Varias personas empujan un coche clásico americano averiado junto a un montón de basura en La Habana, Cuba, el miércoles 17 de junio de 2026.AP

Actualmente los privados que importan y exportan –por ejemplo las pequeñas y medianas empresas (pymes)— tienen que hacerlo a través de una agencia estatal que maneja los tiempos e impone precios. Ahora se eliminaría esa intermediación.

19/06/2026

A partir de las declaraciones del presidente Miguel Díaz-Canel y otros funcionarios cubanos se han conocido algunas de las medidas aprobadas por el Partido Comunista de Cuba que, de ser aprobadas por el Parlamento, implementarían una inédita política de mercado en la isla.

A continuación se ofrece un detalle de las más sobresalientes.

Descentralización y reducción del Estado

En el actual modelo cubano el gobierno central define qué se produce, quién lo hace, los precios de venta y la manera en que se asignan los recursos. Con las nuevas medidas se buscará conferir a los municipios el derecho de decidir qué empresas aprobar en sus territorios y su interrelación con compañías estatales, cooperativas y negocios privados.

También que tengan la facultad de importar y exportar y de gestionar sus ingresos en moneda extranjera.

En Cuba hay 168 municipios desplegados en 15 provincias.

Además ya se encuentra en la Asamblea Nacional del Poder Popular —el Parlamento— un proyecto de ley que busca reducir de 27 a 21 la cantidad de ministerios.

Autonomía de las empresas estatales

Las empresas podrán diseñar sus sistemas de salarios y tendrán facultades sin límites para usar sus utilidades, además de potestad de importar y exportar y asociarse con privados o cooperativas. Cuba cuenta con unas 2.000 empresas estatales.

Comercio exterior

Actualmente los privados que importan y exportan –por ejemplo las pequeñas y medianas empresas (pymes)— tienen que hacerlo a través de una agencia estatal que maneja los tiempos e impone precios. Ahora se eliminaría esa intermediación.

También se darán beneficios a la importación de insumos y materias primas para procesos productivos.

Actividades privadas

Las medidas buscan acelerar el proceso de aprobación de pymes y fomentar su asociación con el Estado. Actualmente están aprobadas en la isla más de 9.500 pymes, un proceso que comenzó en 2021.

Inversión extranjera y de cubanos

Se eliminarán trabas al uso de cuentas bancarias y la aprobación de inversión extranjera directa. Cubanos residentes en el país y en el exterior podrán participar como actores económicos junto a inversores extranjeros, empresas estatales y cooperativas.

Eliminación de subsidios

Tras el triunfo de la revolución se instauró una libreta de abastecimiento que permite a los cubanos obtener casi cualquier producto a precios controlados y accesibles. A partir de ahora se eliminarían gradualmente los subsidios, por ejemplo a los alimentos, que se pagarán a precio de mercado.

Uso de la tierra

Se dará a los campesinos acceso a los mercados de insumos y al mercado cambiario. También se ampliarán los permisos para la inversión extranjera en la producción de alimentos. 

JD Vance instó al régimen cubano a adoptar “decisiones inteligentes” durante las conversaciones con Washington

El número dos de la Casa Blanca mencionó que el sistema implementado por las autoridades de la isla “no ha funcionado” dado a que “no pueden generar ingresos” y confirmó contactos con La Habana para “cambiar” sus políticas económicas

Infobae

19 Jun, 2026

El vicepresidente de EE. UU., JD Vance, interviene durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, en Washington, D. C. (EE. UU.), el 18 de junio de 2026 (REUTERS/Eric Lee)

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, urgió el jueves a las autoridades cubanas a tomar “decisiones inteligentes” en el contexto de las negociaciones que mantienen Washington y La Habana sobre el futuro de la isla. Durante una rueda de prensa, Vance fue consultado sobre si, tras el acuerdo con Irán, Cuba podría ser el próximo país objeto de un entendimiento, tal como sugirió semanas atrás el presidente estadounidense Donald Trump.

Vance describió a Cuba como “un sistema que no ha funcionado” y señaló que la economía cubana está “probablemente peor que la economía iraní”. El recordó que, debido a la cercanía geográfica —a solo 90 millas (145 kilómetros) de las costas de Florida—, cada crisis en la isla provoca la llegada de migrantes “desesperados” a Estados Unidos.

