CNN —
Apenas unas horas después de que un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) disparara a un sospechoso el mes pasado —hiriendo en el proceso a un miembro del equipo de arresto—, el principal fiscal federal de Los Ángeles exoneró de facto al agente que abrió fuego.
“Aviso importante: Un vehículo es un arma letal”, escribió el primer fiscal adjunto de EE.UU., Bill Essayli, en una publicación en redes sociales. “Usarlo contra las fuerzas del orden justifica el uso de fuerza letal en defensa propia”.
Essayli alegó que el hombre que recibió el disparo había embestido con su automóvil vehículos conducidos por agentes de inmigración que intentaban arrestarlo, “lo que provocó que los agentes temieran por su seguridad” e impulsó a uno de ellos a disparar su arma, hiriendo al hombre e, inadvertidamente, a un alguacil adjunto de Estados Unidos.
Según la normativa, los agentes de inmigración pueden usar fuerza letal contra alguien que represente una amenaza inminente de muerte o lesiones corporales graves.
Sin embargo, históricamente, las agencias federales de aplicación de la ley han dedicado semanas o incluso meses a realizar investigaciones exhaustivas antes de decidir si el uso de la fuerza por parte de un agente fue apropiado.
Pero tras los recientes casos de uso excesivo de la fuerza que han acaparado la atención pública, los funcionarios federales se han apresurado a defender con vehemencia a los agentes de inmigración, lo que plantea dudas sobre si los mecanismos previamente establecidos para responsabilizar a las fuerzas del orden por sus malas acciones han sido prácticamente abandonados durante el segundo mandato del presidente Donald Trump.
La administración ha argumentado que los agentes son inmunes a ser procesados por funcionarios estatales o locales.
Y cualquier procesamiento federal parece improbable debido a la designación por parte de Trump de personas afines a su ideología política al frente del Departamento de Justicia y el FBI, las agencias tradicionalmente encargadas de investigar y procesar las presuntas violaciones de derechos civiles cometidas por las fuerzas del orden.
Y dado que muchos agentes de inmigración normalmente no usan cámaras corporales —un punto de controversia que en ocasiones ha generado fuertes fricciones entre los propios agentes—, a menudo ha habido escasa capacidad para verificar versiones contradictorias tras incidentes de uso de la fuerza.
“Si solo se trata de la palabra del agente de ICE contra la de otra persona, se acabó el asunto”, dijo una fuente policial federal. “A menos que sea algo extremadamente grave y esté grabado en video, son prácticamente intocables”.
En agosto, el propio Trump dio luz verde a las fuerzas del orden estadounidenses para usar una fuerza desproporcionada a la gravedad de las circunstancias.
Al anunciar la intervención federal en el Departamento de Policía Metropolitana de Washington, el presidente lamentó las imágenes que, según él, había visto, en las que manifestantes escupían a los agentes.
“Les dije: ‘Díganles: “Si escupen, les pegamos”’, y pueden pegar muy fuerte”, dijo Trump . “Y ahí están, con la gente escupiéndoles en la cara, y no pueden hacer nada”.
“Pero ahora”, añadió, “tienen permiso para hacer lo que les dé la gana”.
Según fuentes internas del Departamento de Justicia consultadas por CNN, se está enviando una señal similar de impunidad a los agentes de ICE y otras agencias federales que colaboran en la represión inmigratoria de Trump.
A muchos les preocupa que el Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Nacional estén cada vez menos dispuestos a examinar objetivamente las acciones de los agentes y a garantizar su estricto apego a la Constitución.
Tras la reciente purga de empleados de carrera del Departamento de Justicia, las fuentes también temen que los fiscales federales responsables de evaluar la conducta de los agentes opten por no investigar incidentes cuestionables por temor a contravenir las prioridades políticas de Trump.
“No hay ninguna posibilidad de que un agente (de inmigración) sea acusado penalmente con esta administración”, declaró un abogado de alto rango del Departamento de Justicia que no estaba autorizado a hablar públicamente.
Si bien el Departamento de Justicia ha defendido enérgicamente las acciones de los agentes de inmigración, funcionarios estatales y locales de algunas jurisdicciones han respondido, amenazando con encontrar formas de responsabilizar a los agentes federales acusados de irregularidades.
