En la comuna de Petit-Goâve, en el sur de Haití, las calles están inundadas tras el desbordamiento del río La Digue, a causa de las lluvias provocadas por el huracán Melissa a su paso por el Caribe, una riada que dejó al menos veinte personas muertas, la mitad de ellas niños, y diez desaparecidos.

“Un árbol cayó sobre mí“, explicó a EFE Willyo Bontang, de 64 años, quien se permanece con un pie fracturado en un hospital de la zona.

Una persona recoge agua del suelo para bajar el nivel del agua, después de que las inundaciones provocadas por las bandas exteriores del huracán Melissa causaran la muerte de varias personas, en Petit Goave, Haití, el 29 de octubre de 2025. REUTERS/Egeder Pq Fildor

Es uno de los al menos diez heridos que dejó el desbordamiento del río que atraviesa esta localidad.

Bontang está en una de las camillas con un pie vendado, y a su lado se encuentran otros heridos.

Personas permanecen en una calle tras las inundaciones provocadas por las bandas exteriores del huracán Melissa, que causaron la muerte de varias personas, en Petit Goave, Haití, el 29 de octubre de 2025. REUTERS/Egeder Pq Fildor

En el exterior, la gente camina en medio de la oscuridad entre las calles anegadas de Petit-Goâve, según presenció EFE.

Esta tarde, el director general de Protección Civil del país, Emmanuel Pierre, anunció que las tareas de búsqueda de los desaparecidos continuarán.

Personas esperan junto a sus seres queridos en un hospital, después de que las inundaciones provocadas por las bandas exteriores del huracán Melissa causaran la muerte de varias personas, en Petit Goave, Haití, el 29 de octubre de 2025. REUTERS/Egeder Pq Fildor

El primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, expresó su pésame a las familias de las víctimas y garantizó la movilización “total” del Gobierno para atender la situación desencadenada por las lluvias, que “han causado daños particularmente en el Gran Sur y la comuna de Petit-Goâve”.

Según las primeras informaciones de la Dirección General de Protección Civil, el balance provisional sobre lo ocurrido “sigue siendo preocupante”.

Personas caminan por una calle tras las inundaciones provocadas por las bandas exteriores del huracán Melissa, que causaron la muerte de varias personas, en Petit Goave, Haití, 29 de octubre de 2025. REUTERS/Egeder Pq Fildor

También, el presidente del Consejo de Transición de Haití, Laurent-Saint Cyr, expresó su pésame por los fallecidos.

“Es un momento triste para el país. El huracán Melissa ha azotado nuestro país. A los fallecidos (…) se suman importantes daños materiales: casas destruidas, campos inundados, ganado perdido, carreteras cortadas, especialmente en el Gran Sur y en la ciudad de Petit-Goâve”, señaló el mandatario en X.

Una mujer sostiene la mano de un ser querido en un hospital, después de que las inundaciones provocadas por las bandas exteriores del huracán Melissa causaran la muerte de varias personas, en Petit Goave, Haití, el 29 de octubre de 2025. REUTERS/Egeder Pq Fildor

“Mientras seguimos de cerca la evolución de la situación, quiero expresar mi más sincero pésame a todas las familias que han perdido a un ser querido. Tengo un recuerdo especial para los que han fallecido. El huracán Melissa ha traído más lágrimas a una familia que ya estaba sufriendo”, lamentó el dirigente haitiano.

Además, Saint-Cyr anunció que hizo un llamado al Gobierno para que movilice a todos los servicios públicos pertinentes y proporcione recursos a las autoridades locales para hacer frente a esta catástrofe natural.

Personas caminan por una calle tras las inundaciones provocadas por las bandas exteriores del huracán Melissa, que causaron la muerte de varias personas, en Petit Goave, Haití, 29 de octubre de 2025. REUTERS/Egeder Pq Fildor

“Ahora todos los esfuerzos deben centrarse en las operaciones de búsqueda de personas, socorro y ayuda de emergencia a todos nuestros hermanos y hermanas”, indicó.

Y concluyó: “Que Dios proteja a Haití y reconforte a todos sus hijos”.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) predijo para este año una temporada de huracanes más intensa de lo habitual, con entre 13 y 18 tormentas con nombre, de las cuales hasta cinco podrían alcanzar categoría de gran magnitud. Tras un inicio tranquilo, la realidad confirmó el pronóstico. Melissa y otras tormentas similares reflejan que los modelos climáticos ya no son proyecciones hipotéticas, sino descripciones de un presente cada vez más extremo.

