Hugo Carvajal, conocido como “El Pollo”, fue durante años el jefe de inteligencia militar de Venezuela y colaborador cercano del fallecido presidente Hugo Chávez. Su trayectoria al frente de los servicios de inteligencia le permitió acceder a información privilegiada sobre las operaciones internas del gobierno venezolano, así como sobre presuntas actividades ilícitas vinculadas al narcotráfico. Tras la muerte de Chávez, Carvajal inicialmente respaldó al entonces sucesor designado, Nicolás Maduro, pero en 2019 cambió de bando y manifestó públicamente su apoyo a Juan Guaidó, el opositor respaldado por Estados Unidos en el intento de derrocamiento de Maduro.

En junio del año pasado, Carvajal se declaró culpable de cuatro delitos relacionados con narcotráfico y narco-terrorismo, en el mismo proceso judicial en el que está implicado Maduro. Las autoridades estadounidenses lo acusan de haber utilizado su cargo para facilitar el envío de 5.580 kilogramos de cocaína en un avión desde Venezuela hacia México en 2006, a cambio de recibir millones de dólares de organizaciones criminales. Desde su entrega a Estados Unidos, Carvajal permanece detenido en el Metropolitan Detention Facility de Brooklyn, donde también se encuentra Maduro.

Pese a que su declaración de culpabilidad no incluyó una oferta de reducción de pena ni un acuerdo formal con la fiscalía, Carvajal ha mostrado interés en colaborar con el gobierno estadounidense. Su abogado, Rovert Feitel, aseguró a Associated Press que el ex general posee información de “extraordinaria importancia” para la seguridad nacional y la aplicación de la ley en Estados Unidos. Analistas legales sostienen que, dada la gravedad de los delitos imputados, la cooperación de Carvajal podría traducirse en una rebaja significativa de la condena, cuyo dictado está programado para el próximo mes.

La posibilidad de que Carvajal se convierta en testigo principal de la acusación ha sido considerada por diversos expertos legales, quienes destacan el potencial valor de su testimonio en el juicio contra Maduro. El exfiscal federal Neama Rahmani declaró a The New York Post que Carvajal representa precisamente el perfil de testigo que suele ser presentado en este tipo de casos federales. Rahmani explicó que, si el ex jefe de inteligencia decide testificar y lo hace con veracidad, podría obtener una “reducción significativa” de su sentencia, dado el alto rango de penas en los procesos de narcotráfico.

El ex fiscal Dick Gregorie, quien participó en el juicio por narcotráfico contra el exlíder panameño Manuel Noriega en 1988, consideró “muy probable” que Carvajal sea preparado para prestar declaración por parte de la fiscalía. Gregorie sugirió que, si existiera un acuerdo previo, las autoridades ya habrían iniciado su proceso de preparación como testigo semanas o incluso meses atrás. Además de Carvajal, la fiscalía prevé contar con testigos adicionales, entre los que se incluyen antiguos funcionarios venezolanos y narcotraficantes involucrados en la logística de envío de cocaína.

Former Venezuelan intelligence chief Hugo Carvajal appears at the Manhattan Federal Court with his lawyer, Zachary Margulis-Ohnuma next to him, for a hearing over the U.S. drug trafficking charges on him, following his extradition from Spain, in New York, U.S., July 20, 2023 in this courtroom sketch. REUTERS/Jane Rosenberg

El caso Noriega es citado por los expertos como antecedente relevante en la estrategia procesal de la fiscalía, al tratarse también de un ex jefe de Estado extranjero acusado y condenado en Estados Unidos por delitos similares. Gregorie indicó que las similitudes entre ambos procesos podrían influir en la dinámica del juicio y en la selección de los testigos clave.