“Nuestras autoridades estatales y locales pueden arrestar a los agentes federales si infringen la ley de California”, manifestó la representante demócrata Nancy Pelosi en un comunicado el mes pasado, antes de que Trump cancelara el despliegue previsto de agentes de inmigración a su distrito de San Francisco.
La expresidenta de la Cámara de Representantes recibió el respaldo de la fiscal de distrito local, Brooke Jenkins, quien declaró en redes sociales: “Si un agente federal infringe la ley, debe rendir cuentas”.
Chicago ha sido otro punto álgido, donde los enfrentamientos entre agentes y el público han provocado numerosas denuncias de uso excesivo de la fuerza.
Un pastor presbiteriano declaró que estaba orando frente a un centro de detención de ICE en las afueras de la ciudad durante las manifestaciones del mes pasado cuando fue alcanzado en la cabeza por balas de pimienta.
La subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, afirmó que los manifestantes habían bloqueado la salida de un vehículo de ICE del centro y arrojado piedras, botellas y fuegos artificiales contra los agentes; una afirmación que el pastor negó.
Los agentes de la Patrulla Fronteriza también han sido objeto de escrutinio en Chicago después de que unos mensajes de texto parecieran mostrar a uno de ellos alardeando de su puntería tras disparar a un conductor acusado de embestir su vehículo cinco veces.
Fuera de la ciudad, el alcalde del suburbio de Evanston anunció dos investigaciones después de que se grabara a agentes federales golpeando a una persona durante un arresto.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) declaró que los agentes realizaban un operativo de control migratorio cuando otro vehículo chocó contra el suyo, y que una multitud hostil se congregó alrededor de los funcionarios.
Los empleados municipales estaban “analizando las opciones, incluyendo acudir a la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia o posiblemente comunicarse con el fiscal estatal para determinar la manera correcta de exigir justicia para nuestros residentes que fueron agredidos”, manifestó el alcalde Daniel Biss, demócrata que se postula para el Congreso.
En respuesta a la actividad federal en su estado, el gobernador de Illinois, JB Pritzker, demócrata, firmó un decreto para establecer la Comisión de Rendición de Cuentas de Illinois con el fin de “crear un registro detallado” de las acciones de los agentes.
Al hacerlo, el gobernador afirmó que el Gobierno federal estaba “extralimitándose en sus funciones”.
“Una vez que todo esto termine, creo que habrá personas de buena fe que revisarán lo que la Comisión ha registrado y exigirán respuestas y rendición de cuentas”, dijo Pritzker.
El jefe de policía de Durango, Colorado, ha pedido a las autoridades estatales que investiguen un incidente ocurrido el mes pasado en el que se ve en un video a un agente federal aparentemente sujetando por el cuello a una manifestante que lo había confrontado y empujándola por un terraplén.
No se han presentado cargos conocidos contra la manifestante, quien declaró a The Colorado Sun que el encuentro le dejó dolor de cabeza, espalda y cuello.
“Parecía un uso de la fuerza fuera de protocolo y posiblemente ilegal”, comentó el jefe Brice Current a The New York Times.
La Oficina de Investigación de Colorado examinará si se cometieron violaciones a la ley penal estatal durante el incidente.
Al igual que en otros estados, la ley de Colorado exige que el uso de la fuerza por parte de los agentes del orden sea razonable y apropiado a la situación particular.
Las amenazas de posibles enjuiciamientos por parte de funcionarios estatales y locales han provocado la ira de los designados políticos de Trump.
“El Departamento de Justicia considera que cualquier arresto de agentes y funcionarios federales en el desempeño de sus funciones oficiales es ilegal e inútil”, escribió el subsecretario de Justicia adjunto de Estados Unidos, Todd Blanche, en X.
El subsecretario general de la Casa Blanca, Stephen Miller, se hizo eco de esto, dirigiéndose directamente a los agentes federales en Fox News: “Ustedes tienen inmunidad federal en el desempeño de sus funciones. Y cualquiera que les ponga la mano encima, intente detenerlos u obstruirlos está cometiendo un delito grave”.
Sin embargo, los expertos legales afirman que la alegación de inmunidad absoluta de Miller es dudosa.