“Queremos que el pueblo cubano sea feliz y tenga éxito. Ahora mismo estamos hablando con el Gobierno cubano sobre cómo podrían cambiar su forma de actuar para lograrlo. Vamos a ver qué hacen y, obviamente, si hacen una cosa, nosotros vamos a hacer otra. Si toman decisiones inteligentes, vamos a tener una relación mucho mejor con esa isla”, declaró el número dos de la Casa Blanca.

Tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela, la administración de Trump impuso un bloqueo petrolero a Cuba y advirtió sobre la posibilidad de “tomar el control” de la isla para forzar cambios económicos y políticos.

Los cubanos sufren las medidas del régimen castrista desde hace décadas (REUTERS/Norlys Perez)

Estas nuevas declaraciones de Vance suscitaron en el marco de una sesión extraordinaria en la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba en la que se ratificó el mayor paquete de reformas económicas impulsado por el régimen en décadas, un día después de que el Comité Central del Partido Comunista (PCC) lo aprobara en un pleno de urgencia.

El proceso, finalizado en menos de una semana desde el anuncio del 12 de junio, resultó inusual para un sistema donde el partido único marca los ritmos y la Asamblea respalda por unanimidad las propuestas que recibe.

El dictador Miguel Díaz-Canel encabezó el miércoles el pleno del Comité Central e introdujo el discurso más autocrítico de su mandato, apuntando a problemas internos.

“Hay obstáculos que no vienen de afuera, ni del bloqueo”, afirmó, señalando a “la lentitud, la burocracia y las normas que impiden a quienes quieren producir”. Esta declaración marcó un giro respecto al discurso oficial, que durante décadas atribuyó las dificultades del país casi exclusivamente al embargo estadounidense vigente desde 1962.

El paquete de reformas abarca mayor autonomía para municipios y empresas estatales, recuperación agrícola, apertura del comercio exterior y reforma social. Entre las novedades figura la posibilidad de que cubanos en el exterior inviertan en igualdad de condiciones con empresas estatales y capital extranjero, una apertura que hasta ahora no se había formalizado.El dictador de Cuba, Miguel Díaz-Canel (EFE/ Ernesto Mastrascusa)

También se contempla la reducción de ministerios y la sustitución de subsidios generalizados por ayudas focalizadas. Díaz-Canel citó a China y Vietnam como referentes de economías de mercado bajo partido único.

El dictador Raúl Castro, de 95 años, respaldó las medidas en una carta leída ante el Comité Central, donde las calificó de beneficiosas. Castro enfrenta cargos por homicidio en un tribunal federal estadounidense por el derribo en 1996 de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate sobre el estrecho de Florida, hecho que provocó cuatro muertes. El primer ministro Manuel Marrero aclaró que las reformas “no implican en ningún sentido renunciar a la responsabilidad social del Estado”.

(Con información de EFE)

Los tres procesos por los que es llamado el expresidente son los relacionados con masacres que marcaron la violencia paramilitar en Antioquia y el asesinado del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo.

El Aro, La Granja y San Roque son algunos de los lugares que vivieron el horror de los criminales al mando de los hermanos Castaño y Salvatore Mancuso.

 El Espectador 

18 de junio de 2026

Foto: AFP – JAIME SALDARRIAGA

En la tarde de este jueves 18 de junio, el expresidente Álvaro Uribe dio a conocer que la Fiscalía lo llamó a indagatoria por su presunta relación con tres masacres que ocurrieron en Antioquia en la década de 1990 y ensangrentaron el departamento en el que se sembró el terror paramilitar. El ente investigador, que tuvo quietos los expedientes por años, hizo una movida que lo vinculó directamente a una investigación por su haber, supuestamente, haber ayudado en la conformación y acción de grupos paramilitares.

Según se conoció, la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia inició la investigación formal por hechos relacionados con la conformación de un grupo paramilitar en el municipio de San Roque y las masacres perpetradas en los corregimientos de El Aro y la Granja del municipio de Ituango, cuando era gobernador de Antioquia. Asimismo, las pesquisas son por el crimen del defensor del derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo. El ente investigador le sigue la pista por los presuntos delitos de concierto para delinquir agravado y homicidios en persona protegida, por, supuestamente, haber facilitado y promovido el accionar de los grupos armados que habrían tenido como base la hacienda Guacharacas, que era propiedad de su familia para la época de los hechos.

