Migrantes de distintas nacionalidades parten en caravana.
Ciudad Juárez.- Miles de migrantes, en su mayoría venezolanos que salieron de su país por la crisis electoral desatada a finales de julio, partieron ayer en una nueva caravana denominada ‘El Niño’, desde la frontera sur de México, con destino a Estados Unidos.
En la caravana también viajan migrantes de Colombia, Ecuador, Perú, Cuba, Haití, Honduras, Guatemala, Salvador, Nicaragua, entre otras nacionalidades.
El contingente masivo de personas extranjeras solicitó al Gobierno mexicano ayuda humanitaria para la travesía que han emprendido en busca de llegar a la frontera con Estados Unidos.
En el grupo se observan niños y mujeres que caminan y empujan carriolas, bajo una fuerte lluvia que acompaña su recorrido por la carretera federal 200 que los llevará a la Ciudad de México.
Esta es la tercera caravana más grande que ha salido de México durante el Gobierno de Claudia Sheinbaum.
Los migrantes argumentan que su principal motivo de trasladarse caminando es por la falta de empleo y su deseo de ir a Estados Unidos.
La migración ha sido uno de los pilares de la campaña de Trump, quien también ha prometido restablecer otras políticas más restrictivas, como la construcción del muro fronterizo.
SANTO DOMINGO.-Mediante una persecución y labor de inteligencia fue detenido en el sector Piloto en Mao, provincia Valverde, un minibús del transporte público marca Toyota Coaster, color blanco con azul, en el cual eran transportados 13 haitianos en estatus migratorio irregular.
Los haitianos apresados por el Ejército son 9 hombres y 4 mujeres.
También en Valverde fueron entregados a la Dirección General de Migración (DGM), 94 haitianos que se encontraban en situación migratoria irregular, incluyendo 79 hombres y 15 mujeres, los cuales fueron detenidos durante operaciones de interdicción migratoria, realizadas por miembros del ERD en distintos sectores del área de responsabilidad de la 4ta Brigada de Infantería.
Ejército apresa 26 haitianos indocumentados que eran trasladados en 5 motocicletas
DAJABON– Un grupo de 26 haitianos indocumentados fue apresado por miembros del Ejército de República Dominicana cuando eran transportados en 5 motocicletas guiadas por una persona de las denominadas poteas, que se dedican a esa práctica ilegal.
La detención fue realizada durante un operativo en el sector La Aviación de Dajabón, durante el cual fueron sorprendidos por patrullas motorizadas del ERD.
El dominicano que dirigía a los indocumentados fue conducido a la Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de Dajabón para el sometimiento a la justicia. Mientras que las motocicletas utilizadas para el tráfico de los ilegales fueron retenidas y se encuentran bajo custodia en el recinto militar.
Santo Domingo.- Las iglesias evangélicas, los principales líderes del sector laboral, el Colegio de Abogados y la Alianza Dominicana contra la Corrupción (Adocco), coincidieron en manifestar que el retiro del proyecto de reforma fiscal hecho por el presidente Luis Abinader evidencia que prefiere escuchar los diversos sectores y construir acuerdos en lugar de imponer decisiones.
Afirmaron que esta actitud no solo promueve la estabilidad social, sino que también refuerza la confianza en las instituciones democráticas, creando un espacio propicio para el diálogo, la participación ciudadana y el desarrollo colectivo.
Rafael “Pepe” Abreu, presidente de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical, destacó la valentía del Presidente al optar por el diálogo en lugar de imponer su mayoría en el Congreso. “Este enfoque demuestra un profundo respeto por la opinión del pueblo y un deseo genuino de encontrar consenso”, afirmó Abreu.
Gabriel del Río, de la Confederación Autónoma
Sindical Clasista, añadió: “El pacto fiscal es un componente esencial de la Estrategia Nacional de Desarrollo. El presidente Abinader ha mostrado la humildad necesaria para escuchar a la población y que ese pacto refleje el sentir de la mayoría”.
