Desde el pasado 26 de enero, cuando se llevó a cabo la primera redada migratoria en Puerto Rico, las calles de San Juan se sienten más silenciosas y casi vacías, debido a que la población inmigrante, mayoritariamente de origen dominicano, se ha recluido en sus casas y busca llamar la atención lo menos posible, para evitar ser detenida o deportada.
“Estamos tristes porque se están llevando a nuestra gente”, dijo un inmigrante de origen dominicano ante la insistencia de la periodista de El País, que documentó el impacto social de las redadas migratorias ordenadas por el presidente Donald Trump en Puerto Rico, especialmente en la población inmigrante proveniente de República Dominicana.
En pocos meses, la isla pasó de ser un espacio en el que los indocumentados —que pueden abrir cuentas bancarias y sacar licencias de conducir especiales— podían andar sin miedo, a tener que observar sobre el hombro o a través de las ventanas para advertir la llegada de los agentes de inmigración y eludir el arresto.
“Meses de redadas de inmigración ordenadas por la Administración Trump han silenciado este vecindario, donde el miedo a acabar detenido o deportado es atroz”, dice el reportaje del diario español sobre el Barrio Obrero, el primer destino de las redadas migratorias y el corazón de la comunidad dominicana en Puerto Rico.
“Esta es una ciudad sitiada, no se sabe cuándo van a venir y te van a arrestar, a veces sin orden judicial ni explicación. Es algo espantoso”, dice al medio Nilka Marrero, reverenda de la Iglesia Metodista de San Pablo, que junto a un grupo de voluntarios reúne alimentos y prepara bolsas para llevarlas hasta los hogares de los inmigrantes que han decidido no salir de casa, incluso para ir al supermercado.
El terror llega a tal punto que, a veces, algunos inmigrantes no abren la puerta de su casa ni siquiera para recibir los alimentos que prepara la iglesia, según el reporte.
La condición de Puerto Rico como Estado Libre Asociado de Estados Unidos, lo convierte en una extensión del territorio estadounidense. Aunque tiene su propio gobierno insular y Constitución, áreas como defensa, fronteras y relaciones diplomáticas quedan bajo el control de Estados Unidos. Esto significa que muchas de las políticas de la Administración Trump —incluida la migratoria— también se aplican en la isla.
La población de Puerto Rico es ciudadana estadounidense, pero no puede votar por el presidente ni tiene representación significativa en el Congreso federal.
Dominicanos, los más arrestados
Desde la primera redada, 445 personas han sido detenidas en Puerto Rico, según datos que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) cedió al periódico. De ellos, el 72 % (320) es de origen dominicano, lo que coincide con el hecho de que la comunidad dominicana representa más de la mitad del total de inmigrantes que viven en la vecina isla, que para 2022 era de 55,000, según la Oficina del Censo de Estados Unidos.
Sin embargo, el número de dominicanos indocumentados en la isla del encanto no está claro, pero unos 20,000 portan licencias de conducir especiales, según informó The Associated Press en marzo.
- Los arrestos masivos de dominicanos más recientes en la isla ocurrieron el 8 y el 17 de mayo. En el primero, los agentes de inmigración ejecutaron un operativo en un área en construcción de un hotel de San Juan, en horas de la madrugada.
La redada terminó con el arresto de 53 ciudadanos de la República Dominicana. El siguiente, nueve días después, fue en un establecimiento nocturno en Barrio Obrero, en el que se arrestó a seis más.
Las autoridades alegan que los arrestados no contaban con autorización legal para estar en territorio estadounidense, pese a que el Gobierno de Trump ha reiterado que sus esfuerzos por cumplir la promesa de ejecutar la mayor deportación de inmigrantes en la historia de Estados Unidos están dirigidos, en un primer momento, a los inmigrantes con historial delictivo, y que el arresto de otros indocumentados es considerado “daño colateral”.
En ese sentido, las autoridades de la isla indicaron durante la investigación realizada por el diario español que no están registrando esa información al hablar sobre los arrestos por crímenes.
- Además, solo 74 de los arrestos se han hecho por cargos penales; el resto han sido administrativos, es decir, por infracciones de las leyes o procedimientos de inmigración.
Del total de arrestos, 81 personas han regresado a su país de manera voluntaria o mediante remociones aceleradas, dijo Sandra Colón, portavoz de la oficina del DHS en la isla, al medio.
Arrestados son llevados a Estados Unidos
Los inmigrantes dominicanos y de otras nacionalidades arrestados en Puerto Rico que no acceden a irse del país de manera voluntaria son enviados a centros de detención fuera de la isla, en estados como Texas y Florida, desde donde son trasladados a su país de origen meses después de ser arrestados.
“En Puerto Rico se dan detenciones, pero por una práctica general del Gobierno de Estados Unidos, prácticamente todos los migrantes detenidos son trasladados fuera de Puerto Rico. Luego de la detención, pueden estar en Puerto Rico de 24 a 78 horas hasta que los mueven”, explicó Annette Martínez Orabona, directora ejecutiva de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) en Puerto Rico.
Para la organización, aunque los traslados entre centros dentro de Estados Unidos son una práctica habitual, que los inmigrantes arrestados en Puerto Rico sean sacados de la isla es algo preocupante, “porque no solo supone separarlos de sus familiares y comunidad, sino también de su representación legal”, recoge el reportaje de El País.
“Es algo que crea una gran dificultad porque se ha detenido a personas que tenían procesos migratorios pendientes acá (en Puerto Rico), o sea que su representación legal está en Puerto Rico“, apuntó la directora.
“Yo sé que en cualquier parte de Estados Unidos es terrible, pero en el caso de Puerto Rico es peor, porque nosotros no estamos contiguos al territorio. No es cuestión de tú montarte en un carro y llegar”, agregó.
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