El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump sufrió una serie de derrotas judiciales el miércoles y el jueves en demandas sobre sus políticas de inmigración, elecciones y represión de los programas de diversidad, equidad e inclusión en las escuelas.

Sin embargo, las disputas jurídicas que se libran en todo el país están lejos de terminar, y los abogados del gobierno contraatacaron, solicitando a tribunales federales de apelaciones y a la Corte Suprema federal que revoquen algunas de las decisiones desfavorables.

A continuación presentamos un vistazo a los sucesos más recientes en algunas de las más de 170 demandas presentadas contra las órdenes ejecutivas de Trump

Diversidad, equidad e inclusión

Jueces le impidieron al gobierno el jueves implementar su represión a los programas que favorecen la diversidad, equidad e inclusión en la educación en al menos dos demandas.

Las decisiones se emitieron antes de que el viernes venza un plazo que el Departamento de Educación estableció para que los estados firmen un formulario en el que certifiquen que no usarían “prácticas ilegales DEI”, refiriéndose a las siglas en inglés de diversidad, equidad e inclusión.

Un juez federal en Nueva Hampshire bloqueó una serie de directrices del Departamento de Educación, incluido un memorando que ordenaba el fin de cualquier práctica que estableciera diferencias entre las personas según su raza, y otro que pedía garantías de que las escuelas no usaran prácticas DEI consideradas discriminatorias.

Jueces en Maryland y Washington, D.C. también detuvieron partes de los esfuerzos anti-DEI del departamento.

Elecciones

Un juez federal le impidió al gobierno de Trump implementar de inmediato ciertos cambios en cómo se llevan a cabo las elecciones federales, incluido el agregar un requisito de demostrar que se es ciudadano al formulario de registro de votantes federales

Sin embargo, el juez sí permitió que otras partes de la amplia orden ejecutiva de Trump sobre las elecciones en Estados Unidos —incluida una directriz para endurecer los plazos de las boletas por correo— avanzaran por ahora.

La jueza federal de distrito Colleen Kollar-Kotelly en Washington se puso del lado de los grupos que defienden el derecho al voto y de los demócratas, diciendo que la Constitución otorga el poder de regular las elecciones federales a los estados y al Congreso, no al presidente.

Señaló que los legisladores federales están trabajando actualmente en su propio proyecto de ley para requerir que a la hora de votar se demuestre que se es ciudadano.

Inmigración

El gobierno de Trump está apelando una orden de un juez que le prohíbe deportar a personas de Colorado con base en una ley de 1798 que rara vez se usa.

Los abogados del gobierno interpusieron la apelación en la Corte Federal de Apelaciones del 10mo Circuito, argumentando que la jueza federal de distrito Charlotte N. Sweeney, que vive en Denver, carece de jurisdicción, y que es jurídicamente válido invocar la Ley de Enemigos Extranjeros contra la pandilla venezolana Tren de Aragua.

En otro caso en Maryland, se le ordenó al gobierno de Trump facilitar el regreso de un hombre que fue deportado a El Salvador el mes pasado a pesar de tener una solicitud de asilo pendiente.

La jueza federal de distrito Stephanie Gallagher —que radica en Maryland— indicó que el gobierno violó un acuerdo de resolución de 2019 cuando deportó al hombre de 20 años, un venezolano identificado solamente como Cristian en los documentos judiciales.

Gallagher citó la orden de otro juez federal para que el gobierno facilitara el regreso del salvadoreño Kilmar Ábrego García, quien había estado viviendo en Maryland y fue deportado accidentalmente el mismo día que Cristian.

En una demanda en Texas, se desprecintó un documento judicial de un funcionario del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, revelando que los migrantes sujetos a deportación bajo la Ley de Enemigos Extranjeros sólo están recibiendo aproximadamente 12 horas para decidir si quieren impugnar su deportación programada a una prisión en El Salvador.

Hace unos días, abogados del gobierno —en una demanda diferente a la de la Ley de Enemigos Extranjeros— le dijeron a un juez en Colorado que a los migrantes se les estaban dando 24 horas para tomar la decisión.

