
SANTO DOMINGO. – El Servicio Nacional de Salud (SNS) de República Dominicana informó sobre la reducción en los servicios médicos que solicitan inmigrantes haitianos, tras la ejecución del nuevo protocolo de atención a extranjeros.
Su director, Mario Lama, informó que tras el inicio el 21 de abril pasado de la verificación de la situación migratoria en 33 hospitales de la Red Pública hay una baja significativa en la atención a esas personas.
Al comparar los datos correspondientes a enero y mayo de 2025, la disminución en todas las áreas de cuidado es notable, en algunos casos hasta en más de un 67 %.
De 7,904 partos efectuados en enero, 38 % correspondieron a haitianas; mientras que, de 4,785 realizados en mayo, solo el 17.7% fueron de gestantes de esa nación vecina.
CONSULTAS Y EMERGENCIAS
Las consultas a ciudadanos haitianos decrecieron de 44,191 en enero a 14,426 en mayo de este año, para una reducción de un 67.36 %.
También las emergencias registran una baja de 41,044 a 13,631, para un 66.79 %, y las cirugías fueron 3,079 en enero y 1,329 en mayo de este año, para una baja de 56.84 %.
En enero fueron internados 5,440 haitianos, frente a 1,972 en mayo, para un declive de 63.75 % en la prestación de este servicio.
Igual los estudios de imágenes cayeron de 24,990 a 14,484, un 42.04 % menos, y las pruebas de laboratorio pasaron de 173,910 a 60,764, para un significativo 65.06 % de reducción.
REDUCCIÓN GASTO ESTATAL EN SALUD
Esta baja conlleva a una reducción directa del gasto estatal en salud destinado a extranjeros sin documentos, lo que permite enfocar mejor los recursos hacia las necesidades de la población dominicana.
Condenan a 15 personas por tráfico migrantes haitianos
MONTECRISTI, República Dominicana.- El Tribunal Colegiado de esta provincia condenó a 15 y 10 años de prisión a 15 personas de una red de tráfico de indocumentados.
Entre los senteciados a 15 años figuran los exmilitares Rafael Zabala Peña, Javier José Dolores Hernández Merejildo, Julio César Pujols Montero y Rafael Contreras Arno, quienes, según la acusación «utilizaron su investidura para facilitar y permitir, con dolo y omisión, el paso irregular de haitianos hacia territorio dominicano».
Por el mismo delito fueron condenados a 10 años de cárcel los civiles Eddy Rafael Cordero Villanueva y Osiris Rafael Estévez Fortuna, quienes organizaban el cruce ilegal de migrantes.
La misma condena le fue impuesta a Edna Josep, de nacionalidad haitiana, quien alojaba y ocultaba a los migrantes.
Asimismo, fueron condenados a cinco años de prisión los transportistas Santo Valerio Contreras (Santico), Anelby Susaña Guzmán (Chichi), Hilario Antonio Gómez Paúl, Jesús María Cerda, Elbio José Castillo Martínez (Soco), Aquilino Sosa Fernández, Expedito Rodríguez (Bobole) y Anelsy Escarlex Cordero Núñez, Quienes movilizaban a los indocumentados.
Autoridades imputan a dos traficantes de migrantes irregulares

Panorama Justicia. En atención a la solicitud del Ministerio Público, una jueza impuso una garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida del país a dos hombres imputados de traficar migrantes irregulares, incluyendo a una mujer que falleció producto de las quemaduras que recibió al estrellarse el vehículo en el que el grupo eran transportado.
Los imputados Pedro Luciano Cruz Martínez e Ygnacio Leocadio Espinal Martínez, oriundos de Dajabón, conducían la yipeta marca Ford, modelo Explorer, color gris, en el que traficaban con 15 personas de nacionalidad haitiana y que estrellaron contra una pared en su intento por escapar de miembros del Ejército. Los extranjeros sufrieron quemaduras de primer, segundo y tercer grado en distintas partes del cuerpo.
Los hechos tuvieron lugar en marzo de este año en la calle Principal del sector Capilla en el municipio Villa Bisonó (Navarrete), desde donde huyeron los traficantes luego de desoír el llamado de los miembros del Ejército que vigilan la zona.
Al estrellarse el vehículo, los traficantes huyeron dejando abandonados a los 15 indocumentados, 7 de los cuales sufrieron graves lesiones por quemaduras producidas cuando una de las mangueras de conducción del gas licuado de petróleo (GLP) que sirve de combustible al vehículo, se desprendió con el impacto.
Los miembros del Ejército llamaron de inmediato al Sistema de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, que envió sus ambulancias para prestar atención médica a las personas heridas.
A principios del mes de abril la víctima de tráfico Judithe Nicolas, de 31 años de edad, falleció como consecuencia de las quemaduras de tercer grado que sufrió en distintas partes del cuerpo y que afectaron sus órganos vitales.
Los indocumentados que no sufrieron lesiones fueron remitidos a la Dirección General de Migración (DGM), para los fines de deportación a su país de origen.
El fiscal investigador y director del Departamento de Trata y Tráfico de Personas de la Fiscalía de Santiago, Juan Osvaldo García, cursando minuciosamente la ruta del vehículo utilizado, hurgó en las referencias de registro, y traspasos del vehículo, y logró establecer la identidad de quienes lo rentaron y utilizaron para la comisión del delito.
La Fiscalía, representada en audiencia por el fiscal litigante Elvin Ventura, pudo constatar y mostró evidencias de que los imputados poseen antecedentes en tanto que se desempeñan en estas labores delictivas en su provincia natal, Dajabón.
La medida impuesta por el tribunal, presidido por la jueza Yiberty Polanco, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, consiste en el pago de una garantía económica de $500 mil pesos, por medio de una compañía aseguradora, el impedimento a salir del país y la presentación periódica ante la autoridad competente.
La Fiscalía de Santiago reiteró su firme decisión de perseguir el tráfico ilícito de personas como un delito que lacera sensiblemente los derechos humanos, y que, además, atenta contra la soberanía nacional.
El Ministerio Público presentó contra los imputados cargos provisionales por violación a los artículos 1, Letra F, G y H; artículos 2 y 7, párrafo A, C, D y G, de la Ley 137-03, sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas.