Colombia atraviesa por su peor crisis de seguridad en una década. (Imagen de archivo 26.04.2025)Imagen: Edwin Rodriguez Pipicano/Anadolu/picture alliance
Los atentados cometidos en Cali por ese grupo armado dejaron 7 muertos, entre ellos dos Policías y cinco civiles.
La mayor disidencia de la extinta guerrilla FARC reivindicó este viernes (13.06.2025) en un video los múltiples ataques que se registraron el martes en el suroeste de Colombia que mataron a siete personas.
Los rebeldes, que no se acogieron al acuerdo de paz 2016, lanzaron ataques simultáneos con disparos, coches bomba y drones en Cali, la tercera ciudad del país, y poblados cercanos.
Dos policías y cinco civiles fallecieron, de acuerdo con la Policía, que reportó 28 heridos.
En un video enviado a un chat de periodistas, un comandante que se identifica como Marlon Vásquez asume la responsabilidad del llamado Estado Mayor Central (EMC) en esos hechos.
“Se dan en medio de la conmemoración de los 61 años de lucha” de las FARC, fundada en junio de 1964, dice vestido de camuflado junto a otros guerrilleros armados con fusiles.
Las autoridades reportaron 24 ataques, mientras que los disidentes aseguraron que fueron 40.
Ataque a senador
Colombia atraviesa por su peor crisis de seguridad en una década. El sábado, el aspirante de derecha a la presidencia Miguel Uribe Turbay fue baleado por un presunto pistolero de 15 años que está detenido.
El también senador, de 39 años, está en estado crítico en una clínica.
El gobierno dijo el martes que averiguaba si esos hechos tienen relación, pues una de las hipótesis del presidente izquierdista Gustavo Petro es que el EMC está detrás del atentado.
Los disidentes negaron el jueves su responsabilidad y lo calificaron de “autoatentado” de la derecha.
El gobierno repite que los recientes ataques en el país forman parte de un plan de desestabilización.
Petro también menciona a una supuesta mafia de narcos colombianos y extranjeros con sede en Dubái como posibles autores intelectuales.
Los candidatos del partido de Uribe Turbay, el opositor Centro Demócratico, suspendieron este viernes sus actos de campaña para las elecciones presidenciales de 2026, en las que la derecha busca recuperar el poder.
mg (afp, efe)
Abrirán un proceso penal contra el presidente Gustavo Petro por presunta falsedad ideológica, tras cartas de Álvaro Leyva
La decisión de la Comisión de Investigación y Acusación implicaría que el mandatario deberá enfrentar no solo el proceso disciplinario en curso, también una posible investigación de carácter penal
La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes decidió dar un giro trascendental en el proceso que venía tramitándose contra el presidente Gustavo Petro.
En lo que respecta al expediente número 6934, en curso tras la denuncia presentada por el exministro Wilson Ruiz, la célula legislativa determinó la posibilidad de abrir un proceso penal por hechos que podrían configurar el delito de falsedad ideológica en documento público.
Sin embargo, ahora el representante investigador Carlos Alberto Cuenca solicitó la ruptura procesal para dar paso a un nuevo capítulo penal, decisión que fue adoptada por los investigadores que integran el triunvirato del caso: Carlos Alberto Cuenca Chaux, Olga Lucía Velásquez Nieto y Wadith Alberto Manzur Imbett.
Sobre la ruptura de unidad procesal y nuevo repar
La resolución citó como fundamento la posibilidad de que en el curso del proceso disciplinario hubieran surgido pruebas que configuran una conducta punible distinta, lo que ameritaba separar los procesos para evitar fallos contradictorios, como lo ha señalado la Corte Constitucional en su sentencia C-357 de 1999.
“La unidad procesal se justifica en la razón, acorde con los valores de la justicia y de la seguridad jurídica que la Constitución proclama desde su Preámbulo, de evitar que se produzcan fallos contradictorios sobre unos mismos hechos, por ser analizados de manera inconexa situaciones, comportamientos y designios que naturalmente están entrelazados, con el no improbable efecto de que uno de los dos pronunciamientos contrapuestos resulte equivocado”, cita la célula legislativa.
En ese sentido, la Comisión resolvió en su parte dispositiva: “PRIMERO. DECLARAR la ruptura de la unidad procesal dentro del expediente No. 6934 de acuerdo a la parte motiva de la presente decisión. SEGUNDO. ORDENAR la devolución del expediente a la Secretaría de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes para que proceda a su separación y nuevo reparto, conforme a lo expuesto en la parte motiva de la presente decisión. TERCERO. NOTIFIQUESE la presente decisión al investigado GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO. CUARTO. NOTIFICAR de la presente a la delegada de la Procuraduría General de la Nación para la Investigación y Juzgamiento penal”.
Un proceso sin precedentes recientes
La decisión de la Comisión de Acusación implica que el presidente Petro deberá enfrentar no solo el proceso disciplinario en curso, sino también una investigación de carácter penal por un posible delito que, de comprobarse, tendría graves implicaciones jurídicas y políticas para el mandatario.
El origen de esta controversia está en las cartas que, según el expediente, fueron firmadas por el excanciller Álvaro Leyva, en las que se hacen señalamientos sobre el supuesto consumo de drogas del presidente que podría estar interfiriendo en el ejercicio de sus funciones, y en las que se advierte sobre la eventual comisión de delitos.
Por el momento, la Secretaría de la Comisión deberá realizar el nuevo reparto del proceso penal, mientras que la Procuraduría General de la Nación fue notificada para que intervenga en la investigación y juzgamiento penal, como corresponde por ley.
Con esta determinación, el caso del presidente Petro entra en una fase más compleja, en la que se cruzan el fuero presidencial, los límites de la investigación penal contra el jefe de Estado y el alcance de las responsabilidades por actos asociados a altos funcionarios del Gobierno.
La Comisión de Acusación, como instancia exclusiva para investigar a un presidente en Colombia, tendrá el reto de tramitar el proceso garantizando los principios constitucionales de legalidad, debido proceso y separación de poderes.
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