Nueva York – La solicitud de información bajo FOIA (Ley de Libertad de Información) que presentó LatinoJustice PRLDEF al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y al “zar de la frontera”, Tom Homan, busca establecer las razones por las que agentes federales están interviniendo con puertorriqueños en las redadas antimigratorias ordenadas por el presidente Donald Trump.

En entrevista exclusiva con El Diario, Roberto Cruz, abogado de la región sureste de la organización reveló que, otro de los fines del requerimiento a las agencias es determinar si los oficiales migratorios, al momento de intervenir, están siguiendo o no el debido proceso de ley y si sus prácticas son o no discriminatorias.

“Desafortunadamente, la información que nosotros tenemos, no solamente por los medios noticiosos, sino por las organizaciones que nos han acompañado en este asunto, tiende a perfilar que se están cometiendo actos que están discriminando, no solamente con los puertorriqueños, sino con toda la comunidad hispana. Tenemos que tomar todas las medidas para que este tipo de ejecuciones agresivas de las órdenes de migración y de operativos que causan miedo a la comunidad sean detenidos”, expuso el abogado.

Alegada falta de causa probable

LatinoJustice entiende que las autoridades migratorias federales, en la mayoría de los casos, están procediendo sin causa probable.

“Entendemos que lo que la Administración está haciendo en general es emitiendo unas órdenes administrativas o emitidas por los mismos oficiales de estas agencias, y eso no es suficiente para establecer una causa probable; quien establece la causa probable es el tribunal”, afirmó.

“Queremos saber las razones por las cuales ellos entienden que meramente con una alegada autorización administrativa pueden hacer este tipo de intervención. Nosotros entendemos que es ilegal y que viola el debido proceso de ley. Pero queremos saber cuál es la posición del gobierno federal ante este panorama”, continuó.

En ese sentido, Cruz explicó que, aunque el pedido de información surgió a raíz de tres supuestas detenciones injustificadas de puertorriqueños en distintos estados, la acción tiene impacto en comunidades más allá de las hispanas.

“Hoy es un restaurante puertorriqueño; mañana puede ser una iglesia; puede ser una escuela…, porque las órdenes que se emitieron el 20 de enero incluyen también la derogación del memorándum de localizaciones sensitivas. Ese memo del 2011 le prohibía a las agencias a entrar en estos sitios sensitivos…Ese memo se expandió en el 2021 para incluir estructuras aledañas a esos centros. Así que, si tienes una iglesia, y, al lado, una casa para albergar personas que están amparadas por esa iglesia, pues la orden prohibiendo los registros (antes) incluía esas estructuras. Ahora, con la declaración de emergencia nacional, esos sitios ya no son tan seguros”, argumentó.

Los puertorriqueños son ciudadanos estadounidenses por nacimiento, primero bajo la Ley Jones de 1917; y luego por la Ley de Nacionalidad de 1941.

Debido a lo anterior, se supone que los ciudadanos tanto dentro como fuera del territorio no estén sujetos a los procedimientos regulares de migración de las autoridades estadounidenses.

¿Arrestos basados en perfil racial?

Una de las mayores preocupaciones de los miembros de la organización, con sede en Nueva York, es la denuncia de que, alegadamente, los oficiales están procediendo con base en el perfil racial

“El interés público está en el miedo a que este tipo de procedimiento tenga algún tipo de perfil racial integrado en la normativa que se está siguiendo para proceder con estas actividades. Si el miedo no tiene fundamento, pues nosotros vamos a ser los primeros en decirle a la comunidad, ‘mire, nosotros hemos visto los documentos del gobierno, y ciertamente están siguiendo el debido proceso de ley; no están haciendo ningún perfil racial, sino que al determinar causa probable están utilizando otros criterios no discriminatorios, así que esto es lo que tienen que hacer para tener sus derechos protegidos’”, planteó el entrevistado.

