Es fácil ver la determinación en el enfoque del gobierno de Estados Unidos hacia Venezuela y el riesgo que enfrenta el régimen de Maduro en Venezuela, el gobierno de facto, si no trabaja para abordar las amenazas que emanan de Venezuela y que impactan directamente en los objetivos de Estados Unidos: detener el flujo de drogas mortales e inmigrantes ilegales a Estados Unidos. El reciente ataque contra la lancha rápida es una demostración de la voluntad del gobierno de Estados Unidos de escalar más allá de las restricciones anteriores. Estados Unidos tiene una variedad de opciones para seguir adelante, que incluyen ver si esta demostración de fuerza fue suficiente para hacer que Maduro mejore las preocupaciones de Estados Unidos con ataques adicionales y limitados hasta una operación similar a la Causa Justa para llevar a Maduro y sus compinches ante la justicia en los Estados Unidos como lo que le sucedió a Manuel Noriega. Si bien el presidente Trump minimizó la posibilidad de un cambio de régimen la semana pasada, el despliegue de un Grupo Anfibio y una Unidad Expedicionaria de Marines en la región brinda opciones para el uso de la fuerza, y si el cambio de régimen se vuelve a poner sobre la mesa, el hecho de que exista un gobierno legítimo y electo de jure proporciona un camino potencial para un restablecimiento exitoso de la democracia constitucional en el país. Sin embargo, el retorno a una democracia constitucional no es un resultado seguro, lo que destaca la necesidad de analizar algunas de estas opciones y las implicaciones más amplias en caso de que se lleven a cabo.

Durante el primer mandato del presidente Trump, el énfasis político de la Administración en Venezuela se centró posiblemente en la restauración de la democracia. En el segundo mandato del presidente Trump, la lente a través de la cual se ve a Venezuela está posiblemente dominada por los desafíos percibidos del régimen de Maduro a los intereses fundamentales de Estados Unidos, incluida su facilitación de los flujos de drogas que matan a estadounidenses y su autoritarismo y políticas desastrosas como causa principal de los flujos migratorios a los Estados Unidos (incluido el Tren de Aragua, que ha traído una mayor violencia criminal a las ciudades de Estados Unidos ya que el grupo se aprovecha de esos migrantes). La negativa de Maduro a cooperar plenamente en la aceptación de venezolanos deportados de Estados Unidos y las percepciones de que sobrevivió al presidente Trump en su primera Administración podría decirse que da forma a una postura más centrada en la Casa Blanca en la actualidad.

Además, un conjunto diferente de nombramientos políticos y un Consejo de Seguridad Nacional reorganizado y un proceso interinstitucional en la administración actual significa que los subordinados están más en sintonía con las prioridades del presidente y la implementación de sus decisiones. Inclinando aún más la balanza hacia una acción decisiva de Estados Unidos, figuras clave de la Administración que han tratado de negociar con Maduro, como Richard Grennell, no han logrado resultados positivos, lo que fortalece los argumentos de otros, como el secretario de Estado Marco Rubio, que durante mucho tiempo han sido agresivos con Venezuela.

A continuación, en términos de autoridades legales, la Administración ha determinado que el Cartel de los Soles, al igual que el Tren de Aragua, es una organización terrorista que causa daño a ciudadanos estadounidenses a través de su exportación de drogas. Aunque algunos han cuestionado la determinación, facilita argumentos legales para acciones para neutralizar a los miembros, líderes y operaciones del cártel. El uso de fuerza letal por parte de la Administración de los Estados Unidos contra 11 personas en una lancha rápida que, según indica, estaba vinculada al Cártel, aunque cuestionada por algunos, debería indicar a los leales a Maduro la posibilidad de que la Administración también actúe contra figuras más importantes del Cartel de los Soles.

Complementando el marco legal de la Administración, la actual fuerza militar estadounidense reunida en el Caribe es de un tamaño y composición que brinda al comandante una gama de opciones hasta operaciones decisivas para capturar o eliminar incluso figuras sustancialmente protegidas del Cartel de los Soles .

