Una mujer falleció tras recibir un disparo en la cabeza, presuntamente a manos de su pareja sentimental, un sargento de la Policía Nacional, en el municipio de Villa Hermosa, provincia La Romana.
La víctima fue identificada como Mindalis Núñez, alias “Ana Cari”, de 31 años, mientras que el presunto homicida es Wilkin Vásquez Ozoria, quien también presenta una herida en el cuello y fue arrestado por miembros de la División de Crímenes y Delitos Contra la Persona (Homicidios).
Según el informe policial, el feminicidio ocurrió luego de una acalorada discusión, minutos después de que ambos salieran de una discoteca.
«La discusión se intensificó al llegar a su vivienda, de acuerdo con declaraciones de la hermana de la fallecida. El sargento alegó que la víctima le había sustraído $10,000 pesos en efectivo», se indicó en una nota de prensa.
El implicado será puesto a disposición del Ministerio Público para enfrentar los cargos correspondientes.
Suman 11 las querellas contra Ángel Martínez que fueron retiradas; estaba acusado de difamación e injuria
La ministra de Interior, Faride Raful, y otros mantienen querellas activas. El abogado Carlos Mesa indicó que muchos acusadores no pidieron retractación formal antes de demandar.
angel martinez preso otra vez
SANTO DOMINGO.-Suman once las querellas por difamación e injuria interpuestas contra Ángel Martínez, conocido como “el detective”, que fueron retiradas por decisión de los acusadores.
Su representante legal Carlos Mesa, explicó que, “básicamente, fue un desestimiento producto de la retractación pública” que hizo su cliente.
El propio Martínez se había quejado que los denunciante pierdan su tiempo con un pobre viejo.
Los que desistieron de seguir adelante con los procesos judiciales son el periodista Varga Vila Riverón, el alcalde de Laguna Salada, Germán Damián Rodríguez Saldaña, Deisy Yanelis Aquino Mesa, Librado Nicanor Acosta Belliard, Luis Manuel Díaz, Ricki Ricardo Tejada Blanco,José Miguel Peralta Castellano y Martín Nolasco.
lTambien, la Farmacia Medicar GBC, Raymond Antonio Rodríguez Vargas y su hermana Carmen Rodríguez Vargas, así como el fiscal Natanael Rivas Estévez, del Ministerio Público de Samaná.
Se mantienen activas las querellas interpuestas por la ministra de Interior y Policía, Faride Raful; la exviceministra de Medio Ambiente, Milagros De Camps; y el diputado Segio Moya (Goris).
Mesa añadió que, en la mayoría de los casos, los querellantes supuestamente no agotaron el procedimiento legal previo, el cual establece que debe pedirse formalmente una retractación antes de iniciar acciones legales.
¡En esta no se pudo! Aplazan juicio contra Alexis Medina y compartes
Juicio contra Alexis Medina y compartes / Foto Guillermo Burgos
Fue aplazado la mañana de este lunes el juicio de fondo contra Juan Alexis Medina Sánchez y los demás acusados de integrar un presunto entramado de corrupción administrativa que distrajo del erario más de cinco mil millones de pesos.
La nueva audiencia fue fijada para el próximo 23 de julio, a partir de las 9:00 a.m., debido a que la jueza Claribel Nivar Arias, presidenta del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, presentó excusa médica.
En la vista de hoy se tenía previsto que Juan Alexis agotara su turno haciendo su defensa material frente a las acusaciones que le hace el Ministerio Público como supuesto cabecilla del «entramado ilícito» que se basó en contratos fraudulentos, tráfico de influencias y testaferrato, para estafar al Estado dominicano durante los gobiernos de su hermano, el expresidente de la República, Danilo Medina. El MP solicita una condena de 20 años de prisión y el pago de una multa equivalente a 400 salarios mínimos.
Cabe destacar que, según su abogado, Luis Alberto Peña, la acusación del órgano persecutor en contra de su defendido es por “motivaciones políticas”.
Otros imputados
Además de Alexis Medina, en el caso se vincula a José Dolores Santana Carmona y Wacal Vernabel Méndez Pineda, para quienes se piden 15 años de prisión y que se les ordene el pago de 200 salarios mínimos.
Igualmente, figura el expresidente del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), Fernando Aquilino Rosa Rosa; así como la exvicepresidenta administrativa de esa entidad, Carmen Magalys Medina Sánchez, hermana de Alexis Medina Sánchez; Carlos José Alarcón, Ramón Brea Morel (Jhonny Brea) y Lina Ercilia de la Cruz Vargas. Para ellos se solicita una condena de 10 años de prisión.
De igual forma, están Libni Arodi Valenzuela Matos, Paola Mercedes Molina Suazo, Carlos Martín Montes de Oca, Rigoberto Alcántara Batista, José Miguel Genao Torres, Antonio Florentino Méndez, Fulvio Antonio Cabreja Gómez y José Idelfonso Correa Martínez, contra quienes se solicita una condena de 10 años de prisión y el pago de 200 salarios mínimos.
En cuanto a Pachristy Emmanuel Ramírez Pacheco, el exministro de Salud Pública, Lorenzo Wilfredo Hidalgo Núñez, y Rafael Antonio Germosén Andújar, se solicitó una condena de cinco años de prisión y el pago de 200 salarios mínimos.
El Ministerio Público, además, requirió una condena de tres años contra Aquiles Alejandro Cristopher Sánchez, fiscalizador de la otrora Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe).
El órgano del sistema de justicia solicitó que todos los acusados sean condenados a la inhabilitación para contratar con el Estado y para ocupar cargos públicos por 10 años, al decomiso de todos los bienes incautados producto de las actividades ilícitas, y a la degradación cívica consistente en la pérdida de los derechos civiles, políticos y de ciudadanía reconocidos por la Constitución. También, solicitó que las penas sean cumplidas en los centros de corrección y rehabilitación Najayo Hombres y Najayo Mujeres, en San Cristóbal, según corresponda.
En relación con Víctor Matías Encarnación Montero, quien llegó a un acuerdo con el Ministerio Público, se solicitó una pena de cinco años de prisión suspendida y una multa de 500 salarios mínimos, bajo las condiciones de residir en un domicilio fijo, abstenerse de desempeñar cargos, prestar servicios o ser contratado por entidades de intermediación financiera, mercado de valores o entidades públicas, y presentarse periódicamente ante el juez de la Ejecución de la Peña del Distrito Nacional. Asimismo, se solicitó el decomiso de valores (dinero) entregado voluntariamente por el acusado, o de bienes equivalentes, conforme a la Ley de Lavado de Activos, ascendentes a 15 millones de pesos.
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