La captura del expresidente Nicolás Maduro ha abierto una etapa de incertidumbre no solo en Venezuela, sino también en el país que hasta ahora ha sido su principal aliado.

“Cuba está lista para caer”, declaró el presidente Donald Trump un solo día después de que el sábado 3 de enero fuerzas estadounidenses atacaran Caracas de madrugada y se llevaran a Maduro y su esposa, Cilia Flores, para juzgarlos en Nueva York.

Trump ha reiterado en los pasados días que el régimen cubano se sostiene por el suministro de petróleo de Venezuela y, si este se corta, quedará sin ingresos y colapsará por sí solo sin necesidad de una intervención militar.

“No llegará más dinero o petróleo a Cuba. Cero”, sentenció Trump este fin de semana.

Desde La Habana, las autoridades condenaron la operación estadounidense en Caracas, rechazaron la “injerencia” estadounidense en sus asuntos y prometieron defenderse en caso de ataque.

En ningún momento, sin embargo, han refutado el pronunciamiento de Trump sobre la situación límite de la economía cubana.

En este contexto, surgen varias preguntas: ¿cómo está hoy Cuba? ¿Cómo le impactarán los cambios en Venezuela? ¿Puede realmente colapsar como dice Trump?

Una economía al límite

La economía cubana atraviesa una situación crítica, algo que ni siquiera el gobierno trata ya de ocultar.

El presidente, Miguel Díaz-Canel, reconoció que “no se trata de una crisis más”, sino de “la acumulación de distorsiones, adversidades, dificultades y errores propios, exacerbados por un cerco externo extremadamente agresivo”.

El país lleva años atrapado en la recesión, incapaz de pagar sus múltiples deudas u obtener financiación externa, con una producción en retroceso y sin lograr garantizar el suministro de alimentos y productos básicos a la población, golpeada a diario por cortes de electricidad de varias horas.

El producto interior bruto (PIB) se contrajo más de un 4% hasta el tercer trimestre de 2025, según el último dato oficial, y el cierre del año apuntaba a un resultado incluso peor por el agravamiento de la crisis energética y el impacto del huracán Melissa.

El gran problema es que la debacle afecta a todos los sectores, comenzando por el productivo.

La producción industrial en 2024 fue la más baja en 40 años, según los datos más recientes del gobierno, y todo apunta a que en 2025 se habría reducido aún más.

La agricultura está bajo mínimos por el ineficiente sistema de gestión estatal, la falta de fertilizantes y combustible; el turismo internacional —una fuente clave de divisas— cerró 2025 con cifras estimadas por debajo de los dos millones de visitantes, las peores en más de 20 años con excepción de la pandemia.

A esto se suma una grave escasez de medicamentos en un contexto de brotes simultáneos de dengue, zika y chikungunya, y la reducción al mínimo de la cartilla de racionamiento, que desde hace años no garantiza la supervivencia de las familias.

Los cubanos también sufren la inflación: el peso cubano ha caído en picado frente al dólar en los últimos años y el último dato de junio de 2025 refleja una subida interanual del 14,75% en los precios al consumidor.

Por si fuera poco, el embargo financiero y comercial que EE.UU. impone a Cuba desde 1960, endurecido por Trump en sus dos mandatos, aporta una losa extra a la pesada carga que ya soporta una economía derrotada, sin apenas margen de maniobra y aislada de los mercados internacionales.

Lo más delicado de la crisis cubana, en todo caso, es la situación límite en la que se encuentra su sistema energético.

“En muchas partes del país los cortes eléctricos no bajan de 20 horas al día. Quiere decir que solamente tienen luz cuatro horas, y eso es una situación difícil”, indica a BBC Mundo el economista Omar Everleny, exdirector del centro de estudios de la economía cubana de la Universidad de la Habana.

Al margen del precario estado de las centrales eléctricas en la isla, los apagones responden sobre todo a la escasez del petróleo que las abastece; una escasez cuyo impacto se extiende al transporte, la producción y la vida cotidiana.

Cuba necesita unos 110.000 barriles diarios para funcionar con normalidad y produce por su cuenta aproximadamente 40.000, por lo que depende en gran parte del crudo que recibe del exterior.

Más en concreto, de dos proveedores casi exclusivos: Venezuela y México.

¿Cuánto depende del petróleo de Venezuela?

La relación económica entre Cuba y Venezuela se ha reducido en los últimos años a un intercambio muy específico.

