NUEVA YORK – La abogada de LatinoJustice PRLDEF, Stephanie Cordero, adelantó a El Diario que se pautó una audiencia para el 11 de septiembre en un tribunal de Nueva York con el fin de evaluar la demanda que presentaron contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) por detenciones “ilegales” de puertorriqueños en medio de las redadas migratorias ordenadas por la Administración Trump.

En entrevista con este periódico, la abogada, experta en derecho migratorio, reveló que el pleito busca determinar si los agentes federales de las mencionadas agencias están procediendo con base en perfil racial al momento de intervenir con miembros de poblaciones como la puertorriqueña.

“Hay violaciones de la ley que están ocurriendo. El Gobierno no está operando siguiendo la ley en el sentido de que la responsabilidad de demostrar que una persona no está aquí legalmente es del Gobierno. Eso está en la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), que es el Gobierno que tiene que probar esos alegatos en contra de las personas. Aquí lo que está ocurriendo es que los están declarando culpables y las personas tienen que probar que no son culpables. Eso va también en contra de principios constitucionales en términos de derecho penal. Están poniendo esa responsabilidad, ese peso, a la persona de probar que no es indocumentada cuando la ley requiere de la otra forma. Lo que pasa también es que a esas personas las deportan muy rápidamente, lo que hace difícil también traer demandas con respecto a las detenciones de esas personas individuales, porque ya no están aquí. Pero no es legal”, afirmó la abogada quien previamente trabajó con otras organizaciones sin fines de lucro en el asesoramiento de migrantes en procesos de deportación.

Los boricuas son ciudadanos estadounidenses por nacimiento y no se supone que estén sujetos a las leyes migratorias que aplican a miembros de otras comunidades.

Sin embargo, el caso, que inició por denuncias de arrestos injustificados a personas de origen boricua en distintos estados en enero, podría tener impacto en diversos grupos migratorios.

El litigio podría llevar, no solo a nuevas demandas, también a que las autoridades ajusten sus procedimientos o prácticas al momento de realizar las intervenciones, anticipó Cordero.

La noticia sobre la demanda, presentada el pasado 30 de julio ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, fue provista en exclusiva a El Diario días antes de su radicación.

A través del recurso, los demandantes alegan que el DHS y ICE incumplieron con el plazo bajo la Ley de Libertad de Información (FOIA) para suministrar datos sobre las políticas, prácticas y directrices que llevaron a las detenciones de los puertorriqueños, y buscan que esa información sea divulgada de manera acelerada.

Hasta el momento, públicamente, han trascendido casos de arrestos a boricuas en Nueva Jersey y Wisconsin, y un intento de allanamiento en un negocio de  Pennsylvania.

Adicional, los abogados de LatinoJustice incluyeron en la demanda el mega operativo que realizaron las autoridades federales, el 26 de enero, en Barrio Obrero, Santurce, en el que arrestaron a más de 40 migrantes, la mayoría dominicanos.

La representante legal no descartó que la organización pueda llegar a un acuerdo con la Administración como parte de los procesos en la corte.

 A continuación la entrevista exclusiva de El Diario a Stephanie Cordero:

El Diario: “En primera instancia, antes de que usted se metiera de lleno a los planteamientos en el caso de los puertorriqueños, ¿qué fue lo que le llamó más la atención en términos de esas alegadas intervenciones ilegales con puertorriqueños?

Cordero: “Al momento de arrestar ciudadanos americanos me queda claro a mí, personalmente, que la Administración no está tratando, como dicen, de ir tras personas que no tienen estatus legal. Si el Gobierno se enfoca y detiene a personas que son ciudadanos americanos entonces hay algo más que está pasando, y, en este caso, me parece evidente por las acciones, como, por ejemplo, ir a restaurantes y museos boricuas o de detener a personas que tienen apellidos latinos, a pesar de que dicen que son ciudadanos americanos. Por ejemplo, la persona en New Jersey, que es un veterano del Ejército, que solamente la gente con estatus legal puede hacerlo, entonces hay algo más que está pasando. Si es que están yendo tras los ciudadanos americanos de origen latino, nadie está a salvo… En mi opinión, es una evidencia de la agenda supremacista, racista, que está ocurriendo, y no es algo que sea un secreto, porque esta Administración llegó a donde está por esa misma campaña de odio en contra de los inmigrantes. Entonces, no es un secreto y las acciones que estamos viendo que están yendo específicamente a lugares latinos y arrestando gente a pesar de que son ciudadanos americanos de origen latino, es una alerta y algo que tenemos que abrir los ojos y pedir la información y ver cómo vamos a proteger a nuestra comunidad”

Buscan saber qué llevó a los arrestos de ciudadanos estadounidenses de origen puertorriqueño

El Diario: “¿Cuándo ustedes finalmente deciden presentar la demanda?, porque yo sé que llevaban tiempo evaluándolo… ¿Qué es lo que hace que ustedes decidan presentar la demanda?”