Jacobo Ramos, presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD), destacó la importancia de la decisión del presidente de retirar el proyecto de reforma fiscal. “Aunque esa reforma es una necesidad del país, la decisión del presidente Abinader procura preservar la estabilidad social y continuar promoviendo un clima de paz”, afirmó Ramos.
Julio César de la Rosa Tiburcio, presidente de ADOCCO, agregó que esta acción reafirma el respeto por el Estado democrático. “El presidente Abinader ha demostrado que escucha al pueblo, priorizando sus voces por encima de decisiones unilaterales”, indicó.
De su lado, Trajano Vidal Potentini, presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), resaltó que “la democracia ha prevalecido, pues el Presidente ha respondido a los reclamos del pueblo, optando por el diálogo y la cooperación con todos los sectores de la sociedad”.
En tanto, el presidente del Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (CODUE), pastor Feliciano Lacen, afirmó que esta decisión del Presidente no solo refleja su capacidad de escucha, sino que también abre la puerta a un período de diálogo necesario para alcanzar un pacto fiscal que beneficie a todos los dominicanos.
Santo Domingo RD—Pese a que todavía no ha sido aprobado el proyecto de reforma fiscal que grabaría con 18 por ciento de ITBIS la mayoría de los productos de la canasta básica familiar, rubros de consumo masivo han experimentado alzas en sus precios hasta tres veces en lo que va de este mes.
Con este grito desesperado comerciantes y amas de casa advierten al Gobierno que seguir aumentando el precio de la comida, podría generar una especie de estallido social en el país.
Y es que productos de consumo esencial como el huevo, que se vende a 200 pesos el cartón de 30 unidades, han subido de precio hasta en tres ocasiones en menos de un mes, disminuyendo la calidad en la alimentación de familias cuyos ingresos no han aumentado en décadas.
Al listado de productos que han mantenido una tendencia alcista se suma el arroz, que se comercializa entre 36 y 50 pesos la libra, las habichuelas, que se vende a 65 y 70 pesos la libra, el pollo, que cuesta 65 pesos, la libra de res y de cerdo, que cuestan 180 y 130 pesos, respectivamente, mientras que la libra de ajo se consigue a 250 y la de cebolla a 60.
Entre los rubros que más han subido de precio figurlos vegetales, los que además de caros son de poca calidad.
El alza en el precio de los embutidos también está imparable. En ese sentido, costilla de cerdo pasó de 135 a 140 pesos libra, la chuleta de 87 a 105, el queso criollo de 155 a 180, el Sheddar de 145 a 230 y 240, el Mozarella de 190 230 y la longaniza 60 a 80.
De acuerdo a la propuesta de modernización fiscal sometida al Congreso Nacional, solo el arroz, el pollo, el huevo, la leche, el plátano, la yuca y el pan estarían libres de impuestos.
SANTIAGO.- El Grupo Juvenil Compromiso Estudiantil (CE), respaldado por el partido Justicia Social (JS), logró un triunfo contundente en las elecciones de la Federación de Estudiantes Dominicanos (FED), celebradas en el recinto de Santiago de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).
Según indicó una nota de prensa, el candidato Welington Herrera, de Compromiso Estudiantil, culminó con un impresionante respaldo del 48.25% de los votos válidos sin alianzas, lo que representa 1,043 votos de un total de 2,143 emitidos.
En el marco de las alianzas, la coalición entre Compromiso Estudiantil y el Frente Estudiantil Socialista Democrático (FESD) consolidó aún más su posición dominante al alcanzar un total del 65.14% de los votos, reafirmando su liderazgo en el ámbito estudiantil con 1,396 votos.
El segundo bloque más votado fue la alianza entre Vanguardia Estudiantil Dominicana (VED), Fuerza Juvenil Dominicana (FJD), Frente Estudiantil de Liberación Amin Abel (FELABEL) y Corriente Estudiantil de Avanzada (CREA), que obtuvo el 13.67% de los votos, sumando 293 en total.