“Cuba aporta servicios médicos, educacionales, entrenadores deportivos y ahora se confirmó -aunque ya lo sabíamos- que también de seguridad y militares a cambio de petróleo venezolano”, indica a BBC Mundo el economista Ricardo Torres, investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos y Latinos de la American University en Washington DC.

Esto se debe, señala, a que Venezuela apenas exporta otros bienes, Cuba carece de divisas para pagar sus compras de crudo y tampoco existen ya inversiones bilaterales relevantes desde la retirada de PDVSA de la isla en 2017.

Durante años, el petróleo de Venezuela fue el principal sostén del sistema energético cubano, con el envío de unos 100.000 barriles diarios en la cumbre de la alianza entre Hugo Chávez y Fidel Castro a inicios de este siglo.

El flujo, sin embargo, se ha ido reduciendo de forma sostenida según diferentes estimaciones, a falta de datos oficiales fiables.

Omar Everleny explica que de aquellos niveles iniciales se pasó a promedios “de 58.000 barriles diarios, luego a 38.000 y finalmente, en 2025, nunca se sobrepasaron los 30.000 y en algunos meses llegaron a caer hasta los 18.000”.

“Cuba ya estaba adaptándose a esa disminución sistemática del flujo desde Venezuela”, puntualiza.

La agencia Reuters estima que Venezuela envió a Cuba un promedio de 27.000 barriles diarios, según datos de seguimiento de tanqueros y documentos de PDVSA, lo que estaría cubriendo, hasta ahora, casi la mitad del déficit energético que arrastra la isla.

¿Y del crudo de México?

En el caso de México, la petrolera estatal Pemex confirmó en diciembre, en un informe presentado ante autoridades bursátiles de Estados Unidos, que su filial Gasolinas Bienestar había enviado a Cuba unos 17.200 barriles diarios de crudo y 2.000 barriles diarios de derivados entre enero y septiembre de 2025, con un valor aproximado de US$400 millones.

El portal de noticias mexicano Proceso recoge que en los diez primeros meses de 2025 los envíos de petróleo mexicano a Cuba crecieron un 121% en comparación con el mismo período del año anterior.

Ante esto, surge una pregunta: Si Cuba está en bancarrota, ¿cómo hace frente a los pagos del petróleo mexicano?

Ni la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ni Pemex ni su subsidiaria han ofrecido una respuesta clara.

Preguntada por un periodista local, Sheinbaum afirmó en una rueda de prensa que los envíos de petróleo mexicano a Cuba van por dos vías: “contratos” y “ayuda humanitaria”.

Pese a los datos antes mencionados, la presidenta aseguró que “no se está enviando más petróleo del que se había enviado históricamente, no hay un envío particular”.

Cuba despliega personal médico en México (se otorgaron 3.650 visados a doctores en los últimos 7 años, según el último dato oficial de la cancillería mexicana el pasado octubre) pero se desconoce si este servicio se remunera en parte con petróleo.

“Supongo que Cuba no está pagando por ese petróleo porque, si Cuba pudiera comprar petróleo cuando lo necesita, lo compraría en cualquier lugar. El problema es que no tiene dinero y le debe a todo el mundo”, sentencia el economista Ricardo Torres.

En todo caso, la falta de claridad sobre su naturaleza y los mecanismos de pago ha puesto los envíos de crudo mexicano a Cuba en el foco de debate.

Lo que hasta ahora era un intercambio discreto ha pasado a adquirir una dimensión geopolítica, ya que determina en gran medida la supervivencia energética de Cuba, especialmente si se corta el flujo del suministro venezolano.

Esto no ha pasado desapercibido en Estados Unidos: altos funcionarios y congresistas han comenzado a prestar atención a los envíos de petróleo mexicano a Cuba.

“Si el Gobierno de Sheinbaum continúa regalando petróleo gratis a la dictadura terrorista de La Habana, habrá graves consecuencias a medida que renegociemos el T-MEC”, publicó el congresista republicano Carlos Giménez, en referencia a la revisión del tratado de libre comercio entre ambos países prevista para julio.

¿Caerá Cuba, como dice Trump?

Entonces, ¿qué espera a Cuba en 2026? ¿Se quedará sin combustible? ¿Puede colapsar como dice Trump?

Cualquier respuesta a estas preguntas sería especulativa, por lo que solo es posible analizar el escenario actual en busca de pistas.