La Unión Americana de Libertades Civiles dice que el período de tiempo viola una orden de la Corte Suprema que le permitió al gobierno de Trump continuar con las deportaciones pero requería que el gobierno diera a los detenidos un “tiempo razonable” para argumentar ante un juez que no deberían ser deportados.

Otro juez federal radicado en San Francisco le prohibió al gobierno de Trump negar fondos federales a las llamadas ciudades “santuario” que limitan la cooperación en inmigración.

El juez federal William Orrick indicó que la prohibición temporal es apropiada porque las órdenes ejecutivas son inconstitucionales, al igual que lo fueron en 2017 cuando Trump anunció una orden similar.

Orrick señalo que el gobierno no puede congelar ningún fondo federal en San Francisco ni en más de una docena de otros municipios hasta que se resuelva la demanda presentada por esas ciudades.

Derechos de las personas transgénero

El gobierno de Trump le pidió el jueves a la Corte Suprema que permita la aplicación de una prohibición a la presencia de personas transgénero en las fuerzas armadas, mientras los tribunales examinan las demandas sobre la prohibición.

La solicitud ante el máximo tribunal se efectuó después de que un tribunal de apelaciones federal emitió una orden que mantuvo en vigor una orden judicial que bloquea la política a nivel nacional.

Trump promulgó una orden ejecutiva cuando llevaba una semana de su segundo mandato, la cual afirma que la identidad sexual de los miembros transgénero del servicio “entra en conflicto con el compromiso de un soldado a llevar un estilo de vida honorable, veraz y disciplinado, incluso en su vida personal” y es perjudicial para la presteza militar.

En respuesta, el secretario de Defensa Pete Hegseth emitió una política que presuntamente descalifica a las personas transgénero de intentar ingresar a la vida militar.

Pero en marzo, el juez federal de distrito Benjamin Settle en Tacoma, Washington, falló a favor de varios militares transgénero que llevan mucho tiempo en las fuerzas armadas, los cuales dicen que la prohibición es insultante y discriminatoria.

El secretario general de la ONU, António Guterres, criticó este jueves la implantación del protocolo de verificación migratoria en los hospitales de la República Dominicana, algo que solo en un día ha derivado en la detención de 87 pacientes haitianas embarazadas y próximas a dar a luz.

“(La medida) puede repercutir rápida y negativamente en las personas que buscan atención sanitaria -entre ellas mujeres a punto de dar a luz- y que no quieren hacerlo porque creen que los hospitales no son lugares seguros”, apuntó el portavoz de la Secretaría, Stéphane Dujarric, en su rueda de prensa diaria.

Dujarric insistió además en que, si bien todos los países tienen el derecho y la responsabilidad de vigilar sus fronteras, proteger su soberanía y determinar su propia política migratoria, es necesario “respetar la dignidad de los migrantes y los derechos humanos”

El país comenzó este lunes a exigir documentos de identificación a los haitianos que buscan atención en los hospitales públicos, con una gran presencia de migrantes embarazadas o que acaban de dar a luz.

El protocolo, aplicado en 33 hospitales públicos, supone que inspectores y agentes migratorios verifican que las pacientes tengan una identificación válida, carta de trabajo y prueba de domicilio en el país y que cubran el costo de los servicios recibidos. En caso contrario, serán atendidas médicamente y, una vez recuperadas, deportadas.

Las medidas

Esta medida forma parte de una serie de normas anunciadas hace dos semanas por el presidente del país, Luis Abinader, para enfrentar la inmigración irregular desde el vecino Haití, que comparte con República Dominicana la isla La Española.

Dujarric también subrayó que el personal de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) recibió este martes en la frontera a 416 migrantes haitianos deportados, entre los que había once mujeres embarazadas y 16 mujeres que aún daban el pecho a sus bebés.

En octubre pasado, Abinader ordenó la deportación masiva de migrantes en situación irregular, unos 10,000 por semana, lo que afecta en su práctica a la casi totalidad de los haitianos en el país vecino.

