Los bombardeos israelíes en la Franja de Gaza han dejado en las últimas horas al menos 62 muertos y 91 heridos, según las cifras publicadas este jueves (04.04.2024) por el Ministerio de Salud gazatí, controlado por el grupo terrorista palestino Hamás.
Así, la cifra total de muertos llega ya a 33.037 y la de heridos a 75.668, la mayoría de los cuales son niños y mujeres, tras casi seis meses de ofensiva israelí en el enclave palestino.
Además, se estima que al menos 8.000 personas siguen bajo los escombros, donde los equipos de rescate no pueden llegar por la intensidad de los bombardeos o porque no pueden localizarlos.
Por su parte, el ejército de Israel reportó este jueves que sus tropas “eliminaron” con sus aviones de combate una “célula terrorista” que operaba en el centro de Gaza.
Sus operaciones también siguen en el área de Al Amal, en Jan Yunis, en el sur de la Franja, donde aseguran que localizaron nuevas armas y que otros presuntos combatientes fueron también “eliminados”, según un comunicado castrense.
Asimismo, el ejército indicó que sus fuerzas lograron este miércoles atacar lanzadores e infraestructuras desde donde los milicianos islamistas realizaron numerosos lanzamientos de proyectiles en las últimas horas contra las comunidades del sur del país cercanas a la Franja de Gaza.
El periodo de postulaciones para los comicios presidenciales del 28 de julio, en Venezuela, se cerró el último martes (26.03.2024) a las 00:00 hora local, pero la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), principal coalición opositora del país, denunció que el Consejo Nacional Electoral (CNE) le impidió inscribir una candidatura al negarle el acceso al sistema y sin darle una explicación.
La PUD intentó registrar la candidatura de la historiadora Corina Yoris a las elecciones, respaldada por María Corina Machado, luego de que Machado quedara inhabilitada para competir por cargos públicos en estos y otros comicios hasta 2036. “Lo que advertimos durante muchos meses terminó ocurriendo: el régimen escogió a sus candidatos”, dijo Machado durante una rueda de prensa.
Al respecto, el Gobierno alemán se pronunció este jueves y expresó su preocupación. “Si fueran ciertas las acusaciones de que a la señora Yoris se le impidió deliberadamente registrarse, esto estaría en clara contradicción con el acuerdo firmado en 2023″, dijo en una rueda de prensa Christian Wagner, portavoz adjunto de Exteriores del Gobierno alemán.
“Venezuela sufre una prolongada crisis social y política y es por eso que unas elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y creíbles son la clave para un futuro pacífico y democrático para resolver la situación”, insistió.
La preocupación de Berlín y lo dicho por Machado es compartido por un representante de la fundación alemana Friedrich Ebert Stiftung (FES), cercana al Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD), en el país caribeño, que prefiere no dar su nombre. “No lo hacen directamente, pero es claro que se han elegido a candidatos que quería este Gobierno. Los resultados que tendrán ahora con estos candidatos les sirven”, afirma en entrevista con DW.
Las opositoras María Corina Machado (izq.) junto a Corina Yoris.Imagen: Pedro Rances Mattey/Anadolu/picture alliance
El importante apoyo de Machado
Al menos, saluda el experto de la FES, esta vez podrán participar partidos de la oposición, a diferencia de las anteriores elecciones. “La gran pregunta ahora es si los de la oposición lograrán unirse y apoyar a un candidato. Lo que hicieron en las primarias de octubre de 2023 fue bastante bueno porque unir a la oposición siempre ha sido un problema”, recuerda.
El opositor que sí logró inscribir su candidatura a última hora fue Manuel Rosales, actual gobernador del estado de Zulia. Rosales fue postulado por el partido Fuerza Vecinal (VC), pese a liderar la formación antichavista Un nuevo Tiempo (UNT), que pertenece a la coalición de la PUD. Sin embargo, hasta el momento, Machado ha evitado pronunciarse sobre un eventual apoyo a Rosales, con quien ya suman 13 candidatos en la contienda electoral.