Estos son los hechos del terror paramilitar por los que investigan a Uribe Vélez

Asesinato de Jesús María Valle Jaramillo

Uno de los hechos por los cuales la Fiscalía le sigue la pista al expresidente Álvaro Uribe es el asesinato del abogado Jesús María Valle Jaramillo. El defensor era presidente del Comité de Derechos Humanos de Antioquia cuando fue asesinado el 27 de febrero de 1998. Su vida la acabaron dos sicarios que llegaron hasta su oficina en la capital del departamento el mismo día que un campesino de Ituango lo esperaba para contarle detalles de lo que había pasado meses antes en el corregimiento de El Aro.

Según dijo el propio Valle, las masacres perpetradas por los paramilitares fueron coadyuvadas por militares de la Cuarta Brigada del Ejército. “No me mueven odios contra el gobernador (Uribe Vélez) o el comandante de la brigada. No tengo intereses políticos. Lo hago porque ese es mi pueblo y no quiero que siga sufriendo”, señaló durante una entrevista en 1997. El 25 de agosto de 1997, en el Paraninfo de la Universidad de Antioquia, el defensor de derechos humanos señaló: “Yo considero que el gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, ha incurrido en un comportamiento omisivo, y lo mismo el secretario de Gobierno, Pedro Juan Moreno”. Semanas después radicó las denuncias ante la Fiscalía y la Corte Suprema para que se abrieran investigaciones por prevaricato por omisión.

Las denuncias que arrancaron en la década de 1990 fueron retomadas en 2017, cuando el Tribunal Superior de Medellín compulsó copias para que, por esas masacres, fuera investigado el entonces exgobernador Uribe Vélez. Tanto el caso de Valle como el de las masacres fueron declarados como hechos de lesa humanidad en 2018 por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

Masacre del Aro

El otro expediente por el que fue llamado el exmandatario tiene que ver con los hechos ocurridos entre el 22 y 31 de octubre de 1997 en el corregimiento de El Aro. En ese lugar, un grupo de aproximadamente 200 paramilitares sembraron el terror bajo el mando de Carlos Castaño, según aseguró el propio Salvatore Mancuso. En esos hechos, 15 personas fueron asesinadas y 40 casas quemadas durante las dos semanas que duró la incursión paramilitar que avanzó con el fin de exterminar el pequeño asentamiento, donde algunos de sus habitantes fueron señalados, sin pruebas, de ser colaboradores de la guerrilla.

“Los resultados deben reconocerse”: Penagos les habló a De la Espriella, Cepeda y Petro

El registrador nacional, Hernán Penagos, les dejó un mensaje directo a las campañas de Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, que de paso también es para el presidente Gustavo Petro: “Los resultados deben reconocerse”. Además, defendió el proceso informativo de entrega de datos previos al escrutinio con el que se confirma quiénes ganan en las elecciones. “El preconteo es la herramienta más potente que tiene Colombia”, precisó.

Daniel Valero, Diario El Espectador

18 de junio de 2026

El registrador Nacional, Hernán Penagos, aseguró que los resultados de la segunda vuelta se deben reconocer.

Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

¿Cómo está todo para la elección en la que se elegirá al sucesor del presidente Gustavo Petro?

Todo está preparado, sin mayores contratiempos. Ninguno, diría yo. Desde la semana pasada y un poco más se está distribuyendo el material electoral en todo el territorio nacional. Ese material electoral se distribuye con acompañamiento de la Fuerza Pública hasta su destino y con seguimiento por GPS para que haya absoluta tranquilidad de que sale del centro de despacho en Bogotá y llega a las diferentes registradurías de Colombia. No hay contratiempos. En materia de puestos y mesas de votación tampoco tenemos ningún incidente que nos obligue a hacer traslados, ya sea por orden público o por circunstancias de la naturaleza. Hasta ahora eso no ha pasado. Serán los mismos puestos y mesas de votación de la primera vuelta. Los jurados de votación son los mismos que participaron en la primera vuelta presidencial, por lo que estamos reforzando las capacitaciones, al igual que con las comisiones escrutadoras. Y en el exterior desde el lunes empezaron a votar, también sin ningún contratiempo.

Precisamente, desde el exterior llegaron algunas quejas por movimientos de mesas, ¿eso se subsanó?