Otras alianzas significativas incluyeron a MIEL-UNER y el grupo conformado por JED-MED-GEI-FEFLAS-PE-JUPANA-MIVER-RED-FERP-FEL, cada uno con un 9.66% de los votos, reflejando la diversidad de pensamientos y propuestas dentro del recinto universitario.
Donald Trump ha prometido que, de resultar reelegido presidente, deportará masivamente a aquellos que no tienen permiso para permanecer en Estados Unidos.
Mientras su campaña ha respondido de distintas formas a la pregunta de cuántos podrían terminar siendo expulsados, su compañero de fórmula, el aspirante republicano a vicepresidente JD Vance, dio una cifra concreta durante una entrevista con la cadena de televisión ABC.
“Empecemos con un millón de personas. Ahí fue donde Kamala Harris falló y a partir de ello podemos nosotros comenzar a trabajar”, señaló el senador por el estado de Ohio.
Pero aunque la idea ya forme parte de las propuestas de la plataforma electoral de Trump —bajo el lema “¡Deportaciones masivas, ahora!”—, los expertos advierten que expulsar del país a tantas personas implicaría una serie de desafíos legales e incluso prácticos.
Y los defensores de los migrantes también han advertido sobre el significativo costo humano de las deportaciones, con familias separadas y operativos en comunidades y lugares de trabajo a lo largo y ancho de EE.UU.
¿Cuáles son los desafíos legales?
De acuerdo a las últimas cifras del Departamento de Seguridad Nacional y del instituto de investigación Pew Research, hoy viven en el país unos 11millones demigrantesindocumentados, un número que ha permanecido relativamente estable desde 2005.
La mayoría de ellos son residentes de larga duración: cerca de cuatro de cada cinco de los migrantes indocumentados llevan en el país al menos una década.
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Pie de foto,En el último año se logró la deportación de cerca de 140.000 personas.
Los inmigrantes que están en el país sin un estatus legal tienen derechoaldebidoproceso, incluida una audiencia judicial antes de ser expulsados.
Así que un aumento drástico en las deportaciones pasaría probablemente por expandiranteselsistemadetribunalesdeinmigración, hoy saturado y con retrasos a la hora de resolver los casos.
La mayoría de los inmigrantes que se encuentran en el país no ingresaron en el sistema de deportaciones después de haber sido detenidos por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), sino por la policía local.
Sin embargo, en muchas de las principales ciudades del país se han aprobado leyes que restringen la cooperaciónentrelapolicíayelICE.
La campaña de Trump se ha comprometido a emprender acciones contra esas urbes, llamadas “ciudades santuario”, pero el entramado de leyes locales, estatales y federales en EE.UU. complican la situación.
Kathleen Bush-Joseph, una analista del Instituto de Políticas de Migración con sede en Washington, señala que la cooperación entre agentes del ICE y las autoridades locales sería fundamental para poder llevar a cabo un programa de deportación masiva.
“Es mucho más fácil para el ICE ir a recoger a alguien a la cárcel si las autoridades locales colaboran, en vez de tener que ir a buscarlo a las calles”, señala Bush-Joseph.
Como ejemplo de cuán crucial es este aspecto, Bush-Joseph recuerda las declaraciones de principios de agosto de funcionarios de la Oficina del Alguacil de los condados de Broward y Palm Beach en Florida, cuando aseguraron que no enviarían a ninguno de sus agentes a ayudar en planes de deportaciones en masa.
“Hay muchos otros condados que no van a cooperar con el plan de deportación masiva de Trump. Y eso lo vuelve mucho más difícil”, explica.
Cualquier programa de deportación masiva también tendrá muchas implicaciones legales, especialmente por las demandas que se prevé generará entre las organizaciones defensoras de los derechos humanos.
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Pie de foto,No hay muchas pistas de cómo Trump pretende implementar la deportación masiva de personas indocumentadas.