(con información de EFE)

Edgar Alves de Andrade, conocido como “Doca”, representa uno de los rostros más elusivos y letales del crimen organizado en Brasil. Su trayectoria, marcada por un ascenso sostenido dentro del Comando Vermelho (CV), lo ha colocado apenas un peldaño por debajo de históricos líderes como Marcinho VP y Fernandinho Beira-Mar, ambos tras las rejas.

Hoy, al frente de innumerables operaciones criminales, “Doca” permanece prófugo y es el más buscado por la policía de Río de Janeiro, cuya mayor operación hasta la fecha, la Operación Contención, fracasó en su intento de capturarlo.

La recompensa por cualquier dato que permita su captura asciende a R$100.000 (unos USD 18.000), una cifra inédita para Brasil.

Según informó el medio local O Globo, “Doca”, nacido en 1970 en Caiçara es mucho más que un nombre en la lista de criminales más buscados. Su ingreso al mundo delictivo se remonta a hace más de dos décadas. En 2007, la policía lo arrestó por portar un arma y traficar drogas en Vila da Penha, zona norte de Río de Janeiro. Por entonces, intentó presentarse como militar, una estrategia que le permitió posteriormente obtener una reducción de condena y recuperar la libertad.

Lejos de alejarse del mundo criminal, regresó con un liderazgo fortalecido. Ocupó posiciones de creciente relevancia dentro del CV, hasta convertirse en una figura central de la facción, con la responsabilidad de gestionar recursos, coordinar operaciones y dictar sentencias internas.

Su ingreso al mundo delictivo se remonta a hace más de dos décadas

El intento más ambicioso de las fuerzas del orden para neutralizar al Comando Vermelho tuvo lugar en los complejos de Alemão y Penha. Denominada Operación Contención, la movilización policial fue la mayor y más sangrienta en la historia reciente de Brasil. “Doca” era el objetivo primordial, pero logró fugarse en medio del caos.

De acuerdo con Víctor Santos, secretario de Seguridad Pública de Río de Janeiro, Del criminal recurrió a tácticas habituales del CV, usando a sicarios y “soldados” como barrera para la policía, ralentizando su avance y asegurando así la huida de los líderes.

El historial delictivo de Doca incluye 176 antecedentes penales por homicidio, tráfico de drogas y tortura, según la policía de Río de Janeiro

El historial de “Doca” es tan voluminoso como alarmante. Hasta 2023, las autoridades contabilizaban 176 antecedentes penales en una lista de 189 páginas. Los registros incluyen delitos como tráfico de drogas, asociación criminal, robo, homicidio, tortura y posesión ilegal de armas.

Entre las atrocidades más destacadas figura su vinculación con el asesinato de tres niños en diciembre de 2020, un episodio de violencia que sacudió a la sociedad brasileña. Los niños, de entre 8 y 12 años, habían discutido con un narcotraficante por un pájaro y, con la venia de Doca, sus agresores los torturaron y asesinaron.

Investigaciones apuntan, además, a su responsabilidad en el asesinato de tres médicos ocurrido en Barra da Tijuca, en octubre de 2023, donde sus órdenes provocaron la ejecución por error de personas inocentes, así como la eliminación de los propios ejecutores al revelarse el fallo.

Doca consolidó su liderazgo en el Comando Vermelho

O Globo notificó que el liderazgo de “Doca” ha revitalizado la estrategia de expansión territorial del Comando Vermelho. Entre 2022 y 2023, la facción aumentó en un 8,4% las zonas bajo su control en la Región Metropolitana de Río, logrando revertir pérdidas ante las milicias. El Comando, actualmente, domina el 51,9% de los territorios controlados por grupos armados en la zona.

Doca no solo ha apostado por la violencia tradicional: investigaciones recientes señalan que bajo su mando la organización incorporó nuevas tecnologías a su arsenal, como drones lanzagranadas desplegados para atacar a las fuerzas policiales durante la Operación Contención. Este modelo de crimen tecnificado complica aún más la labor de un estado ya desbordado por la violencia.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, pidió el miércoles que se combata el crimen organizado de forma que no ponga en peligro a policías ni civiles, tras la megaoperación policial más mortal de Brasil, con al menos 132 fallecidos.

