Mi colega de Brookings, Natan Sachs, ha argumentado con contundencia que la anexión de Gaza por parte de Estados Unidos no se llevará a cabo , explicando la inmoralidad, ilegalidad e impracticabilidad del plan, y espero que tenga razón. Trump también podría no tomarse en serio la anexión de Gaza, sino que intenta distraer a sus rivales, tanto nacionales como internacionales, o abrir el espacio de negociación entre Israel y sus vecinos árabes. (Está ansioso por normalizar las relaciones entre ellos). Mientras esperamos a que se revelen las verdaderas intenciones de Trump, vale la pena considerar qué implicaría la anexión, incluso para los militares estadounidenses a quienes se les podría ordenar llevarla a cabo.

El resultado es que el plan de Trump violaría una larga lista de tratados internacionales, incluidas las Convenciones de Ginebra, y pondría a los estadounidenses en riesgo de sanciones y procesamientos en el extranjero.

El derecho internacional prohíbe la anexión de territorio

El pasado mes de julio, la Corte Internacional de Justicia (CIJ), el principal órgano judicial del mundo establecido bajo los auspicios de las Naciones Unidas en 1945, determinó que la presencia de Israel en el Territorio Palestino Ocupado (o TPO, es decir, la Franja de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Oriental) es ilegal y debe cesar . La decisión de la corte, iniciada mediante una solicitud de opinión consultiva de la Asamblea General de la ONU, es vinculante para toda la comunidad internacional y exige la acción no solo de Israel, sino también de todos los Estados y organizaciones internacionales.

Los jueces destacaron la declarada “responsabilidad permanente hacia la cuestión de Palestina hasta que la cuestión se resuelva… de conformidad con la legitimidad internacional” de la Asamblea General de la ONU y la hasta entonces no realizada Resolución 181 (II) de la Asamblea General de la ONU . Adoptada en 1947 cuando el mandato de la Liga de las Naciones del Reino Unido sobre la tierra de Palestina estaba llegando a su fin, la resolución exigía que el territorio se dividiera en un estado judío y un estado árabe. Sobre esta base, Israel declaró su independencia en 1948 y se convirtió en estado miembro de la ONU en 1949. Más tarde, en 1967, tras su victoria en la Guerra de los Seis Días , Israel pasó a ocupar el resto de lo que había sido el Mandato Británico de Palestina, ahora conocido como los TPO.

Al redactar su dictamen, los jueces de la CIJ consideraron la naturaleza prolongada de la ocupación, la política israelí de asentamientos y otras medidas que Israel ha adoptado a lo largo de los años, como la anexión de tierras palestinas y la destrucción de sus hogares y propiedades . Los jueces concluyeron que estas políticas y prácticas son ilegales y violan la obligación de Israel de respetar el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación. Posteriormente, en septiembre, la Asamblea General de la ONU ratificó la decisión de la CIJ en una resolución que contó con el apoyo de 124 países .

La visión de Trump de convertir a Gaza en una “Riviera del Medio Oriente”, aparentemente en asociación o en coordinación con Israel, extendería las políticas y prácticas que la CIJ dijo que eran ilegales.

Tras una decisión anterior de la CIJ, en mayo de 2024, que instaba a Israel a detener su incursión en Rafah, en el sur de Gaza, los ministros de Asuntos Exteriores europeos se reunieron para debatir la imposición de sanciones contra Israel si no cumplía. Sin embargo, la Unión Europea (UE) finalmente no impuso las sanciones. (La UE ha impuesto sanciones contra algunos ciudadanos y organizaciones israelíes, pero no contra el propio Estado).

La anexión de Gaza y la expulsión de sus residentes podrían inclinar la balanza a favor de las sanciones de la UE contra Israel y quizás también contra Estados Unidos, dado que la UE (al igual que otras organizaciones internacionales) tiene la obligación legal de contribuir al fin de la presencia israelí en los TPO, según la decisión de la CIJ de julio de 2024. Más allá de las obligaciones legales, a la UE le conviene no normalizar el acaparamiento de tierras, no solo por el bien de los palestinos de Gaza, sino también por el de los habitantes de Groenlandia , Ucrania y otros países vecinos.

El derecho internacional prohíbe las deportaciones y traslados forzosos de civiles

La propuesta de Trump, según él mismo admitió, exigiría la deportación y el traslado forzosos de la población civil de Gaza, unos dos millones de palestinos, a otro territorio ( presumiblemente Egipto o Jordania ), una clara violación del Cuarto Convenio de Ginebra , que protege a los civiles durante los conflictos armados y en los territorios ocupados. Esto desestabilizaría aún más Oriente Medio y podría arrastrar a Estados Unidos a una guerra regional.

