El dictador venezolano Nicolás Maduro (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)
Las gestiones para que deje el poder incluyeron reuniones entre el embajador venezolano en Moscú y autoridades bielorrusas, que ofrecieron su respaldo al régimen venezolano
11 Dic, 2025
Nuevas revelaciones arrojaron luz sobre la reciente conversación entre el dictador venezolano Nicolás Maduro y el presidente estadounidense Donald Trump, en la que el líder chavista habría manifestado su disposición a dejar el poder bajo condiciones específicas.
Según informaron fuentes a la agencia Reuters, Maduro comunicó a Trump en una llamada telefónica celebrada el 21 de noviembre que estaba listo para abandonar Venezuela, siempre y cuando se garantizara una amnistía legal completa tanto para él como para su familia.
La propuesta transmitida a Trump llega en un contexto de máxima presión por parte de Estados Unidos para lograr la salida de Maduro, sancionado internacionalmente y desconocido como presidente legítimo por Washington y otros gobiernos occidentales desde 2019. El entorno de la conversación ha sido marcado por un creciente despliegue militar estadounidense en el Caribe, dirigido al combate del narcotráfico pero que, en palabras de la dictadura venezolana y sus aliados, constituye un intento de propiciar un cambio de régimen en Caracas.
Ni la Casa Blanca ni la dictadura chavista han hecho comentarios públicos sobre el contenido concreto de la llamada o si han existido negociaciones formales posteriores, indicó Reuters. Las fuentes consultadas subrayan que Maduro condicionó su renuncia y salida del país al otorgamiento de un salvoconducto jurídico, lo que podría traducirse en un escenario de refugio político, aunque no se han detallado los posibles destinos para el dictador y su círculo familiar.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (REUTERS/Anna Rose Layden)
El presidente Donald Trump, por su parte, intensificó recientemente la retórica en torno a la situación venezolana. En una entrevista concedida a Politico, declaró que “los días de Maduro están contados”, sin precisar si consideraría el envío de tropas estadounidenses para precipitar una transición. Paralelamente, la administración Trump ha reforzado las medidas de presión económica y diplomática contra Venezuela y sostiene que no reconoce a Maduro, quien alega haberse impuesto en unas elecciones consideradas “fraudulentas” por observadores internacionales y gobiernos occidentales.
En este ambiente de incertidumbre, han surgido movimientos diplomáticos y mensajes de respaldo a Maduro desde aliados como Rusia y Bielorrusia.
El presidente ruso, Vladimir Putin, reiteró en una llamada telefónica este jueves su “apoyo firme y categórico” a Maduro y criticó la injerencia externa en la política interna del país sudamericano, según comunicados oficiales de Moscú y Caracas.
El presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, mantuvo dos reuniones en menos de tres semanas con el embajador venezolano en Moscú, Jesús Rafael Salazar Velázquez. De acuerdo con reportes de la agencia estatal Belta, Lukashenko habría reiterado la bienvenida a Maduro en caso de que decidiera salir de Venezuela, alimentando especulaciones sobre Bielorrusia como posible país receptor.
Imagen de archivo: El presidente bielorruso Alexander Lukashenko y el presidente ruso Vladimir Putin se reunieron en el Kremlin en Moscú el 26 de septiembre de 2025 (REUTERS/Ramil Sitdikov)
Reuters solicitó comentarios a la oficina de Lukashenko sobre un eventual ofrecimiento de refugio político, pero no hubo respuesta. Tampoco existen confirmaciones oficiales sobre la continuación o resultado de las gestiones iniciadas tras la conversación entre Maduro y Trump.
La información sobre el diálogo y las condiciones de salida marcó un nuevo capítulo en las negociaciones discretas que han acompañado la crisis venezolana, mientras Estados Unidos sostiene su estrategia de presión máxima y aliados internacionales de Maduro reafirman públicamente su cercanía política y diplomática.
Decenas de personas heridas en Bondi Beach debieron ser asistidas por los propios civiles y los equipos de rescate. IMÁGENES SENSIBLES
14 Dic, 2025
Al menos 11 personas han muerto y 29 han resultado heridas tras un ataque a tiros efectuado por al menos dos asaltantes, uno de ellos muerto durante la respuesta policial, el otro detenido, ocurrido durante una celebración del comienzo de la festividad judía de la Janucá en el extremo norte de la playa.
La gente camina mientras agentes de policía hacen guardia en la calle luego de un tiroteo en Bondi Beach, en Sydney, Australia, el 14 de diciembre de 2025.
Los trabajadores de emergencia transportan a una persona en una camilla después de un tiroteo reportado en Bondi Beach en Sydney.
Agentes de policía caminan por la calle después de un tiroteo en Bondi Beach.
La policía y testigos comenzaron con los primeros momentos de contención y atención a las víctimas mientras llegaba la ayuda médica. En el video se observa como uno de ellos utiliza maniobras de RCP para asistir a un herido.
La gente sale corriendo tras escuchar los primeros disparos en Bondi Beach
Una ambulancia se mueve mientras las personas son evacuadas luego del tiroteo.
Un coche de policía permanece en el lugar de un tiroteo en Bondi Beach, Sydney.
Imágenes transmitidas en redes sociales muestran lo que parecían al menos dos tiradores vestidos de negro, así como escenas de pánico en la playa, una de las más populares y turísticas de la ciudad, con personas huyendo del sector y varias víctimas tendidas en el suelo mientras eran atendidas por paramédicos.
Un oficial de policía opera en la escena de un tiroteo en Bondi Beach, Sydney.
Un miembro del Servicio Estatal de Emergencias de Australia (SES) opera en la escena de un incidente de tiroteo.
El tiroteo ocurrió durante el evento “Chanukah by the Sea”, una celebración judía realizada en Bondi Beach por el inicio de la festividad de Hanukkah.
Agentes de policía caminan en la escena de un tiroteo en Bondi Beach.
Una vista aérea del personal de emergencia trabajando en la escena de un tiroteo en Bondi Beach.
Una vista aérea del personal de emergencia trabajando en la escena de un tiroteo en Bondi Beach.
Un hombre es trasladado en camilla.
Los trabajadores de emergencia transportan a una persona en una camilla después del tiroteo reportado.
Los trabajadores de emergencia transportan a una persona en una camilla después de un tiroteo reportado en Bondi Beach.
Un trabajador de emergencia empuja a una persona en una camilla después de un tiroteo reportado en Bondi Beach.
Trabajadores de emergencia trasladan a una persona en una camilla tras reportes de un tiroteo en Bondi Beach, Sydney, el domingo 14 de diciembre de 2025.
Los trabajadores de emergencia transportan a una persona en una camilla después de un tiroteo reportado en Bondi Beach.
Los trabajadores de emergencia transportan a una persona en una camilla después de un tiroteo reportado en Bondi Beach en Sydney.
La gente y los trabajadores de emergencia se reúnen en el lugar donde se estaba llevando a cabo un evento festivo y luego se informó de un tiroteo en Bondi Beach.
Los trabajadores de emergencia transportan a una persona en una camilla.
La policía australiana dijo que dos personas estaban bajo custodia tras informes de múltiples disparos el 14 de diciembre en la famosa playa Bondi de Sydney, instando al público a buscar refugio.
Un trabajador de la salud mueve una camilla después de un tiroteo.
Un trabajador sanitario mueve una camilla después de un tiroteo en Bondi Beach.
La policía armada trabaja en la escena después de un tiroteo en Bondi Beach.
