión, sus relaciones exteriores con el país más poderoso del mundo parecen más complejas de lo que ha trasladado en campaña.
Título del autor,Corresponsal de BBC News Mundo en Colombia
22 junio 2026
Abelardo de la Espriella, el ganador de las elecciones de Colombia celebradas este domingo, admite ser un sibarita.
Un dandi con acento caribeño al que le gusta la buena mesa, que pasa temporadas en Florencia y Miami, vende vinos de la Toscana y corbatas de seda italianas, usa relojes de lujo y conduce autos de potencia extravagante.
“Lo conozco y no vive de manera modesta; tiene un tren de vida que requiere recursos fuertes”, describe el periodista Ángel Becassino, quien investigó la biografía del ganador de las elecciones colombianas, según el preconteo y a falta del escrutinio oficial.
La fortuna de De la Espriella, un empresario conservador de mano dura alineado con las derechas de Donald Trump, Nayib Bukele y Javier Milei en América, fue tema central de su campaña.
Este abogado se vende como un empresario exitoso que financió su carrera presidencial con sus ganancias y créditos.
En eso se basó para defender su condición de ‘outsider’, lo que según él le permitirá gobernar con independencia de los poderes tradicionales del país.
Pero sus ingresos son también cuestionados.
Críticos y rivales políticos debaten los vínculos de De la Espriella con clientes ligados al paramilitarismo y casos de corrupción.
Congresistas demócratas estadounidenses e investigaciones de medios como La Silla Vacía también arrojan dudas sobre la transparencia de sus actividades empresariales.
El origen de su fortuna acapara miradas después de imponerse en segunda vuelta a Iván Cepeda, que buscaba continuar la vía progresista del actual presidente, Gustavo Petro.
Pie de foto,Se estima que De la Espriella tiene decenas de empresas. Algunas en deuda o dando pérdidas.
Un niño de negocios
Quien se perfila como presidente los próximos cuatro años tiene tres nacionalidades: colombiana, estadounidense e italiana.
Nació en Bogotá, pero se crio en Montería, la capital del departamento de Córdoba en la región caribeña de Colombia.
“Viene de una familia de cierto nivel, de clase media un poquito alta, de un mundo con recursos con alguna finca”, dice Becassino.
Desde pequeño, De la Espriella mostró pulso para el negocio.
Le alquilaba su consola de videojuegos a otros niños y vendía víveres en el barrio, contó.
Más tarde, cuando se mudó para estudiar derecho en la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá, amplió sus mercados.
Gerardo Reyes, un periodista colombiano que también ha investigado parte de la vida de De la Espriella, cuenta que “ahí hizo negocios; vendiendo ropa, whiskey y esmeraldas en EE.UU.”.
Aquellos fueron los albores de una carrera en que acabó fundando decenas de compañías, entre ellas una firma de abogados cuestionada, mediática y prolífica que catapultó sus ingresos y su marca personal.
Abogado de paramilitares
Tras incursionar como representante musical, “de algún cantante de vallenato”, como cuenta Becassino, De la Espriella se encontró con la gallina de los huevos de oro a comienzos de 2000.
El gobierno de Álvaro Uribe Vélez ultimaba el llamado Acuerdo de Santa Fe de Ralito, un proceso de desmovilización y paz para las Autodefensas Unidas de Colombia.
Las AUC fueron un grupo paramilitar de extrema derecha creado a fines de los 90 para combatir guerrillas de izquierda y proteger intereses de empresarios y campesinos locales.
Uno de los epicentros del grupo fue el departamento de Córdoba.
Pie de foto,Carlos Castaño, exlíder de las AUC, fue asesinado en 2004.
A las AUC se le atribuyen crímenes de lesa humanidad, masacres y vínculos con el narcotráfico.
De la Espriella “llega al mundo paramilitar de un antropólogo de Montería que enseñaba geopolítica, buenos modales e historia a Carlos Castaño, el líder de las AUC”, relata Reyes.
Aquí se encuentra con lo que muchos tiburones del negocio consideran clientes óptimos: sujetos con capacidad adquisitiva y necesidades urgentes.
En este caso, la de individuos encarcelados, acusados de graves crímenes y dispuestos a pagar lo que fuera para salir del pozo.
“El propio De la Espriella me describió esa condición como la ideal para un abogado. Así construyó su fortuna”, relata Becassino.
Fama, altos honorarios y acusaciones
Desde entonces el empresario se hizo con un nombre cada vez más reconocido, una marca.
A sus servicios acudieron personalidades de la farándula, empresarios pudientes, políticos de alto perfil, víctimas de violencia de género y de desastres medioambientales e individuos salpicados por corruptelas escandalosas.