La solicitud bajo “Freedom of Information Act” (FOIA) además busca que la Administración Trump aclare de qué manera va a proceder con boricuas en casos de que estos se encuentren en un espacio en el que agentes migratorios estén realizando un operativo o redada.

“Específicamente, con los puertorriqueños, tenemos la duda sobre qué clase de evidencia van a necesitar estos oficiales y agentes para determinar si una persona es de Puerto Rico. Sabemos, por ejemplo, que en Puerto Rico una persona que no sea ciudadana puede obtener una licencia de conducir. Así que, si una persona que está en el estado de Nueva Jersey, tiene una licencia de conducir de Puerto Rico, puede ser que para las autoridades federales no sea suficiente para demostrar ciudadanía. Esos son los detalles que nosotros tenemos que saber para difundirlo a la luz pública y que el pueblo esté consciente de cómo afrontar este tipo de intervención de las agencias federales”, abundó.

“Cargar con un certificado de nacimiento o pasaporte, sería una opción, diría yo, absurda; pero queremos saber si eso es suficiente evidencia, bajo los nuevos criterios de emergencia nacional, para que una persona no tenga que ser detenida”, añadió.

El pedido de acceso a información pública bajo FOIA se tramitó el 21 de febrero, luego de que enviaran el 6 del mismo mes una carta a las agencias y al zar de la frontera que no fue respondida.

En la misiva, los suscribientes le dieron un plazo de 15 días a las autoridades para explicar cómo se estaban asegurando de que las intervenciones cumplían con las disposiciones constitucionales contra la discriminación racial. Además, exigieron el establecimiento de una guía para que los agentes de ICE no intervengan con puertorriqueños.

Cruz detalló que pidieron la divulgación de los documentos producidos después del primero de enero pasado. “Nosotros no vamos a solicitar documentos de antes de las elecciones porque entendemos que no son relevantes”, estableció.

A preguntas sobre qué documentos en específico están requiriendo, mencionó: “Documentos tan importantes como comunicaciones internas sobre los procedimientos que se van a llevar a cabo, manuales de entrenamiento; ese tipo de documentos son importantes para nosotros saber cuál es el proceso que ellos van a utilizar”.

Los casos a los que hace referencia LatinoJustice ocurrieron pocos días después de que Trump firmara varias órdenes ejecutivas para reforzar las acciones y los recursos contra la inmigración ilegal y declarara una emergencia nacional.

Detención de boricua en redada en Newark, NJ

El primero que trascendió fue el de un exmilitar puertorriqueño empleado de Ocean Seafood Depot, en Newark, Nueva Jersey. El 23 de enero, agentes federales, presuntamente, ingresaron sin orden judicial y arrestaron a tres trabajadores entre los que se encontraba el boricua.

Según relató el dueño del establecimiento, Luis Janota, a PIX11 los agentes entraron al área del almacén, luego de recibir una denuncia, y dijeron que estaban buscando documentación. Janota añadió que los oficiales no dijeron que estaban buscando a una persona en específico.

Sobre la intervención con el boricua, el propietario señaló: “Uno de ellos es un veterano del Ejército, y a mí me parece (que lo detuvieron) porque era hispano. El es puertorriqueño y es el gerente de nuestro almacén”. Agregó: “Me parece a mí que ellos estaban, específicamente, tras ciertos tipos de personas- no a todo tipo, porque ellos no me pidieron documentación ni a los trabajadores estadounidenses, portugueses o blancos”.

Los agentes no cargaban con una orden judicial, confirmó, por su parte, el alcalde de Newark, Ras J. Baraka.

Un segundo incidente se reportó en “Boricua Restaurant” en Philadelphia, Pennsylvania. Hasta allí, supuestamente, llegaron agentes migratorios sin una orden de allanamiento e intentaron inspeccionar el área de la cocina. Los propietarios, Héctor Serrano y Roberto Acevedo, se negaron a brindarle acceso y los efectivos abandonaron el lugar. Este caso, en particular, ganó mayor atención porque Serrano y Acevedo compartieron un video en redes en el que cuestionaron el proceder de las autoridades.