La gente permanece de pie en una calle después de un tiroteo en Bondi Beach en Sydney.
“Yo, que he trabajado en el Gobierno, sé que esto se trata de construir, no obstruir. Oponerse a todo no sirve”, señaló la candidata del pacto Unidad por Chile.
24horas.cl
Domingo 14 de diciembre de 2025
Jeannette Jara, candidata del pacto Unidad por Chile, tras emitir su voto en Conchalí en la segunda vuelta electoral, aseveró que gobernar Chile es “tarea de equipo”, acusando al Partido Republicano de ser una oposición “obstruccionista”.
“Dejaremos la vida por recuperar nuestra patria”: Kast tras votar en Paine
El aspirante a La Moneda llamó a la cooperación en caso de ser electo: “Nunca dejamos de saludar a alguien por diferencias políticas”.
24horas.cl
Domingo 14 de diciembre de 2025
Tras emitir su voto, José Antonio Kast, candidato presidencial de los partidos Republicano y Social Cristiano, aseveró que, en caso de ganar la elección presidencial, van “a dejar la vida por recuperar y reconstruir nuestra patria”.
Santiago.– Un juez de instrucción de Santiago impuso penas de entre tres y seis años de prisión a ocho integrantes de la red criminal desarticulada por el Ministerio Público en la Operación Colibrí, tras acoger un procedimiento penal abreviado en el que los acusados admitieron su culpabilidad.
Las condenas más severas, de seis años de cárcel, recayeron sobre Julio César Almonte Espinal, Luis Manuel Rodríguez, Fausto Merán, William Rodríguez Rodríguez, José Rosario Marte y Thomás Enmanuel Rojas. Yanuel Morales Rodríguez fue sentenciado a cinco años, mientras que José Carlos Montero recibió tres años de prisión. Todos aceptaron su responsabilidad en la falsificación masiva de documentos públicos y privados.
En tanto, el tribunal ordenó la apertura a juicio contra otros cinco imputados —Ana Delia Ysidra Tavarez Soto, Samuel Elías Ceballos Ramos, Arsenio Reyes, José Miguel Cruz Hiraldo y Noel de Jesús Padilla Minaya— a solicitud del Ministerio Público.
La investigación, coordinada por la Dirección General de Persecución junto a la Fiscalía de Santiago y el Ministerio Público adscrito a la Junta Central Electoral (JCE), reveló que la estructura criminal operaba en el entorno de la Junta Municipal de Santiago y se dedicaba a producir y comercializar actas de nacimiento, cédulas de identidad, licencias de conducir, títulos universitarios y de propiedad, así como permisos de porte de armas, dirigidos tanto a dominicanos como a extranjeros.
El juez Job García Hurtado, del Segundo Juzgado de la Instrucción de Santiago, validó el acuerdo penal y dispuso la suspensión parcial de las penas, considerando el tiempo ya cumplido en prisión preventiva. Entre las condiciones impuestas figuran la obligación de mantener domicilio fijo, notificar cualquier cambio de residencia, abstenerse de actividades fraudulentas —incluidas las electrónicas— y capacitarse en un oficio lícito. El incumplimiento conllevaría el cumplimiento íntegro de la pena en prisión.
El expediente, de más de 600 páginas, documenta cómo la red se estructuró con roles específicos, apoyada por “buscones” que captaban clientes. Las autoridades incautaron materiales y equipos utilizados para borrar información de actas originales y reimprimir datos falsos sobre papel de seguridad oficial, replicando las medidas de autenticidad.
La acusación se sustenta en más de 800 pruebas y tipifica delitos de asociación de malhechores y falsificación, conforme a los artículos 265, 266, 147 y 150 del Código Penal Dominicano, así como el artículo 13 de la Ley 8-92 sobre Cédulas de Identidad y Electoral.
Joven mecánico es asesinado a tiros en Los Alcarrizos; un menor resulta herido
EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Un joven mecánico del municipio Los Alcarrizos, conocido como Dani o “McCoy”, fue ultimado de un disparo en un hecho violento ocurrido en las inmediaciones del barrio Los Patos. En el incidente también resultó herido un menor de edad, quien recibe atenciones médicas en un centro de salud.
De manera preliminar, se informó que el suceso se habría producido en medio de un supuesto atraco, aunque las circunstancias exactas aún no han sido esclarecidas por las autoridades. El fallecido era conocido en la comunidad por su oficio, lo que ha generado consternación entre residentes del sector.
Miembros de los organismos de investigación se encuentran realizando las indagatorias correspondientes para determinar responsabilidades y ofrecer mayores detalles.
Encuentran a niño dominicano durante operativos migratorios donde detuvieron 28 haitianos
En uno de los vehículos el conductor escapó dejando abandonado en el interior a un menor de edad de nacionalidad dominicana.
Nacionales haitianos en condición migratoria irregular y el menor dominicano de espaldas.
Valverde, R.D. Durante un operativo de interdicción migratoria y seguridad desarrollado por el Ejército de República Dominicana (ERD) en el distrito municipal de Ámina, provincia Valverde, fueron detenidos dos vehículos utilizados para el transporte irregular de personas, con 28 nacionales haitianos en situación migratoria irregular.
En una de las intervenciones, soldados del ERD interceptaron una jeepeta Lexus, color blanco, placa G094995, cuyo conductor huyó al notar la presencia militar, dejando el vehículo abandonado.
En su interior se encontraron 20 nacionales haitianos, incluyendo 17 hombres y 03 mujeres.
En otra intervención, otra patrulla del ERD detuvo una jeepeta Ford Explorer, color rojo, placa G202999, cuyo conductor también escapó del lugar, dejando abandonado en el interior un menor de edad de nacionalidad dominicana.
Además, fueron encontrados 08 nacionales haitianos con estatus migratorio irregular, entre ellos 04 hombres, 03 mujeres y 01 menor de edad.
El menor dominicano, los 28 haitianos indocumentados y ambos vehículos fueron trasladados a la sede de la 4ta. Brigada de Infantería, para llevar a cabo los procesos legales procedentes.
Pie de foto,Con 59 años de edad y una agenda centrada en temas de seguridad, José Antonio Kast busca alcanzar la cima del poder en Chile. Fuente de la imagen,MARVIN RECINOS/AFP via Getty Images
Que José Antonio Kast quiera presidir Chile era algo impredecible incluso para sus amigos más cercanos hace algunos años.
“No era fácil imaginarse que iba a ser candidato”, dice Rodrigo Pérez Stiepovic a BBC Mundo al recordar cuando Kast y él iniciaron juntos la carrera de Derecho en 1984 y se volvieron íntimos hasta hoy.
El propio Kast ha relatado que, la primera vez que pensó en ser presidente, le preguntó a otro amigo si podría lograrlo y obtuvo una respuesta poco alentadora: “No, te volviste loco”.
Pero ahora lo intenta por tercera vez y este domingo llega a un balotaje presidencial como candidato opositor de derecha frente a la candidata oficialista, la comunista Jeannette Jara.
Si bien Jara obtuvo más votos (26,9%) en la primera vuelta de noviembre, Kast (23,9%) podría aglutinar el voto de derecha y alcanzar la mayoría con el apoyo obtenido de dos candidatos derrotados en esa instancia, el libertario Johannes Kaiser y la conservadora Evelyn Matthei.
De hecho, Kast figuraba con una ventaja holgada frente a Jara en las encuestas de intención de voto hacia el balotaje y parece más cerca que nunca de alcanzar la presidencia, aunque hay dudas sobre cómo se comportarán los indecisos.