En el núcleo de la fuerza de los EEUU se encuentra una Fuerza de Tarea Aire-Tierra de la Marina (MAGTF). Incluye el U.S.S. Iwo Jima, un buque de asalto de helicópteros de desembarco (LHA) clase Wasp capaz de transportar rápidamente un número significativo de infantes de marina embarcados simultáneamente a múltiples objetivos en Venezuela, a través de aeronaves como el MV-22 Osprey, MH-53 o MH-60, apoyado por cazas de despegue y aterrizaje vertical (VTOL) AV-8 y F-35, helicópteros de ataque UH-1 y AH-1. La MAGTF en el Caribe también incluye dos de los buques más nuevos del Muelle de Transporte Anfibio (LHD) de la Clase San Antonio de la Armada, cuya especialidad es el lanzamiento de lanchas de desembarco rápido sobre la playa (LCAC) que transportan contingentes aún más grandes de infantes de marina y sus vehículos. Es probable que más de 2.000 infantes de marina, equipados y entrenados para operaciones expedicionarias aéreas y terrestres tan rápidas, se embarquen en estos tres barcos como parte de una fuerza mayor de aproximadamente 4.500 infantes de marina y marineros. Ese paquete de fuerza se complementa con un submarino de ataque rápido de la clase Los Ángeles, tres destructores de la Armada, incluidos dos de sus barcos más nuevos de la clase Arleigh Burke, y el crucero de la clase Ticonderoga U.S.S. Lake Erie. Si bien una misión clave de estos barcos es proporcionar una envoltura de protección a los barcos anfibios, también contienen más de 400 tubos de misiles entre ellos, capaces de realizar ataques de precisión que neutralizarían fácilmente el S-300 suministrado por Rusia de la generación anterior y el número limitado de radares chinos JYL-1 de 20 años de antigüedad que todavía están en funcionamiento, así como nodos de comando y control, cazas Sukhoi-30 y F-16 suministrados por Rusia más antiguos y mal mantenidos, botes de ataque Zolfaghar suministrados por Irán u otros objetivos que podrían presentar amenazas para la fuerza u obstáculos para la operación.

El reciente despliegue adicional de 10 F-35 de Estados Unidos, el caza de superioridad aérea más sofisticado y sigiloso de la Fuerza Aérea, en Puerto Rico, proporciona una mayor garantía de neutralizar cualquier amenaza aérea venezolana o externa, y posiblemente ilustra el grado de seriedad y detalle con el que Estados Unidos está planeando operaciones de combate con la fuerza reunida. Estados Unidos también tiene amplias opciones para enviar cazas, bombarderos y otras fuerzas directamente desde los Estados Unidos continentales a la lucha según sea necesario para asegurar aún más el éxito en prácticamente cualquier operación contemplada.

Las actividades de entrenamiento de los EEUU por parte de los infantes de marina embarcados en Puerto Rico también sugieren preparación para acciones e incluso podrían usarse como parte del inicio de dicha acción. Además, la visita a la isla del Secretario de Defensa Peter Hegseth y el Comandante del Estado Mayor Conjunto, General Daniel Caine, sugiere la atención de alto nivel que se está prestando a los preparativos para una posible acción en el Caribe.

EEUU desplegó en el Caribe el buque de asalto USS Iwo Jima (DoD/Benjamin Applebaum/Handout via REUTERS)

Es importante señalar que la fuerza reunida no es del tamaño para una ocupación a largo plazo de Venezuela o incluso el tipo de toma temporal involucrada en la Operación Causa Justa de 1989 que derrocó al narcodictador panameño. Por lo tanto, es consistente con la postura general de la administración actual de evitar costosos compromisos militares a largo plazo siempre que sea posible.

La perspectiva de éxito de una operación aérea y terrestre a gran escala de Estados Unidos para capturar a Maduro y llevarlo ante la justicia se ve reforzada por la recompensa récord de 50 millones de dólares ofrecida a quienes faciliten su captura. Aunque incluso esta considerable cantidad de dinero es posiblemente insuficiente para una operación militar independiente al estilo de “Eric Prince”, puede ser más que suficiente para comprar la cooperación de muchos en el equipo de seguridad y el círculo íntimo de Maduro, así como para persuadir a unidades militares venezolanas selectas para que se retiren temporalmente, donde de otro modo tendrían que ser eliminadas para reducir el riesgo de entrada y/o salida de cualquier fuerza estadounidense.

La lógica militar elemental descrita en este artículo es posiblemente bien conocida por los militares venezolanos y los compinches de Maduro, así como por los cubanos y otros partidarios. De hecho, este autor ya ha oído hablar de acercamientos por parte de los militares venezolanos y otros a personas vinculadas al gobierno electo de jure. Las unidades individuales y las élites afiliadas a Maduro entienden cada vez más que, de una forma u otra, es poco probable que la situación actual termine con su patrón en el poder y, por lo tanto, están pensando en cómo salvarse del enfrentamiento de una fuerza estadounidense muy superior y/o de la prisión por los crímenes cometidos bajo Maduro, una vez que se restablezca el estado de derecho.

Al igual que con el enfoque de la actual administración estadounidense en otras partes del mundo, como los ataques militares estadounidenses de junio de 2025 contra Fordow y otros sitios nucleares en Irán, la voluntad de la actual administración estadounidense de amenazar, pero el deseo de evitar la acción militar cuando sea posible, implica que la fuerza estadounidense en el Caribe puede no lanzar inmediatamente una operación importante. Pero llevar a cabo una serie de acciones con esa fuerza, basadas en cómo respondan Maduro y los leales al régimen, aprovechando las oportunidades que se presenten, y solo llevando a cabo una operación importante si se han agotado otras alternativas, pero conservando el elemento sorpresa estratégica.