El gobierno cubano ha prometido que 2026 será un año de recuperación económica, con un crecimiento del 1% del PIB si se recuperan el turismo, las exportaciones, la producción, los servicios y la financiación.

Sin embargo, ni los más optimistas dentro y fuera de la isla creen que esto sea posible.

La posible reducción del suministro de petróleo podría dejar casi a oscuras un país que ya sufre cortes eléctricos de varias horas al día, dificultar aún más la producción y el transporte de bienes básicos y disuadir a posibles visitantes extranjeros.

A esto se suma que unos 2,7 millones de cubanos han huido de la isla desde la pandemia en un éxodo migratorio masivo, según datos del demógrafo cubano Juan Carlos Albizu Campos.

Con ellos Cuba no solo ha perdido más de una cuarta parte de su población -de más de 11 millones a entre 8 y 9 millones según diferentes cálculos- sino también a una parte importante de los jóvenes cualificados que podrían ayudar a sacar adelante su economía.

Un corte total del petróleo venezolano, cerca de un tercio de la demanda energética de Cuba, representaría un golpe devastador.

“Si esto pasa, y creo que va a pasar, pondría al país en una situación límite, porque ¿cuánto más puedes quitarle la electricidad a la gente? Ya sería quitársela completamente”, indica el economista Ricardo Torres.

Torres opina que, aun manteniendo el suministro mexicano, el sistema eléctrico y el transporte de la isla estarían en riesgo de paralización casi completa.

El economista recuerda, además, que Trump todavía tiene cartas bajo la manga para dañar aún más a Cuba, como suspender los vuelos, eliminar o reducir los envíos de dinero, o cortar completamente las exportaciones de algunos productos exentos del embargo estadounidense.

Los expertos no creen, en todo caso, que una asfixia económica total de la economía cubana fuerce necesariamente un cambio político.

El reciente éxodo se llevó a las pocas figuras que quedaban de la oposición dentro de la isla gobernada por el Partido Comunista (único legal) y el régimen de Díaz-Canel ha intensificado su represión sobre la disidencia hasta prácticamente desactivarla desde las históricas protestas del 11 de julio de 2021.

“Aunque nos devuelvan a la época de las cavernas, esto no va a cambiar”, declaró un cubano desde el anonimato a BBC Mundo, en una frase que encarna el ambiente de pesimismo y resignación que impera dentro de la isla.

Por otra parte, las opciones de ayuda externa a corto plazo son limitadas: los aportes de aliados lejanos como Rusia o China han sido hasta ahora marginales en comparación con el petróleo venezolano.

Cuba acumula además importantes deudas con ellos, por lo que no se espera que redoblen sus inversiones o amplíen su financiación, y tampoco se vislumbran otras fuentes de financiación externa para un país excluido de los circuitos internacionales de crédito y en situación de morosidad con sus acreedores, entre ellos el Club de París.

Así, más que un colapso inmediato e inminente, lo que la mayoría de los expertos vaticinan para Cuba es una profundización de la crisis hacia un punto límite difícil de sostener.

“Ya la gente en Cuba está sobreviviendo. Si tú tienes apagones, falta de medicamentos, comida y transporte, estás en un nivel mínimo de sobrevivencia. Entonces, pasar del piso no sé si se pueda, pero estamos muy cerca del último lugar a donde se puede bajar”, apunta el economista Omar Everleny.

Sin un solo indicio de salida a la crisis, las consecuencias en términos políticos, sociales y humanitarios de llegar a ese escenario extremo es, por el momento, una incógnita.

BBC Mundo solicitó a autoridades cubanas una entrevista para este artículo, pero no obtuvo respuesta.

Se llamó Operación Causa Justa. Su objetivo: derrocar al entonces líder de facto de Panamá, Manuel Antonio Noriega, a quien Estados Unidos acusaba de narcotráfico.

Se realizó en diciembre de 1989, cuando el entonces presidente estadounidense, George W H Bush, envió miles de soldados al país para detener a Noriega, quien había estado al frente de un régimen militar durante seis años.

La operación concluyó en enero de 1990 con la rendición y arresto de Noriega.

Ahora, 36 años después, una nueva intervención militar de Estados Unidos en el continente recuerda el episodio panameño: la Operación Resolución Absoluta, cuyo objetivo fue capturar al ahora expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a quien el gobierno de Donald Trump acusa de narcotráfico.