En las pasadas elecciones de 2021, Kast ganó la primera vuelta pero perdió el balotaje con 44% de votos ante el actual presidente de izquierda, Gabriel Boric, que obtuvo 56%.
La primera vez que se postuló a la presidencia, en 2017, quedó cuarto con 8% de apoyo.
Falta saber entonces si en el caso de Kast “la tercera es la vencida”, como ha dicho él mismo en esta campaña, o si “no hay dos sin tres”.
Pero algo parece seguro: este abogado católico y conservador ya contribuyó a transformar la derecha tradicional chilena, con una plataforma que despierta comparaciones con líderes de otros países como Donald Trump, Javier Milei o Nayib Bukele.
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Pie de foto,Kast enfrenta en el balotaje presidencial de chile a la candidata oficialista, la comunista Jeannette Jara.
La referencia de Pinochet
Nacido hace 59 años en Paine, una comuna ubicada en la región metropolitana de Santiago, Kast es el menor de diez hijos de un matrimonio de alemanes que emigró a Chile después de la Segunda Guerra Mundial.
El pasado de su padre, Michael Kast, durante ese conflicto bélico ha sido motivo de controversia.
Kast ha dicho que su padre se alistó por obligación en el ejército alemán para evitar un posible juicio militar y fusilamiento.
“La historia familiar nuestra es lo más distante que alguien se puede imaginar del nazismo”, afirmó en la campaña de 2021.
No obstante, investigaciones periodísticas posteriores indicaron que Michael Kast fue miembro del partido nazi de Adolf Hitler a los 18 años, según un documento de 1942 del Archivo Federal en Alemania.
Si bien podría haber dudas sobre si se trata de la misma persona, el lugar y fecha de nacimiento coinciden con los del padre del candidato chileno.
Casado con la abogada María Pía Adriasola, con nueve hijos y próximo al movimiento católico conservador Schoenstatt, Kast también ha rechazado la etiqueta de “ultraderecha” que suelen ponerle.
Sin embargo, ha defendido el régimen militar de Augusto Pinochet (1973-1990) y llegó a decir que si éste estuviera vivo habría votado por él.
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Pie de foto,A lo largo de su carrera política, Kast ha mostrado estima por el régimen militar de Augusto Pinochet.
El nuevo podcast de BBC Mundo sobre un amor que triunfó contra todo pronóstico
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Su hermano mayor, Miguel Kast, fue ministro y presidente del Banco Central del gobierno militar, un régimen bajo el cual hubo graves violaciones de derechos humanos como torturas, asesinatos o desapariciones de miles de personas.
Kast ha negado avalar ese tipo de abusos, aunque también causó polémicas desde su primera candidatura presidencial al decir, por ejemplo, que “en el gobierno militar se hicieron muchas cosas por los derechos humanos de otras personas”.
También sostuvo que, a diferencia de lo que ocurre en Cuba, Venezuela y Nicaragua, con Pinochet en Chile hubo una “transición a la democracia”.
“Lo que (Kast) valora es ciertos avances y cierto desarrollo que se produjo en el gobierno de Pinochet”, explica Pérez. “No hay extremismo para nada: no hay ni fascismo, ni es antidemocrático en mi opinión”.
Pero, sobre todo para las víctimas del régimen de Pinochet, el ascenso político de Kast revivió fantasmas del pasado que parecían caducos.
Una derecha “nueva”
La carrera política de Kast empezó cuando estudiaba en la Universidad Católica, donde participó del Movimiento Gremial fundado por Jaime Guzmán, un colaborador de Pinochet y redactor de la Constitución vigente desde 1980.
Después fue concejal y diputado por la derechista Unión Democrática Independiente (UDI), también fundada por Guzmán, quien fue asesinado siendo senador en 1991.
Kast se alejó de la UDI argumentando que debía dejar lo “políticamente correcto” y fundó el Partido Republicano chileno por el que ha sido candidato en las últimas dos elecciones.
Aunque perdió con Boric en 2021, tras el estallido social en el país, y sufrió otra derrota electoral con el rechazo a la propuesta de reforma constitucional que impulsó en 2023, su presencia en este balotaje muestra la vigencia de su movimiento político.
“Kast ha tratado de representar una derecha ‘nueva’, lo que yo llamo la derecha nacionalista populista”, dice Robert Funk, politólogo de la Universidad de Chile, en diálogo con BBC Mundo.
Y añade que el candidato “ha tratado durante estos años de acercarse a otros modelos que hemos visto en distintas partes del mundo” como el presidente estadounidense Trump, el argentino Milei, el salvadoreño Bukele y el primer ministro húngaro, Viktor Orbán.
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Pie de foto,Kast ha planteado medidas fronterizas contra la inmigración indocumentada que evocan las iniciativas de Trump.
Kast felicitó a Trump vía redes sociales por su elección de 2024, que definió como “un nuevo triunfo de la libertad y el sentido común”.
Antes de la primera vuelta dijo que, si el mandatario de EE.UU. le planteara que piensa invadir Venezuela, le respondería: “Proceda”.
Kast propone encabezar un “gobierno de emergencia”, con medidas centradas en temas de migración y seguridad pública, un tema que según encuestas encabeza las preocupaciones de los chilenos pese a que los índices de violencia del país son menores que otros en la región.
Una de sus promesas es instalar rejas o zanjas en las fronteras de Chile con Bolivia y Perú para impedir el paso de inmigrantes irregulares, como el presidente de EE.UU. hizo en el límite con México.
Y ha dicho que quiere generar más autodeportaciones de extranjeros indocumentados que Trump.
Kast también reivindica el modelo de “mano dura” de Bukele, cuya megacárcel en El Salvador visitó el año pasado para conocer cómo funciona, pese a las denuncias de violaciones de derechos humanos allí.
“Necesitamos más Bukele y menos Boric”, sostuvo en esta campaña.
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Pie de foto,Kast ha expresado coincidencias con presidentes de la región como Bukele y Milei.
En el plano económico, las propuestas de Kast tienen similitudes con las de Milei: propone un drástico ajuste fiscal de US$6.000 millones en 18 meses bajo el eslogan de “recortar el gasto político”, pese a las dudas sobre su viabilidad.
Uno de sus principales asesores publicó un artículo con expresiones propias del presidente argentino, como “casta política” y “parásitos del Estado”, lo que generó molestias hasta en la centroderecha que gobernó Chile en el pasado.
Pero Kast lo respaldó y dijo que, si él hubiese escrito esa columna, “podría haber sido más dura”.
Y en septiembre, cuando el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, aliado ideológico, fue condenado por intento de golpe de Estado, Kast sostuvo que hay jueces en ese país que actúan con ideología política.
“¿Cómo que no se puede?”
Funk evita cuestionar el compromiso de Kast con la democracia, “pero más que nada porque se da cuenta que no hay agua en esa piscina”.
“Él sigue defendiendo la dictadura y todo eso, pero creo que entiende que hoy en día en Chile sugerir de alguna forma que estaría dispuesto a transar con eso sería el fin de su campaña”, señala el politólogo.
Kast tampoco ha sembrado dudas sobre la fiabilidad del sistema electoral de su país, como sí hicieron Trump o Bolsonaro, y al ser derrotado en el balotaje de 2021 llamó a Boric para felicitarlo “por su gran triunfo”.
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Pie de foto,Kast busca atraer el voto femenino en estas elecciones dejando en segundo plano temas como su rechazo al aborto.