Desde que se tomó esta medida, según datos oficiales, más de 180,000 haitianos en situación irregular han sido deportados a Haití, pese a los llamados de organizaciones internacionales para que no se lleven a cabo devoluciones a un país donde en 2024 más de 5,600 personas murieron a causa de la violencia.

El Departamento de Justicia presentó una acusación formal por delitos de terrorismo contra un miembro de alto rango del Tren de Aragua, informaron funcionarios el miércoles, en lo que representa el primer caso de este tipo contra un integrante de la pandilla que ha sido designada por el gobierno del presidente Donald Trump como una organización terrorista extranjera.

El caso es parte de un esfuerzo más amplio contra el Tren de Aragua, una pandilla venezolana que ha sido culpada de contrabando de drogas y actos de violencia en Estados Unidos.

Trump invocó una ley de tiempos de guerra del siglo XVIII y etiquetó a la pandilla como una fuerza invasora para poder deportar a migrantes venezolanos hacia una prisión de máxima seguridad en El Salvador como parte de su amplia represión en materia migratoria.

El hecho de que el Departamento de Justicia aplique un estatuto penal que en los últimos años había estado reservado primordialmente para grupos extremistas como el Estado Islámico y Al Qaeda subraya hasta qué grado confía el gobierno en una definición sorprendentemente amplia del concepto de terrorismo mientras busca cumplir con una agenda de seguridad nacional que gira en torno al tráfico de drogas y la inmigración ilegal.

“El TdA no es una pandilla callejera, es una organización terrorista sumamente estructurada que echó raíces en nuestro país durante el gobierno anterior”, declaró la secretaria de Justicia Pam Bondi en un comunicado.

“Los cargos de hoy representan un punto de inflexión en cómo este Departamento de Justicia procesará y, en última instancia, desmantelará a esta malvada organización que ha destruido a familias estadounidenses y envenenado a nuestras comunidades”.

Cargos que se le imputan

José Enrique Martínez Flores, de 24 años, fue acusado en un tribunal federal de Texas de delitos relacionados con drogas, así como de asociación delictuosa para poner a disposición y proveer apoyo material a una organización extranjera designada como terrorista.

Los fiscales lo describieron como parte del “círculo interno de liderazgo del TdA” y lo acusan de desempeñar un papel en la distribución internacional de cocaína.

Martínez Flores se encuentra detenido en Colombia a la espera de otros procesos penales. El Departamento de Justicia dijo que enfrenta la posibilidad de cadena perpetua.

El estatuto de apoyo material ha sido durante mucho tiempo una de las herramientas predilectas del Departamento de Justicia para construir casos contra sospechosos de facilitar las operaciones de un grupo militante, pero que no siempre llevan a cabo actos de violencia.

La adición de Tren de Aragua a la lista de organizaciones terroristas del Departamento de Estado le permite al Departamento de Justicia emplear el estatuto contra sospechosos de apoyar a la pandilla.

El anuncio se produce días después de que los fiscales anunciaran lo que, según ellos, era el primer caso por cargos federales de crimen organizado contra la pandilla venezolana.

Una mujer de 61 años perdió la vida la noche del martes al recibir un disparo en la cabeza, luego de quedar atrapada en un tiroteo entre dos hombres frente a su edificio de apartamentos en Harlem, según informaron fuentes policiales.

El trágico incidente ocurrió alrededor de las 10:30 p.m., cuando la víctima salía del edificio ubicado en la intersección de las calles West 113 y Lenox Avenue. En ese momento, se desató un intercambio de disparos entre dos sujetos, y una de las balas impactó fatalmente a la mujer.

La víctima fue trasladada de urgencia al hospital Mount Sinai Morningside, donde fue declarada muerta poco después de su llegada, según reportó el New York Post.

• En la escena, la policía halló a uno de los presuntos tiradores, un joven de 23 años, con una herida de bala en el pie izquierdo.

El joven fue detenido y llevado al mismo centro médico, donde permanece en condición estable. Hasta el momento, no se ha confirmado si él fue quien disparó el tiro que acabó con la vida de la mujer.

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Un pasajero dispara en la cara a un taxista en Nueva York tras una discusión

El segundo sospechoso aún no ha sido identificado y continúa prófugo, según las autoridades. En el lugar del tiroteo se recuperó un arma de fuego y se encontraron al menos ocho casquillos.