El gran número de marines estadounidenses y otros embarcados en buques de guerra en el Caribe implica que el horizonte temporal de Estados Unidos para resolver la confrontación actual no es infinito. Aún así, podría decirse que Estados Unidos tiene flexibilidad de tiempo y numerosas opciones para una respuesta gradual, y con el uso de fuerza letal contra un presunto barco narcotraficante afiliado al Cartel de los Soles, Estados Unidos ha demostrado su disposición a actuar de esta manera.

Si Estados Unidos se compromete a una operación a gran escala, la mayor incertidumbre probablemente no sea el éxito operativo sino la extracción de Maduro vivo. Podría decirse que hay muchos en Venezuela que preferirían que los secretos de Maduro mueran con él, en lugar de salir a la luz en los interrogatorios en los Estados Unidos con el Departamento de Justicia y la comunidad de inteligencia.

El mayor riesgo de una operación militar en Venezuela que capture o elimine a Maduro y a una parte de sus compinches es la escalada de violencia. El predecesor de Maduro, Hugo Chávez, y el propio Maduro posiblemente han establecido al país como una franquicia criminal en la que los militares, los compinches de Maduro y otros han sido cómplices durante mucho tiempo. Como consecuencia, como se señaló anteriormente, es menos probable que la desaparición de Maduro y sus allegados facilite una transición a la democracia que una lucha de los numerosos actores criminales del país para tomar el poder por sí mismos y socavar cualquier establecimiento de orden por parte de un gobierno democrático que pueda hacerlos responsables de sus crímenes. Estas dinámicas problemáticas también se complicarían con otras como Rusia, Cuba y China, cada una con un interés personal en negar a Estados Unidos una “victoria” sobre Venezuela, y sembrar el caos que distrae a Estados Unidos, consume sus recursos y lo contamina en el tribunal internacional de la opinión pública, buscando explotar el papel percibido de Estados Unidos en desatar el caos en Venezuela a través de sus acciones militares.

A pesar de esta perspectiva pesimista, la acción militar de Estados Unidos aún le daría al gobierno democrático legítimo venezolano de Edmundo González una oportunidad escasa y fugaz para restaurar la democracia que deberían reconocer y para la que deberían prepararse. Su recepción empíricamente demostrada del 67% de los votos del pueblo venezolano durante las elecciones nacionales del 28 de julio de 2024 les da una legitimidad inherente que llevaría a muchos, incluidos incluso elementos criminales que buscan estabilidad, a intentar construir un nuevo gobierno a su alrededor.

Después de una intervención estadounidense, probablemente no mantendría fuerzas militares significativas en el país más tiempo del necesario. Como consecuencia, la responsabilidad recaería en Edmundo González o en cualquier gobierno de transición para establecer rápidamente el orden y abordar las necesidades inmediatas y los desafíos fiscales, económicos y legales. Cualquier nuevo gobierno tendría que construir un ejército confiable, probablemente trabajando con unidades cuestionables del régimen anterior, mientras convence a los actores criminales, las milicias ciudadanas y otros actores previamente afiliados al chavismo de que es de su interés a largo plazo apoyar la restauración pacífica de la democracia en lugar de sabotearla.

El frágil nuevo gobierno también tendría que trabajar rápidamente para generar y capturar ingresos, incluida la restauración de la producción y el refinamiento de petróleo, así como la futura ampliación de la capacidad de producción. Para hacerlo, tendrá que tomar decisiones difíciles para llegar no solo a Estados Unidos y otras empresas occidentales, sino posiblemente también a actores clave existentes como Rusia y China.

El nuevo gobierno también tendría que abordar rápidamente la crisis financiera del país, incluida una deuda pendiente estimada de 140.000 millones de dólares incurrida por las expropiaciones y la mala gestión de los regímenes de Chávez y Maduro. Del mismo modo, tendría que lidiar con acciones legales urgentes y sentencias en múltiples tribunales internacionales contra el gobierno si quiere restaurar el acceso de Venezuela a los mercados comerciales y financieros externos.

Si esto no fuera suficiente, el nuevo gobierno también enfrentará la onerosa tarea de reunificar a un país profundamente fracturado y polarizado, construyendo un sentido de unidad nacional venezolana de propósito.