Pérez, su amigo de décadas, sostiene que Kast “es más racional y moderado en la forma de expresarse en contra de sus adversarios” que Trump o Milei.
A diferencia de estos, que llegaron al poder como outsiders, Kast lleva décadas en la política.
En esta campaña, ha intentado dejar en un segundo plano ideas de la agenda cultural que planteó en las elecciones pasadas, como su oposición al aborto o a que exista el ministerio de la Mujer.
Los analistas creen que el candidato busca así atraer votos femeninos que le fueron esquivos en el balotaje pasado y en la propuesta de reforma constitucional que impulsó sin éxito.
Sin embargo, esto le valió críticas conservadoras: antes de darle su apoyo, Kaiser cuestionó su compromiso con la “agenda valórica” de la derecha.
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Pie de foto,Kast está casado con la abogada María Pía Adriasola, con quien tuvo nueve hijos.
Cuando en un debate entre candidatos de la primera vuelta un periodista le preguntó si mantiene su férrea oposición incluso a que se venda libremente en farmacias la píldora anticonceptiva “del día después” de una relación sexual, Kast respondió de forma indirecta.
“Tengo las mismas convicciones de defensa a la vida desde la concepción hasta la muerte natural”, dijo en dos ocasiones.
Su esposa relató en 2017 que, tras tener su segundo hijo, buscó controlar la natalidad y un médico le recetó pastillas anticonceptivas. Pero su marido se opuso al enterarse: “¿Estás loca? No se puede”, le dijo Kast, por ser algo ajeno a los valores de la Iglesia católica.
“¿Cómo que no se puede? Si todas mis amigas lo hacen”, contó Adriasola que le respondió a su marido.
Entonces fueron a preguntarle a un cura, que los derivó a otro médico que hablaba del “método natural”, en referencia a la abstinencia sexual durante el ciclo fértil.
Esta vez el movimiento pendular entre izquierda y derecha que suele haber en las elecciones de Chile y de otros países latinoamericanos podría favorecer a Kast.
El otrora candidato improbable para sus amigos está cerca de la cima del poder que busca hace años: su desafío es unir al variopinto campo conservador chileno para ganar el balotaje, pero también para lograr el respaldo parlamentario de la derecha tradicional que él mismo ha criticado.
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Pie de foto,Esta es la tercera elección en que Kast busca llegar al palacio presidencial de La Moneda.
Pie de foto,Para gobernar, Jara tendrá que seducir a voantes de centro-derecha en la segunda vuelta de las elecciones chilenas. Fuente de la imagen,RODRIGO ARANGUA/AFP via Getty Images
Durante el cierre de la campaña presidencial de Jeannette Jara antes de la primera vuelta en noviembre, entre cumbias y banderas, el público cantó un viejo y polémico ataque a la policía según el cual “el que no salta, es paco”. Y ella, si bien risueña, respondió con un llamado a la mesura.
“Les propongo lo siguiente —dijo—; hagamos que nuestra campaña, en vez de basarse en descalificar a los demás, se base en abrazarlos”.
Jara, que ganó la primera vuelta de las elecciones presidenciales con un 26% de apoyos, llega al balotaje de este domingo ante el representante de la derecha, José Antonio Kast, con el reto de conseguir votos fuera de su base en un electorado preocupado por la seguridad y la inmigración, temas fuertes de la derecha, y crítico del gobierno saliente de Gabriel Boric, del que ella fue ministra.
Las encuestas predicen un triunfo de Kast, que se aprovecharía de los votos de la centroderechista Evelyn Matthei y del libertario Johannes Kaiser, que sumaron entre ambos un 27% de los votos en primera vuelta.
Jara deberá entonces seducir a buena parte del 19% del tercer candidato, el economista Franco Parisi.
Y para ello Jara en la campaña ha mostrado una cara menos extrema de lo que sugiere el sector del que surgió, el Partido Comunista (PC).
Una cara, suelen decir sus simpatizantes, “como la gente”: venida de abajo, consciente de los problemas cotidianos, hecha a pulso. Más pragmática que ideológica, más dialogante que combativa. Que quiere, entre otras cosas, garantizarles un ingreso mínimo a todos los chilenos de US$700 al mes.
Por eso, en parte, arrasó en las primarias de la izquierda. Por eso, también, cuenta con el apoyo de Boric y Michelle Bachelet. Y por eso, si bien no es la favorita en la segunda vuelta, resulta imposible descartar una sorpresa.
¿Quién es, entonces, Jeannette Alejandra Jara Román, “La Jenny”?
De origen popular y militante
Nació el 23 de abril de 1974 en Conchalí, una comuna de bajos recursos del norte de Santiago.
Su padre, mecánico y sindicalista, tenía una cabaña en El Tabito, en la costa, donde la familia pasaba el verano “sin agua, ni luz, ni baño”, según ha dicho Jara.
A sus 14 años, cuando Augusto Pinochet estaba en el poder, entró a las bases clandestinas del Partido Comunista.
Ha contado, de hecho, que por esas épocas Pinochet fue a su escuela para un evento. Y ella, como era parte del grupo de la Cruz Roja, tenía que saludarlo. Cuando llegó el momento de hacerlo, sin embargo, se desmayó.
“No sé si por susto, por miedo o por otra cosa”, dice. “Era todo un tema para mí porque mi padre era un hombre de izquierda (…) Hoy siento que me alegro de no haber vivido ese momento con alguien tan cruel con los chilenos”.
Jeannette es la mayor de cinco hermanos a quienes ayudó a criar. Es la única de ellos que fue a la universidad. Suele decir que “no conocía a nadie que hubiese ido a la universidad hasta que yo fui”.
Fuente de la imagen,Getty Images
Estudió administración pública en la Universidad de Santiago de Chile y, luego, derecho en la Universidad Central. Ambas las pagó con empleos informales y temporales.
A los 19 años se casó con Gonzalo Garrido, un dirigente estudiantil e ingeniero eléctrico que dos años después se suicidó en medio de una fuerte depresión.
“Quedar viuda a los 21 fue un golpe fuerte”, dijo en una entrevista con Teletrece. “Aprendí lo que es la resiliencia, a mirar siempre el vaso medio lleno”.
Jara asegura que usó la militancia para llevar su duelo.
Fuente de la imagen,Prensa Jeannette Jara
Pie de foto,Jara fue ministra del gobierno de Michelle Bachelet. Hoy son amigas.
Sindicalista experta en derecho tributario
A principios de los años 90, el régimen pinochetista recién terminaba. La transición democrática pactada generaba escepticismo entre las juventudes de izquierda, que esperaban un cambio de modelo más claro, menos gradual.
El Partido Comunista, por su férrea crítica al neoliberalismo, fue el único movimiento de izquierda que se mantuvo fuera de la coalición oficialista de la llamada Concertación.
Jara, como dirigente estudiantil, proponía que “la universidad esté al servicio del país, y no al servicio de un mercado”.
El momento político, a sus ojos, exigía cohesión y resistencia de los movimientos estudiantiles. Se postuló a la presidencia de la Federación de Estudiantes de la Universidad, y ganó.
En 1997 la arrestaron en una protesta y, al salir del penal, organizó un evento con Silvio Rodríguez conmemorando los 30 años de la muerte de Ché Guevara.
Aunque durante la campaña Jara ha matizado su postura frente a la Revolución Cubana —así como frente a la Revolución Bolivariana—, en esa época era mucho más que una simpatizante.