Tras la inhabilitación de Machado, a quien el Gobierno de Maduro veía como una amenaza por su favoritismo en las encuestas, todavía hay alguna posibilidad para un candidato que sea respaldado por Machado, cree el representante de la FES: “Pero si ella apoya a Rosales, algo que no creo que pase, Caracas no lo va a dejar participar, lo van a inhabilitar o encontrarán alguna otra razón para dejarlo fuera”, explica, recordando que hasta el 20 de abril las candidaturas pueden ser modificadas.
Según diversos analistas, Rosales es el candidato “más potable” para Maduro, puesto que su imagen divide a la oposición porque el político mantuvo contactos con el Gobierno chavista en los últimos meses.
“Es bastante querido en Zulia, pero no creo que en el resto del país sea igual, conozco a mucha gente que no le gusta para nada Rosales, pero dicen que votarían por cualquiera con tal de ya no tener a Maduro como presidente”, asegura el experto del organismo alemán. De todos modos, “al final no veo mucha esperanza para la oposición, está claro que al final va a ganar Maduro”, añade.
Manuel Rosales (centro), gobernador del Estado de Zulia, junto a las políticas opositoras regionales.Imagen: ose I.B. Urrutia/Eyepix/aal/IMAGO
“Reconstruir la democracia desde el nivel local”
El portavoz del Gobierno alemán, Wagner, mencionó ayer ante los periodistas que queda bastante claro que para la celebración de elecciones libres y justas, éstas se deben llevar a cabo en condiciones adecuadas, algo que acordó el Gobierno de Maduro y la oposición en el llamado Acuerdo de Barbados: “Vemos ahora con preocupación que hay retrocesos en la implementación de este acuerdo”, lamentó.
En el acuerdo firmado el 17 de octubre de 2023 entre representantes del gobierno y los partidos de oposición de Venezuela en Bridgetown, Barbados, se suscribió la promoción de los derechos políticos y las garantías electorales para este proceso electoral presidencial de 2024.
El representante de la FES en Caracas reitera que está claro lo que ocurrirá en las elecciones presidenciales, pero ve mejores posibilidades para la oposición en las elecciones regionales y parlamentarias del próximo año. “En el nivel local y regional veo que la oposición tiene mejores chances. Creo que el futuro de la democracia en Venezuela depende mucho del nivel local, ahí yo veo esperanza. Creo que hay que reconstruir la democracia desde ese nivel”, subraya.
El director general de Presupuesto, José Rijo Presbot, respondió este jueves la denuncia hecha por el delegado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) ante la Junta Central Electoral (JCE), Danilo Díaz, consistente en que el Gobierno «juega con trampa» al no querer entregar los recursos económicos que necesitan las organizaciones políticas para participar en las elecciones del próximo 19 de mayo, tal y como lo establece el artículo 224 de la Ley 20-23 de Régimen Electoral.
Rijo Presbot sostuvo que desde el Estado «no hay esa intención», por lo que recomendó a la oposición presentar una modificación a la Ley Núm. 80-23 de Presupuesto General del Estado «para que se consigne una partida mayor» de los fondos en un año electoral.
«Esto es un problema de la ley. Deberían de plantear una modificación a la ley de presupuesto para que se consigne una partida mayor, especificando de dónde van a salir los ingresos para ese incremento… En el Gobierno no hay esa intención», manifestó el funcionario, y agregó que «la costumbre, uso y disponibilidad de ingreso, era disminuir todo los porcentajes fijos como se ha hecho todos los años, porque es un problema de ley».
Añadió que los paridos opositores deben ser consiente de que el Gobierno realiza la distribución del Presupuesto de Nación «en función de la disponibilidad».
«La Ley de Presupuesto es especial, y se aplica a partir de la aprobación del Congreso, es decir, que el dueño de la ley no es el Poder Ejecutivo. Si hay algo que nosotros hemos tratado de romper, era la opacidad que aquí había con los presupuestos.», expresó.