Cordero: “En este caso puede haber diferentes alegatos de qué fue lo que pasó o no, pero la ley es clara de que el Gobierno tiene la responsabilidad de proveer información bajo la Ley de Libertad de Información (FOIA) dentro del tiempo que se provee, que son 20 días. Entonces, no hay nada más claro que eso. Nosotros tratamos de resolver dentro de la agencia misma trayendo una apelación en abril y todavía no hay respuesta. Entonces, ya lo que nos queda como recurso es ir al tribunal para que intervengan y obliguen a que las agencias, Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), cumplan con su deber bajo la Ley de Libertad de Información. Lo que nos lleva a hacer eso es la importancia de recibir la información de qué llevó a que gente que es ciudadana americana de origen latino fueran atrapadas en estas redadas y cómo podemos prevenir que eso continúe ocurriendo. La ley está de nuestro lado en ese sentido, porque es muy clara de que el público tiene el derecho al acceso a la información de agencias federales”

El Diario: “¿O sea que ustedes están bastantes confiados de que el tribunal finalmente le diga (al DHS y a ICE) que tienen que proveer la información?”

Cordero: “Claro que sí. De eso no hay argumento que la ley provea de que la información que estamos pidiendo no sea pública. Claro, hay excepciones de privacidad y de otras que el Gobierno puede alegar; pero, aparte de eso, hay también información que nos tienen que proveer ya redactada, y tienen que responder. Sobre eso no hay ningún argumento”

El Diario: “La Administración alega que estamos en una situación particular, que hay una emergencia nacional, que son motivos de seguridad hasta cierto punto por los que se está procediendo de esta manera. ¿Cuánto peso realmente pudiera tener este tipo de argumento para avanzar o adelantar los intereses de los demandados?”

Cordero: “Los argumentos son una cosa y los hechos otra. Lo que estamos buscando aquí son los hechos y la verdad, y hay mociones que se pueden hacer para que la información sea revisada en secreto para que solo nosotros seamos parte (del proceso). Si hay preocupaciones de seguridad nacional y todo lo que ellos puedan alegar, hay maneras de que el juez determine que esos argumentos tienen base en la realidad, y que divulguen esa información y no esté protegida por esas razones”

El Diario: “¿O sea que, independientemente, de que ellos traigan ese argumento, hay opciones para que el juez les conceda a ustedes de una manera, quizás más confidencial, el acceso a esos documentos?”

Cordero: “Exactamente, y eso le compete al juez decidir si es que esos argumentos o alegaciones tienen base en la realidad. Lo que estamos pidiendo es que sigan el proceso, y, si es que hay algo que tienen que proteger, que el juez lo determine. No podemos nada más aceptar argumentos de personas que representan al Gobierno; necesitamos que hagan la búsqueda, que muestren los documentos, y, si en verdad hay cosas que proteger, el juez lo va a determinar”

El Diario: “Pero, por la información que usted maneja y por los casos que se han visto antes de esta naturaleza, cuando se han alegado planteamientos de que hay una emergencia nacional, ¿hay alguna tendencia de fallos (judiciales)?, ¿cuál es el proceder más general cuando hay solicitudes y casos de este tipo?”

Cordero: “El proceder general es que hay éxito en obtener información por medio de esta ley. Sí, hay información que tal vez sea protegida y los jueces determinan que así es, pero hemos podido obtener mucha información de cómo el Gobierno opera y proveer esa transparencia a las personas…Entonces, en general, la ley sí se ha cumplido en los tribunales en administraciones pasadas y aún en esta hay organizaciones como la nuestra que han obtenido información de agencias del gobierno bajo la Ley de Libertad de Información. Nosotros estamos esperando que eso sea lo que suceda aquí…Nos van a tener que dar alguna información de lo que estamos pidiendo, y nosotros pelearemos a cualquier alegación o argumento que haya…”

El DHS y ICE debían contestar a solicitud bajo FOIA en 21 días

El Diario: “¿Cuál, a su juicio, son los hechos más importantes que se plantean en esa demanda?”