El portal The Clinic citó su discurso durante el evento para el guerrillero argentino: “Este acto conmemorará un ideal que no ha muerto, que se proyecta en el tiempo y del cual los jóvenes nos sentimos dignos portadores”.
Tras graduarse de su primera carrera, a principios de siglo, Jara ingresó al Servicio de Impuestos Internos y se vinculó al movimiento sindical, donde fue ganando espacios de poder a medida que ganaba elecciones internas y se especializaba en derecho tributario y laboral.
Fuente de la imagen,Prensa Jeannette Jara
Pie de foto,La firma de la reforma previsional, aunque limitada, es considerada el punto más alto del gobierno de Boric.
La entrada a la política
Una década después, ya casada por segunda vez y convertida en madre, entró a la política, primero como asesora del ministro de Desarrollo Social y luego en la Subsecretaría de Previsión Social durante el segundo mandato de Michelle Bachelet (2014-2018), hoy su amiga y para muchos, una suerte de antecedente político.
Era la primera vez que el PC, de a poco acomodado dentro del sistema político como una fuerza poderosa pero marginal, tenía cuotas reales de poder.
“El PC chileno combina la plasticidad con la ortodoxia, y eso es lo que le permite ir adquiriendo relevancia y eso es exactamente lo que encarna Jara”, dice Rolando Álvarez, un historiador experto en el partido.
“Ella es parte del diseño de la base social del partido y se consolidó como una líder del ala menos sectaria, sino renovadora (…) Además tiene un origen popular, es una militante de tomo a lomo que para mucha gente suena familiar”, añade.
Fuente de la imagen,Prensa Jeannnette Jara
Pie de foto,La foto de su matrimonio, publicada por Jara, a los 19 años. A la derecha, su padre, Sergio Elías Jara.
En 2018, la derecha volvió a la presidencia y Jara se dedicó a la consultoría. En el estallido social de 2018 y 2019 representó a manifestantes acusados.
Esa ola de protestas se tradujo en la elección de Gabriel Boric, en 2021.
Un año después, el oficialismo se vio arrinconando por la derrota del plebiscito constitucional. Boric tenía que reacomodar su gabinete. Llamó a Jara para presidir el ministerio de Trabajo.
Y allí, la hoy candidata promovió ambiciosas reformas que sirven de carta de presentación en campaña: intervino el sistema de pensiones, redujo la carga laboral a 40 horas por semana y aumentó el salario mínimo.
Muchos los consideran como los logros más claros del gobierno saliente. Y los gestionó con diálogo y conexión con las bases.
La candidata Jara tendrá ahora la tarea de aplicar esas virtudes para capturar votos del centro-derecha y mitigar con su perfil pragmático el miedo al comunismo que alientan desde el sector opuesto.
Testigos establecen que hasta el momento del inicio del proceso por corrupción en su contra el ahora imputado acudía al SeNaSa de manera cotidiana y hacía vida social con toda normalidad
Santo Domingo, RD. – El Ministerio Público aseguró que, hasta el momento, no ha recibido un estudio realizado por un médico forense acreditado que confirme el estado de salud alegado por el exdirector del Seguro Nacional de Salud (SENASA), doctor Santiago Hazim Albainy.
Durante el conocimiento de la medida de coerción por corrupción administrativa a Hazim Albainy no fue acreditada ante el juez por ningún médico forense la supuesta situación de salud que alega el imputado con el propósito de evadir la prisión preventiva que se corresponde a la gravedad y magnitud de los hechos cometidos en perjuicio de todos los afiliados al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), según un comunicado del Ministerio Público.
“La condición de salud que alega Santiago Hazim no ha sido acreditada por ningún médico forense”, indica el Ministerio Público.
“El imputado y su defensa recurren ahora al tema de salud para evadir el proceso, pero todos los testigos establecen que el imputado se desempeñaba con toda normalidad en el SeNaSA y en su vida social privada”, señaló el Ministerio Público.
“Ahora el procesado alega unas complejidades de salud de las que no se ha aportado evidencia”, precisa.
Recordó que el procedimiento para que un tribunal pondere un informe médico, en materia judicial, es que un perito designado por el Ministerio Público o tribunal establezca la condición de salud del procesado, situación que no ha ocurrido en el caso del principal imputado de los arrestados en la Operación Cobra.
Hazim Albainy encabezaba la red de corrupción administrativa que sustrajo miles de millones a costa del Estado dominicano y a través del SeNaSa, entidad en la que desfalcaron con más de 15 mil millones de pesos.
Durante la audiencia del caso celebrada el pasado viernes, en la que el Ministerio Público solicitó que se le impongan 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción y que se declare el proceso de tramitación compleja, Hazim Albainy alegó una condición de salud que su defensa salió a pregonar ante los medios informativos.
El órgano del sistema de administración de justicia estableció ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional que la prisión preventiva es la medida más adecuada para aplicar a varios imputados, encabezados por Hazim Albainy y el consultor Jurídico del SeNaSa Germán Robles, quienes figuran entre los imputados que solo en sobornos recibieron más de 2 mil millones de pesos.
El Ministerio Público establece que en relación a Hazim se dan todos los criterios de gravedad de un caso altamente complejo y grave, entre las que destacan:
-La pluralidad de víctimas e imputados
-El grave daño causado a la sociedad.
-La condición de funcionario de Hazim Albainy, lo que implicaba una posición de garante del correcto funcionamiento y servicios de salud frente a los millones de afiliados a la ARS pública.
-La naturaleza de los delitos, al tratarse de hechos que afectan un bien jurídico de gran relevancia, como lo es el derecho fundamental a la salud.
-Las falsificaciones y adulteración de documentos que hicieron los imputados por años para ocultar sus acciones criminales.
-Se trata de una red de crimen organizado que operó con la sistematicidad y estructuración que caracterizan a una organización criminal.
-El hecho de que el principal imputado tomó acciones para la ocultación de bienes que obtuvo producto de sus acciones criminales.
-Las maniobras planificadas con alevosía que desplegó Hazim Albainy para evitar que investigados en el proceso hablaran con el Ministerio Público.
El proceso
Pasada la 1:00 de la madrugada del sábado, el juez Rigoberto Sena decidió fijar para este domingo 14 de diciembre, a partir de las 6:00 de la tarde, la audiencia en la que dará a conocer su decisión sobre la medida de coerción.
Durante el conocimiento de la audiencia tres de los imputados admitieron los hechos ante el tribunal. De acuerdo con sus testimonios pagaron sobornos a Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, así como a otros exfuncionarios de esa entidad estatal.
En el proceso el Ministerio Público ha presentado un legajo importante de pruebas que contienen más de 138 pruebas documentales, más de 35 pruebas testimoniales y pruebas periciales que vinculan a los imputados con los hechos.
Entre otros delitos, al grupo se le imputan cargos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de soborno, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.
Juez dará a conocer fallo en caso SENASA esta tarde
A los implicados en el caso Cobra se les imputan los delitos de desfalco, estafa contra el Estado, falsificación de documentos, corrupción administrativa y lavado de activos
El extitular del Senasa, Santiago Hazim, y Eduardo Read, están implicados en el presunto caso de corrupción en la aseguradora estatal. Fuente externa
Santo Domingo, RD. – El juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, dará a conocer este domingo, a las 6:00 de la tarde, el fallo sobre la solicitud de medida de coerción contra los implicados en el caso Cobra, acusados de desfalcar al Seguro Nacional de Salud (SENASA).