El derecho penal estadounidense permite el enjuiciamiento de agentes federales y locales que violen los derechos civiles de una persona, incluso mediante el uso excesivo de la fuerza.
“Es cierto que los agentes federales gozan de una protección sumamente amplia cuando desempeñan sus funciones oficiales”, afirmó Elliot Williams, analista legal de CNN y exfiscal federal. “Pero es absurdo sugerir que un agente federal que infringe la ley estatal o federal no pueda ser responsabilizado por ello”.
Los expertos también señalan que el Departamento de Justicia no está atado de manos para controlar a los agentes federales, sino que ahora carece de la voluntad para hacerlo.
“Para que quede claro, es manifiestamente erróneo”, escribió Steve Vladeck, analista legal de CNN y profesor del Centro de Derecho de la Universidad de Georgetown, en su boletín informativo “One First”, refiriéndose a los comentarios de Miller.
El Gobierno federal conserva la facultad de procesar a funcionarios federales, escribió Vladeck, incluso si la administración Trump “no tiene ningún interés” en hacerlo.
En cuanto a los estados, Vladeck afirmó: “Puede haber razones políticas por las que los fiscales locales o estatales sean reacios a presentar este tipo de casos. Pero… la ley pertinente es mucho más permisiva en lo que respecta a la capacidad de exigir responsabilidades a los agentes federales de lo que Stephen Miller quiere hacer creer”.
Aunque han surgido numerosos videos virales grabados por testigos que muestran tensos encuentros entre agentes de inmigración y miembros del público, una herramienta fundamental que se utiliza a menudo para identificar posibles irregularidades por parte de los agentes de policía no se usa ampliamente en el ámbito de la inmigración: las cámaras corporales.
El tema de las cámaras corporales ha provocado en ocasiones fricciones entre los agentes de inmigración y los agentes del FBI asignados para ayudar en las labores de control, según informaron previamente a CNN dos fuentes policiales familiarizadas con la situación.
Si bien los agentes del FBI han usado cámaras corporales durante operativos conjuntos de arresto según la política de su agencia, algunos agentes de inmigración que no llevan cámaras corporales han expresado su preocupación a sus colegas por la posibilidad de que sus tácticas sean grabadas, según fuentes.
Durante un acalorado intercambio, los agentes de inmigración que no querían ser grabados por las cámaras corporales se negaron a invitar a agentes del FBI a participar en una operación de arresto, según indicó una de las fuentes.
En Chicago, la jueza federal Sara Ellis ordenó que los agentes usen cámaras corporales durante los enfrentamientos, una decisión que la administración Trump está apelando.
Ellis expresó su frustración durante una audiencia la semana pasada, indicando que creía que los funcionarios del Gobierno estaban dando información engañosa sobre las preocupaciones de seguridad relacionadas con las protestas en un centro de detención del ICE y las redadas migratorias en la ciudad.
Funcionarios del Gobierno de Trump han insistido en que los agentes federales se enfrentan a niveles de ataque sin precedentes. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) afirma haber observado un aumento del 1.000 % en las agresiones contra agentes de ICE.
Aunque se han documentado casos de violencia dirigida contra funcionarios de inmigración, los expertos legales afirman que debe existir una distinción entre las acciones que realizan en defensa propia y las tácticas agresivas y cuestionables que los agentes han utilizado contra manifestantes y sospechosos.
“Si los agentes llegan a creer que tienen inmunidad total hagan lo que hagan, o que los ciudadanos no tienen derecho a grabarlos, es más probable que tomen medidas informales agresivas, como confiscar teléfonos o detener a periodistas con cargos de obstrucción (que tal vez luego se retiren discretamente)”, escribió Walter Olson, investigador legal sénior del Instituto Cato, de tendencia libertaria.
Lo que está en juego, dijo, es un posible cambio de cultura entre los funcionarios de inmigración, que ahora podrían creer que no pueden equivocarse.
“Si los agentes reciben un mensaje persistente de sus superiores de ‘son inmunes sin importar lo que hagan’”, sostiene Olson, “nos corresponde al resto de nosotros hacerles ver ese error”.
Con información de Andy Rose, Bill Kirkos y Eric Levenson, de CNN.
![[object HTMLTextAreaElement]](https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/15/la-j-d37c443e.jpg)
EFE