En el exterior solo hubo una modificación que fue en el consulado de Miami, donde las autoridades, dado que en la primera vuelta el tema del parqueo era difícil y también se agolpaba la ciudadanía, ordenaron trasladar el puesto de votación a la Universidad de Miami. De hecho, es un espacio mucho más grande y cómodo para votar. Allá están votando con mucha tranquilidad. El resto de los lugares ya están definidos sin mayores contratiempos, por lo que 1,4 millones de colombianos pueden votar en el exterior en 67 países, a través de 116 consulados y 2.600 mesas desde el lunes 15 de junio. Para el domingo, habrá 1.000 mesas más. Las garantías para la ciudadanía que vive en el exterior están dadas. Eso sí, yo insisto en que, por favor, la gente vote antes del domingo, porque si llegan todos al tiempo pueden darse dificultades, como pasa cuando se agolpa la gente a una misma hora. Pero todo viene avanzando sin ningún contratiempo.

Esta semana se instaló un puesto de mando unificado para blindar las elecciones. ¿Hay alguna alerta?

Se instaló el martes, mucho antes de lo que se ha hecho en otras oportunidades, con el ánimo de recibir los reportes, ver los incidentes, recibir denuncias, verificar qué ocurre en todos los rincones de Colombia y tomar decisiones de manera oportuna. Pero, en segundo lugar, para hacer seguimiento al material electoral y para garantizar que el día de las elecciones la Fuerza Pública haga presencia en todos los puestos y mesas de votación del país. Se trata de que la ciudadanía pueda salir a votar y lo puede hacer de manera libre. Además de eso, el domingo estarán las mesas de justicia que las componen funcionarios de la Fiscalía y del CTI, la Procuraduría, la Defensoría, los personeros municipales y los funcionarios de la Registraduría para recibir en tiempo real, en los diferentes puestos de votación, cualquier queja o duda que tenga que ver con delitos electorales. La intención es poder resolver todo de manera inmediata en esos lugares.Play Video

Hernán Penagos, registrador Nacional, confirmó que después de las 5:00 p. m. habrá una tendencia en torno a los resultados.

Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

¿Ese parte de tranquilidad también se extiende a todo el terreno digital?

Sí. Nosotros venimos trabajando muy fuerte en el tema de ciberseguridad; tenemos un software de seguridad muy potente. El Gobierno también tiene software de seguridad a través del Ministerio de las TIC y del mismo Ministerio de Defensa. Se ha comportado muy bien. En las pasadas elecciones tuvimos más de 30 intentos de suplantación de la página de la Registraduría y más de 30 millones de intentos de ataques cibernéticos; eso sí, todos controlados, todos bien gerenciados y por eso no hubo ninguna dificultad con nuestro proceso de comunicaciones y de software. Y aquí seguimos potenciándolo, revisando cualquier incidente. Uno no puede estar tranquilo siempre con los temas de ciberseguridad, porque nadie es infalible.

¿Pero hay huecos en la ciberseguridad que generen preocupación?

Por lo que ha ocurrido antes, por lo que ocurrió en las elecciones de Congreso y por lo que ocurrió en la primera vuelta, estamos tranquilos. Es un sistema que se va a portar muy bien y vamos a ser capaces de repeler cualquier intento de ataque.

¿De dónde procedían esos 30 millones de ataques?

Se tiene una referencia. Muchos provienen de naciones asiáticas, otro tanto de Europa y otros directamente del mismo país. Es decir, a medida que van llegando correos maliciosos, bots maliciosos o IP’s que tratan de ingresar a la infraestructura de la Registraduría. Más o menos se sabe cuál es el sitio de origen, pese a que son masivos, por millones.

¿Han encontrado algún patrón?

Patrones en específico, no tanto. Pero sí, por ejemplo, encontramos en qué momentos específicos del día llegan los ataques. En la madrugada del domingo, antes de iniciar las elecciones, se disparan los intentos. A las 5 de la mañana y también minutos antes de abrir urnas, llegan unos 10 millones de ingresos en un mismo momento. No es razonable que a las 5 de la mañana traten 10 millones de personas de ingresar a la infraestructura de la Registraduría. Ahí es donde se evidencia que vienen de un lado o del otro. Si lo hacen antes de las 8 de la mañana, es para colapsar el proceso. Y después de las 4 de la tarde, obviamente, se dispara todo eso de nuevo.