“No podemos aceptar que el crimen organizado continúe destruyendo familias, oprimiendo vecinos y esparciendo drogas y violencia por las ciudades”, afirmó Lula en X.

“Precisamos un trabajo coordinado que alcance a la columna vertebral del tráfico (de drogas, ndlr) sin poner a policías, niños y familias inocentes en riesgo”, añadió.

El letal operativo, que se produjo una semana antes de que Brasil acoja la COP30 en la ciudad amazónica de Belém, tenía como objetivo debilitar el Comando Vermelho, el principal grupo criminal de Río que opera en las favelas.

Las autoridades anunciaron un último balance de esta operación contra el narcotráfico que dejó escenas de guerra en Rio el martes: 119 muertos, de los cuales 115 sospechosos y cuatro policías.

Jair Bolsonaro con el Gobernador del Estado de Río de Janeiro, Claudio Castro, en el Palacio Planalto en Brasilia, Brasil, 4 de octubre de 2022. REUTERS/Adriano Machado

La operación fue un “éxito”, dijo a la prensa el gobernador conservador Cláudio Castro, defendiendo que las únicas víctimas fueron los cuatro policías muertos.

Las autoridades de Río promueven la mano dura contra el “narcoterrorismo”, mientras organizaciones como la ONU criticaron duramente la actuación policial.

El ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, viajó a Río y cerró filas con Castro, con quien se ofreció a “cooperar” para “superar lo más rápidamente esta crisis de seguridad”.

Los cadáveres hallados por los vecinos fueron dispuestos cerca de una de las principales vías del Complejo da Penha, una de las zonas donde tuvo lugar la operación.

“Hay personas ejecutadas, muchas de ellas con un tiro en la nuca, un tiro por la espalda, esto no puede ser considerado seguridad pública”, dijo el vecino y activista Raull Santiago, de 36 años.

“Degollaron a mi hijo, le cortaron el cuello, colgaron (la cabeza) en un árbol como un trofeo”, contó a la AFP fuera de la morgue Raquel Tomas, madre de Iago Ravel, de 19 años, acusando de su muerte a las fuerzas de seguridad.

El martes hubo tiroteos, incendios y enfrentamientos entre las fuerzas del orden y presuntos criminales, que usaron autobuses como barricadas y drones para lanzar “bombas”.

El gobernador Castro negó que la policía hubiese podido matar a inocentes durante esta operación fruto de una investigación de más de un año.

“El conflicto fue en el bosque. No creo que hubiese nadie paseando por el bosque durante un día de conflicto: por eso se puede clasificar tranquilamente” de “criminales” a los fallecidos, dijo este aliado del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro.

“Cualquier error de clasificación, será seguro residual”, agregó.

Por su parte, el juez de la corte suprema de Brasil Alexandre de Moraes pidió explicaciones sobre la actuación policial al gobernador y lo convocó a una audiencia el próximo lunes.

(Con información de AFP) 

29 Oct, 2025 

Alexandre de Moraes, juez del Supremo Tribunal Federal (AP Foto/Eraldo Peres)

El juez Alexandre de Moraes, magistrado del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, ordenó este miércoles que el gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, comparezca el próximo 3 de noviembre para proporcionar explicaciones sobre la reciente operación policial dirigida contra una de las principales organizaciones criminales del país, el Comando Vermelho.

La intervención policial, ejecutada en los barrios pobres de Alemão y Penha, ha dejado según distintas fuentes entre 119 y 132 víctimas mortales, convirtiéndose en la redada más letal registrada en la historia reciente de Brasil. El balance de los hechos, así como la respuesta institucional y social, han generado intensa preocupación tanto a nivel nacional como internacional por el uso de la fuerza, el respeto a los derechos humanos y la transparencia de los procedimientos aplicados.

La audiencia, que tendrá lugar en Río de Janeiro, fue programada para analizar los pormenores de la llamada “Operación Contención”, incluyendo el nivel de fuerza empleada, el número de efectivos implicados, el informe detallado de víctimas, así como las medidas adoptadas para asistir a quienes resultaron afectados, según detalló Agencia Brasil

Este requerimiento se enmarca en una sentencia previa del STF, que estableció reglas estrictas para las redadas policiales en las favelas, con la meta de prevenir violaciones a los derechos humanos durante operativos de este tipo. El STF busca determinar con exactitud si el gobierno estatal cumplió con los protocolos y si la intervención se ajustó a las directrices dictadas por el tribunal.

