En República Dominicana hay un rincón escondido con playas de arena blanca, corales y aguas color turquesa.

Cabo Rojo, en Pedernales, una de las provincias más pobres del país, está en el epicentro de un proyecto turístico que pretende crear un nuevo polo de atracción alternativo a los megaresorts de Punta Cana impulsado con inversión pública y privada.

Unas 34.000 personas viven en esta remota provincia ubicada en el suroeste de la isla, justo en la frontera con Haití, a la cual se puede llegar por tierra siguiendo un camino de ocho horas desde Santo Domingo, la capital.

El atractivo natural de la zona no reside únicamente en sus playas. La mayor parte de Pedernales fue declarada Reserva de la Biósfera por la Unesco y sus parques nacionales son el hogar de bosques secos tropicales, lagunas, manglares y humedales.

Esa es la provincia donde el gobierno de Luis Abinader está impulsando un megaproyecto turístico que, según proyecciones oficiales, podría estar completamente desarrollado en dos décadas.

El ambicioso plan tiene prevista la construcción de una especie de miniciudad dedicada al turismo en tres fases.

La primera, incluye la creación de toda la infraestructura pública de servicios comprometida por el gobierno (sistemas de electrificación, agua potable, recolección de aguas residuales, caminos, puerto de cruceros y un aeropuerto internacional) y la construcción de hoteles con inversión privada.

Pasados cuatro años desde que en junio de 2021 fue lanzado el proyecto, persisten las críticas por la demora en su avance, despertando el escepticismo de los inversores, que en los últimos años han sido reacios a comprometer grandes capitales por el alto nivel de riesgo del negocio.

Los críticos reclaman que varias de las obras públicas, pese a haber sido inauguradas, no están operativas, mientras las autoridades aseguran que el 90% de la infraestructura está terminada.

Además, organizaciones sociales y medioambientales han advertido de los efectos nocivos que el proyecto puede tener en la población local y en el entorno natural en el que se está desarrollando.

Una pieza clave: el aeropuerto internacional

“La cadena Iberostar y la cadena Hyatt nos han sugerido que esperemos a la conclusión del aeropuerto de Pedernales para que podamos aperturar los hoteles”, le dice a BBC Mundo Sigmund Freund, ministro de Administración Pública y director ejecutivo del Fideicomiso Pro-Pedernales, la entidad encargada del proyecto.

El aeropuerto, financiado con fondos públicos y cuya construcción está en manos de la empresa española Acciona, parece haber sido la piedra en el zapato para que el plan avance con más celeridad, aunque el funcionario asegura que la terminal aérea estará finalizada “en octubre o a más tardar en noviembre del próximo año”.

Si las cosas avanzan según lo planeado, Freund dice que para el año 2031 deberían estar funcionando en Cabo Rojo nueve hoteles con 4.800 habitaciones. El total de la inversión pública y privada en esta primera etapa, agrega, será de unos US$2.000 millones.

De ese total, asegura, el Estado ha invertido hasta ahora US$300 millones en obras públicas y espera aportar terrenos valorados en US$400 millones. El resto de las inversiones quedarán en manos de empresas privadas.

El gobierno está trabajando en crear para el proyecto una sociedad en la que el Estado maneje el 51% y los privados el 49%.

“Nosotros hemos sido el motor de arranque y le vamos a otorgar la operación y el desarrollo del proyecto a ellos”, dice Freund.

Uno de esos inversores será el Consorcio Cabo Rojo, encabezado por el Grupo Puntacana, con una participación cercana al 20% o 25%, explica.

“Va a tomar tiempo”, advirtió en junio Frank Rainieri, fundador y presidente del Grupo Puntacana, sobre el desarrollo del plan. “Pero lo vamos a lograr”.

¿Una oportunidad?

El desarrollo de las otras dos fases del megaproyecto turístico, probablemente dependerá de cómo avance la primera etapa.

Y son bastante ambiciosas: la construcción de al menos ocho hoteles boutique, un campo de golf de 18 hoyos, áreas comerciales y edificios de departamentos y villas vacacionales.

Todo eso sería construido en una región donde ahora viven familias vulnerables cuyos ingresos provienen de actividades como la pesca informal, la agricultura o la ganadería de subsistencia y que por años han tenido graves problemas de acceso a servicios básicos como electricidad y agua potable, o a servicios de salud para atender enfermedades de mayor complejidad.

Algunos habitantes ven la idea de una ciudad turística como la gran oportunidad para el despegue de Pedernales.

