• Una velada de exclusividad la cual terminó en tragedia, dejando luto, dolor y familias marcadas para siempre.

Panorama Nacional.   El 8 de abril de 2025 quedará inscrito en la memoria colectiva de la República Dominicana como una fecha de duelo y reflexión. Lo que prometía ser una velada exclusiva, una de esas que definen el estilo de vida aspiracional de ciertos círculos, terminó convirtiéndose en un episodio marcado por la tragedia, conocido ya como la Tragedia del Jet Set. Más allá del impacto inmediato, el suceso plantea preguntas profundas sobre seguridad, desigualdad y la cultura del espectáculo.

Tras un año, las cicatrices emocionales propias del dolor y la vulnerabilidad de la magnitud trágica, se quedaron en la impronta de una fiesta con la marca personal del “Ruiseñor del Merengue”, la voz más alta de la identidad dominicana acorde con la güira y la tambora, Rubby Pérez, interpretaba a todo pulmón con su orquesta “De color de rosas”, uno de sus emblemáticos temas y de los más solicitados, cuando se desplomaban los sueños y esperanzas de 234 vidas que perdieron el aliento al quedar aplastados en los vetustos escombros del icónico centro nocturno que recibía a la “alta sociedad· del país, del Caribe, de la región y del mundo.

La marca “Jet Set” no era simplemente un nombre: representaba un imaginario de éxito, glamour y pertenencia. En una sociedad donde el estatus se exhibe tanto como se anhela, estos espacios funcionan como vitrinas de poder simbólico. Sin embargo, esa misma construcción social puede invisibilizar riesgos reales. Cuando ocurrió el incidente, cuyos detalles técnicos aún se debaten en informes oficiales y peritajes independientes, quedó al descubierto una verdad incómoda: ni el lujo ni el prestigio garantizan seguridad.

Las grietas del dolor

Las familias de los deudos y esos huérfanos, hoy sufren los daños psicológicos, económicos y sociales resultado de esta tragedia inesperada que, llegó como ladrón por la noche, sin exhibirse ni anticiparse. Los descendientes de los exbeisbolistas de Grandes Ligas Octavio Dotel y Tony Blanco, y la gobernadora de Montecristi, Nelsy Cruz, del diseñador Martín Polanco y altos ejecutivos bancarios, es una profunda herida que sangrará hacia la inmortalidad. No hay tiempo que ni esperanzas para la sociedad dominicana recuperarse.

Al igual que, Eduardo Grullón, el presidente de AFP Popular, Johanna R. de Grullón, esposa de Eduardo Grullón, Alexandra Grullón, ejecutiva de Qik Banco Digital, Eduardo G. Estrella, subdirector del INVI, Christian Tejada, funcionario gubernamental, Luis Emilio Solís (Chicán), el saxofonista de Rubby Pérez y los médicos José Maldonado, Joselyn Rosado, Bibiana García, Yadira Cueto. 

En este sentido, los afectados directos de las víctimas fallecidas sufren de manera inconmensurable las decisiones de la justicia dominicana que, a juicio de muchos padres, abuelos y viudos ha sido benevolente con Antonio y Maribel Espaillat, sendos hermanos propietarios y administradores de la discoteca al cual fue declarada como Patrimonio del Merengue en 2010 por el Ministerio de Cultura como «Espacio físico seguro para la promoción y difusión del merengue».

Históricamente, reconocida como un pilar del merengue, actualmente, el recinto se encuentra en el centro de un proceso judicial tras el trágico derrumbe de su techo donde se visibiliza una zona cero que grita entre los restos de ese cuadrante pintado de negro, que por 50 años fuera el centro de reunión de la casta o de la élite y del esplendor del espectáculo y el entretenimiento internacional y del derroche económico inherente a quienes asistían los “Lunes del Jet Set”. En 2023, la discoteca sufrió daños por un incendio tras el supuesto impacto de un rayo, lo que se advertía como una fatídica premonición.