¿Tienen identificado el motivo de esos ataques?

El tema inclusive no es ni siquiera un intento de ingreso para alterar resultados, porque eso no es posible, ya que en Colombia eso viaja por otro lado y no por los mismos canales. Lo hacen sobre todo para atacar la infraestructura de la Registraduría, donde están el registro civil o el archivo nacional de identificación; es decir, los datos de cédula y registro civil de los colombianos. Lo hacen por la información privilegiada que tiene la Registraduría, como por ejemplo, 1.000 millones de huellas dactilares, 60 millones de registros fotográficos, todo el registro civil de los colombianos y las colombianas.

¿Todo esto que cuenta ya está en conocimiento de las autoridades?

Sí. Nosotros tenemos un correo que siempre lo activamos previo a las elecciones con la Fiscalía General de la Nación y todo incidente que nos llega, de una vez lo copiamos a la Fiscalía. De manera que, si mañana o pasado mañana se encuentran algunos patrones o algunas circunstancias que evidencien de dónde puedan venir esos intentos de vulneración, se puedan judicializar. Todo incidente que se nos presenta, de una vez lo remitimos, porque la Fiscalía tiene una oficina de analítica y de ciberseguridad.

¿Qué opinión le merece, como jefe del organismo electoral, que el oficialismo diga que el preconteo no debe ser reconocido?

Si en Colombia no existiera el preconteo, estuviéramos como Perú. Tardaríamos semanas en tener los datos de los resultados electorales. ¿Qué pensaría la ciudadanía si elimináramos el preconteo y les dijéramos que vamos a ir dando los datos a medida que avanza la digitalización de las actas y que ese domingo hasta las 12 de la noche solo podemos difundir el 20 % o el 30 % y que al otro día seguimos? Yo les aseguro que eso no lo tolera la ciudadanía colombiana. El preconteo son datos informativos de una agilidad que pocos la tienen en cualquier proceso electoral en la región y en el mundo. Es información precisa para la ciudadanía y los medios, lo cual genera tranquilidad democrática. Además, el preconteo reemplaza lo que ocurre en otros países, donde hay temas que no funcionan tan bien, como los llamados datos o encuestas de boca de urna.

¿Es un proceso necesario?

Es que si no tuviéramos preconteo, estuvieran los medios haciendo encuestas a boca de urna, entre otras situaciones. Y eso no es correcto. El preconteo es la herramienta más potente que tiene Colombia. Le puedo asegurar que lo que está ocurriendo en la región, es que muchos países le están solicitando a Colombia que los apoye para implementar sistemas de preconteo. Representantes de organismos electorales de la región nos han pedido cita para que les expliquemos ese proceso. Eliminar el preconteo en Colombia es la decisión más torpe que se pueda tomar en el futuro. Yo no estaré si algo así llega a pasar, pero sí se los puedo decir: sería un error garrafal. Entraríamos en un momento en el que fácilmente en Colombia se tardarían semanas en decir cuál es su gobernante. Y eso, lo seguro en un país como el nuestro, nadie lo tolera.

Rueda de prensa para hacer un llamado a la Paz Electoral previo a las elecciones 2026, en el acto realizado en la registraduría asistió Gregorio Eljach, Procurador General, Hernán Penagos, Registrador Nacional y Andrés Castro, Personero de Bogotá

Foto: El Espectador – Gustavo Torrijos

El saliente oficialismo dice que no reconoce el preconteo, entre otras cosas, porque se hace a través de mecanismos de privados…

Es que nosotros no hacemos el preconteo para que lo reconozcan. El preconteo lo publicamos para darle información a la ciudadanía. De hecho, nosotros hemos dicho claramente que el preconteo son datos preliminares, informativos, para que la ciudadanía sepa cómo votó el país. No pretendemos que el preconteo lo tengan como información definitiva de quién es el próximo presidente de Colombia; no. Entre otras razones, porque la Registraduría ni cuenta votos ni declara resultados. El preconteo es información. Además, a la par del preconteo, 9.300 jueces de Colombia están haciendo el escrutinio, están verificando las actas, lo están haciendo en público, lo están haciendo frente a los testigos y frente a los abogados de las campañas políticas. Eso es el escrutinio y es el dato oficial y final que declara los resultados. Siempre hemos dicho: el preconteo lo damos como mecanismo informativo, no declara resultados.

