Arranca revisión nuevo Código Penal; comisión bicameral estudia siete propuestas y Gobierno busca modificar 18 artículos/ Finjus propone cambios a varios artículos de la Ley 74-25 para fortalecer seguridad jurídica y derechos fundamentales
Por Lidia Pinales
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EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Con la participación de los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, Ricardo de los Santos y Alfredo Pacheco, la comisión bicameral encargada de estudiar las propuestas de modificación al nuevo Código Penal celebró este martes su primera reunión de trabajo.
El encuentro, que comenzó a las 4:00 de la tarde en el Salón Hugo Tolentino Dipp del Congreso Nacional, se extendía por varias horas mientras los legisladores iniciaban el análisis de siete iniciativas sometidas por congresistas de distintas bancadas y por el Poder Ejecutivo.
Entre las propuestas figura el proyecto del diputado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Charlie Mariotti Jr, que plantea extender por seis meses adicionales la vacatio legis del nuevo Código Penal, con el objetivo de aplazar su entrada en vigor.
También será conocida la iniciativa presentada por el diputado Rogelio Alfonso Genao Lanza, que propone modificar diversos artículos, incorporar nuevos párrafos y derogar los artículos 310 y 311, relativos a los delitos contra el honor, disposiciones que han sido cuestionadas por sectores vinculados a la libertad de expresión y la prensa.
La comisión igualmente estudiará el proyecto, suscrito por un grupo de diputados encabezado por el diputado y vocero del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Amado Díaz, que propone modificar la Ley 74-25 que instituye el nuevo Código Penal, aunque la agenda no detalla cuáles artículos serían objeto de cambios.
En el Senado también fueron depositadas varias iniciativas. El senador Antonio Taveras, propone modificar y derogar distintos artículos del Código Penal; el senador Eduard Alexis Espiritusanto plantea suspender temporalmente la aplicación de la Ley 74-25; mientras que el senador Milcíades Aneudy Ortiz Sajiún propone modificar artículos específicos y crear una comisión bicameral especial para dar seguimiento a la implementación de la legislación.
A estas propuestas se suma la presentada por el Poder Ejecutivo, depositada a través del presidente del Senado, Ricardo de los Santos mediante la cual se plantea modificar 18 artículos del nuevo Código Penal.
Entre las disposiciones que serían revisadas figuran los artículos 121, 122, 123, 141, 142, 144, 170, 176, 192, 207, 208, 211, 214, 215, 248, 303, 310 y 354.
La comisión continuará con el estudio de estas y otras iniciativas antes de rendir un informe al pleno de las cámaras legislativas en momentos en que diversos sectores han solicitado introducir cambios a la Ley 74-25 antes de su entrada en vigencia.
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Cámara de Diputados prevé aprobar este jueves o viernes las modificaciones al nuevo Código Penal
Por Lidia Pinales
Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados. (Foto: Prensa Cámara De Diputados)
EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Pese a que el plazo para recibir propuestas de reformulación al Código Penal vence este miércoles a las 6:00 de la tarde, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, informó que el pleno de ese órgano legislativo tiene previsto conocer y aprobar este jueves o a más tardar el viernes, las modificaciones planteadas al nuevo marco jurídico una vez la comisión bicameral concluya el estudio de las propuestas recibidas.
Pacheco explicó que la comisión bicameral fue convocada para este martes a las 4:00 de la tarde en el salón Hugo Tolentino Dipp y continuará sus trabajos durante el miércoles y la mañana del jueves, analizando todas las iniciativas sometidas por distintos sectores.
Pacheco indicó que el pleno de la Cámara Baja fue convocado para sesionar el jueves a partir de la 1:00 de la tarde, con la expectativa de que para ese momento la comisión haya rendido su informe sobre las modificaciones al Código Penal.
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En ese sentido, precisó que, si por alguna razón los trabajos no concluyen ese día, ya se dejó reservada una convocatoria para una sesión extraordinaria el viernes, con el propósito de completar el conocimiento y la aprobación de las enmiendas.
Pacheco señaló que la comisión bicameral evalúa numerosas propuestas presentadas por diferentes sectores de la sociedad, incluyendo acuerdos alcanzados entre el Ministerio de Justicia y diversas personalidades, los cuales fueron formalizados y remitidos al Congreso por el presidente del Senado para su análisis.