Algunos fallecidos

Una lista con parte de los fallecidos con decenas de personas más, entre ellas empleados, clientes y miembros de seguridad, entre los que figuran Anneurys Alexander Viñas Rodríguez, Indira Disla Méndez, María Isabel Peguero Velázquez, Paulino Lorenzo Lorenzo, Ramón Alberto Santana Benítez, Laura Elizabeth Castaños Melo, Diego Armando Severino Gómez, Eba Ilma Gálvez Guzmán, Génesis Lizbeth León Cepeda, Nidia Carolina Solano Hernández, Ysabel Betania Cabrera, Andrés Pichardo, Héctor Bienvenido Peguero Ramírez, Ruth D’Elaneas de la Cruz de Santana, Carolina Desiree Pérez Flores, Margarita Herminia Robles Reyes, Daniel Taveras Polanco, Luis Emilio Guillén Liranzo, Sheila Lisbeth Berroa de Peña, Lourdes María Ricarte Russo, Luis Emilio Solís Encarnación, Randy Alexander Rodríguez Cepeda, Nelsy Milagros Cruz Martínez, Pedro Leonardo Cepeda Espinosa, Wilnord Denaud, Aracelis Rodríguez Vargas, Julio César Valera de Óleo, Marioda Ruiz Pérez, Damaris Altagracia Montás de Ramírez, Miguel Ángel Pérez Suárez, César Augusto López Gonell, Yaris Francisco Franco Holguín Arias, Nelffisis Calwany Sánchez Brea, Eleanna Paola Vidal Perdomo, Lia María Gómez Féliz, Ray Luis Justo Murray.

La cobertura mediática

Desde una perspectiva periodística, la cobertura del hecho reveló tanto aciertos como fallas. En las primeras horas, la velocidad informativa superó a la verificación. Redes sociales y medios digitales amplificaron versiones no confirmadas, generando confusión y, en algunos casos, dolor adicional a familiares de las víctimas. Este fenómeno no es nuevo, pero sí cada vez más problemático: la inmediatez compite con la ética, y muchas veces la derrota es silenciosa.

Al mismo tiempo, surgieron historias humanas que merecen atención. Testimonios de sobrevivientes, relatos de solidaridad espontánea y el trabajo de rescatistas evidenciaron que, incluso en contextos marcados por la exclusividad, la tragedia iguala. La narrativa del “Jet Set” se diluyó frente a una realidad común: la fragilidad de la vida.

• No obstante, el análisis no puede quedarse en lo emocional. Este caso obliga a revisar regulaciones, protocolos y responsabilidades. ¿Se cumplieron las normas de seguridad? ¿Hubo negligencia? ¿Existen vacíos legales que permiten que eventos de alto perfil operen con controles insuficientes? Estas preguntas no solo competen a las autoridades, sino también a una sociedad que, con su consumo, legitima ciertos modelos de entretenimiento.

En última instancia, la tragedia del Jet Set es un espejo. Refleja nuestras aspiraciones, pero también nuestras omisiones. Nos recuerda que el brillo puede ser engañoso y que detrás de cada evento espectacular hay estructuras —humanas, técnicas, legales— que deben sostenerlo. Cuando estas fallan, el costo no se mide en prestigio perdido, sino en vidas.

El periodismo, por su parte, enfrenta el reto de narrar estos hechos con rigor y sensibilidad. No basta con informar; es necesario contextualizar, cuestionar y, sobre todo, contribuir a que tragedias como esta no se repitan. Porque si algo debe quedar después del 8 de abril de 2025, no es solo el recuerdo del desastre, sino la voluntad colectiva de aprender de él.

La justicia es ciega

La justicia se representa ciega para simbolizar la imparcialidad y la objetividad, indicando que la ley debe aplicarse sin prejuicios, ignorando la riqueza, el poder o el estatus social de las personas. La venda asegura que las decisiones se basen, exclusivamente, en los hechos y las pruebas, no en quién es el acusado. ¿Ha sido la justicia dominicana no vidente con el caso Jet Set? ¡Sea usted el jurado!

Panorama Justicia. Un juez de un tribunal de Santiago impuso tres meses de prisión preventiva, como medida de coerción, a otros dos hombres imputados por la desaparición y asesinato de dos cobradores de una empresa de préstamos.

La medida de coerción fue impuesta a Jason Trinidad García (Villano) y Jimmy Julé Mecido, ambos de nacionalidad haitiana, contra quienes el Ministerio Público formuló cargos provisionales por violación a los artículos 265, 266, 295, 296, 297 y 302 del Código Penal Dominicano y el artículo 66, párrafo II, de la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.

Ambos son imputados por la desaparición y asesinato de Reymi Tomás Rodríguez Rojas y Rodolfo Martínez Pallero, oriundos de Nagua, provincia María Trinidad Sánchez, quienes fueron hallados enterrados en una finca del sector Los Santana, en el municipio Licey al Medio, de la provincia Santiago, donde habían llegado para realizar sus habituales labores de cobro.