Pero, registrador, ¿sí lo hace un privado?

El preconteo lo hacen los servidores de la Registraduría, delegados que están en todos los puestos de votación, transmitiendo los resultados. Los softwares sobre los que se recibe la información los proveen privados, como los softwares por los que se entrega la información de la DIAN, como el software de presupuesto del Ministerio de Hacienda, como el software que da las citas en el Ministerio del Interior, como el software que ejecuta recursos de todas las entidades del Estado. Colombia no tiene una entidad que desarrolle software, ni siquiera el Ministerio de las TIC. Vayan a consultar en este último ministerio de dónde salen los softwares con los que hacen todos los procesos de ciberseguridad o de analítica. Pues de privados.

Registrador, ¿a qué hora se sabrá el resultado, el preconteo, de la segunda vuelta?

Esperamos que al cabo de dos horas tras el cierre de urnas tengamos información muy concluyente de quién es el presidente de Colombia. La divulgación de los resultados de preconteo depende del tiempo que se tarden los jurados en contar los votos y en diligenciar las actas. Y quiero agregar algo. Los jurados, los testigos electorales, antes de que las actas las publique la Registraduría, pueden tomarles foto a esas actas. Es decir, esas actas las van a tener los partidos políticos antes de la publicación por parte de la Registraduría. Y simplemente los partidos deben hacer algo elemental, revisar el acta que les envían sus testigos y compararla con la que nosotros publicamos y con el preconteo. Los datos deben ser idénticos. Es la garantía de que siempre hay soporte físico de los resultados y eso no puede generar ninguna duda ni preocupación en cualquier ciudadano.

El debate público está mucho más visceral que en otras oportunidades, ¿Eso qué riesgos puede generar?

Sin duda que eso genera preocupación y riesgos. La polarización social, que es diferente al debate, sumada a la desinformación, se han definido como un riesgo global porque terminan generando inestabilidad democrática. La polarización social y la desinformación terminan generando deterioro de las instituciones. La credibilidad institucional y la confianza son un activo. Afortunadamente, con la Iglesia Católica y con las Fuerzas Militares, la Registraduría es la entidad en la que más confían los colombianos. Pero eso se va degradando, se va acabando, se va desgastando. La confianza tarda mucho en ganarse y solo un segundo en perderse. Esa polarización social, que es aquella en la que solo se aspira y espera que se esté de acuerdo con su propio argumento, genera en Colombia graves afectaciones. En otras naciones la polarización genera choques dialécticos, pero la polarización social en Colombia ha generado muerte, ataques, enfrentamientos, maltratos. Lo de Gamarra, en Cesar, fue eso, desinformación y polarización social que terminó en el incendio de una Registraduría por el que terminaron quemando vivas a tres mujeres. Claro que eso me preocupa.

¿Hay un riesgo latente de que algo así pueda pasar este 21 de junio?

Los fenómenos de polarización, con los que la ciudadanía es instrumentalizada con noticias falsas, hace que la gente termine enfrentada. A mí sí me inquieta ese tema, porque hoy la Registraduría puede garantizar la integridad de las elecciones, pero si ciudadanos y ciudadanas no se informan bien, no revisan, no se informan por los canales adecuados y simplemente dejan que una noticia falsa les inunde el conocimiento, pues se terminan generando afectaciones en las calles. Eso a mí me inquieta y es muy preocupante para una nación como la nuestra.

¿Esos riesgos también se derivan de un no reconocimiento del preconteo o de los resultados?

Pero claro, el reconocimiento de los resultados es un deber democrático. Si se somete a unas reglas, se juega en esas reglas. Los resultados deben reconocerse en función de que se sometió a unas reglas. Ahora, si hay dudas, pues no se resuelven en las calles ni en las redes. Esas dudas se resuelven como en cualquier nación democrática, a través de los mecanismos procedimentales que establecen las normas electorales. Todo aquel que tenga una duda, que vaya a donde se hace el proceso de escrutinio, la expresa y se le resuelve. No es una imposición sobre la otra. Para eso funciona la democracia.

¿Cuáles son esos mecanismos para hacer reclamaciones?