Si cae Maduro, el futuro gobierno tendrá múltiples desafíos (AP Foto/Cristian Hernández, Archivo)

Puede que se acerque la hora en que los venezolanos tengan la oportunidad de rehacer su país en una nueva tradición democrática, forjada en más de dos décadas de sufrimiento después de permitir que su anterior democracia imperfecta fuera secuestrada por Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

El camino de Venezuela hacia adelante será peligroso. La gran mayoría del trabajo y el riesgo probablemente tendrán que ser asumidos por los propios venezolanos sin las barreras de un apoyo militar o financiero significativo de Estados Unidos. De hecho, a la fecha de publicación de esta obra, no está garantizada ni la caída de Maduro, ni el éxito ni el carácter democrático de lo que sigue.

Si hay una fuente de esperanza, la Venezuela post-Chávez nunca ha tenido una mejor perspectiva de liberación o un libertador más improbable. Tampoco ha tenido anteriormente un gobierno de “oposición” de jure con un mandato o estilo de forjar la unidad nacional mayor que el que tiene actualmente con Edmundo González y María Corina Machado y sus valientes partidarios. Las victorias nunca están aseguradas, pero ninguna tragedia dura para siempre.

Estados Unidos y Venezuela protagonizan un pulso que se libra en el mar Caribe, en los despachos diplomáticos y en la retórica de sus líderes. Septiembre ha estado marcado por ataques navales, acusaciones cruzadas y un despliegue militar en Puerto Rico que confirma el escalamiento de tensiones.

El 2 de septiembre, un operativo estadounidense contra una lancha vinculada, según Washington, al narcotráfico dejó once muertos en aguas internacionales. Caracas cuestionó la versión y denunció un ataque contra civiles. Menos de dos semanas después, el 15, un nuevo golpe acabó con la vida de tres tripulantes de otra embarcación, y el 19 se confirmó un tercer operativo del Comando Sur. A esta cadena de acciones se añadió un incidente con un atunero venezolano, que Caracas aseguró fue abordado dentro de su Zona Económica Exclusiva por un buque de guerra estadounidense. Washington admitió la inspección, pero aclaró que no encontró evidencia de irregularidades.

En paralelo, se intensificó la presión verbal. El expresidente Donald Trump exigió que Venezuela acepte la repatriación de presos y personas institucionalizadas con enfermedades mentales, bajo amenaza de un “precio incalculable”. El secretario de Estado, Marco Rubio, defendió los ataques contra las embarcaciones, a las que calificó de “narco-terroristas“. Maduro respondió denunciando violaciones de soberanía y acusando a Washington de mantener una “política de agresión”. Al mismo tiempo, dejó abierta la posibilidad de contactos discretos a través del enviado estadounidense Richard Grenell, lo que revela la coexistencia de confrontación y cálculo diplomático.

Cazas F-35 aterrizan en Puerto Rico

La tensión subió de nivel el mismo día del incidente del atunero, cuando cinco cazas F-35 aterrizaron en la base de Roosevelt Roads, en Ceiba, Puerto Rico. El Pentágono confirmó que llegarán diez en total, consolidando a la isla como plataforma avanzada para patrullas aéreas, vigilancia y operaciones navales en el arco sur del Caribe. El despliegue multiplica el riesgo de incidentes en aguas compartidas y zonas de pesca del Caribe oriental, mientras la presión migratoria añade otro frente: Trump condicionó la relación bilateral a que Caracas acepte deportados, lo que puede repercutir en rutas de tránsito y aeropuertos de países vecinos.

La crisis no se desarrolla en solitario. En mayo, Maduro firmó en Moscú un acuerdo de asociación estratégica con Vladímir Putin que incluye cooperación energética, coordinación en foros internacionales y capítulos de apoyo técnico-militar. Ese pacto refuerza la retaguardia del chavismo en momentos en que Washington intensifica la presión naval y aérea en la región. La estrategia de Maduro es clara: exhibir respaldo de potencias externas para contrarrestar el aislamiento hemisférico y ganar margen frente a la ofensiva estadounidense.

Washington, por su parte, busca proyectar fuerza en su área de influencia inmediata. El Caribe ha sido históricamente considerado un espacio de seguridad prioritaria. Bajo el paraguas del combate al narcotráfico y al crimen transnacional, Estados Unidos refuerza su capacidad de monitoreo frente a Venezuela, pero también frente a Cuba y Nicaragua.

• La retórica belicista cumple varias funciones: endurecer la posición en eventuales negociaciones, advertir a otros gobiernos sobre los costos de alinearse con adversarios estratégicos, y enviar un mensaje electoral hacia sectores del exilio latino en Florida, sensibles a un discurso intransigente frente a regímenes autoritarios.

El resultado es un tablero volátil, donde despliegue militar y operaciones selectivas se combinan con la retórica de la confrontación. Caracas responde con denuncias de soberanía y alianzas externas, mientras Washington insiste en mantener la presión en varios frentes. El Caribe se convierte así en escenario de un juego de gato y ratón que trasciende lo bilateral y que, en cualquier momento, puede transformarse en un choque de mayor alcance.