Autócratas eternos en África: vías para seguir en el poder
25 de agosto. 2026
Paul Biya en noviembre de 2025, durante su octava toma de posesión como presidente de Camerún.Imagen: Etienne Mainimo/Matrix Images/IMAGO
Varios líderes africanos están probando diferentes estrategias para consolidar su poder a largo plazo. No está claro si lo lograrán.
El presidente de Camerún, Paul Biya, ha estado al frente del país desde 1982. En 2025, inició su octavo mandato, que finalizaría el 6 de noviembre de 2032, pocos meses antes de cumplir 100 años.
En sus 44 años en el cargo, Biya ha forjado una sólida red de seguidores leales que garantiza el buen funcionamiento del gobierno, incluso durante su prolongada ausencia. Desde Ginebra, Suiza, ha seguido emitiendo decretos e implementando decisiones de personal. A mediados de junio de 2026, su portavoz desmintió rumores y dijo que el presidente gozaba de buena salud.
“Existe continuidad, lo que también significa que hay poco impulso para que se produzca una reforma dentro del gobierno”, comenta a DW Beverly Ochieng, analista sénior de la consultora Global Risk.
Se rumorea que varios de sus seguidores aspiran a sucederle. “Si todos están preparados para suceder a Biya, también significa que las élites podrían desafiarse entre sí”, subraya Ochieng. Según él, esta situación podría incluso provocar graves disturbios, que podrían culminar en un golpe militar.
El analista Levi Mboushou también expresó recientemente su preocupación por un posible golpe de Estado en el podcast Africalink de DW: “Todos sentimos miedo e incertidumbre, pero nadie se atreve a mirar, porque todos tenemos que lidiar con este régimen represivo. La gente ve algo, pero no dice nada. Esa es la situación actual en Camerún”.
Yoweri Museveni: ¿augurio de una dinastía?
Yoweri Museveni, a sus 81 años, es presidente de Uganda desde 1986 y, al igual que Biya, inició hace poco un nuevo mandato. Su sucesión sigue siendo incierta, a pesar de que su hijo, Muhoozi Kainerugaba, como jefe de las Fuerzas Armadas, acapara una considerable atención.
Beverly Ochieng considera que la dinámica en Uganda es compleja, sobre todo porque las élites militares y el partido gobernante NRM exhiben sus propias dinámicas de poder. “Muhoozi se ha convertido en la figura más visible, sobre todo, porque tiene una fuerte personalidad y cuenta con el apoyo tácito de su padre, pero su ascenso no se debe al apoyo del NRM ni de la cúpula militar”.
A principios de julio, Muhoozi ordenó el cierre de varios medios de comunicación. Una fuente de una fundación internacional, que prefirió permanecer en el anonimato, dijo a DW en aquel momento: “Estamos presenciando una transferencia de poder al hijo del presidente”.
Una situación similar se observa desde hace varios años en Guinea Ecuatorial, donde Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, quien gobierna desde 1979, aparentemente cede el poder a su hijo poco a poco. “Teodorín”, como se le conoce, es el vicepresidente desde 2016 y ahora también controla las Fuerzas Armadas. En junio, anunció la dimisión de todo el gobierno. Los observadores interpretan esta medida como una señal de que se está convirtiendo gradualmente en la figura principal del gobierno.
Emmerson Mnangagwa: el partido antes que el pueblo
Este año, la Constitución de Zimbabue fue enmendada, por lo que el presidente, Emmerson Mnangagwa, no corre el riesgo de ser destituido por votación.
En junio de 2026, ambas cámaras del Parlamento aprobaron la enmienda y aumentaron los mandatos tanto del Parlamento como del presidente de cinco a siete años. Además hay otro cambio decisivo, al presidente lo elige el Parlamento y no el pueblo. El partido gobernante indiscutible de Mnangagwa es el ZANU-PF, que cuenta con una cómoda mayoría. El presidente Mnangagwa promulgó la nueva Constitución en julio, sin embargo, la oposición y algunos expertos legales argumentan que aún debería celebrarse un referéndum.
“No nos sorprende”, comentó en aquel momento en el podcast Africalink de DW Chiedza Mlingwa, vocera adjunta del Foro de Defensores de la Constitución. Observamos este patrón desde la independencia en 1980. ZANU-PF trabaja para mantenerse en el poder. El partido no cree en ceder el poder.
Beverly Ochieng señala que, en los últimos años, también se han implementado enmiendas constitucionales en Togo y Costa de Marfil para conservar el poder. Y en Senegal se está debatiendo una enmienda constitucional en la disputa entre los antiguos aliados en la cúpula del Estado, el presidente Bassirou Diomaye Faye y el presidente del Parlamento, Ousmane Sonko.
“Aunque existan marcos legales, si estos no están diseñados para garantizar la participación ciudadana, el debate público, el compromiso cívico o la supervisión por parte de otras instituciones, entonces la cúpula del Estado puede tomar decisiones unilaterales”, argumenta Ochieng.
El hecho de que se desmantelen las instituciones para que ciertos individuos puedan mantenerse en el poder no es un problema africano, sino global.
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Juntas militares del Sahel aplastan los derechos básicos
Los líderes militares golpistas Assimi Goïta (Mali), Abdourahamane Tiani (Níger) e Ibrahim Traore (Burkina Faso).Imagen: Francis Kokoroko/REUTERS; ORTN – Télé Sahel/AFP/Getty; Mikhail Metzel/TASS/picture alliance
Martina Schwikowski | Dirke Köpp | Sandrine Blanchard15/06/202615 de junio de 2026
En Mali, Burkina Faso y Níger, los gobiernos militares reprimen cada vez con más fuerza las libertades de prensa y de expresión. Muchos periodistas y activistas han debido exiliarse.