Sin embargo, un fallo de la Corte Suprema de 2022 estableció que los tribunales no pueden emitir mandatos judiciales sobre las políticas de aplicación de la ley de inmigración, lo que significa que estas continuarían en vigor incluso mientras las impugnaciones se abren paso en el sistema legal.
¿Es factible desde el punto de vista logístico?
Ahora, si el gobierno de EE.UU. lograra avanzar con los pasos legales que posibiliten su plan de deportación masiva, las autoridades todavía tendrían que lidiar con los enormes desafíos logísticos.
Durante el mandato de Joe Biden, los esfuerzos de deportación se han enfocado en los migrantes detenidos en la frontera.
Los que ya estaban en el país y terminan siendo deportados o suelen contar con antecedentes penales o son considerados una “amenaza para la seguridad nacional”.
En 2021 quedaron suspendidas las controvertidas redadas que se llevaron a cabo durante el gobierno de Donald Trump en lugares de trabajo.
Y a diferencia de los detenidos en la frontera, la cifra de deportaciones de personas que fueron arrestadas dentro de EE.UU. ha ido cayendo en la última década hasta situarse por debajo de los 100.000 anuales, después de haber alcanzado su máximo —230.000— durante los primeros años del gobierno de Barack Obama.
“Para multiplicar ese número y que en un solo año se alcance el millón (de deportados) va a necesitar una inversión enorme de recursos que hoy por hoy no parecen existir”, le dice a la BBC Aaron Reichlin-Melnick, director de políticas en el Concejo de Inmigración de EE.UU.
Por una parte, los expertos dudan de que los 20.000 agentes del ICE y el personal de apoyo vayan a ser suficientes para buscar y encontrar incluso una fracción de esa cantidad a la que apunta la campaña de Trump.
Además, Reichlin-Melnick señala que el proceso de deportación es largo y complicado y que la identificación y el arresto de un migrante indocumentado no es más que el inicio.
Después, los detenidos van a tener que estar en un centro de detención o en un programa alternativo, a la espera de comparecer ante un juez de inmigración, y el sistema lleva años acumulando casos sin poder cerrarlos.
Una vez superado ese paso es que se procede a la deportación, lo que también requiere de la cooperación diplomática del país recipiente.
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Pie de foto,La deportación masiva implicaría el aumento de vuelos a países que reciben a las personas deportadas.
“En cada uno de esos pasos, el ICE simplemente no tiene la capacidad de procesar a millones de personas”, señala Reichlin-Melnick.
Trump ha dicho que va a involucrar a la Guardia Nacional y otros cuerpos militares para que asistan en las deportaciones.
Históricamente, las fuerzas militares estadounidenses han tenido un papel limitado, más de apoyo, en la frontera entre México y EE.UU.
Ahora, más allá de apoyarse en los militares y de contar con la ayuda de “cuerpos policiales locales“, Trump ha dado pocas pistas sobre cómo llevaría a cabo su plan de deportación masiva.
En una entrevista con la revista Time, a principios de este año, el expresidente solo dijo que no descarta construir nuevas instalaciones de detención de migrantes y que tomaría medidas para brindar inmunidad procesal a la policía, para blindarla ante posibles demandas de grupos progresistas.
Y añadió que podría haber incentivos para los cuerpos policiales locales y estatales que participen en el plan, y que los que no lo que no lo quieran hacer “no van a participar de los beneficios”.
“Tenemos que hacerlo. No es sostenible para nuestro país”.
La BBC ha intentado contactar al equipo de Trump para obtener más detalles.
Eric Ruark, el director de investigaciones de NumbersUSA —una organización que aboga por controles más estrictos a la inmigración— dijo que cualquier programa de deportación desde el interior del país solo será efectivo si va de la mano de un aumento del personal que controla la frontera.
“Esa tiene que ser la prioridad. Si no lo es, no va a haber un gran progreso en el tema. Es lo que hace que la gente siga llegando hasta la frontera”, apunta.
