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Maribel Gardea pasó años tratando de convencer a las Escuelas Públicas de San Antonio, Texas, de que su hijo de 14 años, que tiene parálisis cerebral y no habla, necesitaba un dispositivo de control de la mirada en el aula.

Ella participó en muchas reuniones con miembros del personal, incluido el experto en tecnología del distrito, pidiendo el dispositivo que permitiría a su hijo comunicarse a través de los movimientos oculares en lugar de usar un ratón un teclado.

El distrito no quedó convencido hasta que ella invocó la Ley de Educación para Individuos con Discapacidades (IDEA, por sus isglas en inglés), afirmó. Esta ley federal, aplicada por el Departamento de Educación de EE.UU., garantiza la educación pública gratuita para niños con discapacidad y protege los Programas de Educación Individualizados (PEI, por sus siglas en inglés), que se adaptan a sus necesidades específicas.

El año pasado, el distrito finalmente compró el dispositivo Eye Gaze, dijo, y el personal comenzó a trabajar estrechamente con su hijo mientras lo usaba.

El jueves, el presidente Donald Trump firmó un decreto que inicia el proceso de eliminación del Departamento de Educación, una medida que podría tener posibles consecuencias para padres como Gardea.

Si bien cerrar por completo el Departamento requeriría una ley del Congreso, el presidente ordenó a la Secretaria de Educación, Linda McMahon, “tomar todas las medidas necesarias para facilitar el cierre del Departamento de Educación y devolver la autoridad sobre la educación a los estados y las comunidades locales”, se lee en el decreto.

El Departamento de Educación proporciona más de US$ 15.000 millones anualmente para ayudar a atender a 7,4 millones de estudiantes a través de la IDEA.

De izquierda a derecha, el director de la Oficina de Administración y Presupuesto, Russell Vought; la secretaria de Educación, Linda McMahon, y el secretario de Salud y Servicios Humanos de EE. UU., Robert F. Kennedy Jr., aparecen durante una reunión del gabinete, en la Casa Blanca, el 26 de febrero de 2025, en la ciudad de Washington.

Un día después de firmar el decreto, Trump anunció que la Administración de Pequeñas Empresas se haría cargo de la cartera de préstamos estudiantiles del departamento, mientras que el Departamento de Salud y Servicios Humanos se encargaría de los programas de necesidades especiales y nutrición.

A Gardea le preocupa que si el Departamento de Educación cierra, los padres de niños discapacitados perderán fondos federales y la protección y el cumplimiento de sus necesidades educativas.

Es un temor que los padres de niños con necesidades especiales en todo el país han expresado desde que el Departamento de Educación anunció la semana pasada que reduciría su plantilla en casi un 50%. Las reducciones de personal son el primer paso para cerrar la agencia, que tiene 46 años de existencia, según McMahon .

Gardea calificó la decisión de cerrar el Departamento de “desalentadora”.

“Esto realmente dice mucho de nuestro país”, dijo Gardea. “Dice mucho de cómo cuidamos a nuestros niños sin importar su raza, sus limitaciones o discapacidades, y de cómo esto no es una prioridad para nuestro presidente”.

Una barrera para la justicia

Cuando los padres de niños discapacitados no pueden resolver problemas con un distrito escolar o el estado, muchos recurren a presentar quejas ante la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación, dijeron los defensores.

Pero esa división se vio duramente afectada por los despidos, y la administración Trump cerró siete de sus 12 oficinas regionales.

Un empleado, que pidió no ser identificado, dijo a CNN que las medidas “detienen por completo la gran mayoría de los casos que podemos tomar, evaluar e investigar”.

Keri Rodrigues, cofundadora de la Unión Nacional de Padres y madre de cuatro niños con necesidades especiales, dijo que teme que desmantelar el Departamento de Educación y su Oficina de Derechos Civiles signifique que los padres no tengan a dónde recurrir cuando las escuelas no traten a sus hijos de manera justa.

Muchas familias no pueden permitirse contratar un abogado y presentar una demanda en un tribunal federal si sospechan que una escuela está violando la ley, dijo Rodrigues.

Recordó una ocasión en que presentó una queja ante el Departamento de Educación porque su hijo de 6 años, con autismo, era suspendido constantemente de la escuela y el personal ignoraba su Programa de Educación Individualizado. Pero antes de que el Departamento pudiera intervenir, el distrito escolar atendió las preocupaciones de Rodrigues, dijo.