Además, dijo: «Me da lástima que gente que pasó por el Congreso, que ha estado en la formulación de presupuesto, hoy en día ataquen lo que nunca hicieron».
Las declaraciones del director de Presupuesto fueron ofrecidas durante una entrevista en el programa televisivo televisivo «El Día», que se transmite por Telesistem 11.
La querella
Danilo Díaz afirmó que el Gobierno ha convertido el Presupuesto General de la Nación al servicio de la reelección del mandatario Luis Abinader, así como el dinero de la negociación con Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom).
«Han recibido centenares de miles de millones de pesos para usarlos en la campaña, y entonces, no quieren dar los 2,500 millones. Hay fuente para dar los ingresos, lo que pasa es que quieren ganar con trampa y ahogar a los partidos políticos», pronunció.
Asimismo, Díaz reveló que próximamente una comisión de dirigentes de los partidos de la Liberación Dominicana, Revolucionario Dominicano y Fuerza del Pueblo viajará a la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington para denunciar lo que califica como acciones abusivas llevadas a cabo por el Gobierno de Abinader, en contra de la oposición.
San Cristóbal. – En un acto masivo fueron juramentados por el partido Justicia Social (JS) más de 500 dirigentes políticos provenientes de las filas del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en la provincia de San Cristóbal, encabezados por el reconocido líder político Oliver Santos.
Los dirigentes que pasaron formalmente a JS, renunciaron a la tolda morada hace algunas semanas siguiendo los pasos de Santos, quien es un alto dirigente político de reconocida trayectoria, que se desempeñó como secretario de organización del PLD en la provincia, miembro del Comité Central, y subsecretario de Asuntos Económicos a nivel nacional.
En la actividad multitudinaria estuvieron presentes las autoridades de Justicia Social, lideradas por su presidente, Julio César Valentín; Anyolino Germosén, secretario general; y Rafael Hidalgo, secretario de organización y responsable de la región sur; Nildo César, vicepresidente de la entidad, además de invitados especiales del Partido Revolucionario Moderno (PRM).
Entre los nuevos miembros juramentados se encuentran dos regidores actuales, cuatro ex precandidatos a regidores, quince ex presidentes de Comité de Intermedio y más de quinientos ex presidentes de Comité de Base del PLD.
JS asegurará victoria electoral en San Cristóbal
Oliver Santos, quien fue precandidato a alcalde, expresó que esta “avalancha política” hacia Justicia Social, se debe a que está organización «ha despertado la esperanza y el deseo de trabajar de personas que no tenían un espacio para desarrollar su carrera política, y que ahora tienen la oportunidad de seguir creciendo políticamente y trabajar por el desarrollo de San Cristóbal”.
Por su parte, Julio César Valentín, manifestó su satisfacción por el ingreso de esta «legión de líderes comunitarios», con amplia trayectoria a favor de la provincia, que se suman a trabajar por el bienestar colectivo y la consolidación del cambio que lidera el presidente de la República, Luis Abinader.
En su intervención, el candidato a senador por el Partido Revolucionario Moderno, Gustavo Lara, aseguró que con la integración de estos nuevos dirigentes está garantizada «una victoria contundente» en los próximos comicios, proyectando además que Justicia Social será el partido de mayor crecimiento en San Cristóbal.
Shirlie Soto, regidora electa de Yaguate y secretaria provincial de la Juventud de JS, habló en nombre de los jóvenes justicialistas, enfatizando la visión incluyente e innovadora de este partido «que va rumbo a convertirse en la organización del pueblo de San Cristóbal».
Con esta juramentación, Justicia Social cobra mayor fuerza política en esta provincia, sumando importantes liderazgos que se espera realicen un aporte significativo de cara a la reelección del presidente de la República, Luis Abinader, en las próximas elecciones del 19 de mayo a celebrarse en el país.
Madrid. La Guardia Civil considera “de imperiosa necesidad” comprobar si el exjugador del Barcelona Gerard Piqué entregó “dádivas” al expresidente de la RFEF Luis Rubiales “o a otros directivos” de la Federación por la “negociación” para trasladar la Supercopa de España a Arabia Saudí.
