Un equipo de investigación frenó el intento de arrestar al presidente suspendido Yoon Suk Yeol, debido a la resistencia de los servicios de seguridad que custodian al dirigente.
Las autoridades cancelaron el viernes (3.1.2025) la operación para detener al presidente surcoreano, Yoon Suk-yeol. Estaba previsto su arresto para interrogarlo por haber decretado la ley marcial en el mes de diciembre.
Un portavoz de la Oficina para las Investigaciones de Corrupción de Funcionarios de Alto Rango de Corea del Sur informó a medios que la operación se canceló hacia las 13:30 (hora local), después de que 30 agentes de este organismo y 50 policías se encararan durante unas tres o cuatro horas con el servicio de seguridad presidencial, que se ha negado a facilitar el acceso al interior de la vivienda.
“Obstrucción” para ejecutar la orden
“En cuanto a la ejecución de la orden de arresto hoy, ante el punto muerto persistente, hemos determinado que era virtualmente imposible ejecutar la orden y estábamos preocupados por la seguridad de las personas sobre el terreno, debido a la obstrucción para ejecutarla”, explicó el portavoz en declaraciones que recoge la agencia Yonhap.
El portavoz explicó que se estudiarán ahora otras medidas y añadió que lamentan “profundamente la actitud del sospechoso, que no acató los procedimientos legales”.
Tras superar un primer control militar en el perímetro del recinto, el equipo de agentes del CIO y policía se encaró con el servicio de seguridad presidencial, que se negó a aceptar como válidas las órdenes de arresto temporal y registro obtenidas, después de que Yoon ignorara tres citaciones para declarar en relación a su decisión de decretar la ley marcial el pasado 3 de diciembre.
Amplio contingente policial
Los seguidores del presidente congregados cerca de su residencia, en torno a unos 1.200 según la policía, celebraron la noticia con vítores. La Policía ha desplegado un nutrido contingente que incluye 2.700 agentes sobre el terreno en las cercanías de la residencia presidencial, situada en el barrio de Hannam, en Seúl, para evitar altercados.
Los abogados de Yoon han solicitado una orden judicial para anular la orden de detención, argumentando que solo la Fiscalía puede solicitar ese tipo de arresto, y han insistido en que es “ilegal”.
Yoon, al que se ha prohibido salir del país, fue destituido por el Parlamento el pasado 14 de diciembre y está a la espera de que el Tribunal Constitucional decida de aquí a Junio si lo restituye o lo cesa definitivamente. MS (efe/afp)
Presidente de Corea del Sur será apresado
Yoon, suspendido de sus funciones por una moción de destitución del Parlamento, prometió el miércoles que luchará rodeado de sus simpatizantes “hasta el final”.
Por Agencia AFP
Yoon, suspendido de sus funciones por una moción de destitución del Parlamento, prometió el miércoles que luchará rodeado de sus simpatizantes “hasta el final”.
“La República de Corea está actualmente en peligro debido a fuerzas internas y externas que amenazan su soberanía y a actividades de elementos antiestatales”, escribió en un comunicado distribuido a los manifestantes, según confirmó su abogado a AFP.
Jo Seoung-lae, un diputado del opositor Partido Democrático, calificó el mensaje de Yoon de “muy inapropiado”, considerándolo “delirante” y acusando al dirigente conservador de intentar provocar enfrentamientos.
Es la primera vez que se emite en Corea del Sur una orden de arresto contra un jefe del Estado en ejercicio, ya que Yoon sigue siendo oficialmente el presidente a la espera de que el Tribunal Constitucional confirme su destitución, votada el 14 de diciembre por los diputados.
El dirigente conservador sumió al país en una grave crisis política al declarar por sorpresa una ley marcial en la noche del 3 de diciembre y enviar al ejército a la Asamblea Nacional para imponer su aplicación.
Pero horas más tarde se vio obligado a dar marcha atrás, presionado por la Asamblea y por miles de manifestantes.
Yoon es objeto de varias investigaciones, incluida una por “rebelión”, un delito susceptible de acarrear la pena de muerte, y tiene prohibido abandonar el territorio.
– Importante dispositivo policial –
“Deseamos un proceso tranquilo sin perturbaciones importantes, pero también nos estamos coordinando para movilizar a la policía”, dijo Oh Dong-woon a los reporteros.
Y advirtió que cualquier acción que se oponga a la detención del dirigente suspendido podría acarrear consecuencias penales.
El equipo legal de Yoon aseguró que la orden de arresto es “ilegal e inválida” y presentó un recurso reclamando que sea anulada.
En el exterior de su residencia, decenas de personas corearon e insultaron a la policía y algunas intentaron atravesar el cordón de seguridad e impedir aparcar cerca de la entrada a un autobús de la policía.
Las autoridades surcoreanas ya fracasaron en el pasado en su intento de ejecutar órdenes de arresto contra legisladores –en 2000 y en 2004–, debido a que miembros simpatizantes de sus partidos impidieron la entrada de la policía durante los siete días de validez de la orden.
Por ahora se desconoce cuando será detenido el presidente Yoon.
Sus servicios de seguridad no han cooperado con los investigadores y han impedido que registraran sus dependencias.
– Dos nombramientos al Tribunal Constitucional –
El miércoles, la mayoría de los colaboradores restantes de Yoon, incluido su jefe de gabinete y sus asesores especiales, presentaron sus dimisiones al presidente en funciones, Choi Sang-mok, quienes las rechazó, llamando en su lugar a la unidad.
“Ha llegado el momento de que todos nos unamos en pro de la estabilidad del pueblo y de los asuntos nacionales”, declaró.
Las renuncias eran una señal de protesta por la decisión de Choi de nombrar a dos nuevos jueces al Tribunal Constitucional para estudiar la destitución de Yoon.
Estos nombramientos atendían a una petición de la oposición, pero que el personal de Yoon consideraba que extralimitaba los poderes del líder en funciones.
El presidente Yoon justificó su decisión del 3 de diciembre por la supuesta amenaza de “las fuerzas comunistas de Corea del Norte” y “elementos antiestatales”, acusando a la oposición mayoritaria en la Asamblea de bloquear el país.
El Tribunal Constitucional debe pronunciarse antes de mediados de junio sobre la validez de la moción de destitución adoptada contra él. (Hieun Shin y Cat Barton)