La Fiscalía de Santiago ha podido establecer durante el curso de la investigación, que las víctimas llegaron la mañana del miércoles, 31 de diciembre del 2025, al lugar donde le dieron muerte y en cuyo sitio les esperaban los imputados junto al también implicado Dieupanou Julé (Jhonny), a quien la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de esa demarcación, le dictó prisión preventiva, el pasado 15 de enero.

Luego de provocarles la muerte, los imputados trasladaron a las víctimas hacia a un platanal contiguo donde procedieron a excavar en la tierra y sepultar los cadáveres.

La fiscal litigante Yarily Toribio, en representación del órgano acusador, estableció frente al juez José Rafael D´ Asís, coordinador de los Juzgados de la Instrucción de Santiago, que los imputados intentaron ocultar evidencias y burlar el sistema de justicia cuando, tras enterrar los cuerpos, replantaron encima, dos ejemplares de la mata de plátano, para impedir su hallazgo.

Durante la investigación las autoridades localizaron el vehículo Hyundai, modelo Sonata Y20, color mamey, en el que se trasladaban las víctimas y en cuya requisa se hallaron distintos objetos de interés, que fueron incorporados al conjunto de pruebas materiales.

El Ministerio Público ha coordinado una serie de diligencias de investigación a través de las cuales se han obtenido imágenes de vigilancia con las que se ha logrado establecer el recorrido que las víctimas realizaron en Santiago y ha colectado otras evidencias materiales, testimoniales y periciales que considera de interés para el caso.

En la relación de hechos que ha presentado el Ministerio Público, que designó como investigadora a la procuradora fiscal Yeilín Durán, directora del Departamento de Violencias Físicas (Homicidio), sostiene que, luego de la comisión del crimen, el imputado Trinidad García abordó el vehículo en que se trasladaban las víctimas, y condujo hacia la avenida Circunvalación Norte, Sector Limonal, Municipio Licey al Medio, donde lo dejó abandonado.

Interceptan en azua conductor de camión con 151 paquetes de presunta marihuana sintética

Panorama Nacional. Efectivos del Ejército de República Dominicana (ERD) y agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), bajo la coordinación del Ministerio Público y dentro del reforzamiento de las operaciones conjuntas, incautaron un alijo de 151 paquetes de presunta marihuana sintética, durante labores de inteligencia e interdicción en la provincia de Azua.

Los militares y agentes, de puesto en el chequeo del kilómetro 15, detuvieron al conductor de un camión, marca Daihatsu, color rojo, placa L-078445, quien traía en la parte trasera, una lona y decenas de huacales vacíos, utilizados para cargar productos agrícolas.

Por instrucciones del fiscal, las unidades operativas, realizaron una inspección más rigurosa, al vehículo, localizando debajo de los envases plásticos, un total de 151 paquetes de presunta marihuana, empacados en fundas plásticas de color negro y transparente.

Por el caso, las autoridades arrestaron al conductor del camión identificado como Henry Reyes Ferreras, de 36 años, quien será sometido a la justicia en las próximas horas por violación a la ley 50-88, sobre drogas y sustancias controladas.

El tipo de sustancia confiscada en el operativo tiene características propias a la marihuana sintética, por su empaque y tamaño; regularmente llega a la República Dominicana por los aeropuertos y puertos del país, camuflados en maletas, tanques de comida, bocinas, entre otras modalidades.

«Los presuntos paquetes de la droga, cuyo decomiso se investiga, por parte de los organismos de inteligencia del Ministerio Público y la DNCD, tienen un peso preliminar de 160 libras» señala el comunicado de prensa.

El Ministerio Público y la DNCD tratan de establecer si hay otros implicados en la frustrada operación de narcotráfico, para arrestarlos y ponerlos a disposición de la justicia, mientras los paquetes de la presunta droga, fueron enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para los fines correspondientes.

Panorama Justicia. Al cumplirse el primer aniversario de la tragedia del Jet Set, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, fue enfática al declarar que el Ministerio Público tiene la misión constitucional de tutelar los derechos de las víctimas, por lo que hará todo lo necesario para evitar que el proceso judicial se convierta en un ejercicio de dilaciones innecesarias.