El instituto armado solicitó el pasado mes de septiembre a la jueza que investiga este contrato de la Supercopa y otros vinculados a la RFEF que remitiese otra comisión rogatoria a Andorra para pedir información sobre la “trazabilidad completa de los fondos recibidos por Kosmos”, sociedad administrada por el exfutbolista internacional español.
La magistrada ya solicitó en octubre de 2022 auxilio judicial a las autoridades del Principado en busca de datos sobre una cuenta bancaria del FC Andorra -participado en su mayoría por Piqué- en la entidad MoraBanc.
Los investigadores querían conocer el destino de los fondos de una cuenta de Kosmos en la que se habrían cobrado “comisiones de éxito abonadas” por Sela -empresa pública saudí- (4 millones por año) por intermediar en las negociaciones con la RFEF para trasladar allí la Supercopa.
Sin embargo, los agentes consideran que para poder realizar una trazabilidad completa de los fondos es necesario disponer de todas las cuentas en las que haya movimientos de dinero de manera directa o indirecta con la cuenta perceptora de los pagos de Sela, según uno de los informes que obran en el sumario, al que ha tenido acceso EFE.
La Guardia Civil señala en su oficio que entre junio de 2019 y marzo de 2022 una cuenta del FC Andorra percibió 3,4 millones de euros procedentes de la cuenta de Kosmos en la que se recibían las “comisiones” de la empresa saudí, y precisa que el “importe transferido al club” es “más de la cuarta parte de los ingresos recibidos de la sociedad saudí».
Una vez que la Guardia Civil ya tiene en su poder los movimientos bancarios de las cuentas radicadas en España, ve necesario que la jueza remita una nueva comisión rogatoria para requerir a MoraBanc más información sobre las cuentas desde 2019 hasta hoy “con el mayor nivel de detalle posible».
También pide localizar la cuenta de Piqué “emisora del pago” de dos millones de euros a otra española en febrero de 2021 e identificar otras cuentas en las que figure él, el FC Andorra o sus empresas, también desde 2019.
En el oficio en que plantea estas solicitudes, los agentes ponen de relieve el “gran flujo de dinero” entre cuentas del grupo Kosmos, de Piqué y de su entorno, y destacan que el 90 % de las salidas de fondos de la cuenta receptora de los pagos de la empresa pública saudí “tengan como destino cuentas del mismo grupo o vinculadas a este».
Resaltan también “el alto valor de las cuentas bancarias” del grupo Kosmos y no descartan que, “en caso de existir esas posibles dádivas, con ánimo de dificultar la trazabilidad directa de los fondos, el pago hubiera sido efectuado mediante compensación entre cuentas del grupo o de Gerard Piqué«.
La relación entre la República Dominicana y Haití ha sido históricamente compleja, marcada por tensiones, conflictos y, lamentablemente, el río Masacre no es una excepción a esta triste realidad.
Este curso de agua, que sirve como frontera natural entre ambas naciones, ha sido testigo de disputas que datan de décadas atrás, exacerbadas recientemente por la construcción del canal que ha desatado una nueva ola de discordia entre los dos países vecinos.
Para comprender la magnitud de este conflicto, es crucial examinar su contexto histórico. La isla de La Española, compartida por la República Dominicana y Haití, ha sido escenario de un pasado colonial doloroso y una independencia que, aunque común, condujo a realidades radicalmente diferentes para ambas naciones.
Mientras Haití se enfrentó a una serie de desafíos socioeconómicos y políticos tras su independencia en 1804, la República Dominicana siguió un camino independiente, aunque no exento de dificultades, lograda su independencia 40 años después en 1844.
El río Masacre, en este contexto, se convierte en una línea divisoria física que simboliza no solo la separación geográfica, sino también las diferencias históricas, culturales y socioeconómicas entre ambos países.