En ambos casos, los líderes capturados fueron llevados a Estados Unidos para enfrentar la justicia en ese país.

Por ahora no se sabe lo que ocurrirá en Venezuela.

La vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió la presidencia interina después de que Trump diera a entender que ella estaría dispuesta a acceder a todas las exigencias de Washington: “No tiene alternativa”, indicó el mandatario.

Pero ¿qué ocurrió en Panamá tras la caída de Noriega?

Antes de consolidar su poder para convertirse en dictador de facto de Panamá, Noriega había sido una pieza clave en la geopolítica de la Guerra Fría, manteniendo vínculos de larga data con las agencias de inteligencia estadounidenses.

Pero a mediados de los 1980, sus relaciones con Washington comenzaron a deteriorarse y cuando salieron a la luz sus actividades delictivas y su asociación con otras agencias de espionaje, Estados Unidos lo acusó formalmente de varios cargos vinculados con tráfico de drogas.

En 1989, la hostilidad entre ambos países se incrementó después de que Noriega anulara las elecciones generales celebradas en mayo y comenzara a reprimir violentamente a la oposición.

En diciembre de ese año, alegando temores por la seguridad del Canal de Panamá y las acusaciones de narcotráfico y lavado de dinero contra Noriega, Bush ordenó la Operación Causa Justa.

Bush envió entonces unos 2.000 soldados para reforzar la guarnición de más de 10.000 miembros de las fuerzas armadas que ya se encontraban estacionados en la zona del Canal de Panamá. Posteriormente incrementó la fuerza a más de 24.000 soldados.

Cuando comenzó la invasión el 20 de diciembre de 1989, las fuerzas panameñas fueron rápidamente superadas.

Y el 3 de enero de 1990, Noriega, después de escapar y evadir la captura, se entregó y fue trasladado a Estados Unidos, donde fue declarado culpable y condenado a 40 años de cárcel.

Las repercusiones

Ya antes de la invasión, la economía panameña estaba devastada, en gran parte debido a las sanciones que Estados Unidos había impuesto un año antes para forzar la salida de Noriega.

En diciembre de 1989, el diario Los Angeles Times, informó: “Las sanciones impuestas en marzo de 1988 no lograron presionar a Panamá lo suficiente como para forzar la salida del dictador Manuel A. Noriega, como esperaban las autoridades estadounidenses”.

“Las sanciones, sin embargo, destruyeron la que fue una próspera industria bancaria y de blanqueo de capitales del país y desencadenaron una fuga masiva de capitales a decenas de paraísos fiscales en el extranjero”.

Así, después de incumplir el pago de su deuda, Panamá cayó en una profunda recesión, con un desplome del PIB y con más de un tercio de panameños viviendo con US$2 al día.

Los analistas entonces pronosticaron que se requerirían varios años para reconstruir la economía panameña y borrar el impacto de los acontecimientos de 1989.

Pero pocos días después de la invasión, el Tribunal Electoral de Panamá se apresuró a reestablecer el gobierno constitucional, restituyendo los resultados de las elecciones que habían sido celebradas en mayo, y que presuntamente había ganado Guillermo Endara.

El 27 de diciembre de 1989 se confirmó la victoria de Endara como presidente y de Guillermo Ford y Ricardo Arias Calderón como vicepresidentes.

Endara asumió el poder enfrentando las críticas de quienes lo consideraban un “títere” de Estados Unidos.

Al informar sobre su ceremonia de juramentación, el 1 de enero de 1989, la revista Time escribió:

“El jueves, el nuevo presidente, bajo la protección de soldados estadounidenses, abandonó la base para pronunciar su primer discurso ante la Asamblea Nacional. Se comprometió a liderar ‘un gobierno de reconstrucción y reconciliación’. Pero ya en ese momento su incipiente régimen ostentaba claramente la etiqueta de ‘Hecho en EE.UU.'”.

Durante su mandato de cinco años, Endara enfrentó dificultades para depurar las instituciones públicas, reconstruir la devastada economía nacional y disminuir la delincuencia.

Endara, quien murió en 2009, dijo en una entrevista con The New York Times en 1990 que, dadas las circunstancias, le habría sido fácil rechazar la presidencia y que aunque se había opuesto a la acción militar estadounidense, decidió aceptar el cargo.