Uno de ellos fue David Murcia Guzmán, fundador de la firma DMG, intervenida en 2008 por el Estado tras una captación masiva e ilegal de dinero.
En una reciente entrevista con el periodista colombiano Daniel Coronell, Murcia Guzmán recriminó al abogado por apropiarse presuntamente de $5.000 millones de pesos (US$1,4 millones) y pedirle otros $760 millones (US$217.000) para supuestamente sobornar a congresistas.
De la Espriella denunció por injuria y calumnia agravada a Murcia Guzmán, quien cumple una condena de 30 años de cárcel.
También fue representante de Álex Saab, un empresario colombo-venezolano, supuesto testaferro de Nicolás Maduro, del que se desvinculó en 2019.
Saab fue extraditado en mayo de Venezuela a EE.UU. para enfrentar cargos criminales.
Pie de foto,Alberto Santofimio Botero fue cliente de De la Espriella. Quien fuera ministro de Justicia cumple prisión por participar en el asesinato del candidato Luis Carlos Galán en 1989.
Becassino señala que por los servicios de este tipo de clientes De la Espriella ha cobrado honorarios altísimos, pero que el abogado también ha tomado casos con amplia repercusión que fueron más rentables para su marca que para su bolsillo.
“He llegado a cobrar hasta dos y tres millones de dólares, dependiendo del caso”, dijo De la Espriella en una entrevista publicada en su web, De la Espriella Style.
Ha sido criticado por rivales políticos, medios y analistas por la procedencia de sus clientes y su relación con ellos.
Su equipo enmarca a la clientela dentro del ejercicio habitual de un penalista y del derecho a una defensa legítima.
Colección empresarial
A través de la abogacía, Becassino cuenta que De la Espriella invirtió y creó su colección de empresas.
Una de ellas es su bufete, De la Espriella Lawyers, la joya de la corona que el mismo abogado señala como su negocio más importante.
También comercia alimentos, bebidas y atuendos a través de De la Espriella Style.
Con Dominio De la Espriella produce y promociona vinos y rones.
El abogado tiene hasta faceta musical. En su canal de Youtube ha publicado videos reversionando clásicos como O sole mio, Volare o A mi manera.
Es todo parte de esa marca polifacética, mediática, emprendedora y exitosa con la que se presentó ante Colombia.
El medio colombiano La Silla Vacía rastreó su patrimonio empresarial.
Hasta diciembre de 2025 dice haber encontrado 35 compañías “entre Colombia, Panamá y Estados Unidos con las que De la Espriella tiene relación vigente o muy reciente”.
Jineth Prieto, una de las periodistas que firma la investigación, concide con que el bufete es la empresa más rentable de De la Espriella y que posee muchas propiedades, pero que otras firmas de las que presume dan pérdidas, acumulan deudas y ponen en tela de juicio la historia de éxito del abogado.
Entre patrimonio y debes, Prieto y su equipo estimaron la fortuna de De la Espriella en Colombia en unos 19.000 millones de pesos (US$5,43 millones).
Pie de foto,De la Espriella también ha comercializado su merchandising vinculado a su apodo “El tigre” y su lema “Firme por la Patria” que usó en campaña.
“Esos son los números de las empresas que encontramos. Puede haber más. Con ese patrimonio, De la Espriella estaría entre el 1% de personas más ricas de EE.UU., pero tampoco sería el candidato con más plata que se presenta a una elección en Colombia”, le dijo Prieto a BBC Mundo.
Rodolfo Hernández, el fallecido rival de Petro en 2022 que también se presentaba como outsider, reportó en 2022 un patrimonio equivalente a US$52 millones, según Prieto.
BBC Mundo no pudo cotejar los hallazgos de La Silla Vacía de forma independiente, pero hasta la fecha el ganador de la elección no desmintió sus informaciones.
La Silla Vacía envió un cuestionario a De la Espriella para conocer su versión ante sus investigaciones, que encontraron que su narrativa de éxito no estaba sustentada en estados financieros y que, además, “varios de sus socios tienen o han tenido problemas con la justicia”.
La campaña consideró las preguntas “capciosas y tendenciosas” y se negó a responderlas.
El miércoles 17 de junio, 11 congresistas democrátas estadounidenses enviaron una carta en la que pidieron a la Secretaría de Estado, a la Fiscalía General y el Departamento del Tesoro investigar el origen de los fondos de las inversiones de De la Espriella en EE.UU.
Los congresistas también expresaron su preocupación ante el apoyo que el presidente Donald Trump brindó a la candidatura del presidente.
De la Espriella siempre ha mantenido que su fortuna procede de su duro trabajo. “No he dejado de producir un solo día”, dijo en un video publicado en su canal de Youtube en 2024.
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