Imagen de archivo del gobernador del estado de Río de Janeiro, Claudio Castro, junto a Jair Bolsonaro en el Palacio del Planalto el 4 de octubre de 2022 (REUTERS/Adriano Machado)

La Defensoría Pública de Río de Janeiro contabilizó, a lo largo de la jornada, al menos 132 fallecidos como resultado del operativo de gran escala, cifra que incluye a civiles y, entre ellos, a cuatro agentes policiales. Por otro lado, la Policía del estado mantiene su estimación en 119 muertos y ha informado de 113 personas detenidas, entre quienes figuran 10 adolescentes. También se confiscaron 91 fusiles y una cantidad no especificada de drogas, de acuerdo con declaraciones del gobernador Castro. Hasta el momento, ni la cantidad ni el tipo de sustancias decomisadas han sido precisados de manera oficial.

De acuerdo con el magistrado De Moraes, el pedido de esclarecimientos abarca tanto el número oficial de muertos y heridos como los procedimientos desplegados durante la redada y la asistencia prestada a las víctimas. La decisión del STF se alinea con una creciente preocupación sobre el cumplimiento de normas internacionales de derechos humanos.

El secretario general de la ONU, António Guterres, transmitió a través de su portavoz, Stéphane Dujarric, su “profunda preocupación por el elevado número de víctimas mortales ocurridas ayer durante el operativo policial en las favelas” y recordó que “el uso de la fuerza en los operativos policiales debe ajustarse al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y a las normas internacionales”. Además, instó a las autoridades brasileñas a iniciar una investigación inmediata sobre lo sucedido.

Esta operación superó el récord de letalidad establecido por la masacre de Carandiru en 1992, en la que hubo 111 muertos. Las intervenciones más violentas en favelas de Río de Janeiro ocurrieron en 2021 y 2022, en las comunidades de Jacarezinho y Vila Cruzeiro, con 28 y 25 muertos respectivamente; todas durante la administración de Castro.

Vecinos alinearon cadáveres en la plaza Sao Lucas de la favela Vila Cruzeiro, en el complejo Penha de Río de Janeiro, Brasil, el 29 de octubre de 2025, tras la Operação Contenção (Operación Contención) (Foto de Pablo PORCIUNCULA / AFP)

El principal objetivo del reciente operativo era debilitar al Comando Vermelho, grupo delictivo que se expandió notablemente en la última década y cuya influencia ha desplazado a las milicias parapoliciales en territorios de la ciudad, según fuentes oficiales. Las fuerzas de seguridad ingresaron en los complejos de favelas de Alemão y Penha —considerados bastiones del grupo— para ejecutar detenciones y desmantelar infraestructuras criminales. Entre los detenidos, los medios locales apuntan que uno sería Thiago “Belão” do Nascimento Mendes, señalado como colaborador cercano de “Doca” Alves de Andrade, supuesto líder regional del Comando Vermelho, aunque este último logró escapar.

Sin embargo, aún resta identificar a la mayoría de los fallecidos y detenidos, lo que impide conocer en qué medida la organización ha sufrido daños en su estructura jerárquica. La opacidad en la divulgación de identidades ha sido objeto de cuestionamientos por parte de la sociedad civil y de organismos de derechos humanos, que también denunciaron la supuesta existencia de “ejecuciones” sumarísimas durante la intervención.

El ministro de Justicia de Brasil, Ricardo Lewandowski, puso en duda la legalidad de la acción policial y afirmó que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva se mostró “aterrado” por el elevado número de víctimas y “sorprendido” ante la ausencia de comunicación previa sobre el operativo, ejecutado íntegramente bajo la órbita del gobierno estadual encabezado por Castro, aliado del ex presidente Jair Bolsonaro. Lewandowski reiteró que la administración federal no fue informada hasta después de los hechos.

La preocupación por eventuales desbordes de violencia subsiste en la población de Río de Janeiro mientras se espera la apertura de la investigación judicial y la eventual definición de responsabilidades. Vecinos de las comunidades afectadas y la fiscalía brasileña reclaman mayor transparencia para esclarecer si el despliegue policial se ajustó a las normativas nacionales e internacionales. La crisis expone el conflicto entre la seguridad ciudadana y los límites legales para las intervenciones estatales, con repercusiones que alcanzan tanto a los derechos fundamentales como a las políticas públicas de seguridad en Brasil.

(Con información de AFP, EFE y EP)