La defensa de Maduro tiene previsto desplegar varios argumentos para intentar desestimar las acusaciones, según han señalado especialistas en derecho internacional y penal. Uno de los ejes principales será la invocación de inmunidad soberana, bajo la premisa de que, como jefe de Estado, Maduro gozaría de protección frente a los tribunales estadounidenses. Sin embargo, Rahmani puntualizó a The New York Post que esta estrategia difícilmente prosperará, ya que el gobierno de Estados Unidos no reconoce a Maduro como líder legítimo de Venezuela, y la determinación sobre el reconocimiento de gobiernos recae en el Departamento de Estado, alejando así el caso del ámbito judicial hacia el terreno político.

Otro argumento anticipado por la defensa consiste en alegar el desconocimiento de las actividades de narcotráfico ejecutadas por subordinados dentro de su administración. No obstante, expertos consideran que la fiscalía cuenta con pruebas y testimonios que refutarían esa postura. Adicionalmente, la defensa podría cuestionar la legalidad tanto del arresto de Maduro como de la obtención de pruebas, planteando que la detención fue violenta y que las autoridades estadounidenses no respetaron los procedimientos legales venezolanos, en particular en lo relativo al uso de escuchas telefónicas. Gregorie recordó que argumentos similares fueron presentados durante el juicio contra Noriega, sin éxito en última instancia.

La acusación formal contra Maduro y sus allegados se deriva de una investigación iniciada en 2020, en la que se le imputa haber utilizado su posición para colaborar con organizaciones delictivas internacionales en el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos durante más de una década. Entre los grupos señalados por las autoridades estadounidenses figuran las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Cártel de Sinaloa, los Zetas y el Tren de Aragua. La fiscalía sostiene que, bajo la dirección de Maduro, este entramado habría facilitado el movimiento de miles de toneladas de droga a través de rutas controladas desde Venezuela.

En la operación militar que culminó con su captura el sábado, Maduro fue arrestado junto a su esposa Cilia Flores. Ambos, así como su hijo Nicolás Maduro Guerra, enfrentan cargos relacionados con la presunta red de narcotráfico. La acusación incluye detalles específicos, como el transporte de grandes volúmenes de cocaína por vía aérea y la supuesta recepción de pagos millonarios de parte de narcotraficantes a cambio de protección y logística. Las autoridades describen la estructura como una asociación ilícita orientada a consolidar poder político y económico mediante el control de actividades criminales transnacionales.

El ex dictador venezolano Nicolás Maduro seguirá detenido en una prisión de Nueva York y volverá a comparecer el 17 de marzo ante la justicia de Estados Unidos, resolvió el lunes el juez Alvin Hellerstein tras la primera audiencia en un tribunal federal de Manhattan, donde el líder chavista enfrentó cuatro cargos, principalmente por narcotráfico.

Maduro se declaró no culpable en su primera comparecencia. Vestido con camiseta anaranjada y pantalón beige de presidiario, afirmó ante el magistrado que continúa como presidente de Venezuela y denunció que sufrió un secuestro en su residencia de Caracas durante el operativo de captura del sábado, ejecutado por fuerzas estadounidenses.

“No soy culpable, soy un hombre decente, sigo siendo el presidente de mi país”, dijo en español. Luego agregó que fue “secuestrado”. Al retirarse de la sala lanzó: “Soy un prisionero de guerra”. El juez Hellerstein interrumpió su intervención y le indicó que confirmara su identidad. “Ya habrá ocasión de abordar todo esto”, expresó el magistrado. La audiencia contó con traducción simultánea y Maduro tomó notas durante el procedimiento.

La acusación también alcanzó a la esposa del ex dictador, Cilia Flores, de 69 años, quien se declaró no culpable. Ambos enfrentan cargos por tráfico de cocaína hacia Estados Unidos. La nueva acta de inculpación incluyó además al hijo del tirano, Nicolás Maduro Guerra, conocido como “Nicolasito”, al ministro del Interior Diosdado Cabello y a un capo narco prófugo.