Finjus propone cambios a varios artículos de la Ley 74-25 para fortalecer seguridad jurídica y derechos fundamentales
Uno de los aspectos que recibió mayores observaciones es el artículo 310 sobre el delito de ultraje en el que advierte que la redacción actual podría afectar la libertad de expresión
Por El Nuevo Diario
EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.– La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) presentó este martes al Congreso Nacional un documento de observaciones técnicas en el que recomienda modificar varios artículos de la Ley 74-25, que instituye el nuevo Código Penal, al considerar que algunas disposiciones requieren ajustes para mejorar su técnica legislativa, garantizar mayor seguridad jurídica y armonizar el texto con principios constitucionales.
El documento, firmado por el vicepresidente ejecutivo de la entidad, Servio Tulio Castaños Guzmán, analiza distintos tipos penales y el proyecto de modificación sometido por el presidente del Senado, Ricardo de los Santos.
En sus conclusiones, Finjus sostiene que el proceso de revisión representa una oportunidad para corregir disposiciones que presentan problemas de coherencia normativa o posibles conflictos con la Constitución.
Entre las recomendaciones figura la revisión del delito de enriquecimiento ilícito, para establecer que la falta de justificación inmediata del incremento patrimonial no implique automáticamente la comisión del delito.
La entidad plantea que esa situación debe constituir un indicio para abrir una investigación, ya que podrían existir explicaciones legítimas, como herencias, donaciones o préstamos familiares. También propone que el incremento patrimonial sea «significativo» o «manifiestamente desproporcionado» respecto a los ingresos del funcionario y que se incorpore la inhabilitación para ejercer cargos públicos como pena complementaria.
Respecto al conflicto de intereses, la institución considera positiva su incorporación al Código Penal, pero entiende que el tipo penal fue redactado de manera muy específica y podría dejar fuera otras conductas que comprometan la imparcialidad de los servidores públicos. Por ello, recomienda ampliar su alcance e incluir la inhabilitación para ejercer funciones públicas en caso de condena.
Uno de los aspectos que recibió mayores observaciones es el artículo 310, sobre el delito de ultraje, en el que advierte que la redacción actual podría afectar la libertad de expresión al sancionar opiniones dirigidas contra funcionarios públicos sin delimitar con claridad cuáles conductas ameritan una respuesta penal.
En ese sentido, propone eliminar las referencias a «pronunciar palabras» o «hacer gestos» cuando estas formen parte del debate público o de críticas al ejercicio de funciones oficiales, reservando la sanción para amenazas o actos que realmente interfieran con la función pública.
En materia del acto médico, la organización valora que el Código fortalezca la protección de los pacientes, pero entiende que debe diferenciar con mayor precisión entre un error derivado de los riesgos propios de la práctica médica y una actuación negligente. A su juicio, la legislación debe tomar como referencia la lex artis —las reglas técnicas aceptadas por la profesión médica— para evitar una expansión innecesaria de la responsabilidad penal y la denominada medicina defensiva.
Sobre las modificaciones propuestas por el Senado, recomendó ampliar el alcance de los delitos de hostigamiento y hostigamiento cibernético, al considerar que limitar su aplicación a los ámbitos escolar, deportivo o recreativo deja fuera conductas similares que pueden ocurrir en otros espacios, especialmente a través de medios digitales.
La entidad expresó, además, preocupación por la propuesta de eliminar el régimen especial de prescripción para delitos sexuales cometidos contra niños, niñas, adolescentes y personas en condición de vulnerabilidad. Al respecto, recordó que la Ley 74-25 establecía un plazo de 30 años, contado a partir de la mayoría de edad de la víctima, y advirtió que reducir ese período constituiría una regresión en la protección penal de estos grupos.
Otro de los puntos analizados corresponde a la propuesta de modificar el delito de ultraje en sede jurisdiccional. Al respecto, considera que el texto mejora la redacción al limitar el tipo penal al ámbito judicial y exigir que la conducta sea idónea para afectar el proceso, pero cuestiona que excluya de esa protección a los abogados y defensores públicos. Según la fundación, esa omisión genera una asimetría procesal porque protege a jueces y fiscales frente a actos intimidatorios, pero deja fuera a quienes ejercen la defensa, pese a que desempeñan un papel esencial en el debido proceso.
La Fundación Institucionalidad y Justicia reiteró que el país necesita un Código Penal moderno y afirmó que el proceso legislativo de modificación debe aprovecharse para corregir las disposiciones que presentan deficiencias técnicas o posibles conflictos con el marco constitucional, manteniendo el equilibrio entre la persecución de los delitos y la protección de los derechos fundamentales.
Texto íntegro:
FINJUS. Observaciones Técnicas a Ley 74-25 y propuesta de modificación (14-07-2026)
