Este nuevo caso se suma a otros en los que Rubio también ha sido acusado de extorsión y difamación
Por El Nuevo Diario
Carlos Rubio enfrentaría extradición para responder por presunta difamación ante tribunales de RD tras ser declarado en rebeldía
Este nuevo caso se suma a otros en los que Rubio también ha sido acusado de extorsión y difamación
Por El Nuevo Diario
Carlos Rubio y Alejandro Felipe Mauad Astwood. (Ilustración: El Nuevo Diario)Leer resumen de la noticia (IA)CLICK AQUÍ
EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El comunicador Carlos Enrique Rubio Martínez vuelve a colocarse en el centro de una controversia judicial, tras avanzar un proceso penal por presunta difamación e injuria a través de medios digitales que podría derivar en su extradición y comparecencia obligatoria ante los tribunales dominicanos.
La acción fue iniciada por el empresario Alejandro Felipe Mauad Astwood, quien depositó una denuncia formal ante la Fiscalía del Distrito Nacional acusando a Rubio de difundir publicaciones consideradas falsas, difamatorias e injuriosas en distintas plataformas digitales.
De acuerdo con la documentación presentada ante el Ministerio Público, Rubio habría realizado una serie de publicaciones en redes sociales en las que vinculaba a Mauad con supuestas influencias dentro del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), así como con alegadas actuaciones irregulares relacionadas con contratistas del Estado.
La denuncia sostiene que las acusaciones carecían de sustento y fueron difundidas de manera pública con el objetivo de afectar la reputación y credibilidad de los denunciantes.
El expediente también señala que las publicaciones incluyeron referencias directas a la esposa del empresario, acompañadas de fotografías e informaciones de carácter personal y familiar, ampliando el alcance de los señalamientos realizados por el comunicador.
La denuncia fue presentada al amparo de los artículos 21 y 22 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, que sancionan la difamación e injuria pública cometidas mediante medios electrónicos y plataformas digitales.
Los denunciantes sostienen que las expresiones difundidas por Rubio trascendieron el ámbito de la opinión y constituyeron imputaciones directas sobre presuntos actos de corrupción, tráfico de influencias y abuso de poder.
El caso adquiere una dimensión adicional debido a que Rubio reside actualmente en el estado de Florida, Estados Unidos. De acuerdo a una nota informativa enviada a este medio, según los documentos relacionados con el proceso, el comunicador ha sido declarado en rebeldía, situación que ha llevado a las autoridades judiciales a evaluar los mecanismos legales disponibles para lograr su comparecencia ante la jurisdicción dominicana.
El escrito señala que «la posibilidad de activar procedimientos de extradición coloca este expediente entre los casos más relevantes en materia de delitos tecnológicos y responsabilidad por contenidos difundidos en redes sociales. Juristas consultados consideran que el proceso podría convertirse en una referencia para futuros casos relacionados con difamación digital y el alcance de la justicia dominicana frente a ciudadanos que operan desde el extranjero».
De prosperar las actuaciones judiciales en marcha, Rubio tendría que responder ante la justicia dominicana por las imputaciones formuladas en su contra, en un expediente que sigue generando atención en los ámbitos jurídico, político y mediático del país.
¿Qué dice la denuncia?
De acuerdo con la documentación presentada ante el Ministerio Público, Rubio habría realizado una serie de publicaciones en redes sociales en las que vinculaba a Mauad con supuestas influencias dentro del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), así como con alegadas actuaciones irregulares relacionadas con contratistas del Estado. La denuncia sostiene que las acusaciones carecían de sustento y fueron difundidas de manera pública con el objetivo de afectar la reputación y credibilidad del empresario.
Los denunciantes afirman que las publicaciones atribuyeron falsamente a Mauad presuntos actos de tráfico de influencias, manejo irregular de pagos a contratistas y supuestos vínculos indebidos con estructuras gubernamentales, señalamientos que consideran lesivos para su honor, imagen y trayectoria profesional.
La denuncia fue presentada bajo los artículos 21 y 22 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, que sancionan la difamación e injuria pública cometidas mediante medios electrónicos y plataformas digitales. Los denunciantes sostienen que las expresiones difundidas por Rubio trascendieron el ámbito de la opinión y constituyeron imputaciones directas sobre presuntos actos de corrupción, tráfico de influencias y abuso de poder.
Carlos Rubio y Alejandro Felipe Mauad Astwood. (Ilustración: El Nuevo Diario)Leer resumen de la noticia (IA)CLICK AQUÍ
EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El comunicador Carlos Enrique Rubio Martínez vuelve a colocarse en el centro de una controversia judicial, tras avanzar un proceso penal por presunta difamación e injuria a través de medios digitales que podría derivar en su extradición y comparecencia obligatoria ante los tribunales dominicanos.
La acción fue iniciada por el empresario Alejandro Felipe Mauad Astwood, quien depositó una denuncia formal ante la Fiscalía del Distrito Nacional acusando a Rubio de difundir publicaciones consideradas falsas, difamatorias e injuriosas en distintas plataformas digitales
De acuerdo con la documentación presentada ante el Ministerio Público, Rubio habría realizado una serie de publicaciones en redes sociales en las que vinculaba a Mauad con supuestas influencias dentro del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), así como con alegadas actuaciones irregulares relacionadas con contratistas del Estado.