Cordero: “El punto de vista legal lo que va a ver el juez y por lo que creo que nos van a dar la información, es porque simplemente lo provee así de que haya transparencia. Hay otros alegatos también que tienen que ver con la importancia de la información. Creo que podemos convencer al juez, uno, de que es muy claro que la ley provee que nos tienen que responder dentro de 21 días y que eso no ocurrió en este caso, y que nos tienen que empezar a proveer información en los próximos meses. También estamos pidiendo que no hayan costos por la producción o por la búsqueda de documentos, porque nunca respondieron, y eso también lo provee la ley, y otra cosa es que lo hagan de una manera acelerada. Ahí es donde cabe el interés público de saber la información y si este Gobierno está señalando a ciudadanos americanos solo por su origen latino o porque hablan español. En eso es en lo que nos vamos a basar para que el juez pueda otorgar nuestro pedido de procesamiento acelerado. Esa es una parte muy importante porque tiene que ver sobre si nosotros nos merecemos o tenemos derecho a esa información por medio de un proceso acelerado”

El Diario: “¿Qué significa acelerado?, ¿cuánto tiempo es eso?”

Cordero: “Las agencias se pueden tomar mucho tiempo en dar información, pero lo que nosotros esperamos y pedimos en la demanda es que, cuando el juez ordene que la información tiene que ser divulgada, que no se demoren más de 30 días en dar la información, en empezar a producir los documentos”

Audiencia el 11 de septiembre en Nueva York

El Diario: “Ustedes radicaron la demanda, ¿qué pasa hora?, ¿la parte demandada responde?”

Cordero: “Nosotros interpusimos la demanda el 30 de julio. Ahora estamos en el proceso de notificar a las partes como lo es el Departamento de Seguridad Nacional, el Servicio de Inmigración y Aduanas, también al fiscal del Distrito Sur de Nueva York y a la fiscal general de Estados Unidos. Una vez que ya notificamos a las partes, entonces podemos entablar conversaciones con el fiscal representando a las agencias federales, y empezar a negociar. Podemos hablar sobre si están listos para divulgar la información o qué tipo de información nos pueden dar o cuál es el plan que vamos a  presentar juntos en la audiencia que se fijó para septiembre 11. No sabemos si vamos a proceder con esa fecha en particular, pero ya hay una audiencia antes del juicio que se fijó para el 11 de septiembre, pero ya, antes de eso,  nosotros esperamos entablar, conversaciones, negociaciones para ver qué información podemos obtener, porque, en estos casos, los jueces también quieren que las partes negocien y hablemos entre nosotras para ver a qué resolución podemos llegar, y si no, entonces el tribunal interviene, ve los méritos y decide si nos otorga una orden con lo que pedimos”

Caso por detenciones de boricuas por ICE impacta a otras comunidades migrantes

El Diario: “¿Qué podría significar esto a nivel general?, porque llama la atención que arrestos “ilegales” de puertorriqueños puedan traducirse en un impacto en varias comunidades más allá de la hispana. Si esa información se divulgara, ¿que es lo que ustedes prevén?, ¿cómo se podría traducir en beneficio de la gente que teme por las intervenciones de ICE y de DHS?, ¿cuál podría ser ese impacto?”

Cordero: “Depende de lo que nosotros podamos obtener. Si es que hay directivas que los oficiales están recibiendo que violan la Constitución de manera que están discriminando ante personas por su origen o su etnia, nosotros podemos traer otras demandas o desafíos a esas políticas diciendo que están yendo en contra de la ley. Así que, depende de lo que obtengamos, se podrían ver desafíos legales sobre las políticas que se han dado sobre si violan la Constitución o no, y, en la práctica, lo que puede significar es ICE y DHS empiecen a entrenar a sus oficiales y empiecen a respetar la ley en cuanto a sus operativos de inmigración y que lo hagan no solo sin señalar a personas de origen latino, sino que también otorguen el debido proceso de ley en estos arrestos…Entonces, puede tener efectos muy prácticos. Claro que va a requerir que nosotros tomemos próximos pasos, pero, de por sí, tener la información, hacerla pública y que la gente sepa cómo se están manejando las agencias en cuanto a arrestos y redadas. También darle la oportunidad a las personas para que estén preparadas para estas situaciones y que puedan tomar decisiones sobre sus vidas… basado en las cosas que saben que están pasando. Ahora, nosotros solo adivinamos; no sabemos si salimos vamos a regresar a nuestras casas. Entonces, ya sabiendo cómo operan va a ayudar a las personas a tomar decisiones informadas sobre el riesgo que quieren tomar y cómo proteger a sus familias”