Dado que Trump ha criticado duramente las “guerras eternas” y ha abogado por poner a Estados Unidos “en primer lugar”, su compromiso declarado de hacer todo lo necesario para “tomar el control” y “desarrollar” Gaza (incluido el posible despliegue de tropas estadounidenses) resulta aún más desconcertante. Además, podría generar responsabilidad penal para el personal estadounidense involucrado, incluso ante la CPI.

Desde 2015 , la CPI ha estado investigando denuncias de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en Palestina, incluida Gaza. La investigación es abierta y tanto los ciudadanos palestinos como los extranjeros en territorio palestino pueden ser procesados. Hasta el momento, los israelíes son los únicos ciudadanos extranjeros que la CPI ha declarado estar investigando en Palestina. Sin embargo, los estadounidenses involucrados en la expulsión de civiles palestinos podrían añadirse a esa lista. 

Riesgos para los estadounidenses

Ni Israel ni Estados Unidos son parte del Estatuto de Roma , que estableció la CPI y define su jurisdicción. Normalmente, los ciudadanos israelíes y estadounidenses gozan de inmunidad ante la CPI, con una salvedad importante: los ciudadanos no miembros pueden ser investigados y procesados si son sospechosos de cometer abusos en el territorio de un miembro de la CPI, como es el caso de Palestina. De hecho, el Estado de Palestina obtuvo la condición de Estado observador no miembro en las Naciones Unidas en 2012 y se adhirió al Estatuto de Roma en 2015.

Israel y Estados Unidos no reconocen un Estado palestino y rechazan la jurisdicción de la CPI sobre israelíes y estadounidenses . Sin embargo, la ley no les favorece. Además, en 2021, la CPI confirmó su jurisdicción para decidir sobre asuntos relacionados con Gaza y Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental, y numerosos Estados coinciden y han salido en su defensa . 

La agenda de Trump en Gaza podría llevar al personal estadounidense a ser procesado ante la CPI por la deportación o el traslado ilegal de una población, como crimen de guerra (en virtud del Artículo 8 del Estatuto de Roma) o como crimen de lesa humanidad (en virtud del Artículo 7). Los estadounidenses también podrían ser juzgados por persecución, otro crimen de lesa humanidad, dado que los palestinos en Gaza constituyen un grupo identificable. Cabe destacar que los militares no podrían alegar órdenes superiores si las órdenes que cumplieron fueran manifiestamente ilegales. El Artículo 33 del Estatuto de Roma lo establece claramente.

A primera vista, una política de deportación y traslado forzoso de población civil de un territorio a otro es ilegal. Los militares estadounidenses lo sabrían por sus propias normas. Los manuales militares estadounidenses, que se remontan al Código Lieber de 1863 , prohíben las deportaciones o traslados ilegales de civiles. El personal militar estadounidense también está sujeto a las Convenciones de Ginebra de 1949, ratificadas por Estados Unidos. Esto significa que los militares no podrían alegar desconocimiento si alguna vez se enfrentaran a una orden de arresto de la CPI o fueran juzgados en La Haya. Por su parte, los comandantes y otros superiores (incluidos los líderes civiles) podrían enfrentar cargos penales por ordenar a sus subordinados la comisión de actos ilícitos o por no ejercer control sobre ellos, según el artículo 28 del Estatuto de Roma.

Sin embargo, el personal estadounidense acusado de crímenes bajo el Estatuto de Roma tendría que estar bajo la custodia de la CPI para que se pudiera realizar cualquier juicio, por lo que podrían evadir la corte al no viajar a uno de los 125 estados miembros de la CPI.

Mirando hacia el futuro

Privar a los palestinos de sus derechos más básicos, a la vez que se distancian de sus aliados y se desestabiliza Oriente Medio, es una medida demasiado peligrosa, incluso para fanfarronear. Poner en riesgo la seguridad y la libertad de los militares estadounidenses también sería irresponsable.

Trump podría ser pura fanfarronería, pero sería imprudente ignorar sus palabras o esperar en silencio que no se materialicen. Sus asesores han intentado retractarse de su anuncio del 4 de febrero, pero Israel se lo está tomando en serio . Trump también ha insistido , afirmando que está “comprometido a comprar y poseer Gaza” y que los palestinos que viven allí no tendrían derecho a regresar.

Trump ha amenazado además con retirar la ayuda a Egipto y Jordania si no acogen a los palestinos desplazados. Además, durante su primer viaje a Oriente Medio, el secretario de Estado Marco Rubio afirmó que el plan de Trump para Gaza era “audaz” y que “requirió valentía y visión para delinearlo”, lo que demuestra aún más que la administración se toma en serio la posibilidad de tomar el control de Gaza, lo que podría requerir tropas estadounidenses para implementarlo. Los líderes estadounidenses e internacionales deben contraatacar.