La denuncia sostiene que las acusaciones carecían de sustento y fueron difundidas de manera pública con el objetivo de afectar la reputación y credibilidad de los denunciantes.
El expediente también señala que las publicaciones incluyeron referencias directas a la esposa del empresario, acompañadas de fotografías e informaciones de carácter personal y familiar, ampliando el alcance de los señalamientos realizados por el comunicador.
La denuncia fue presentada al amparo de los artículos 21 y 22 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, que sancionan la difamación e injuria pública cometidas mediante medios electrónicos y plataformas digitales.
Los denunciantes sostienen que las expresiones difundidas por Rubio trascendieron el ámbito de la opinión y constituyeron imputaciones directas sobre presuntos actos de corrupción, tráfico de influencias y abuso de poder.
El caso adquiere una dimensión adicional debido a que Rubio reside actualmente en el estado de Florida, Estados Unidos. De acuerdo a una nota informativa enviada a este medio, según los documentos relacionados con el proceso, el comunicador ha sido declarado en rebeldía, situación que ha llevado a las autoridades judiciales a evaluar los mecanismos legales disponibles para lograr su comparecencia ante la jurisdicción dominicana.
El escrito señala que «la posibilidad de activar procedimientos de extradición coloca este expediente entre los casos más relevantes en materia de delitos tecnológicos y responsabilidad por contenidos difundidos en redes sociales. Juristas consultados consideran que el proceso podría convertirse en una referencia para futuros casos relacionados con difamación digital y el alcance de la justicia dominicana frente a ciudadanos que operan desde el extranjero».
De prosperar las actuaciones judiciales en marcha, Rubio tendría que responder ante la justicia dominicana por las imputaciones formuladas en su contra, en un expediente que sigue generando atención en los ámbitos jurídico, político y mediático del país.
¿Qué dice la denuncia?
De acuerdo con la documentación presentada ante el Ministerio Público, Rubio habría realizado una serie de publicaciones en redes sociales en las que vinculaba a Mauad con supuestas influencias dentro del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), así como con alegadas actuaciones irregulares relacionadas con contratistas del Estado. La denuncia sostiene que las acusaciones carecían de sustento y fueron difundidas de manera pública con el objetivo de afectar la reputación y credibilidad del empresario.
Los denunciantes afirman que las publicaciones atribuyeron falsamente a Mauad presuntos actos de tráfico de influencias, manejo irregular de pagos a contratistas y supuestos vínculos indebidos con estructuras gubernamentales, señalamientos que consideran lesivos para su honor, imagen y trayectoria profesional.
La denuncia fue presentada bajo los artículos 21 y 22 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, que sancionan la difamación e injuria pública cometidas mediante medios electrónicos y plataformas digitales. Los denunciantes sostienen que las expresiones difundidas por Rubio trascendieron el ámbito de la opinión y constituyeron imputaciones directas sobre presuntos actos de corrupción, tráfico de influencias y abuso de poder.
Jochi Gómez tras envío a juicio de fondo por caso Camaleón: “Vamos con todo”
5/06/2026 –
SANTO DOMINGO. – El empresario José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez), ratificó este viernes que enfrentará las acusaciones en su contra en el juicio de fondo del proceso judicial que se le sigue conocido como el caso “Camaleón” y cuestionó los argumentos presentados por el Ministerio Público.
“Vamos a juicio de fondo, vamos con todo”, sentenció Gómez Canaán a su salida del tribunal.
Sostuvo que el proceso ha confirmado sus denuncias iniciales sobre los motivos detrás del caso.
“Desde el primer día se ha demostrado lo que dije: el Estado ha querido lo mío, yo no me doblegué y ahora intentan quitármelo”, expresó ante los medios de comunicación.
Expectativas ante el juicio de fondo
El empresario se mostró confiado en la etapa procesal que inicia ahora y adelantó que su estrategia de defensa se centrará en los testimonios que, a su juicio, aclararán las irregularidades del proceso.
Jueza envía a juicio de fondo a Hugo Beras, Jochi Gómez y otros implicados en el caso Camaleón
Críticas a la acusación
Al ser cuestionado sobre la calificación de “terrorismo” aplicada a su caso en el expediente acusatorio, Gómez Canaán arremetió contra las autoridades. Con un tono crítico, calificó de “gobernícola” a quienes impulsaron la tipificación de terrorismo en su contra.
El imputado enfatizó que mantendrá su lucha en los tribunales. “Creemos en la justicia dominicana, quiero seguir creyendo en ella y vamos con todo, señores”, concluyó.
La jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Yanibet Rivas, envió a juicio de fondo al exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, a José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez) y compartes del caso Camaleón, acusados de adjudicar de manera fraudulenta un contrato para la modernización de la red semafórica del Gran Santo Domingo.
También fueron enviado a juicio los imputados Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología del Intrant; Frank Rafael Atilano Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras; Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del Intrant; Carlos José Peguero Vargas, Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Feliz Casso.
Además fueron enviada a juicio las empresas involucradas en el expediente: Transcore Latam S.R.L., Aurix S.A.S., Inprosol S.R.L., OML Inversiones S.R.L., PagoRD Xchange S.R.L., Industria Soltex Dominicana S.R.L. y Dekolor S.R.L.