Supuesto arresto de familia boricua en Milwaukee

Esta denuncia ha sido rechazada por ICE. Un portavoz de la agencia dijo a Milwaukee Journal Sentinel que la misma era “completamente falsa”, sin brindar mayores detalles.

“En el caso de Milwaukee, ICE dijo que esa intervención no ocurrió, ¿qué información tienen ustedes para sostener que sí ocurrió?”, preguntó El Diario.

“Esa es una de las cosas que nosotros estamos solicitando del gobierno federal, que provean toda la información que ellos tienen en términos de emitir esa detención. Vamos a acordarnos de algo, quien tiene el peso de la prueba para establecer causa probable es el gobierno, así que le toca al gobierno probar el caso; no nos toca a nosotros”, respondió.

“Pero, ¿ustedes han conversado con alguna persona (puertorriqueña) en Milwaukee que alega que esto ocurrió?”, continuó este rotativo.

“En términos del descubrimiento de prueba, nosotros tenemos también nuestros procedimientos, y estamos en comunicación con ciertas organizaciones sin fines de lucro y establecimientos religiosos que nos están asistiendo en el descubrimiento de esa prueba. Una vez nosotros tengamos esos detalles, si es que llegamos al tribunal, nuestro plan es presentar toda esa prueba para que el juez tenga oportunidad de revisarla. Pero, en este momento, no estamos en posición de proveer esa información”, replicó Cruz.

En la solicitud de FOIA también se incluyó el operativo masivo de ICE y otras agencias federales en Barrio Obrero, Puerto Rico, el pasado 26 de enero, en el que más de 40 personas fueron arrestadas.

“En el caso de Barrio Obrero, se intervino en varios establecimientos. Nuestro interés, más allá de esas intervenciones y hechos particulares, es en la colaboración, si es que hubo alguna, con el alcalde de la ciudad de San Juan, Miguel Romero, y con la oficina de la gobernadora de Puerto Rico. Tenemos unas expresiones hechas por el alcalde de San Juan y por la oficina de la gobernadora diciendo que no hubo ningún tipo de colaboración. Pero, nuevamente, en nuestra investigación y colaboración con organizaciones sin fines de lucro en Puerto Rico, entendemos que hay una disputa entre ese hecho en particular de la colaboración entre las entidades federales y las locales”, expuso.

La organización quiere estar clara sobre si las autoridades en la isla colaboraron o no con las federales.

“La ley FOIA le permite a un ciudadano solicitar transparencia de su gobierno, y nosotros, obviamente, tenemos que responder al interés público en este asunto, y determinar si los residentes en Puerto Rico pueden contar con el apoyo de la ciudad de San Juan o del gobierno de Puerto Rico o si entienden que ellos están siendo partícipes y agentes del gobierno federal en asuntos de inmigración”, sostuvo.

No descartan llegar hasta un tribunal para solicitar información sobre redadas

El periodo mínimo para responder a una solicitud de FOIA son 21 días, pero lo anterior depende de la complejidad del asunto. Las agencias también tienen la opción de abstenerse de liberar la información, cosa que Cruz no descarta.

“Nosotros entendemos que una de las razones por las cuales ellos podrían denegar la solicitud sería precisamente por la declaración de emergencia. Un abogado del gobierno podría argumentar, y esa es una de las razones que la ley FOIA da para evitar ese tipo de descubrimiento, que está en el interés público y por asuntos de seguridad pública, mantener esos documentos y esos procedimientos confidenciales. No se sabe si es que ellos están utilizando procedimientos que no son transparentes, pero es nuestro trabajo buscar esa transparencia”, anticipó.

En ese caso, la entidad no descarta presentar un pleito en el tribunal para forzar a las agencias a que divulguen los datos.

