Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y otros oficiales federales detuvieron a 65 inmigrantes indocumentados en Connecticut durante un operativo de cuatro días, según la agencia.

La agencia federal afirmó que su objetivo era el crimen organizado transnacional, las pandillas y los delincuentes. La denominada “Operation Broken Trust” incluyó la detención de 29 personas que habían sido condenadas o acusadas en Estados Unidos por secuestro, agresión, infracciones de armas, drogas y delitos sexuales, según ICE.

“Connecticut ya no es un santuario”, destacó un comunicado de prensa de ICE que incluye fotos de 12 hispanos sospechosos nativos de Ecuador, El Salvador, Venezuela, Guatemala y Perú, y otro ciudadano de India.

Adicionalmente ICE acusó “incorrectamente” en Twitter/X a Corey Paris, un legislador estatal demócrata de Connecticut, “de publicar información detallada sobre los esfuerzos de deportación de la agencia, lo que desencadenó un torrente de amenazas violentas en su contra“, reportó The New York Times. En respuesta, más de 30 líderes locales y estatales se reunieron para defenderlo.

La “Operation Broken Trust” anunciada ayer se llevó a cabo del 12 al 15 de agosto con la participación de la oficina local de ICE en Hartford, el FBI, el Servicio de Alguaciles de EE.UU., la Administración de Control de Drogas (DEA) y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF).

El gobierno de Donald Trump ha señalado que la Trust Act (Ley de Confianza) de Connecticut interfiere con las acciones de control de ICE. Esa ley, ampliada este año, limita a la policía estatal y local, entre otras, el arresto o la detención de personas con una orden de detención migratoria, excepto en circunstancias específicas, comentó NBC News.

“La legislación santuario, como la Ley de Confianza de Connecticut, sólo pone en peligro a las comunidades que dice proteger. Dichas leyes sólo obligan a los profesionales de las fuerzas del orden a liberar a los delincuentes extranjeros y devolverlos a las mismas comunidades de las que ya han sido víctimas”, declaró en el comunicado Patricia H. Hyde, directora interina de la Oficina de Campo de Operaciones de Detención y Deportación de ICE en Boston. “El estado Connecticut es un lugar más seguro gracias al arduo trabajo y la determinación de los hombres y mujeres de ICE y de nuestros socios federales”.

El gobernador demócrata Ned Lamont informó el martes al Departamento de Justicia (DOJ) que su gobierno no modificará sus políticas de inmigración, a pesar de las amenazas de recortes de fondos y cargos penales. “Como gobernador, mi objetivo es asegurar que nuestros niños asistan a la escuela, que los residentes participen plenamente en su democracia y que todas las personas sean tratadas con respeto”, escribió en una carta a la Fiscal General de los Estados Unidos, Pam Bondi.

Ayer un portavoz del gobernador respondió ayer a la noticia del operativo. “Connecticut no es un estado ‘santuario’… Ese término no tiene una definición legal y no describe con precisión nuestras leyes y prácticas”, declaró Rob Blanchard. “Etiquetar a Connecticut como ‘santuario’ ignora la realidad de que nuestro enfoque refleja el de muchos otros estados que han adoptado normas claras de cooperación con las autoridades federales de inmigración. Como demuestra esta acción, nada en la ley de Connecticut impidió a los funcionarios de inmigración llevar a cabo estas medidas de control, contrariamente a las afirmaciones de su propia agencia”.

Esta semana una madre ecuatoriana y su niña de 7 años, detenidas por ICE en Nueva York y luego enviadas a Texas, fueron deportadas a su país, a pesar de los pedidos de clemencia de varios funcionarios, incluida la gobernadora Kathy Hochul. Su otro hijo de 19 años quedó arrestado en Nueva Jersey.

Además, en un operativo policial con la ayuda de ICE en Long Island (NY), 42 presuntos pandilleros fueron arrestados, la mayoría vinculados a la Mara Salvatrucha (MS-13) y muchos serán deportados.

Al mismo tiempo el alcalde de NYC, Eric Adams, y funcionarios municipales presentaron una demanda solicitando el cese inmediato de los arrestos judiciales por parte de ICE. Además, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, busca que un juez impida que ICE detenga a inmigrantes en su oficina del Bajo Manhattan en lo que, según ella, son condiciones inhumanas e insalubres. Previamente la gobernadora Hochul había criticado la situación, luego de anunciar el perdón a 13 migrantes condenados para intentar evitar su deportación.

De enero a junio más de 4,600 extranjeros fueron arrestados por agentes de Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el área metropolitana de Nueva York, que abarca de Newark (NJ) a Long Island, según datos publicados por la Universidad de California en Berkeley.

Por  EFE

21 Ago 2025

Colectivos de activistas que actúan a favor de los derechos de los migrantes pidieron hoy al gobernador demócrata de Pensilvania, Josh Shapiro, que fortalezca la política estatal que prohíbe cooperar a sus policías con los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de EE.UU.

Esta petición se produce horas después de que 26 migrantes latinoamericanos fueran detenidos por ICE mientras se dirigían a sus puestos de trabajo en Pensilvania.

“Queremos que todos sepan que la gente está desapareciendo. Que el Estado haga desaparecer a la gente es un problema del que no estamos hablando. El miedo innecesario es un problema e impide que la comunidad viva una vida plena y productiva”, indicó la reverenda Kate Heinzel, del Lutheran Advocacy Ministry, que es parte de la red de activistas.

Estas personas, que trabajaban en la construcción de un hospital, son en gran número de México y el resto de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Ahora están privados de libertad en tres centros de tres condados de Pensilvania, según se informó hoy en una conferencia de prensa de los colectivos activistas.

Los arrestos, calificados de “terrorismo” durante la comparecencia por la también reverenda Erin Jones de la oenegé Centre County Rapid Response Network, fueron realizados por el ICE con la ayuda de un policía del estado, de acuerdo con testigos.

Hasta el momento, ni los familiares ni los activistas han podido comunicarse con los detenidos.

Otro participante en la rueda de prensa, John, que se identificó como capataz y que viajaba en el primer coche detenido, fue puesto en libertad por contar con la ciudadanía estadounidense.

John recordó que cuando iban por la autopista una camioneta sin identificar y con luces intermitentes hizo que se detuvieran y que inmediatamente otra se colocó frente a su coche.

Un agente de ICE se acercó a su ventana y le pidió una identificación, tras lo cual “empezaron a sacar gente uno por uno” del coche, les quitaron el teléfono y les preguntaron de dónde eran y si tenían permiso de trabajo.

Una hora después, a eso de las ocho de la mañana, otro coche en que viajaba otro grupo de migrantes, que trabajaban en la misma construcción del hospital, fue detenido.

Un abogado que pasaba por el lugar vio camionetas sin identificar y a seis agentes de ICE y se dirigió al lugar donde estaban para grabar parte de lo ocurrido.

Posteriormente, se comunicó con Centre County Rapid Response Network para denunciar la detención de los trabajadores.

Heinzel advirtió que hay miedo en la comunidad: “El miedo se propaga como un virus, manteniendo a las personas encerradas en sus hogares. Las escuelas abrirán la próxima semana. ¿Cuántos niños irán a la escuela todos los días centrándose menos en sus tareas escolares que en si sus padres los estarán esperando al final del día?”, se preguntó.

Tras los arrestos, la comunidad se ha organizado para patrullar y enfrentar a ICE, y están orientando a sus residentes inmigrantes con qué hacer si se presenta un agente de inmigración.