Entusiasmado con la idea del progreso, Junior González, dueño de unas cabañas de alquiler para turistas locales, comenta que el cambio ya es visible. “Están llegando los cruceros con turistas”, dice.

Además, “hay un hotel que va a abrir en un par de meses. Tengo un video promocional con la habitación piloto”.

Efectivamente, ya han comenzado a llegar los primeros cruceros y eso ha sido una inyección de optimismo para algunos habitantes de la zona, que lo ven como una clara señal de que finalmente Cabo Rojo cambiará para siempre, como prometió el presidente Abinader.

Las dudas sobre el proyecto

Otros, en cambio, ven con recelo lo que está pasando. Muchos habitantes de Pedernales no tienen títulos de propiedad y temen perderlo todo.

“La gente ha vivido aquí por generaciones y ahora me dicen que no puedo vender porque la tierra no es mía”, dice molesto Lorenzo Rodríguez.

El tema de la propiedad de la tierra es complicado.

Algunas de las personas se dedican a la agricultura o la ganadería en el pueblo de Los Tres Charcos, en el municipio de Oviedo, donde se está construyendo la terminal aérea, están decepcionados.

“Nos despojaron de nuestras tierras”, dice un agricultor que prefiere no ser identificado. “Yo no me quería ir de aquí”.

El gobierno ofrece otra versión. Freund argumenta que todos ellos eran “ocupantes ilegales” y que les están tramitando títulos de propiedad gratuitos para que sean propietarios de unos terrenos justo al frente del sitio donde está construyendo el aeropuerto. “Les daremos los certificados de título el primer semestre del próximo año”, apunta.

Jenny Torres, investigadora social del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), ha trabajado durante más de 20 años en la provincia de Pedernales, que conoce como la palma de su mano.

Torres, cuya tesis doctoral fue sobre el impacto del turismo en las comunidades rurales del país, ve con escepticismo el proyecto basándose en sus estudios sobre el impacto social que tuvo la experiencia de los megaresorts turísticos de Punta Cana.

Preocupaciones sociales y medioambientales

Cuenta que en ese desarrollo turístico también hubo un relato de turismo sostenible que traería grandes beneficios para la comunidad.

El resultado, explica, es que la zona quedó dividida en dos: una parte para los más ricos y otra para los más pobres en la periferia, donde incluso “empeoraron las carencias estructurales”.

Muchas personas de bajos ingresos se fueron a vivir allá para conseguir empleo y terminaron relegadas a vivir en los márgenes. Y muchos de los trabajos que se crearon “son de muy mala calidad”, apunta.

“Espero que Pedernales no sea un nuevo Punta Cana. No quiero sonar fatalista, pero probablemente los turistas van a entrar y salir de Cabo Rojo desconectados de la ciudad”.

Aunque ningún hotel ha abierto aún sus puertas, los precios de la comida y el alquiler están subiendo aceleradamente en la zona. Torres cuenta que sus gastos personales de comida y hospedaje se cuadruplicaron a partir del 2021.

Organizaciones ambientalistas y sociales también han manifestado sus preocupaciones.

A Yolanda León, bióloga investigadora del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) y de la organización social Grupo Jaragua, le preocupan algunos efectos del proyecto Cabo Rojo, como el desplazamiento de familias, la demora y “falta de transparencia” en la licitación de las obras públicas, la incertidumbre sobre el destino de los arrecifes de coral y el suministro de agua.

Cuando los hoteles estén funcionando, se pregunta, “¿De dónde van a sacar el agua?”.

En años de sequía, explica, no alcanza ni para el riego de los cultivos, ni para la gente. “La falta de agua es un problema que viene”.

Frente a esos reclamos, el gobierno responde que la construcción de pozos de agua en el sector de Las Mercedes permitirá asegurar el abastecimiento durante dos décadas.

“Hay suficiente agua para darle a la comunidad y a por lo menos 20.000 habitaciones hoteleras en los próximos 20 años”, sostiene Freund.

¿Qué pasará después? Buscarán fuentes hídricas alternativas, señala el funcionario.

Con todo, el tema del agua sigue siendo una fuente de preocupación en el largo plazo, lo mismo que los potenciales efectos en el medioambiente, pese a las promesas del gobierno de que desarrollarán un “turismo ecológico”.

“Habrá un gran derrame económico en Pedernales y la comunidad vivirá mejor”, asegura Freund.

Con visiones tan discordantes sobre este ambicioso y polémico proyecto, solo el tiempo dirá si Cabo Rojo tendrá más beneficios que desventajas para los habitantes de la zona.