El Diario: “O sea que, si se falla a favor de lo que ustedes están pidiendo, básicamente las agencias deberían ajustar sus procedimientos, y, en términos de la ciudadanía, tendrían más recursos e información sobre cómo están procediendo las agencias para entonces responder más oportunamente y en defensa de sus derechos”

Cordero: “Exactamente…Por ejemplo, no es nuestro deber ni lo requiere la ley que estemos cargando con prueba de que somos ciudadanos americanos. Si los oficiales entendieran eso, pudieran cuestionar a las personas de diferente manera y entender que uno no tiene que responder a esas preguntas, y que los arrestos tienen que ser basados en investigaciones; no pueden ir nada más a la calle y preguntar a cualquier persona, porque la ley no requiere que nosotros tengamos prueba de ciudadanía. Entonces, ellos deberían hacer investigación. También, si ven documentos como el ID que el veterano del Ejército (puertorriqueño de Nueva Jersey) mostró, recibir instrucciones de que si las personas están presentando documentos como esos, que ahí termina la cosa, que no tienen que detenerlos, y que ellos mismos tengan que probar que en verdad son ciudadanos americanos. No debería ser la responsabilidad de uno como ciudadano tener que probar eso, sino de las agencias, y así lo manda la ley, que investiguen y tengan pruebas sobre la violación de la ley que se alega”

El Diario: “Nadie está obligado a darle una identificación a un agente sin una orden, ¿correcto?”

Cordero: “Identificación varía de si se está manejando o si es que se sospecha que hay un crimen. Si no hay sospecha de ninguna violación de la ley y, de todas maneras, uno tiene el derecho a mantenerse callado y a no estar dando documentos a los oficiales. Lo único que se tiene que decir es el nombre; no se puede mentir sobre su identidad. Entonces, eso es sobre lo que uno tiene que tener cuidado, pero no tenemos que dar información, documentos, no lo requiere la ley”

El debate por intervenciones de agentes sin orden judicial

El Diario: “Si, por ejemplo, está un agente del DHS interviniendo sin orden judicial…, ¿hay excepciones para que un agente utilice una orden administrativa en lugar de una orden judicial emitida por un juez penal?”

Cordero: “Las órdenes judiciales son más para proteger los lugares privados. Nosotros tenemos protecciones bajo la Enmienda 4 de la Constitución sobre cuándo el Gobierno puede entrar y tomar posesión tanto de nuestro hogar como de nuestra persona. En esos casos, no hay excepciones. Si un oficial llega a un lugar privado, nuestra casa o algún otro lugar privado, tienen que tener una orden judicial. Ahora, cuando uno está en la calle y está en un lugar público, no hay tantas protecciones…En ese caso, lo único que necesitan es una sospecha razonable de que la persona esté en este país sin documentos o que esté aquí en violación a la ley de inmigración. Ese es el problema, qué sospecha razonable pudieran tener ante una persona latina, y, obviamente, va en que no hablan inglés bien o a que se ven latinos. Eso es a lo que van los oficiales que no deberían, y eso es lo que es ilegal”

El Diario: “O sea, que la sospecha se está basando en que tienen cierto color, en que hablan de cierta manera, ¿ahí es que está el problema de base?”