Ante la acusación de desfalco al Seguro Nacional de Salud, el Ministerio Público solicitó la imposición de 18 meses de prisión preventiva, como medida de coerción, contra los imputados Santiago Marcelo Hazim Albainy, exdirector del SeNaSa; Rafael Luis Martínez Hazim; Gustavo Enrique Messina Cruz; Germán Rafael Robles Quiñones; Francisco Iván Minaya Pérez; Cinty Acosta Sención; Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera.
Mientras tanto, el órgano acusador cambió la solicitud de prisión preventiva por arresto domiciliario, garantía económica, impedimento de salida y presentación periódica contra Eduardo Read Estrella y Heidi Mariela Pineda. Estos dos imputados han decidido colaborar con el Ministerio Público y han estado ofreciendo información “valiosa” para la investigación del proceso.
A los implicados en el caso Cobra se les imputan los delitos de desfalco, estafa contra el Estado, falsificación de documentos, corrupción administrativa, lavado de activos, prevaricación, entre otras infracciones penales.
Según la acusación, el entramado de corrupción administrativa, desmantelado mediante la Operación Cobra, habría captado miles de millones de pesos para el enriquecimiento ilícito de sus miembros, en detrimento de los servicios sanitarios que ofrece a la población el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
En declaraciones recientes, la procuradora Yeni Berenice Reynoso dijo que las evidencias señalan que algunos de los imputados captaban recursos provenientes de sobornos, los cuales destinaban a la adquisición de propiedades, la creación de empresas de carpeta, la compra y administración de bienes, así como a diversas inversiones que actualmente son objeto de investigación.
Una mujer indígena navega al borde del Lago Titicaca (REUTERS/ Claudia Morales)
El manejo del programa destinado al desarrollo rural ha estado envuelto en denuncias de irregularidades y desvío de recursos públicos. La detención del ex presidente marca un nuevo capítulo en los procesos judiciales vinculados al caso
Lo que comenzó como un proyecto de desarrollo para pueblos indígenas que históricamente habían sido postergados terminó convertido en uno de los mayores escándalos de corrupción de las últimas décadas en Bolivia.
El programa Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino, conocido comúnmente como Fondo Indígena o Fondioc, empezó a operar en un momento de bonanza económica, pero en seis años estalló con acusaciones de corrupción, desembolsos en cuentas personales y obras fantasma.
El programa fue creado en diciembre de 2005, bajo el gobierno interino de Eduardo Rodríguez Veltzé, perocomenzó a operar en 2009 durante el mandato del expresidente Evo Morales (2006-2019). Nació con el objetivo de destinar el 5% de las recaudaciones por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) a proyectos de desarrollo productivoen poblados indígenas y campesinos.
Según un informe del Ministerio de Economía presentado en una interpelación legislativa, el fondo manejó un total de Bs 3.197 millones (equivalentes a 460 millones de dólares) entre 2006 y 2014.
Residentes de la comunidad de Raqaypampa en Bolivia. 19 de junio de 2022. REUTERS/Patricia Pinto
El directorio del Fondo Indígena estaba compuesto por representantes del Órgano Ejecutivo y de al menos ocho organizaciones sociales afines al Movimiento Al Socialismo (MAS). De parte del Gobierno estuvieron los ministros de Desarrollo Rural, Planificación, Desarrollo Productivo, Presidencia y Economía, que entonces estaba encabezado por Luis Arce, que integró el directorio.
Los primeros indicios de corrupción surgieron en 2015, cuando se denunció un manejo irregular de los recursos que incluían transferencias bancarias a cuentas personales y obras que no habían sido ejecutadas o habían quedado inconclusas.
Uno de los denunciantes fue Marco Antonio Aramayo, director del Fondo Indígena entre 2013 y 2015, quien señaló algunas irregularidades detectadas durante su gestión y presentó un informe a la Contraloría General del Estado. Paradójicamente, Aramayo pasó de denunciante a denunciado: enfrentó más de 200 procesos penales y estuvo detenido durante siete años hasta su fallecimiento en abril de 2022.
En paralelo a las denuncias del exdirector del Fondioc, investigaciones periodísticas del extinto periódico Página Siete documentaron que hubo financiamiento para obras “fantasma” que no se habían realizado, además de una serie de proyectos intangibles, alejados del objetivo del fondo, como cursos de formación de líderes sindicales.
Evo Morales y Luis Arce durante una celebración por el Año Nuevo Aymara (REUTERS/Manuel Claure)
Las investigaciones expusieron casos insólitos de corrupción como el de un exsenador del MAS, Jorge Choque, que recibió 800.000 dólares del fondo para hacer obras en un pueblo que no existe: inventó una comunidad a la que denominó Curuxa y recibió desembolsos para desarrollar proyectos. Según reportes de periódicos, el exsenador estuvo 15 días preso y luego recibió arresto domiciliario.
Aunque no existe una única cifra oficial consensuada sobre el daño económico al Estado que provocó el manejo del fondo, que varía según el tipo de análisis y el periodo observado, recientemente el Ministerio Público estimó un daño de 925 millones de bolivianos (132 millones de dólares) en desembolsos para al menos 3.500 proyectos, de los cuales ni la mitad habría sido concluido.
Tras los primeros indicios de corrupción en 2015, el Ministerio Público recibió múltiples denuncias y se iniciaron procesos por delitos como conducta antieconómica, incumplimiento de deberes y favorecimiento del enriquecimiento ilícito contra exautoridades y dirigentes vinculados al manejo del Fondo.
La aprehensión de la exministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo, en 2016 —quien había estado vinculada a la dirección política del Fondo—por presuntas irregularidades en la gestión de los recursos marcó un antes y un después en la manera en la que el escándalo era percibido públicamente.
La exministra estuvo detenida en prisión entre 2016 y 2017.
A pesar de los indicios, en 2017 la exministra recibió medidas sustitutivas tras pasar un año detenida preventivamente en una cárcel de La Paz, y en 2020 un juez dispuso su libertad. En julio de este año, volvió a ser acusada formalmente dentro del caso.
Durante los últimos años, el Fondo Indígena generó varios procesos penales, investigaciones administrativas y exigencias de reparación del daño económico. Sin embargo, diversos actores señalaron dificultades en la trazabilidad de fondos y en la culminación efectiva de proyectos. También se documentó una dispersión de causas y prolongación de tramitaciones judiciales en medio de denuncias de impunidad.
Con los cambios políticos en Bolivia, se reactivaron las investigaciones y el caso volvió a tener protagonismo público. La semana pasada se aprehendió a una aliada de Morales, la exdiputada Lidia Patty, a quien se acusa de haber recibido dinero en su cuenta personal para el desarrollo de proyectos comunitarios.
La investigación también llevó a la detención preventiva del expresidente Luis Arce por cinco meses en el penal de San Pedro, en La Paz, mientras se desarrollan las investigaciones. La decisión fue asumida por el juez anticorrupción Elmer Laura, quien respaldó los argumentos de la Fiscalía sobre riesgo de fuga y posible obstrucción del proceso.
El expresidente Luis Arce fue detenido por la causa de Fundación Indígena (REUTERS/Ipa Ibanez)
La Fiscalía acusa al exmandatario de cinco delitos relacionados con las transferencias presuntamente ilegales de recursos del fondo. Según el ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo, Arce es responsable de un desfalco de 360 millones de bolivianos (unos 51,7 millones de dólares), pero hay otros “casos conexos” que podrían casi duplicar esa cifra.
