El magistrado federal John J. McConnell Jr. anuló las suspensiones y sostuvo que la paralización dejó a solicitantes de 39 países sin estatus y sin empleo por más de seis meses
PorJeremías Baldantoni
05 Jun, 2026
Un juez federal de Rhode Island ordenó que la administración de Donald Trump reinicie los trámites de asilo e inmigración de solicitantes de 39 países (REUTERS/Kylie Cooper)
Un juez federal de Rhode Island anuló el viernes políticas de la administración Donald Trump que habían suspendido el asilo y frenado trámites migratorios para personas de 39 países, entre estos Cuba, Haití y Venezuela, al concluir que dejaron a miles de inmigrantes en Estados Unidos en un limbo legal y alteraron su posibilidad de trabajar, regularizar su situación y planificar su permanencia en el país.
En una opinión de 135 páginas, el juez federal John J. McConnell Jr. sostuvo que muchas de las personas afectadas seguían, más de 6 meses después, sin empleo, sin estatus legal y sin una capacidad real de organizar su futuro.
Según CBS News, el magistrado remarcó que los inmigrantes alcanzados “presentaron la documentación correspondiente, pagaron las tasas requeridas, se sometieron a la toma de datos biométricos solicitada y asistieron a las entrevistas presenciales necesarias”.
McConnell invalidó una serie de medidas promulgadas el año pasado y aplicadas por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).
Según CBS News, el juez concluyó que, al implementar las políticas, la agencia “reclama autoridad estatutaria y regulatoria que no posee; toma decisiones sin las explicaciones razonadas que debe ofrecer; actúa sin considerar los intereses de quienes dependen del trámite; y justifica sus acciones con preocupaciones pretextuales de ‘seguridad nacional’ que enmascaran sentimientos antiinmigrantes que tiene prohibido dejar que influyan en su toma de decisiones”.
El núcleo de la resolución fue directo: las políticas suspendieron de forma global las solicitudes de asilo presentadas ante USCIS y paralizaron expedientes de beneficios migratorios de personas procedentes de los países alcanzados por la prohibición de viaje del presidente. Eso impidió que los afectados accedieran a la residencia permanente, la ciudadanía estadounidense y otros beneficios.
La decisión judicial se conoció después de que USCIS levantara parcialmente, en marzo, el freno a las decisiones de asilo para la mayoría de las nacionalidades, pero mantuviera el bloqueo para ciudadanos de los 39 países incluidos en la lista vinculada a la prohibición de viaje, según CBS News.
El alcance de las suspensiones y el criterio del juez
El juez John J. McConnell Jr. anuló las suspensiones de USCIS al concluir que dejaron a miles de inmigrantes en un limbo legal por más de seis meses (Reuters)
McConnell escribió que las medidas para excluir del sistema migratorio a solicitantes de asilo que sí eran elegibles y negar a otros permisos de trabajo temporales habían vuelto casi imposible que una parte amplia de esa población pudiera permanecer en Estados Unidos.
En su resolución, agregó que la restricción “puso en suspenso la vida de innumerables personas, simplemente por el hecho de ser de su país de origen”.
Según el juez, las suspensiones violaron las leyes de inmigración que regulan las responsabilidades de USCIS. También afirmó que la agencia aplicó la ley de manera sistemáticamente desigual bajo esas políticas.
El magistrado incorporó además una crítica al argumento repetido en el debate público. Escribió que se afirma que, si las personas desean inmigrar a Estados Unidos, deben “cumplir la ley” y “hacer las cosas correctamente”, y sostuvo que el expediente mostraba un ejemplo de inmigrantes que actuaron de esa forma y, aun así, quedaron atrapados por un congelamiento general.
El antecedente: un ataque en Washington y el giro en la política migratoria
Las políticas migratorias fueron anunciadas tras un ataque en Washington y derivaron en nuevas restricciones sobre vías de inmigración legal y solicitantes de asilo (REUTERS/Evan Vucci)
Las políticas fueron anunciadas en noviembre, poco después de que las autoridades informaran que un ciudadano afgano había disparado contra dos miembros de la Guardia Nacional en Washington. Según CBS News, el sospechoso había llegado a Estados Unidos en 2021 y había recibido asilo en 2025.
Según Los Angeles Times, diario estadounidense, tras ese episodio el gobierno impulsó un conjunto amplio de cambios orientados a restringir vías de inmigración legal, con impacto sobre solicitantes de asilo y sobre personas de países clasificados como “de alto riesgo”.
En esa cobertura, el medio citó un mensaje de Joseph Edlow, director de USCIS, quien afirmó: “La protección de este país y del pueblo estadounidense sigue siendo primordial. La seguridad estadounidense no es negociable”.
Los Angeles Times también citó a Sharvari Dalal-Dheini, de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración, quien sostuvo: “Creo que la administración tomó un incidente y lo politizó como una forma de cerrar incluso la inmigración legal”.
La demanda y la respuesta de las partes
La demanda fue impulsada por grupos de inmigrantes y sindicatos. La paralización de los expedientes hizo que muchos inmigrantes que ya estaban dentro de Estados Unidos quedaran a la espera indefinida de una decisión sobre sus solicitudes.
Según el fallo, esa demora interrumpió su capacidad para trabajar legalmente y alimentó la incertidumbre sobre si podrían seguir en el país.
Democracy Forward, la organización legal sin fines de lucro que ayudó a representar a los demandantes, celebró la decisión. Su presidenta, Skye Perryman, declaró: “Este fallo reafirma un principio: el gobierno federal no puede cerrar las vías de inmigración legales ni discriminar a las personas por su origen”.
Desde el Gobierno, el Departamento de Seguridad Nacional cuestionó el razonamiento del juez. Según CBS News, James Percival, asesor legal general del organismo, afirmó que la estrategia de atribuir “animadversión” como motivación de políticas migratorias funciona como “sabotaje vestido de ropa legal” y criticó que se use esa lógica para invalidar decisiones de la administración.
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