Colombia tiene un sistema electoral con garantías para todas las campañas políticas, para reclamar si tienen dudas del proceso. Hay cuatro instancias de reclamación, que existen hace 40 años. A veces olvidan que el Código Electoral es de 1986; esto no es nuevo. La primera, en la mesa de votación, a través de los testigos que pueden presentar reclamaciones y reconteos; y a través de los jurados de votación, que no son funcionarios de la Registraduría. La segunda, a través del escrutinio que hacen los jueces de la República, donde tampoco hay nadie de la Registraduría; ahí los partidos con sus abogados presentan sus inquietudes para que se las resuelvan los jueces. La tercera, a través del escrutinio departamental; después de que los jueces cuentan y revisan las actas en cada municipio de Colombia, todo eso se va a nivel departamental a consolidarse. Ahí también se hace el escrutinio y la consolidación pública con delegados del Consejo Nacional Electoral. La cuarta, a nivel nacional, ante el Consejo Nacional Electoral que hace el escrutinio nacional. Lo hace de manera pública, con los partidos, los candidatos y sus abogados para declarar los resultados. Incluso, hay una quinta, porque si tampoco ninguna de las anteriores les es útil, pues pueden acudir a las cortes; el Consejo de Estado les resuelve cualquier demanda electoral.

El registrador Nacional, Hernán Penagos, defendió el preconteo como una herramienta necesaria para tener información electoral.

Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

¿El proceso en todas sus instancias está blindado?

Le puedo decir lo siguiente. En Colombia, a la Registraduría la respaldan los hechos. Hace tres meses, 20 millones de personas votaron en las elecciones del Congreso y nadie las puso en duda. Hace tres semanas, 24 millones de personas votaron por la primera vuelta y probamos uno a uno los detalles, al punto que cuando el Consejo Electoral declaró los resultados, hace dos semanas, no se presentaron reclamaciones. Yo pregunto, ¿por qué no presentan reclamaciones? Pues porque no hay un argumento para presentarlas, porque no hay una evidencia que les permita impugnar esos resultados. Por eso, sí quiero pedirle a la ciudadanía que estos precedentes que han ocurrido de dos elecciones en Colombia, pues la llenen de motivos para tranquilizarse frente a un sistema electoral que funciona.

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda reconocieron los resultados de primera vuelta, el segundo con tardanza. Pero el presidente Gustavo Petro no lo ha hecho…

El candidato presidencial de Juntos por el Perú anunció que acudirá a la movilización convocada para hoy 19 de junio y aseguró que su organización coordina medidas para evitar infiltrados, actos de violencia o cualquier incidente durante la protesta.

Ariadna Yaya

El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, confirmó que participará en la movilización nacional convocada para hoy 19 de junio tras los cuestionamientos formulados por su agrupación al proceso electoral. Durante una conferencia de prensa, el también congresista sostuvo que la manifestación será pacífica y afirmó que miles de simpatizantes acudirán a las calles para exigir que se respete la voluntad popular. “Nuestro pueblo viene mañana”, declaró.

Según indicó, su partido continuará presentando recursos ante las autoridades competentes y mantendrá la vigilancia sobre el desarrollo del proceso hasta que se resuelvan todas las observaciones planteadas.

El líder de Juntos por el Perú también respondió a las críticas por la convocatoria a las calles. Aseguró que la movilización no busca generar confrontación y remarcó que los participantes actuarán dentro del marco democrático. En ese sentido, indicó que su agrupación ha tomado previsiones para evitar hechos que puedan alterar el orden público.

Además, reiteró sus cuestionamientos al trabajo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y de la Cancillería respecto al manejo de las actas provenientes del extranjero. Sánchez sostuvo que existen dudas que deben ser aclaradas por las instituciones involucradas y afirmó que continuarán exigiendo explicaciones sobre el traslado y procesamiento de los documentos electorales.

Roberto Sánchez asegura que la movilización será pacífica

Durante su pronunciamiento, Sánchez afirmó que la marcha convocada para este viernes tendrá un carácter pacífico y descartó cualquier llamado a la violencia. “Mañana nos estamos organizando para que no haya infiltrados”, manifestó al explicar las coordinaciones que realiza su agrupación para el desarrollo de la protesta.

