SANTO DOMINGO.— El Reino de España extraditó al dominicano Jorge Ariel Mateo González, condenado a cinco años de prisión por tentativa de homicidio y porte ilegal de arma de fuego, por un hecho ocurrido en 2012 en la provincia San Juan.
Mateo González había sido declarado en rebeldía por la Corte de Apelación de Barahona y se mantuvo prófugo tras escapar a España en 2019, país desde el cual fue localizado y detenido tras la solicitud formal realizada por el Ministerio Público dominicano.
El imputado fue trasladado al país por el Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA), luego de que las autoridades españolas aprobaran la extradición conforme a los requisitos legales.
La entrega se realizó mediante una acción conjunta de la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional, Extradiciones y Derechos Humanos del Ministerio Público, encabezada por su titular Osvaldo Bonilla, y la Procuraduría Regional del Departamento Judicial de Barahona, dirigida por la procuradora de corte Wendy González.
Tras su llegada el viernes, Mateo González fue entregado a la procuradora general de corte Wendy González por agentes de la Policía Nacional y de la Interpol.
El condenado disparó en el abdomen a un hombre durante un incidente ocurrido en un centro de diversión de San Juan de la Maguana. La víctima recibió atenciones médicas en Santo Domingo.
El Tribunal Colegiado de San Juan de la Maguana dictó la sentencia por violación de los artículos 2, 295 y 304 del Código Penal, así como la antigua Ley 36 sobre Comercio, Porte y Tenencia de Armas de Fuego y Blanca.
Durante el proceso, su medida de coerción fue variada de prisión preventiva a una no privativa de libertad.
La defensa apeló la condena de cinco años, que fue ratificada por la Corte de Apelación de San Juan. Luego, la Suprema Corte de Justicia casó la sentencia con envío a la Corte de Apelación de Barahona.
Al fijarse audiencia, el acusado no compareció y fue declarado en rebeldía.
Este sábado 6 de diciembre, la Procuraduría Regional de Barahona solicitó a la Corte de Apelación fijar audiencia para conocer el cambio de medida de coerción, con el objetivo de imponer prisión preventiva mientras continúa el proceso de apelación.
El Ministerio Público reiteró su agradecimiento al Reino de España por su colaboración que permitió la captura y extradición del prófugo, quien permanecía en ese país desde su fuga en 2019.
Caso Stephora: Piden fianza de 50 millones a cada una de las 4 acusadas de homicidio involuntario
@DiarioDelPaisrd
El Ministerio Público pidió la imposición de medidas de coerción contra cuatro miembros del Instituto Leonardo Da Vinci que fueron arrestados acusados de homicidio involuntario de la niña Stephora Anne-Mircie Joseph, de 11 años de edad.
La niña murió en la hacienda Los Caballos, en Gurabo, durante una excursión a la que la llevó el centro educativo.
Los fiscales solicitaron imponer una garantía económica por un monto de 50 millones de pesos a cada una, a través de una compañía aseguradora dedicada a tales fines, impedimento de salida del país sin previa autorización judicial, presentación periódica por ante el Ministerio Público y colocación de localizadores electrónicos.
Las medidas fueron solicitadas contra Yris del Carmen Reyes Adames, directora administrativa del Leonardo Da Vinci; Gisela Altagracia de las Mercedes González Estrella, coordinadora general y asesora del equipo directivo; Francisca Josefina Tavarez Vélez, orientadora, y Vilma Altagracia Vargas Morel, coordinadora del nivel secundario.
El Ministerio Público sostuvo que las citadas medidas de coerción son las más idóneas y proporcionales con los hechos imputados, las cuales están contenidas en el artículo 226, numerales 1, 2, 4 y 5 del Código Procesal Penal.
«El caso ha recibido la calificación jurídica de homicidio involuntario, que constituye una violación al artículo 319 del Código Penal dominicano. De igual forma, le fue otorgada la calificación de abandono y maltrato a niños, niñas y adolescentes, por conducta típica al contenido del artículo 351-2 del Código Penal dominicano. La conducta de las imputadas también es típica al contenido del artículo 14 de la Ley 136-03, del Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes», señala el comunicado de prensa difundido por la Procuraduría General de la República.
La muerte de la niña se produjo el 14 de noviembre en una de las piscinas de la hacienda Los Caballos, a donde fue trasladada en una excursión junto a otros alumnos del Colegio Leonardo Da Vinci, el cual está ubicado en la Carretera Don Pedro, en Santiago de los Caballeros.
La investigación del hecho está a cargo del procurador adjunto Wilson Camacho y la procuradora de corte Olga Diná Llaverías, responsables de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y de la Dirección Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia (Dinnaf).
«El Ministerio Público tiene evidencias de que movilizaron a 87 niños solo con 3 cuidadoras, sin tener en cuenta las medidas de seguridad y la profundidad de las piscinas del lugar, sin haber llevado salvavidas, ni preguntado a los padres o tutores si los niños sabían o no nadar, además de que tampoco requirieron chalecos salvavidas», indica el referido comunicado.
Los fiscales dicen que han podido evidenciar en un vídeo que hubo negligencia extrema con respecto a las cuidadoras que tenían la obligación de Sthepfora, así como de las personas que intervinieron en la organización del paseo.
Presidente Luis Abinader califica de “tragedia penosa” muerte de Stephora Joseph
El presidente Luis Abinader expresó profunda consternación por la muerte de Stephora Anne-Mircie Joseph, de 11 años, durante una excursión del Colegio Leonardo Da Vinci en Gurabo, calificando el hecho como “muy penoso y muy triste” y asegurando que la tragedia ha conmovido a toda la nación.
Durante su intervención en La Semanal con la Prensa, Abinader mostró plena confianza en el Ministerio Público para esclarecer el caso y en el Ministerio de Educación para reforzar la regulación y prevención de este tipo de incidentes.
Sobre críticas que vinculan el hecho al origen haitiano de la menor, el mandatario subrayó que la República Dominicana no es racista, destacando que más del 85 % de la población es mestiza y que nunca se han presentado conflictos sociales por motivos de color de piel.
Abinader calificó la situación como una tragedia que merece toda la atención de las autoridades, enfatizando la necesidad de proteger la seguridad de los niños y garantizar que hechos similares no se repitan.
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