“Soy absolutamente inocente de las acusaciones que alegremente se están vertiendo por aspectos claramente políticos, por la coyuntura política que se está atravesando. El Gobierno busca chivos expiatorios, busca encubrir lo que está pasando”, manifestó el expresidente Arce durante su intervención en la audiencia cautelar.
Las investigaciones del Fondo Indígena se reactivan en un contexto político de reconfiguración del poder tras el derrumbe del MAS en las elecciones y la victoria de Rodrigo Paz. Las nuevas aprehensiones buscan retomar causas que por años quedaron estancadas, mientras las defensas denuncian un uso selectivo de la justicia.
En medio de las acusaciones cruzadas, el caso expone debilidades estructurales del sistema judicial que en una década no ha podido esclarecer responsabilidades ni reparar el daño económico al Estado: se abren y cierran expedientes, pero no se hace justicia.
El presidente estadounidense Donald Trump participa en una mesa redonda con líderes empresariales en la Casa Blanca en Washington D.C., el 10 de diciembre de 2025.
Jonathan Ernst/Reuters
CNN —
El viernes se produjo otra filtración de información de los archivos de Jeffrey Epstein: nuevas fotografías publicadas por los demócratas de la Cámara de Representantes que muestran a Donald Trump y a otras personas influyentes como Bill Clinton, Steve Bannon y Richard Branson, extraídas de decenas de miles de fotos de la propiedad de Epstein.
Pero las relaciones de Epstein con estos hombres —ninguno de los cuales ha sido acusado de delito alguno por las autoridades— ya eran de dominio público, y las fotografías por sí solas no aportan mucha información.
De hecho, la noticia más sorprendente en este sentido del viernes por la mañana podría haber provenido de otra fuente: una encuesta.
La encuesta reforzó lo problemático que podría ser para Trump la inminente publicación de documentos, especialmente antes de la fecha límite del próximo viernes para que el Departamento de Justicia entregue la información al Congreso. Y esto se debe a que muchos estadounidenses, e incluso republicanos, se inclinan a creer, o al menos a considerar la idea, de que Trump estaba al tanto de algo turbio.
La encuesta de Reuters-Ipsos preguntó a los estadounidenses si creían que Trump no estaba al tanto de los supuestos crímenes de Epstein antes de que se hicieran públicos. Solo el 18 % dijo que era “algo” o “muy” probable que Trump no lo supiera. Un 60 % dijo que era “poco” o “nada” probable que Trump no lo supiera. Esto representa una proporción de 3 a 1 a favor de la creencia de que Trump sabía algo.
Incluso entre los republicanos, un porcentaje ligeramente mayor creía que Trump probablemente estaba al tanto (39 %) que los que se inclinaban a pensar que no lo sabía (34 %).
Trump, una vez más, no ha sido acusado de ningún delito en el caso Epstein, y ha negado su participación.
Pero no es solo esta encuesta la que sugiere que el público cree que tiene algo que ocultar.
Una encuesta de Yahoo News-YouGov realizada en julio no solo preguntó si Trump sabía de los supuestos crímenes de Epstein, sino también si había cometido crímenes con él. Alrededor de la mitad de los estadounidenses (48 %) dijo que creía que sí.
Pero quizás lo más notable es que solo el 24 % de los estadounidenses dudaba de ello. El resto se mostró neutral.
Y, de nuevo, incluso muchos republicanos no lo descartaban. Solo el 55 % de los republicanos rechazó la afirmación de plano. (El 13 % creía que Trump había cometido delitos con Epstein, mientras que un tercio se mostró neutral).
Para recalcar la importancia de lo que revelan estas encuestas: tres cuartas partes de los estadounidenses indicaron que no descartaban la posibilidad de que el presidente de Estados Unidos supiera o incluso hubiera participado en delitos con el notorio pedófilo. E incluso muchos republicanos pensaban que él sabía algo sobre las actividades de Epstein.
Esto sugiere que, aunque no haya pruebas concluyentes que vinculen a Trump con actos ilícitos, la inminente publicación de más documentos podría ser perjudicial para el presidente, en la medida en que sigan mencionándolo o incluyendo fotos suyas, como ha ocurrido anteriormente. (En cuanto a las fotos y correos electrónicos del patrimonio de Epstein que han publicado los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, la Casa Blanca los ha definido como un “engaño demócrata”, ha afirmado que los correos electrónicos “no prueban absolutamente nada, salvo que el presidente Trump no hizo nada malo” y ha declarado que el Gobierno “ha hecho más por las víctimas de Epstein que los demócratas”).
Existen algunas salvedades importantes respecto a lo que muestran las encuestas.
Una de ellas es que las preguntas de la encuesta no especificaban el tipo de delitos. Ciertamente, Epstein es conocido por un tipo de delito muy específico. Pero quizás el elevado número de personas que contemplan la idea de que Trump esté implicado en delitos se deba, en parte, a que los estadounidenses generalmente creen que las personas muy poderosas son propensas a cometer algún tipo de delito.
De hecho, ya hemos visto esto antes con Trump. Las encuestas realizadas durante la campaña de 2024 mostraron que los votantes creían, en una proporción de 54 % a 38 %, que Trump había cometido “graves delitos federales”. Incluso mucho antes de sus acusaciones formales, una encuesta realizada en medio del escándalo por el que Trump fue sometido a juicio político por presionar a Ucrania para obtener ayuda electoral en 2020 mostró que el 63 % creía que Trump al menos “probablemente” había cometido actos ilegales durante su carrera política.
Así que parte de esto podría ser algo inherente a la percepción pública.
Pero en cuanto a los crímenes de Epstein, no hay pruebas sólidas de la implicación o el conocimiento de Trump, a diferencia de sus acusaciones o del escándalo de Ucrania.
Y es probable que parte de esto se deba a la forma en que Trump ha manejado los archivos de Epstein y a lo que sabemos hasta ahora.
El presidente, sencillamente, ha hecho varias cosas que sin duda dan la impresión de que tenía algo que ocultar. Esto incluye una serie de declaraciones engañosas sobre su relación con Epstein en el pasado, así como su demora en revelar que conocía a la cómplice de Epstein, Ghislaine Maxwell, quien reclutó a una empleada menor de edad de Mar-a-Lago, Virginia Giuffre.
También hay múltiples indicios que sugieren que Trump sabía que Epstein tenía un interés particular en mujeres jóvenes, al menos. Y no se trata solo de su infame cita de 2002 sobre que a Epstein le gustaban las mujeres “más jóvenes”.
Los correos electrónicos de Epstein publicados el mes pasado incluso mostraron que Epstein sugirió en privado que Trump sabía algo sobre él y las chicas. “Claro que sabía lo de las chicas…”, dijo Epstein en un momento dado en 2019, en aparente referencia al reclutamiento por parte de Maxwell. En otro correo electrónico de 2011, Epstein llamó a Trump “el perro que no ha ladrado” y dijo que Giuffre había “pasado horas en mi casa” con Trump.
Dado todo esto, no debería sorprender que muchos estadounidenses crean lo peor y que muchos más parezcan al menos estar predispuestos a confirmar que Trump esté implicado o al tanto de los crímenes de Epstein.
Pero a menos de una semana de la fecha límite del viernes para la publicación de los archivos del Departamento de Justicia, estas no son las cifras que a Trump le gustaría ver.
Y refuerzan el peligro político muy real que esto representa para el presidente. Después de todo, los estadounidenses llevan tiempo sospechando lo peor sobre los archivos de Epstein. Trump simplemente les dio razones para creer que tenía algo que ocultar.