Sin embargo, este río no solo separa, sino que también une, siendo un recurso vital para las comunidades a ambos lados de su curso.
La construcción del canal por parte de Haití ha avivado las llamas de la discordia, pues ha despertado preocupaciones en la República Dominicana sobre los posibles impactos ambientales, económicos y sociales que podría tener en la región.
Esta preocupación no es infundada, ya que la historia está plagada de ejemplos de proyectos de desarrollo mal planificados que han exacerbado las tensiones y han dejado un legado de destrucción ambiental y desplazamiento humano.
Haití ha mantenido una actitud agresiva frente a la crisis actual, por lo que la República Dominicana ha tenido que reaccionar para preservar su soberanía, lo que no entiende el vecino país.
En última instancia, el conflicto en torno al río Masacre no es simplemente un problema bilateral, sino una manifestación de desafíos más amplios de desarrollo, desigualdad y falta de cooperación en la región.
Solo a través del diálogo, la colaboración y un compromiso genuino con el desarrollo sostenible, ambas naciones podrán superar este legado de discordia, y construir un futuro más próspero y equitativo para todos sus ciudadanos.
Cada día aumenta más la tensión sobre todo en la capital haitiana. EFE
Este miércoles algunas zonas de la región metropolitana de la capital observan una aparente calma, y en otras áreas se han escuchado intensos tiroteos
Puerto Príncipe.- EFE
A la espera de la publicación del decreto que designará el Consejo Presidencial para la Transición en Haití, el país contiene la respiración mientras continúan fuertes enfrentamientos armados entre la Policía Nacional y miembros de la coalición de bandas conocida como ‘Vivre Ensemble’ (‘Vivir Juntos’).
Las perspectivas apuntaban a que ayer, miércoles, quedara conformado ese órgano de transición, impulsado por la Comunidad del Caribe (Caricom) y países como EEUU, Canadá, México y Brasil, con el propósito de sacar a Haití de una situación de inseguridad sin precedentes.
Sin embargo, este ente no ha podido avanzar con la celeridad que demanda la situación, en parte por las discusiones entre sus miembros sobre quién debe presidirlo y por asuntos de tipo jurídico, ya que esa figura no está contenida en la Constitución y las leyes haitianas, como explicó el Consejo de Ministros.
Mientras tanto, el Gobierno haitiano sigue bajo las riendas de Ariel Henry, quien se encuentra en Estados Unidos, y que prometió renunciar como primer ministro en cuanto el Consejo Presidencial asuma sus funciones, entre las cuales están nombrar un primer ministro interino y crear las condiciones para la celebración de elecciones generales.
Mientras se llevan a cabo esas discusiones, algunas zonas de la región metropolitana de la capital observan este miércoles una aparente calma, y en otras áreas se han escuchado intensos tiroteos durante todo el día. La Policía Nacional de Haití (PNH) intensifica sus operaciones como única institución que queda en pie en el país desde que estalló la crisis a finales de febrero, y se declara movilizada y decidida a seguir luchando contra las bandas armadas en concertación con la población.
En un comunicado hecho público este miércoles, la PNH anunció la muerte de un poderoso jefe de banda en un intercambio de disparos, así como la incautación de armas y municiones. ‘New York New York’, el jefe de la banda de Cité Doudoune, en Croix-des-Bouquets, al norte de la capital, fue abatido según la policía, durante una operación para acabar con los violentos.
Extenderá estado emergencia
Por otro lado, el Gobierno de Haití informó este miércoles que extenderá el estado de emergencia en todo el Departamento Oeste, donde se ubica la capital, desde este jueves hasta el 3 de mayo próximo.
Las autoridades también decidieron extender el período de toque de queda en toda esa demarcación desde este miércoles hasta el 10 de abril próximo. Estas disposiciones han sido tomadas con para restablecer el orden.
Últimamente, la administración de Biden se distancia cada vez más del gobierno de Netanyahu.Imagen: Miriam Alster/UPI Photo/imago images
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Desde hace mucho tiempo, tanto los demócratas como los republicanos en Washington están de acuerdo en que las relaciones entre Estados Unidos e Israel son sacrosantas y que la seguridad del Estado en Oriente Próximo no es negociable.