El candidato sostuvo que la movilización busca defender lo que considera la expresión legítima de los ciudadanos en las urnas. “Daremos lucha democrática para que se respete la voluntad de nuestro pueblo”, señaló. También indicó que sus simpatizantes consideran que los resultados conocidos hasta el momento no reflejan plenamente la decisión popular.

En la misma línea, pidió que las autoridades electorales garanticen transparencia durante todo el proceso. “Nosotros exigimos respeto y transparencia” y “se respete todos los votos como corresponde, pero con cero controversias”, declaró ante los medios de comunicación.

Juntos por el Perú anuncia nulidades y cuestiona el manejo de actas del extranjero

El equipo legal de Juntos por el Perú informó que presentará solicitudes de nulidad sobre diversas mesas de votación. El abogado Roy Mendoza precisó que su organización ha decidido impugnar 1.751 mesas en Lima debido a presuntas irregularidades detectadas durante la revisión de la documentación electoral.

Asimismo, anunció pedidos de nulidad para 647 mesas instaladas en Estados Unidos y otras 294 en Buenos Aires. Según explicó, una de las principales observaciones se relaciona con el tratamiento de las actas electorales en el exterior. “No digitalizando, no escaneando y no enviando las actas”, afirmó al sustentar los cuestionamientos de su agrupación.

Por su parte, Marco Zeballos responsabilizó a la Cancillería y a los consulados por las presuntas deficiencias en el traslado de la documentación. “Los consulados tienen la obligación de remitir todas las actas mediante valija diplomática” y “lo que cuestionamos es el hecho de que la autoridad, Cancillería, consulado y ONPE no hayan cumplido con sus responsabilidades”, declaró.

José Domingo Pérez se distancia de Juntos por el Perú y no descarta postular más adelante: “Es un aspecto en evaluación”

El exfiscal señaló que su prioridad en estos momentos es la excarcelación de Pedro Castillo. Pérez forma parte del equipo legal del exmandatario.

Pérez marcó distancia de Roberto Sánchez | Composición: LR.

Mauricio Muñoz

José Domingo Pérez, exfiscal del extinto Equipo Especial Lava Jato y vocero de Juntos por el Perú, comenzó a marcar distancia del proyecto político de dicha agrupación. En entrevista con Exitosa, Pérez agradeció el espacio que le brindó Roberto Sánchez y no descartó postular en el futuro a un cargo público de representación.

“Queda claro que hay ciclos que inician y que concluyen. Esta oportunidad que me ha brindado Roberto Sánchez la agradezco. Sin él no habría podido tener esta participación política ni recorrer nuestro gran país acompañando esta fórmula democrática, que era la mejor opción frente a lo que representa el fujimorismo. (…) Continuar en política es un aspecto en evaluación- Hay que tener en cuenta que tengo el legítimo derecho de participar en la vida política del país. Mi principal obligación en este momento es lograr la excarcelación del presidente Pedro Castillo. Esa es la prioridad”, indicó

El exfiscal señaló que, por el momento, se dedicará a aportar su experiencia profesional al partido y anunció que se encuentra a la espera de la resolución de la apelación presentada por el expresidente Pedro Castillo para revertir la sentencia por conspiración impuesta tras su fallido intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. Como se sabe, Pérez es el abogado del exmandatario.

“Mi papel es acompañar desde lo que viene a ser mi profesión como abogado. Yo soy abogado del presidente Pedro Castillo. Mientras pueda brindar mi conocimiento y experiencia para una causa que considero justa, como es la defensa del voto ciudadano, apoyaré”, apuntó.

José Domingo Pérez señala que quedan impugnaciones por resolverse en estas elecciones generales 2026

José Domingo Pérez también se refirió al desarrollo de la segunda vuelta electoral en el Perú. El vocero de Juntos por el Perú indicó que su agrupación se mantiene a la espera de la resolución de los votos impugnados.

“Es la voz autorizada dentro de lo que es Juntos por el Perú. Sin embargo, todavía hay diversos recursos pendientes de resolución ante los distintos Jurados Electorales Especiales y, en los casos que correspondan, ante el Jurado Nacional de Elecciones. El proceso electoral no concluye hasta que se resuelvan estas impugnaciones”, indicó.

Como se sabe, con el 99,082% de las actas contabilizadas, Keiko Fujimori encabeza la carrera presidencial con el 50,097% de los votos válidos, mientras que Roberto Sánchez alcanza el 49,903%.