Rodrigues calificó de “completo disparate” el plan de la administración Trump de disolver la oficina federal que investiga las denuncias de discriminación en las escuelas.

Dejarlo en manos de los tribunales retrasará el proceso para llegar a una resolución con las escuelas, dijo.

“Lo que va a pasar es que solo los padres con el privilegio, los recursos y la capacidad de interponer demandas federales podrán obtener justicia para sus hijos”, dijo. “Habrá millones de niños… que estarán en peligro y riesgo como resultado de esto”.

Los manifestantes se reúnen frente a las oficinas del Departamento de Educación de Estados Unidos, en la ciudad de Washington, el 13 de marzo de 2025, para protestar por los despidos masivos y los recortes presupuestarios en la agencia.

Katy Neas, directora ejecutiva de The Arc, una organización que defiende a las personas con discapacidades intelectuales y del desarrollo, dijo que el Departamento de Educación no solo ha ofrecido una supervisión crucial de los distritos escolares, sino que también ha proporcionado recursos a las familias cuando a sus hijos se les niega la educación.

Neas citó un ejemplo de 2018, durante la primera administración de Trump, cuando la agencia determinó que Texas no había evaluado adecuadamente a los estudiantes discapacitados y había limitado ilegalmente el número de estudiantes elegibles para servicios de educación especial.

Profesores preocupados

Neas dijo que el Departamento de Educación también juega un papel en la capacitación de maestros de educación especial y brinda orientación a las escuelas sobre métodos innovadores para enseñar a niños discapacitados.

“Creo que es una pésima idea”, dijo Neas sobre el plan de cerrar la agencia. “La educación es una función fundamental en nuestro país. Y nuestra fuerza laboral depende de estudiantes con educación”.

El Departamento de Educación ayuda a garantizar la igualdad para todos los niños de la escuela independientemente de su raza o discapacidad, dijo David Johns, presidente y director ejecutivo del National Black Justice Collective.

Con la reducción y el cierre inminente de la agencia, más estudiantes “tendrán sus discapacidades sin diagnosticar y, como resultado de eso, no serán atendidas”, dijo.

“Debemos esperar que las garantías que se han brindado a los estudiantes y a las familias ya no existan”, dijo Johns.

El CEO de la Coalición Nacional por la Justicia Negra, David Johns, habla en el escenario durante la Marcha por la Equidad de la NBJC, el 15 de junio de 2024, en la ciudad de Washington.

Dijo que espera que las comunidades religiosas y de derechos civiles puedan unirse para apoyar a las familias discapacitadas cuando los distritos escolares y los estados no les brindan los servicios necesarios.

“Estamos equipados para abrir un camino”, dijo Johns.

Los maestros de educación especial también están preocupados por el impacto que esto tendrá en sus aulas.

Jennifer Graves, maestra de educación especial y vicepresidenta ejecutiva de la Federación de Maestros de New Haven, en Connecticut, dijo que el Departamento de Educación ayuda a financiar muchas adaptaciones especiales para estudiantes discapacitados, como paraprofesionales, tecnología de asistencia y equipos de juegos accesibles para niños en sillas de ruedas.

Graves dijo que los distritos escolares tendrían que compensar la posible pérdida de fondos federales, lo que solo podría retrasar el proceso de hacer llegar los servicios a los estudiantes.

“Los padres se van a frustrar y podríamos ver más problemas legales”, dijo Graves. “Porque los estudiantes no van a recibir los servicios que necesitan en el tiempo adecuado”.

‘El juego ha comenzado’

Kasey Dudley, una madre de Nueva Jersey que tiene un hijo autista en séptimo grado, dijo que cree que la administración Trump está recortando el Departamento de Educación sin darse cuenta del impacto en las familias estadounidenses.

“Escuchen a quienes están en el terreno”, dijo Dudley. “Escuchen a los padres, escuchen a quienes tienen la experiencia de la vida real. Y no se trata de qué lado están, sino de qué es lo mejor para los niños”.

Aun así, los padres le dicen a CNN que a pesar de las amenazas de cerrar una agencia federal crítica, no dejarán de defender a sus hijos.

“Creo que este es el comienzo de una guerra”, dijo Gardea. “Si alguna vez has conocido a una madre con necesidades especiales que lucha por su hijo, es hora de empezar”.

Sunlen Serfaty, de CNN, contribuyó a esta historia.