La investigación sigue en curso y la identidad de la víctima no ha sido revelada, a la espera de notificar a sus familiares.

El empresario Elon Musk anunció este martes que a partir de mayo reducirá el tiempo que le dedica al controvertido Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) a “uno o dos días a la semana” para prestar más atención a Tesla.

Musk anunció su decisión durante una teleconferencia con analistas del sector del automóvil y después de que Tesla dijera que sus beneficios netos cayeron un 71 % en el primer trimestre del año para quedar reducidos a 409 millones de dólares.

El empresario añadió que aunque la labor que DOGE está realizando “es muy importante” y que ha hecho “un gran progreso en responder al malgasto y fraude” en el Ejecutivo federal estadounidense, la mayor parte del trabajo para establecer el departamento está acabado.

“A partir del próximo mes, el tiempo que le dedico caerá de forma significativa“, afirmó.

“Creo que continuaré un día o dos a la semana mientras que el presidente (Donald Trump) quiera que lo haga y mientras yo sea útil. Pero a partir del próximo mes dedicaré mucho más tiempo a Tesla“, explicó.

Críticas contra Tesla

Musk también relacionó las críticas y boicots contra Tesla a personas que se beneficiaban del “malgasto” de dinero público y afirmó que “están muy organizados y se les paga” por participar en las protestas.

• “Obviamente no van a admitir que la razón por la que están protestando es que están recibiendo dinero”, afirmó.

Musk no proporcionó ninguna prueba de que los manifestantes estén siendo pagados ni tampoco indicó quién estaría financiando las protestas que se han producido en Estados Unidos, Canadá, Alemania y los países escandinavos, entre otros lugares.

El cardenal estadounidense Raymond Burke suena con fuerza entre los nombres de los “papables“, en su caso como representante de la iglesia más conservadora y hasta reaccionaria; no en vano han sido notorios los choques que tuvo con el difunto papa Francisco por sus formas tan distintas de entender la Iglesia.

Basta recordar que Burke es uno de los principales defensores de la “misa tridentina“, como se conoce al oficio religioso que se celebra según el ritual anterior a las reformas litúrgicas de 1970: consiste en una misa celebrada en latín y con el sacerdote dando la espalda a los fieles.

Burke nació hace 75 años en una localidad de Wisconsin en el seno de una familia numerosa de seis hermanos. Estudió Filosofía en Washington y luego Teología en Roma, donde fue ordenado sacerdote en 1975 por el papa Pablo VI.

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Antecedentes del cardenal

Desde joven se conoce su oposición al impulso renovador que supuso el Concilio Vaticano segundo y, del mismo modo, su rechazo a la apertura de la Iglesia católica en cuestiones como la comunidad LGTBI o el divorcio.

• Además, también se ha manifestado en contra de dar la eucaristía a los políticos católicos que están en favor del aborto, como el expresidente de Estados Unidos, Joe Biden.

El propio papa Francisco retiró en 2013 a Burke de la Congregación para Obispos -un departamento de la Curia Romana que se encarga, entre otras cosas, de la supervisión de los obispos y sus diócesis-, decisión que el estadounidense criticó días después en una entrevista con la emisora católica EWTN.

Según la cadena BBC, en 2014 el clérigo contó al portal BuzzFeed que el papa lo había retirado de su cargo como prefecto del Tribunal Supremo de la Signatura Apostólica para nombrarlo Patrón de la Orden Militar Soberana de Malta (cargo que ocupó hasta 2023), un cargo “principalmente ceremonial”, incide el medio.

Relación con Trump

También es bien conocida su simpatía con el actual presidente de EE. UU., DonaldTrump, a quien apoyó en la campaña electoral de 2016 asegurando que este defendía “los valores de la Iglesia”, en especial “la defensa de la vida humana desde su concepción”.

Su posicionamiento a favor del líder republicano contrasta con la del papa Francisco, que se mostró crítico con Trump, sobre todo por su propuesta de construir un muro entre México y Estados Unidos.