Cordero: “Exactamente, porque una persona que sea ciudadana americana, pero que no nació aquí o es de descendencia latina, uno no va a poder saber, si ve a esa persona, si es ciudadana o no. Entonces, ¿de dónde viene esta sospecha para parar a alguien y pedir sus documentos? Es únicamente del perfil racial que se están basando, y eso es lo que estamos viendo, inclusive, en Los Ángeles, donde hubo una demanda por intervenciones que iban hacia personas de origen latino, personas que trabajan en Home Depot, en los ‘car wash’ que tienden a ser personas latinas. Eso no es una sospecha razonable bajo la ley. En la calle, así tengan su orden administrativa, ellos tienen el derecho de acercarse a las personas, pero la sospecha razonable no puede ser algo protegido como su etnia, origen o de dónde uno viene. Tiene que ser algo más y ahí es donde tiene que entrar el entrenamiento y las investigaciones para no solo ir tras personas que se ven latinas o que hablan español”

El Diario: “¿Qué ha pasado con los puertorriqueños que han sido detenidos?, ¿alguno ha presentado alguna demanda?”

Cordero: “De lo que nosotros sabemos, no ha habido demandas con respecto a los incidentes que ocurrieron, y puede ser por muchas razones. Sí nos hemos tratado de comunicar…Pero lo que sabemos es que, al menos, el veterano del Ejército, que fue detenido en Nueva Jersey finalmente pudo salir. Igual que en el Boricua Restaurant, en Pennsylvania, los agentes se fueron de ahí; no sabemos si han regresado. Pero, de lo que sabemos, al menos contra esas personas no se empezaron procesos de inmigración, sino que, al darse cuenta que eran puertorriqueños, ya estando detenidos, ya el daño fue hecho, los dejaron ir”

El Diario: “¿Qué pasó con el caso de Wisconsin (que se alegó que una familia con un menor fue detenida en un centro comercial) que no se tiene mucha información sobre ese alegado caso?

Cordero: “Lo que tenemos son los reportes que la prensa ha puesto en nuestra disponibilidad. Ese es un caso del que queremos tener más información, porque (por un lado están) las palabras de los reporteros y del familiar que habló en condición de anonimato sobre lo que ocurrió y (por el otro) la respuesta de ICE negando que hubo una detención a esa familia. Entonces, queremos saber qué fue lo que pasó de verdad y qué es lo que indican los récords de ICE directamente y del DHS para por fin saber la verdad”

El Diario: “¿Por qué ustedes incluyen el operativo en Barrio Obrero?, porque tengo entendido que ahí no se detuvo a puertorriqueños”

Cordero: “Añadimos eso porque fue una de las primeras redadas que ocurrieron en San Juan, y hay mucha preocupación porque es en lugar en el que se habla español, donde tal vez alguna gente se pueda parecer a la gente que buscan; o sea, en este caso se enfocan en los dominicanos que es la población migrante más grande en Puerto Rico. Otra vez esa preocupación de qué entrenamiento están recibiendo para saber que una persona es dominicana o puertorriqueña…Es donde hay más potencial a que sigan ocurriendo estos ‘accidentes’, por ponerlo así, estas equivocaciones donde se arresten a personas puertorriqueñas, ciudadanas americanas, en busca de otras personas que tal vez no tengan estatus”

El Diario: Para finalizar, yo consulté con el DHS (para que reaccionaran a la demanda) y ellos respondieron muy parcamente.  Pero le voy a leer lo que ellos respondieron para que usted se exprese: ‘Lo que convierte a alguien en blanco del ICE es su presencia ilegal en Estados Unidos, NO el color de piel, la etnia ni ningún otro factor que los abogados izquierdistas que incitan al racismo utilizan para desviar la atención de los hechos y la ley’”

Cordero: “Nosotros estamos en búsqueda de los hechos. Si el Gobierno no tiene nada que ocultar que nos den los documentos que estamos buscando y que los hechos hablen por sí mismos. No se trata de decir o no decir; estamos buscando la verdad; estamos buscando transparencia, y los documentos van a hablar por sí mismos. Aparte de eso, quiero responder a lo que dicen de que no se enfocan en el perfil de las personas, porque creo que eso es una realidad que ignora la verdad y la experiencia de las comunidades latinas en este país por muchos años. Hay registros, hay investigaciones, hay reportes de que, desafortunadamente, se usa el perfil racial cuando se hacen redadas, y también es ignorar lo que, explícitamente, ha dicho esta Administración y el presidente Trump para ser elegido; todas las cosas que se decían en contra de los inmigrantes y generalizando que somos criminales, que somos pandilleros. Estas son declaraciones basadas en racismo. Eso es bien claro, y, si se quiere negar eso, pues es (negar) la experiencia de los que vivimos en este país siendo del origen que somos”