Un tercer juez federal concede una solicitud para divulgar los registros judiciales relacionados con Jeffrey Epstein
CNN —
Un juez federal aprobó este miércoles la desclasificación de documentos de la investigación y el procesamiento penal del acusado de tráfico sexual Jeffrey Epstein.
La decisión del juez de Manhattan, Richard M. Berman, se anunció un día después de que otro juez de Nueva York aprobara la divulgación de registros en el caso contra la socia de Epstein, Ghislane Maxwell, y una semana después de que un tercer juez en Florida también aprobara la divulgación de materiales de investigación allí.
El conjunto de documentos que ahora se publicarán podría proporcionar una mirada interna a cómo el Departamento de Justicia investigó y procesó al presunto submundo de pedofilia de Epstein, aunque aún no está claro qué parte de la evidencia será nueva para el público.
Epstein fue acusado por un jurado investigador por delitos de tráfico sexual en 2019. Un mes después, fue encontrado inconsciente en su celda del Centro Correccional Metropolitano de Nueva York. Fue trasladado a un hospital, donde se certificó su muerte. Se dictaminó que se trataba de un suicidio.
Los tres jueces basaron sus decisiones en la Ley de Transparencia de los Expedientes Epstein, que se promulgó el mes pasado. En su breve fallo del miércoles, Berman dijo que la ley exige que los documentos se hagan públicos con las censuras oportunas para proteger la identidad y la información de las víctimas.
En una solicitud anterior para desclasificar los expedientes de los dos casos de Nueva York, los fiscales afirmaron que había un testigo, un agente del FBI, que testificó ante el jurado investigador de Epstein. Dos testigos, el agente del FBI y un detective de la policía de Nueva York, testificaron ante el jurado investigador de Maxwell, según los fiscales.
Añadieron que parte de la información que escuchó el jurado de Maxwell acabó haciéndose pública durante el juicio de Maxwell.
En ese momento, Berman señaló que las transcripciones y las pruebas del jurado eran una pequeña parte de las investigaciones.
“La información contenida en las transcripciones del jurado investigador de Epstein palidece en comparación con la información y los materiales de la investigación de Epstein que obran en poder del Departamento de Justicia”, escribió en agosto.
Santo Domingo.– Al acoger la petición del Ministerio Público, una jueza de un tribunal de San Cristóbal dictó auto de apertura a juicio en contra de los acusados por la explosión en una fábrica de plástico ocurrida en San Cristóbal, el 14 de agosto de 2023, que dejó unas 38 víctimas mortales y decenas de heridos, así como nueve edificios destruidos y varias viviendas afectadas.
Por el caso fueron enviados a juicio los propietarios de la fábrica de plástico Edward Armando Vidal Garrido, Maribel Sandoval Almánzar de Vidal y Mercedes Altagracia Vidal Sandoval, así como la empresa Vidal Plast, donde se originó la fuerte explosión con ondas expansivas que ocasionó el siniestro.
Todos los elementos de pruebas aportados por el Ministerio Público, representado por los fiscales Fadulia B. Rosa Rubio, Laura Segura Cordero, José Guerrero Jiménez, Ingris Guerrero Polanco y Daryl Montes de Oca, fueron admitidos por la jueza del Segundo Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal, Loyda Amador, quien dictó el auto de apertura a juicio contra los procesados.
Los fiscales litigantes Eduardo Velázquez y Daryl Montes de Oca representaron al Ministerio Público en la audiencia donde se ordenó el envío a juicio de los acusados.
El Ministerio Público indica en el expediente que los procesados ocasionaron la explosión mortal, producto de su torpeza, imprudencia, inadvertencia, negligencia e inobservancia de los reglamentos previstos para las actividades comerciales de almacenamiento de plásticos y de salud y medioambientales.
Sobre el caso, indica que ocurrió a las 3:10 de la tarde, del 14 de agosto de 2023, en la intersección de las calles Padre Ayala y Francisco J. Peynado, (Antiguo Mercadito), de San Cristóbal.
Explica que al lugar del siniestro se presentaron los miembros del Cuerpo de Bomberos de San Cristóbal, quienes después de identificar que no estaban ante un incendio provocado por la electricidad, sino, por una sustancia desconocida, lograron determinar que el detonante de dicha explosión fue el químico de nombre Autofina-Luporox A 70S (Peróxido Orgánico 5.2).
Dicho químico es utilizado en las industrias de plástico y caucho para la fabricación y modificación de polímeros, los cuales tienen diversos usos en el quehacer cotidiano.
Este químico potencia el material a diluir, convirtiéndolo en más provechoso para los fines a los que se dedicaba la empresa procesada, señala el expediente.
Precisa que, por la imprudencia de manejar y almacenar en un ambiente cerrado sin acondicionamiento, al lado de residuos de plásticos, combustionó el 14 de agosto de 2023 en la gran explosión que retumbó en la ciudad de San Cristóbal, ya que el gas que circundaba en el lugar producto del peróxido orgánico de años almacenados allí, encontró su punto con la acumulación centrada y desmedida que guardaba dicho local.
En el relato de los hechos, el expediente detalla que la inobservancia de los reglamentos cometida por los procesados empezó a dar señales de alerta el día 18 de marzo de 2023, cinco meses antes del siniestro.
Señala que en la citada fecha cuando trabajadores se encontraban realizando labores de herrería saltó una chispa hacia el área donde se encontraba el almacenaje de plástico, acción que desató una reacción química de denso humo irritante y calor que le ocasionó quemaduras a uno de los empleados.
El amplio documento está sustentado con 128 elementos de pruebas, testimoniales, documentales, periciales y audiovisuales en contra de los acusados por la explosión, caso que fue declarado de tramitación compleja.
Canadiense fue detenido con droga en operativo de la DNCD en Las Terrenas, en Samaná
detención de canadiense en samaná.
Santo Domingo, RD.- Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y miembros del Ministerio Público, en su firme misión de combatir y perseguir el microtráfico de sustancias narcóticas, arrestaron a un hombre de nacionalidad canadiense con cientos de gramos de distintos estupefacientes, durante varias intervenciones realizadas en el municipio de Las Terrenas, provincia de Samaná.
Los equipos operativos, coordinados por fiscales de esa demarcación, llevaron a cabo dos allanamientos en un local tipo garaje y en una residencia ubicada en la calle 27 de febrero de ese municipio. Durante estos operativos, incautaron 608 gramos de presunta cocaína, 502 gramos de marihuana y una porción de una sustancia desconocida, con un peso de 4.1 gramos.
También se incautaron 100 cigarrillos electrónicos llenos de un líquido presumiblemente de marihuana, 300 cartuchos, 200 boquillas, dos baterías para vaporizadores, 63 latas llenas de un fluido desconocido, dos trituradoras, cinco balanzas y un chaleco antibalas.
Asimismo, se incautaron un arma de fuego con cinco cápsulas, 10 cartuchos calibre 12, una selladora, una jeepeta, una motocicleta, una laptop, una caja de papel, cuatro celulares, dinero en pesos y dólares, entre otras evidencias.
Durante la intervención, el canadiense Martin Marleau fue arrestado y será entregado a la jurisdicción correspondiente para ser sometido a la justicia en las próximas horas.
El Ministerio Público y la DNCD están profundizando las investigaciones relacionadas con el caso para determinar si hay otros implicados en esta red de microtráfico, con el fin de apresarlos y someterlos a la justicia.