Y agrega que también es necesaria una ofensiva contra las empresas que contratan inmigrantes indocumentados.
“(Los inmigrantes) están viniendo por el trabajo”, subraya. “Y lo están consiguiendo, básicamente porque la capacidad de vigilar y hacer cumplir la ley ha sido desmantelada”.
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Pie de foto,Se estima que en EE.UU. hay cerca de 11 millones de migrantes indocumentados. Una cifra que permanece estable desde 2005.
El costo político y financiero
Los expertos calculan el costo de mantener un plan como el que propone Trum en unos US$100.000 millones.
El presupuesto de 2023 del ICE para el traslado y deportación fue de US$327 millones, y expulsó del país a cerca de 140.000 personas.
De acuerdo al plan de Trump, miles de personas que están a la espera de sus audiencias de inmigración podrían ser detenidos. La campaña del candidato presidencial republicano ha previsto construir grandes campamentos para albergar a todos ellos.
También se tendrían que multiplicar los vuelos para llevar a cabo las deportaciones, y eso pasaría probablemente por contar con el apoyo de la Fuerza Aérea.
Y lo que está claro es que cualquier aumento en la operatividad de los departamentos correspondientes implica que los costos se disparen.
“Incluso un cambio menor supone decenas de millones de dólares”, explica Reichlin-Melnick.
Además, habrían de sumarse a los gastos de otros esfuerzos de control fronterizo que Trump ha prometido: los de seguir construyendo el muro en la frontera con México, los que implica un bloque naval para evitar que el fentanilo ingrese al país y los generados por el traslado de miles de tropas a la frontera.
Adam Isacson, experto en migración y fronteras de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), dijo que “imágenes espantosas de deportaciones masivas” también podrían tener un costo político para Trump, a nivel de relaciones públicas, si volviera al poder.
“Cada comunidad de Estados Unidos vería a personas que conoce y ama siendo subidas a esos autobuses”, explica.
“Habría imágenes muy dolorosas de niños llorando, de familias, en la televisión. Todo eso es muy mala prensa. Es lo que ya vimos con la política de separación familiar, pero amplificado”, remata.
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Pie de foto,Actualmente los esfuerzos de control de la migración ocurren principalmente en la frontera sur de EE.UU.
¿Ha habido deportaciones masivas antes?
En los cuatro años en los que Trump ocupó la Casa Blanca, se deportaron alrededor de 1,5 millones de personas, tanto desde la frontera como del interior del país.
La administración Biden, que había deportado a alrededor de 1,1 millón de personas hasta febrero de 2024, está en camino de igualar esa cifra, según muestran las estadísticas.
Durante los dos mandatos de Obama, cuando Biden era vicepresidente, más de tres millones de personas fueron deportadas, lo que llevó a algunos defensores de la reforma migratoria a apodar “el deportador en jefe” al entonces presidente.
Pero el único programa comparable con el que propone Trump sería quiza el que se llevó a cabo en 1954 en el marco de la llamada “Operación espaldas mojadas” (Operation Wetback), bautizada así por un insulto común que se usaba en aquel entonces contra los mexicanos, y que supuso la deportación de 1,3 millones de personas.
Aunque hay historiadores que ponen en duda la cifra.
El plan, aprobado bajo la presidencia de Dwight Eisenhower, se topó con una considerable oposición pública —en parte porque también se deportaba a algunos ciudadanos estadounidenses—, así como con la falta de financiación.
En 1955 se suspendió.
Los expertos en inmigración dicen que, el hecho de que se centró en personas originarias de México y la falta del debido proceso hacen que aquella operación no se pueda comparar con un programa de deportación masiva actual.
“Los deportados eran hombres solteros, mexicanos”, señala Bush-Joseph.
“Ahora, la gran mayoría de los que cruzan la frontera por zonas entre puertos de entrada no son originarias de México, ni siquiera de la parte norte de Centroamérica. Y eso hace que sea mucho más difícil deportarlos”, añade.