Reynoso subrayó que las aproximadamente 400 víctimas, entre fallecidos y heridos, así como sus familiares y la sociedad dominicana en general, tienen el derecho inalienable a recibir una respuesta judicial en un tiempo oportuno.

Recordó que este caso que afecta a cientos de víctimas directas, a la vez mantiene en vilo a miles de ciudadanos y a la sociedad en general, que, en uso legítimo de sus derechos a una respuesta del sistema de justicia, demandan transparencia y celeridad.

“Las víctimas merecen una respuesta en un plazo razonable. Estamos hablando de un dolor que afecta a miles de personas, y el sistema de justicia tiene la obligación de responder a ese clamor sin permitir que se abuse de manera indebida de las vías procesales para entorpecer el fondo del proceso”, manifestó la procuradora.

Rechazo al contraperitaje por innecesario y absurdo

La máxima autoridad del Ministerio Público calificó como totalmente innecesario el pedido de contraperitaje solicitado por la defensa de los acusados, así como su autorización por parte del tribunal.

Reynoso señaló que el argumento de un supuesto explosivo carece de fundamento técnico frente a un expediente robusto que contiene evidencias contundentes sobre las fallas estructurales del edificio que alojaba al Jet Set, debido a que los propietarios sobrecargaron el techo, el cual no fue concebido para el cambio de uso ni la sobrecarga que colocaron los acusados Antonio Espaillat López y Maribel Espaillat.

Sostuvo que, si realmente los acusados sienten la muerte de cientos de seres humanos y ven el caso Jet Set como una de las tragedias más dolorosa, si están compungidos y tienen respeto por la dignidad de las víctimas, como expresaron en un comunicado, entonces deberían evitar entorpecer el conocimiento del fondo del proceso, solicitando contraperitajes absurdos. “Sus acciones muestran total incoherencia con sus palabras”, afirmó Reynoso.

Dijo que la solicitud de contraperitaje formulada por la defensa carece de utilidad procesal y pertinencia técnica, constituyendo una maniobra manifiestamente dilatoria que busca desviar la atención de la causa real del colapso del techo de la edificación.

Indicó que resulta jurídicamente irrelevante pretender evaluar la carbonatación del concreto o realizar otros estudios geofísicos profundos cuando la estructura ya había emitido señales inequívocas de fatiga mecánica y pre-colapso que fueron previamente advertidas y deliberadamente ignoradas por los responsables del local.

Recordó que la ciencia de la ingeniería forense establece que, ante un cuadro de fallas visibles y progresivas, la causa jurídica no reside en la microestructura del material, sino en la falta de medidas de mitigación inmediatas.

“Por tanto, someter el proceso a pruebas de cromatografía de gases para detectar explosivos o estudios de suelos kársticos sin que exista un solo indicio fáctico que los sustente, solo es un ejercicio de especulación técnica que busca distar sobre la responsabilidad y postergar, injustificadamente, la decisión judicial sobre un evento lamentable cuya peligrosidad era previsible y evitable”, indicó.

Las víctimas también tienen derecho a un debido proceso

La procuradora general de la República enfatizó que el debido proceso jamás puede ser una prerrogativa exclusiva de los imputados, sino un derecho fundamental que asiste a todas las partes involucradas en el proceso penal.

Bajo esta premisa, Reynoso sostuvo que el acceso a una justicia pronta y cumplida constituye la tutela judicial efectiva a la que tienen derecho todas las víctimas y la sociedad en su conjunto.

“El debido proceso es una garantía de las partes; así como protege la presunción de inocencia, también protege el derecho de las víctimas a que su causa sea conocida sin dilaciones indebidas y bajo el principio de razonabilidad”, indicó.

“Dilatar el proceso con argumentos que contradicen la evidencia técnica, más que ejercer un derecho de defensa constituye una franca vulneración del derecho de las víctimas a la verdad y a la reparación”, puntualizó Yeni Berenice Reynoso.

Compromiso con el debido proceso

La procuradora general de la República garantizó que el Ministerio Público agotará todas las medidas dentro de su ámbito de competencia para asegurar que las víctimas reciban la decisión judicial a la que tienen derecho.

Sostuvo que el órgano persecutor reafirma su firme compromiso con las víctimas y ha presentado un expediente sólido que sustenta la responsabilidad penal de los involucrados.

Al mismo tiempo, dijo, se mantendrá vigilante ante cualquier intento de desvirtuar los hechos con teorías alejadas de la realidad técnica y científica del caso.

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