“La historia quizás hable mal de mí”, dijo sobre esa decisión. “Ciertamente sabía que los latinoamericanos no me tendrían mucho aprecio. Pero moral, patriótica y cívicamente, no tenía otra opción. Tenía que hacerlo”.

Tras Endara, Panamá ha completado siete traspasos pacíficos de poder, incluido el de Martín Torrijos, hijo del general Omar Torrijos, quien tomó el poder con un golpe de Estado en 1968 y fue líder militar hasta su fallecimiento en 1981.

La economía panameña comenzó gradualmente a mejorar después del levantamiento de las sanciones de Estados Unidos, con el regreso de la inversión extranjera.

El papel de Washington

La influencia de Estados Unidos en el país, sin embargo, no terminó con el fin de la invasión. Aunque los soldados se fueron relativamente rápido, Washington siguió desempeñando un papel en la conformación del futuro de Panamá.

“Su influencia persistió a través de canales políticos, económicos e institucionales”, explica la profesora Adriana Marin, catedrática de relaciones internacionales de la Universidad de Coventry, Inglaterra.

“Washington desempeñó un papel fundamental en la configuración de la arquitectura de seguridad de Panamá, impulsando la abolición del ejército y la creación de un modelo de seguridad basado en la policía. También influyó en la política económica mediante la ayuda, las instituciones financieras y la integración comercial”, le dice la experta a BBC Mundo.

Este tipo de “gobernanza indirecta”, explica, fue crucial y demostró cómo después de una intervención militar puede seguirse ejerciendo una influencia sin recurrir a una ocupación.

“Esta lección continúa configurando hoy en día las relaciones de Estados Unidos con América Latina”, señala Marin.

Punto de inflexión

En 1999 ocurrió un punto de inflexión en la economía de Panamá.

En diciembre de ese año, Estados Unidos devolvió el control total del Canal de Panamá, un hito logrado bajo los Tratados Torrijos-Carter de 1977 que establecían la transferencia de la administración, operación y mantenimiento de la vía interoceánica de manos de Estados Unidos a Panamá.

Desde entonces, el Canal ha sido una historia de éxito con importantes mejoras, una expansión en 2016 y un enorme sector de apoyo de transporte y logística que ha contribuido miles de millones de dólares al país, convirtiéndose en un referente regional con un crecimiento promedio de 5% anual.

Socialmente, sin embargo, el panorama en el Panamá tras la invasión estadounidense, es más oscuro.

La incursión de 1989 provocó cientos de muertes de civiles y el desplazamiento de unas 20.000 personas, como informó en 1995 la Misión de Asistencia Técnica de la ONU en Panamá, después de que numerosas viviendas en varios distritos, como El Chorrillo, quedaran totalmente destruidas.

Como explica Adriana Marin, ha habido poco reconocimiento de las pérdidas y poca rendición de cuentas y, como resultado, la reconciliación social ha sido incompleta.

¿Un éxito estratégico?

Es innegable, sin embargo, que la invasión de 1989 y la destitución de Noriega allanaron el camino para la democracia panameña. El regimen militar terminó, las elecciones se volvieron rutinarias y el gobierno civil se estabilizó.

¿Se puede considerar entonces que fue un éxito para Estados Unidos?

“La respuesta depende de cómo definamos el ‘éxito'”, afirma Adriana Marin. “La estabilidad se construyó sobre una ruptura impuesta desde el exterior, en lugar de una transición interna negociada”.

“El poder se reestructuró bajo una intensa influencia estadounidense, lo que planteó interrogantes persistentes sobre la autonomía política, la dependencia de las élites y hasta qué punto la democracia panameña posterior a la invasión se vio moldeada por decisiones internas y no por presiones externas”.

La invasión, además, dejó en la población heridas profundas que siguen latentes, y cuestiones morales y reclamos históricos que quedaron olvidados y no se han logrado resolver.

Pero lo más importante, agrega la experta, es que la invasión de Panamá sentó un precedente poderoso.

“Demostró que la soberanía en el hemisferio occidental era condicional, sujeta a la interpretación estadounidense de la democracia, la seguridad y la legitimidad. Esto fue problemático porque debilitó la idea de que todos los Estados son iguales ante el derecho internacional”, señala Marin.

“Esto ha generado incertidumbre para los Estados más pequeños, cuyos gobiernos pueden ser tachados de ‘ilegítimos’ cuando entran en conflicto con los intereses estadounidenses”.