Desde los golpes de Estado de 2020-2023 en Mali, Níger y Burkina Faso, los gobernantes militares han impuesto leyes antiterroristas y de difamación de amplio alcance que permiten la detención arbitraria de periodistas, blogueros y activistas. También han ordenado el cierre de emisoras independientes y plataformas online.
“Se ha vuelto más represivo, ya no es tan fácil alzar la voz”, dice a DW Ulf Laessing, exdirector del programa Sahel de la Fundación Konrad Adenauer en Mali.
En Mali, el general Assimi Goita tomó el poder mediante dos golpes de Estado en 2020 y 2021, y poco a poco sometió al país al control de las fuerzas armadas. En 2025, el Consejo Nacional de Transición aprobó un proyecto de ley que garantiza el mandato de Goita por otros cinco años.
Según Laessing, la inestable situación de seguridad había mejorado inicialmente en algunas zonas de Mali, e incluso los agricultores pudieron regresar a sus campos. Sin embargo, hoy en día la situación es muy distinta y la insurgencia yihadista controla vastos territorios. “No creo que ningún gobierno logre recuperarlos”, dice el experto, que ve pocas posibilidades de lograr la paz en el país, incluso aunque haya otro golpe o elecciones libres.
Para el experto alemán, si bien ha habido numerosos motivos para protestar contra el gobierno, la gente sabe que si este cae, el que llegue será más islamista. “Y eso no es lo que la gente quiere”, dice Laessing.
Burkina Faso calla a la disidencia
En los otros dos países de la Alianza del Sahel (AES), fundada en 2023, los gobernantes militares también ejercen un control férreo, lo que implica que la libertad de expresión y las aspiraciones democráticas se han visto severamente restringidas.
“En el caso de Burkina Faso, diría que el espacio público ya no existe más”, declara a DW la activista de derechos humanos Binta Sidibe-Gascon. “Todos están obligados a callar y autocensurarse. Cualquiera que se atreva a hablar sobre la situación nacional es enviado al frente”.
Sidibe-Gascon preside la ONG Observatorio Kisal y es miembro de la Coalición Ciudadana por el Sahel, una alianza que pretende fortalecer la sociedad civil en esa región. Actualmente vive fuera de su país.
El presidente de Burkina Faso, Ibrahim Traore, se hizo con el poder en un golpe de Estado en septiembre de 2022 y prometió a los ciudadanos que restauraría la seguridad.
Sin embargo, eso no ha sucedido. “Los derechos de los burkineses han sido confiscados y ahora están en manos de un solo hombre que toma todas las decisiones. Los derechos civiles, los derechos humanos, los derechos de propiedad e incluso el derecho a la vida, porque la pena de muerte ha sido reinstaurada”, señala Sidibe-Gascon.
Las opiniones de Traore sobre estos derechos fundamentales quedaron claras a comienzos de abril de 2026, cuando dijo en una aparición televisiva que “la gente necesita olvidarse de la democracia”, porque “la democracia mata”.
La libertad de prensa también está restringida en Burkina Faso. Según Reporteros sin Fronteras, los casos de intimidación contra trabajadores de medios de comunicación han aumentado y una docena de periodistas ha debido irse al exilio. “La junta también ha amordazado a medios extranjeros, especialmente los franceses”, afirma la organización. En 2024, al menos diez de ellos, incluidos Jeune Afrique, Deutsche Welle y The Guardian, fueron suspendidos.
Un ejemplo de la dureza de la represión es la detención, el 26 de mayo, del imán Mohamed Ishaq Kindo, un destacado líder religioso sunita. Se dice que el imán criticó una ley destinada a regular las prácticas religiosas. El arresto provocó disturbios inusuales en la capital, Uagadugú. Cientos de seguidores exigieron la liberación de Kindo, se enfrentaron con la policía y decenas fueron arrestados.
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El miedo como herramienta de control
Para Newton Ahmed Barry, periodista burkinés exiliado, estos sucesos forman parte de una estrategia de miedo. “Es la lógica de esta junta y de su líder. Infunde miedo y terror para mantenerlos a todos bajo control y gobernar en paz”, sostiene.
Otra señal de represión es la suspensión, por tres meses, de la Unión General de Estudiantes de Burkina Faso. El grupo había criticado la situación de seguridad. Ahora la organización está acusada de “glorificar el terrorismo” y “desmoralizar a las fuerzas de seguridad”.
Mahamadou Idder Alghabid, secretario general adjunto de la Alianza Demócrata del Sahel (ADS), considera que las acusaciones son parte de una tendencia regional. “Es absurdo acusar a estudiantes, civiles desarmados, de glorificar el terrorismo”, dice a DW. “Pero es un patrón conocido en el Sahel”.
En su opinión, la “propaganda” de las juntas militares funcionó en un comienzo porque presentaba conceptos que los africanos anhelaban, como la soberanía y la lucha contra el imperialismo. “Pero hoy, todas esas promesas han demostrado ser falsas”. La gente de Burkina Faso, Níger o Mali se ha dado cuenta de ello y está abandonando el “barco de los golpistas”.
Pese a los riesgos -arrestos, secuestros, violencia-, persisten las críticas, aunque en su mayoría procedentes del exterior, dice Alghabid. “Somos conscientes de la magnitud de la lucha que tenemos por delante, porque enfrentamos a tres regímenes militares”.
Los activistas creen que la responsabilidad no solo recae en la sociedad civil y la diáspora, sino también en la comunidad internacional. “Los socios de Burkina Faso ya no pueden escudarse en la idea de que condenar a la junta es contraproducente”, dice Ilaria Allegrozzi, de Human Rights Watch. “El silencio y la ambigüedad, en última instancia, siempre legitiman los excesos autoritarios”.
(dzc/cp)
