Credit…Rose Wong
La gente tiende a asociar la erosión democrática con la interferencia electoral y la represión policial violenta. Pero hay un indicador más silencioso de que una democracia está en peligro: la disolución de las leyes que protegen el dinero público.
En Turquía, un fondo controlado por el Estado ahora gestiona una de las principales aplicaciones de mensajes de texto del país. En Hungría, el gobierno ha utilizado sus poderes fiscales para acosar a los disidentes. En India, las empresas pueden llenar discretamente las arcas de campaña del partido gobernante a cambio de un trato fiscal favorable. Todos estos regímenes quitaron el poder de recaudar impuestos y de gastar a sus asambleas legislativas, y obtuvieron así un cheque en blanco para recompensar a sus amigos, castigar a los disidentes y debilitar a enemigos políticos.
Es demasiado tarde para preguntarse si podría ocurrir lo mismo en Estados Unidos: ya está ocurriendo. El Artículo I de la Constitución establece claramente que el Congreso debe controlar cómo se recauda el dinero público y cómo se gasta. A una velocidad asombrosa, ese elemento esencial se está desmoronando.
Es difícil calcular los ingresos extraoficiales de la Casa Blanca. No existe una contabilidad pública exhaustiva de este dinero, solo afirmaciones dudosas de funcionarios del gobierno y publicaciones del presidente Donald Trump en las redes sociales. Pero, se mire por donde se mire, está recaudando miles de millones de dólares, pasando por alto al Congreso y la ley.
Pensemos en su ataque ilegal a Venezuela. Obtuvo unos 500 millones de dólares de los ingresos petroleros del país que los funcionarios depositaron inicialmente en un banco qatarí. Aunque estos fondos son de Venezuela, Trump ejerció un amplio derecho a controlarlos. También ha reclamado poderes de emergencia para imponer aranceles a voluntad, recaudando unos 132.000 millones de dólares. Se supone que el uso de esos fondos se rige por la legislación, pero él ha afirmado que puede utilizar el dinero a voluntad, sin consultar al Congreso.
Luego están los acuerdos privados de Trump. Los acuerdos con Nvidia e Intel generarán decenas de miles de millones de dólares para el gobierno federal. Nada de ese dinero estará sujeto a controles o supervisión legislativa, y los acuerdos que la Casa Blanca está firmando con al menos otras nueve empresas pueden generar miles de millones más. En un acuerdo con Nvidia, el gobierno obtendrá dinero al eliminar los controles de exportación sobre las ventas de potentes chips de inteligencia artificial a China, a cambio del 15 por ciento de los ingresos. La ley federal de exportación prohíbe cualquier tarifa de licencia de este tipo, pero, paradójicamente, eso favorece a Trump: dado que el Congreso prohibió la recaudación de ese dinero, tampoco existe ninguna ley que indique cómo pueden gastarse los fondos.
El presidente no solo está creando cuentas extraoficiales que marginan al Congreso. También socava las herramientas institucionales que nuestro gobierno utiliza para recaudar fondos públicos. En el último año, se ha eliminado aproximadamente una cuarta parte de la plantilla del IRS (Servicio de Impuestos Internos, por su sigla en inglés). La mayoría de sus líderes se han ido o han sido expulsados. Debido a los recortes en la capacidad de ejecución, es probable que se pierdan cientos de miles de millones de dólares en ingresos fiscales, lo que erosionará la dependencia fiscal del gobierno respecto al público y debilitará aún más las ataduras electorales al poder presidencial.
La fuga de funcionarios neutrales permite que el IRS se convierta en un arma del Estado. El gobierno de Trump ya ha amenazado con rescindir el estatus fiscal de la Universidad de Harvard, Wikimedia y otras instituciones sin ánimo de lucro. Es muy posible que algunos gerentes de organizaciones sin fines de lucro se alineen con las prioridades presidenciales o eviten las críticas al gobierno para preservar su estatus fiscal.
La Casa Blanca también ha convertido sus poderes de gasto en armas, y sus ataques a universidades, estados y organizaciones sin ánimo de lucro son solo el principio. Recientemente, congeló miles de millones de dólares en fondos federales para cinco estados demócratas, lo que convulsionó el mercado de bonos. Es posible que ahora esos estados tengan que pagar tipos de interés más altos. La Oficina de Responsabilidad Gubernamental también ha identificado varias violaciones de una ley que prohíbe al presidente negarse a desembolsar fondos federales, y ha iniciado decenas de investigaciones. En lugar de impedir que Trump se apodere ilegalmente de un poder fiscal tan amplio, la mayoría conservadora de la Corte Suprema ha restringido las formas en que pueden impugnarse las confiscaciones, lo cual prácticamente invita a la Casa Blanca a reclamar para sí más poderes fiscales del Congreso.
El colapso del marco constitucional de las asignaciones presupuestarias pone en peligro no solo a los estados demócratas. El gobierno de Trump amenazó con retirar la financiación federal a Indiana en un esfuerzo por persuadir a sus legisladores republicanos de que adoptaran un nuevo mapa electoral altamente manipulado, esfuerzo que finalmente fracasó. A medida que se acercan las elecciones intermedias, ¿qué impedirá a la Casa Blanca tirar con más fuerza de estas palancas fiscales para sesgar los resultados electorales, por ejemplo, al amenazar con retirar los fondos federales de los distritos que votan por los demócratas?
Los artífices de nuestra Constitución reconocieron estos peligros. El principio de que un órgano representativo debe limitar el poder fiscal del ejecutivo se remonta a la Carta Magna de 1215. Ampliando esta tradición, los artífices otorgaron al Congreso la facultad exclusiva de “establecer y recaudar impuestos”. Sabían que un poder ejecutivo sin trabas sobre el dinero público abre la puerta a la tiranía.
Una presidencia que simplemente ignora los límites legales y constitucionales representa un desafío nuevo y desalentador para la democracia estadounidense. Esta legislatura, el Congreso no se ha planteado seriamente utilizar sus poderes de juicio político y destitución, y ha renunciado, por ahora, a su responsabilidad de supervisión más básica.
Pero sin llegar al juicio político, el Congreso puede tomar medidas para exigir responsabilidades al presidente. Podría negarse a destinar fondos a la agenda inconstitucional del gobierno. Podría desplegar sus herramientas de investigación para identificar los flujos de financiación extraoficiales y luego utilizar el proceso presupuestario del Congreso para reafirmar el control sobre esos fondos. Y podría declarar en desacato a los funcionarios que violen los estatutos de asignaciones al negarse a desembolsar fondos por motivos partidistas.
A más largo plazo, el Congreso necesita construir un nuevo conjunto de herramientas no solo para controlar al ejecutivo, sino también para dotar al legislativo de instrumentos más poderosos para llevar a cabo sus competencias fiscales. El ensanchamiento del poder ejecutivo es, en gran medida, consecuencia de la disfunción legislativa. La construcción de un proceso presupuestario funcional y eficaz, con vínculos más fuertes entre el Congreso y la burocracia federal, revitalizará el Artículo I de la Constitución y, con él, el principio republicano básico que confía el poder fiscal al poder legislativo.
*Aziz Huq enseña en la Universidad de Chicago; su libro Into the Dual State se publicará el año que viene. Vanessa Williamson es investigadora sénior de estudios de gobernanza en la Brookings Institution.
EFE
Diario Libre