Israel ha recibido, desde 1948, ayudas norteamericanas por cerca de 300 mil millones de dólares estadounidenses, sobre todo apoyo militar, según el Consejo de Relaciones Exteriores.
“Una relación increíble”
“Esta es una relación increíble”, opina Chuck Freilich, antiguo vice asesor de seguridad nacional de Israel. “No tiene precedentes”, agrega en entrevista con DW.
Según el experto de la Escuela Kennedy de Gobierno en la Universidad de Harvard, “valores compartidos”, intereses estratégicos y un fuerte lobby proisraelí en Washington son los “pilares” de esta relación bilateral.
El Estado de Israel, creado en 1948, ha acogido a muchos supervivientes del Holocausto. Asimismo, se ha autopromocionado como una democracia liberal que proyecta los intereses de Washington en el volátil Oriente Medio.
Desde la caída de la Unión Soviética, Israel ha ayudado a Estados Unidos a contener a adversarios como Irán y sus aliados no estatales, por lo que el país norteamericano se ha comprometido a asegurar el liderazgo militar israelí en la región.
Luz verde, luz roja
Los ataques terroristas de Hamás, el siete de octubre de 2023, desencadenaron “la cooperación estratégica más estrecha en la historia israelí-estadounidense”, apunta Freilich. Washington ha enviado armas a Israel y grupos de batalla de portaaviones a la región. Además, ha vetado resoluciones de alto el fuego en el Consejo de Seguridad de la ONU.
No obstante, a raíz de la creciente condena global en contra de Israel por el saldo de civiles muertos de su ofensiva en Gaza, se ha vuelto cada vez más difícil para EE. UU. sostener públicamente el mismo nivel de apoyo.
Recientemente, la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, dijo que no se debe “confundir el gobierno de Israel con la población israelí”.
Después de bloquear varios intentos de alcanzar un alto el fuego en Gaza, en el Consejo de Seguridad de la ONU, Washingon se abstuvo en la última votación que logró una resolución favorable.Imagen: Andrew Kelly/REUTERS
“Si Netanyahu no cambia su enfoque pronto, si no hay un nuevo gobierno pronto, esto tendrá un impacto duradero”, teme Chuck Freilich.
Por su parte, Ian Lustick, politólogo de la Universidad de Pennsylvania, señala que EE. UU. se ha movido lentamente de una luz verde a una luz naranja. En declaraciones a DW, explica que la luz naranja se refiere a la reciente abstención de Washington durante una votación en el Consejo de Seguridad de la ONU, que permitió la aprobación de una resolución de alto el fuego.
Los pilares se derrumban
“Me sorprende que la administración haya tardado tanto en moverse hacia la luz roja”, dice Lustick, y agrega que solo EE. UU. puede poner fin a los bombardeos israelíes. Mientras más duren, cree, más intereses se verán afectados y más vulnerable será el presidente Joe Biden de cara a los críticos en casa, en el año electoral.
El politólogo hace hincapié en la importancia del voto de la población árabe de Michigan para las elecciones presidenciales de noviembre. En las elecciones primarias de febrero, un 13 por ciento del electorado demócrata de ese estado se abstuvo de votar por Biden, en protesta por su apoyo a la ofensiva de Netanyahu.
Tensión entre amigos
Independientemente de las convicciones personales de Biden y otras élites políticas estadounidenses, el desarrollo de la opinión pública acerca de Israel podría obligar al Gobierno a corregir el rumbo de las relaciones bilaterales.
Las encuestas muestran una creciente división entre votantes mayores, que recuerdan el Israel de los Acuerdos de Oslo, cuando una solución de dos Estados parecía posible, y votantes jóvenes, que solo conocen un Israel que usa su ventaja militar para evitar llegar a un acuerdo político con los palestinos.