Por otra parte, el abogado dijo que no le consta que los boricuas detenidos injustamente por las autoridades hayan iniciado pleitos legales en contra del gobierno reclamando daños.

Sin embargo, agregó que los afectados cuentan con varior argumentos legales para incoar un pleito, que van desde violación a disposiciones constitucionales como libertad de religión y  de asociación, hasta leyes federales como la de Procedimientos Administrativos (Administrative Procedures Act – APA), que establece la manera en que las agencias deben desarrollar y emitir regulaciones, así como la toma de decisiones  a nivel administrativo.

Sobre la alegación de ICE de que sus agentes pueden pedir identificación a las personas en un lugar al que accedan como parte de las intervenciones para establecer identidad, Cruz aclaró: “Un oficial del orden público tiene la facultad para pedirle a una persona que muestre su identificación. Ahora bien, la Constitución de los Estados Unidos le da el derecho al individuo a permanecer en silencio y a no cooperar con las autoridades. Así que el agente puede preguntar, pero el sujeto de esa intervención no tiene que contestar”.

En el caso de intervención en restaurantes o negocios, para ingresar a áreas identificadas como privadas, los agentes deben contar con una orden judicial.

“Cada negocio tiene sus particularidades…En un restaurante, el área donde se sientan a comer u ordenan comida, es pública. Ahí, cualquier persona puede entrar sin una orden de allanamiento. Ahora, el área de la cocina, bien rotulada, estableciendo que eso es un área privada, esa no está accesible para ningún agente del orden público, y se necesitaría una orden judicial. Y recordemos que, para que un juez emita una orden judicial, el agente de orden público necesita establecer causa probable. Así que decir, ‘nosotros, cuando vamos a un restaurante, sabemos que usualmente la gente en la cocina no es documentada’; bajo esa creencia, porque casi siempre es así, dicen que necesitan que el juez emita una orden de causa probable para entrar. El hecho de que mucho del personal de cocina sea indocumentado no es suficiente para establecer una causa probable; tiene que haber evidencia adicional”, abundó Cruz quien también ha litigado en cortes en Puerto Rico y Florida.

En el caso de viviendas privadas, se requiere una orden judicial porque el espacio no se considera uno público.

“Lo único que puede hacer un oficial es inspeccionar desde afuera en un área pública hacia la privada, y si a plena vista ve que se está cometiendo algún delito, entonces intervenir”, especificó.

¿Qué dicen las órdenes ejecutivas migratorias de Trump?

El 20 y 21 de enero, el presidente emitió varias órdenes ejecutivas sobre migración como parte de la declaración de emergencia nacional. Los decretos hacen referencia a varios aspectos del tema central como seguridad en la frontera, ciudadanía por nacimiento y programas de asilo, entre otros.

En el caso de la orden titulada “Protegiendo a la gente Estados Unidos de la invasión”, Trump y su equipo plantean que reforzar las leyes de migración es importante para la seguridad nacional y la seguridad pública de la nación.

“Esta orden asegura que el gobierno federal protege a los estadounidenses al ejecutar fielmente las leyes de migración de EE.UU.”, lee la orden.

El texto además señala que las prioridades de la fiscal general en coordinación con el secretario de Estado y la secretaria de Seguridad Nacional serán la persecución de delitos penales relacionados con la entrada no autorizada y la continua presencia no autorizada de extranjeros en los Estados Unidos.

Además se ordena a la fiscal general y a la secretaria de DHS establecer grupos de trabajo de seguridad nacional en todos los estados a nivel nacional (HSTF) para asegurar que sus agencias y las locales colaboren con las federales, y que sus oficiales asuman funciones de agentes migratorios.

El Diario ha intentado contactar a personal de ICE en al menos dos ocasiones para pedir una reacción a los esfuerzos de LatinoJustice, pero no hemos recibido respuesta.