La audiencia judicial coincidió con la instalación del nuevo Parlamento en Caracas, donde Delcy Rodríguez juró como jefa del régimen chavista. “Vengo con dolor por el secuestro de dos héroes que tenemos de rehenes en los Estados Unidos”, dijo ante los legisladores. “Vengo también con honor a jurar en nombre de todos los venezolanos”, añadió. Rodríguez ocupó la vicepresidencia desde 2018 y figuraba como primera en la línea de sucesión. La corte suprema le ordenó asumir el cargo por 90 días prorrogables.

En paralelo, el presidente Donald Trump aseguró el lunes que la operación militar estadounidense que derrocó al dictador venezolano se llevó a cabo sin la participación del círculo cercano del líder chavista, aunque reconoció que “muchos querían hacer un acuerdo” para facilitar la transición.

En una entrevista con NBC News, Trump explicó que el arresto no contó con comunicación previa con Delcy Rodríguez. “No, eso no es el caso”, dijo Trump sobre una eventual coordinación con Rodríguez.

El mandatario republicano señaló además que la dirigente chavista “ha estado cooperando” con funcionarios estadounidenses. “Pronto determinaremos si las sanciones existentes contra ella se mantienen o se levantan”, añadió.

Trump insistió en que la acción se realizó conforme a su criterio y bajo su supervisión directa, pese a contar con un equipo de funcionarios designados para coordinar la intervención, entre ellos el secretario de Estado Marco Rubio y el secretario de Defensa Pete Hegseth.

El presidente Donald Trump en su club Mar-a-Lago en Palm Beach (AP foto/Alex Brandon)

En la misma entrevista, Trump destacó que las empresas estadounidenses podrían reconstruir la infraestructura petrolera de Venezuela en un plazo inferior a 18 meses. “Creo que podemos hacerlo en menos tiempo que eso, pero será mucho dinero. Se gastará una cantidad tremenda, y las compañías petroleras lo harán, y luego se les reembolsará por nosotros o a través de los ingresos”, señaló.

Las vastas reservas de crudo venezolano se estiman en más de 300.000 millones de barriles, cerca de una quinta parte de las reservas globales conocidas.

A pesar del optimismo del líder republicano, la industria petrolera estadounidense mantuvo cautela. Exxon Mobil, Chevron y ConocoPhillips mostraron reservas por la historia de nacionalizaciones y expropiaciones de activos en Venezuela, además de la inestabilidad política y las sanciones vigentes.

Darren Woods, CEO de Exxon Mobil, recordó que la empresa sufrió expropiaciones en dos ocasiones y que la viabilidad económica de retornar al país requiere un análisis exhaustivo. La secretaria de Energía, Chris Wright, coordinará reuniones esta semana con ejecutivos de Exxon y ConocoPhillips para definir estrategias de inversión y reconstrucción.

Trump destacó que las empresas estadounidenses podrían reconstruir la infraestructura petrolera de Venezuela en un plazo inferior a 18 meses (AP foto/Rogelio V. Solis)

Trump sostuvo que la recuperación de la industria petrolera beneficiará a las compañías estadounidenses y reducirá los precios del crudo a nivel mundial. “Tener una Venezuela que produzca petróleo es bueno para Estados Unidos porque mantiene bajo el precio del crudo”, afirmó, al señalar que los precios de la gasolina se ubicaron en mínimos desde marzo de 2021. Precisó que los ingresos potenciales podrían reembolsar las inversiones realizadas por las empresas sin comprometer fondos adicionales del gobierno estadounidense.

En relación con la política interna venezolana, Trump descartó la realización de nuevas elecciones en los próximos 30 días. “Tenemos que arreglar el país primero. No hay manera de que la gente pueda votar”, explicó.

Además, indicó que el gobierno estadounidense podría intervenir nuevamente si Rodríguez dejara de cooperar.“Estamos preparados. De hecho, anticipábamos tener que hacerlo”, agregó.