Asimismo, un creciente número de judíos estadounidenses, que se identifican como seculares y liberales, se distancian cada vez más de Israel. Ian Lustick está convencido de que, en Estados Unidos, “a la larga, se impondrán los valores de las generaciones jóvenes”.
Representantes de los diferentes partidos políticos y la Junta Central Electoral (JCE) se encuentran reunidos en la sede del órgano electoral en dónde se discute el avance del montaje de las elecciones presidenciales y congresuales pautadas a realizarse el próximo 19 de mayo.
De parte de la JCE, la reunión la encabeza los directores de elecciones y de informática, Mario Núñez y Johnny Rivera; además de los demás miembros de la comisión técnica encargada del montaje del proceso electoral.
El encuentro se realiza a un mes y 16 días de que se realice el torneo electoral y a tan solo dos días de que se venza el plazo que tienen los partidos para corregir sus candidaturas en orden de cumplir con la cuota de género (asegurar que un mínimo del 40% de las candidaturas sean para mujeres).
De acuerdo con el calendario de actividades, la JCE está supuesto a realizar en el transcurso de este mes el simulacro nacional del sistema de cómputos que se utilizará en la venidera contienda.
ELECCIONES
La Junta Central Electoral (JCE) compartió el lunes los lugares donde serán establecidos los centros de votaciones para la celebración de las elecciones congresuales y presidenciales del próximo 19 de mayo.
Las urnas, ubicadas en los colegios electorales, estarán siendo colocadas y distribuidas en todo el territorio nacional para garantizar el derecho al sufragio de todos los dominicanos.
El director General de Migración, Venancio Alcántara, calificó de “abusivo” lo declarado por Amnistía Internacional, que denunció el pasado martes que existen violaciones en las deportaciones que se hacen a los extranjeros que están en condición irregular en la República Dominicana.
Alcántara aseguró que los procesos de interdicción se hacen conforme a lo que plantea la ley 275 – 04, con respeto a los derechos humanos y apegados a las normas internacionales de la que República Dominicana es signataria.
Asimismo, la Dirección General de Migración (DGM) indicó que esas acusaciones son desconsideradas y negó que se maltraten a los extranjeros que son trasladados a su país de origen.
“República Dominicana ha demostrado con hechos que es el más interesado en que Haití salga de su crisis, incluso el presidente Luis Abinader ha dado pasos contundentes y concretos al plantear a la comunidad internacional que asuma con carácter de urgencia la solución a la inestabilidad en el vecino país que genera la violencia que se vive en estos momentos”, leía parte de un comunicado.
Asimismo, informaron que Migración continuará con la deportación y repatriación de extranjeros con estatus migratorio irregular.
“La DGM rechaza todo tipo de injerencia sobre la política migratoria nacional y que ninguna institución extranjera se inmiscuya en las acciones del Estado conforme a lo que establece la Constitución, las leyes dominicanas y las convenciones internacionales”, indicó.
DEPORTACIONES
La Dirección General de Migración deportó en el primer trimestre de 2024 a 28 mil 318 extranjeros a sus países de origen o procedencia por no cumplir con lo que establece la ley 285 – 04, por ser requerido por diferentes países y otros motivos.
En lo que va de año la DGM ha reconducido a 45 mil 640 extranjeros y de manera voluntaria han retornado 60 mil 453 que totalizan 106 mil 93, entre repatriados, deportados y los que han decidido irse por cuenta propia desde enero hasta el mes de marzo.
Los deportados son 7 estadounidenses, 3 colombianos, un cubano, un venezolano, un holandés, un italiano y el resto haitianos. En enero fueron 10 mil 803, en febrero 8 mil 579 y en marzo 8 mil 936.
LO QUE DIJO AMNISTÍA INTERNACIONAL
Amnistía Internacional instó al Gobierno dominicano a poner fin a las violaciones de derechos humanos de personas haitianas, dominicanos de ascendencia haitiana y de tez negra en la aplicación de sus políticas migratorias, que la organización calificó de racistas.
En una carta abierta dirigida al presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, y a instituciones estatales, Amnistía Internacional, en compañía de otras seis organizaciones como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), afirmó que esas políticas migratorias se basan en la discriminación racial y generan efectos discriminatorios para la exclusión racializada de personas haitianas y dominicanas.
Instituto Duartiano y legisladores refutan a Amnistía Internacional
Wilson Gómez, presidente Instituto Duartiano, dice hay campaña contra país.LD
El Instituto Duartiano (ID) y legisladores del Senado y la Cámara de Diputados rechazaron ayer las acusaciones hechas contra el país por Amnistía Internacional (AI), de discriminación contra los haitianos, a supuestos dominicanos descendientes de éstos y a personas de raza negra.
El presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez Ramírez, dijo que ese organismo como otros y figuras vinculadas a agencias internacionales mantienen una activa campaña contra la nación dominicana, que daña la imagen de nuestro país y confunde a mucha gente.
El presidente del organismo patriótico manifestó que “estas mentiras se repiten constantemente, y lo peor es que la administración estatal dominicana no hace nada para revertir o contrarrestar esta cruzada aviesa contra uno de los pueblos más solidarios, como es el nuestro”.
Gómez Ramírez precisó que hace mucho tiempo que las entidades dominicanas y los ciudadanos más comprometidos con esta tierra de Duarte reclaman que se impulse desde el país una ofensiva diplomática para edificar a las principales instancias de los diferentes países y conjurar tantas mentiras contra nosotros.
Legisladores dicen hay que cumplir la ley
También ayer legisladores consideraron negativo el llamado de Amnistía Internacional. Todas las declaraciones coincidieron en que las autoridades deben dar cumplimiento a la Ley General de Migración 285-04, que establece que los ciudadanos que residan sin la documentación regularizada serán repatriados a su país de procedencia.
“El Gobierno dominicano debe ajustarse a lo que establece la Constitución y la Ley de Migración”, dijo el presidente de la Comisión de los Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Juan Dionisio Restituyo.
Aseguró que República Dominicana, así como los integrantes de la Comunidad del Caribe (Caricom), no están en la capacidad de servir como punto de refugio para los haitianos, quienes intentan escapar de la inestabilidad social registrada en su país.
“Canadá, Estados Unidos, España, Francia y Alemania tienen las condiciones territoriales para transportar haitianos a su territorio, hasta que se resuelva el problema en Haití. La República Dominicana, ni los países del Caricom, no pueden”, destacó el diputado nacional por el Partido Frente Amplio.
Solicitó a estos países definir un plan estratégico de 50 años que garantice la estabilidad social de Haití, “porque ellos son los creadores de esta situación”.
También el senador de Pedernales por el partido Fuerza del Pueblo (FP), Dionis Sánchez, indicó que la medida definitiva para enfrentar el conflicto en el vecino país no debe ser asumida por las autoridades dominicanas, sino por la colectividad internacional.
Sánchez señaló que Amnistía Internacional y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) no tienen el derecho de requerir a República Dominicana detener las deportaciones de haitianos, “ya que ningún país lo hace”.
“Nosotros tenemos la obligación de proteger nuestra soberanía y bajo ninguna circunstancia podemos detener las deportaciones de ilegales, como no lo hace ningún otro país. Por lo tanto, ni Amnistía, la ONU ni ningún otro organismo puede venir a pedirnos que hagamos más sacrificio del que hacemos con el pueblo haitiano”, dijo de manera enfática.
Al igual que estos congresistas, los diputados Sócrates Pérez, Rogelio Alfonso Genao, Ramón Ceballos, Juliana O´Neal, Mateo Espaillat también denegaron lo demandado por Amnistía Internacional.
Carta abierta dirigida al gobierno
Amnistía Internacional envió el pasado marte una carta abierta al gobierno dominicano, en la insta a poner fin a las violaciones de derechos humanos de personas haitianas, dominicanos de ascendencia haitiana y de raza negra, en la aplicación de sus políticas migratorias, que calificó de racistas.
