La organización política también advirtió sobre reformas legales que vigilen el proceso
3/05/2026 –
Santo Domingo, RD.- El presidente del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Federico Antún Batlle (Quique), anunció que esa organización respalda la propuesta del Gobierno de reducir en un 50 % los fondos que están consignados en el presupuesto nacional a los partidos políticos para el año 2026, como parte del plan de austeridad presentado el pasado 30 de abril ante el escenario de crisis internacional derivado del conflicto bélico en Medio Oriente.
“Respaldamos la reducción de los fondos asignados a las organizaciones políticas en medio de la actual crisis internacional, pero esta decisión debe estar sustentada en el cumplimiento estricto de la ley”, afirmó.
En ese sentido, explicó que para ejecutar esa reducción el Gobierno está obligado a someter ante el Congreso Nacional una modificación de la Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, así como de la Ley 20-23 Orgánica del Régimen Electoral, “de lo contrario, se incurriría en una violación del marco legal vigente”, advirtió.
El dirigente reformista sostuvo, asimismo, que las medidas de ahorro deben ir más allá de “asuntos cosméticos”, al considerar que “el verdadero ahorro está en otro lugar”.
Cristina Lizardo sobre propuesta de reducción a presupuesto de partidos: “Es una idea fuera de lugar”
En ese sentido, propuso reducir el gasto en publicidad estatal a solo el 10 % de lo que actualmente se destina, así como eliminar los “odiosos privilegios” que, en materia de combustibles, según afirmó, reciben diversas empresas.
Quique Antún abogó por una persecución más efectiva contra la evasión fiscal, la cual -indicó- supera el 50 % de los ingresos que debería percibir el Estado, carga que termina recayendo principalmente sobre la clase media.
También planteó sanciones más severas contra el robo de energía eléctrica, un problema que, aseguró, también sobrepasa el 50 %.
El presidente del PRSC enfatizó que una de las medidas clave para lograr un ahorro significativo es la eliminación de las exenciones impositivas que, a su juicio, benefician de manera desproporcionada a ciertos sectores “que cabalgan sobre las estrecheces y penurias del pueblo dominicano”.
“Muchas de esas exenciones pudieron tener justificación en el pasado, pero hoy constituyen privilegios injustificados”, expresó.
Contexto histórico
Durante sus declaraciones, el líder del PRSC recordó que el financiamiento estatal a los partidos políticos fue propuesto en la década de los noventa por el doctor José Francisco Peña Gómez, con el objetivo de equilibrar la competencia electoral y evitar el uso de recursos de origen dudoso.
Indicó que, en ese momento, contrario a todos los vaticinios, el entonces presidente Joaquín Balaguer aceptó la iniciativa, aunque reducida a la mitad de lo planteado originalmente.
Llamado a profundizar el ahorro
Antún Batlle reiteró que el PRSC respalda las medidas de austeridad impulsadas por el Gobierno, “ pero le exhortamos, con respeto y con firmeza, a profundizar en las medidas que hemos señalado”.
a las autoridades a profundizar las acciones para garantizar un impacto real en las finanzas públicas.
“El país enfrenta momentos difíciles, y es necesario adoptar decisiones firmes que contribuyan a superar los desafíos económicos que se vislumbran en el horizonte”, concluyó el líder reformista.
Karina Aristy respalda recorte a fondos de partidos ante crisis económica
Panorama Política. La alcaldesa de Higüey y presidenta nacional del Partido Liberal Reformista (PLR), Karina Aristy, expresó su respaldo a las medidas de austeridad anunciadas por el Gobierno, que incluyen la reducción de los fondos públicos destinados a los partidos políticos, como parte de un plan para enfrentar el impacto de la crisis económica internacional.
“En conciencia plena de la situación económica del mundo y de nuestro país, respaldamos la medida propuesta por el presidente sobre la reducción temporal de los fondos a los partidos políticos. Todos debemos hacer sacrificios, no solo el pueblo”, expresó Aristy.
Las disposiciones del Gobierno fueron anunciadas la noche de este jueves por la administración del presidente Luis Abinader, tras la celebración de un Consejo de Ministros en el Palacio Nacional, en el que se evaluaron acciones para contener los efectos de la coyuntura global, marcada por la guerra en Oriente Medio.
En ese contexto, Aristy consideró que las medidas adoptadas responden a la necesidad de un esfuerzo compartido entre el Estado, los sectores políticos y la ciudadanía ante un escenario económico adverso.
Entre las medidas figura la reducción en un 50 % de los recursos asignados a los partidos políticos en el Presupuesto General del Estado 2026. Actualmente, el monto destinado asciende a 1,620 millones de pesos, distribuidos a través de la Junta Central Electoral (JCE) entre 41 organizaciones con personería jurídica.
De aplicarse el recorte, los partidos recibirían un total de 810 millones de pesos durante el presente año fiscal.
Al término del encuentro, el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, indicó que el país enfrenta uno de los mayores choques de precios de su historia reciente, impulsado por un incremento superior al 80 % en el costo del petróleo.
Análisis: Quitarle 50% a los partidos es apenas el comienzo
por Elvin Castillo
mayo 2, 2026
Quitarle un 50% de los recursos a los partidos políticos no solo es correcto, es necesario. En medio de una crisis internacional que amenaza con golpear la economía dominicana, reducir el financiamiento público a estructuras partidarias sobredimensionadas, opacas y poco fiscalizadas no debería siquiera ser un debate. Debería ser una obligación.
No estamos en un año electoral. No existe razón válida para que los partidos continúen recibiendo fondos como si el país estuviera en campaña permanente. Mucho menos cuando durante años han administrado miles de millones de pesos del contribuyente sin que la sociedad dominicana tenga claridad real sobre el destino de esos recursos.
Ahí está el fondo del problema.
En República Dominicana los partidos han sido financiados con dinero público bajo el argumento de fortalecer la democracia, institucionalizar la vida política y garantizar mayor equidad en la competencia electoral. En teoría suena bien. En la práctica, ha servido para sostener estructuras cerradas, poco transparentes y cada vez más alejadas de la ciudadanía.
Los partidos nunca han explicado con claridad qué hacen con ese dinero. No existe una cultura real de rendición de cuentas sobre esos fondos. No hay trazabilidad suficiente ni mecanismos eficaces para que el ciudadano sepa en qué se invierte el dinero que sale de sus impuestos para sostener estructuras políticas que, en demasiados casos, solo se activan para negociar poder, cuotas y candidaturas.
Te puede interesar:Actualidad
¿Es el desfinanciamiento la solución para combatir la corrupción en los partidos políticos dominicanos?
Lo más grave es que ni siquiera en campaña ese dinero cumple con el propósito que se supone justifica su entrega. Muchos candidatos compiten prácticamente solos, financiándose con recursos propios, préstamos o apoyos informales, mientras las cúpulas concentran y administran fondos públicos sin transparencia suficiente sobre cómo se distribuyen, bajo qué criterios se asignan o quién decide su destino final.
Por eso reducirles un 50% no es un castigo. Es apenas una medida elemental de sentido común.
Pero sería un error vender ese recorte como si por sí solo representara un verdadero plan de austeridad nacional.
Quitarle 50% a los partidos es apenas el comienzo.
Si el país va a entrar en una etapa de sacrificios para enfrentar el impacto de la crisis global, entonces el ajuste no puede quedarse en los partidos. Tiene que extenderse a todo el sistema de privilegios que durante años ha drenado recursos públicos con una normalidad obscena.
Reducir el financiamiento partidario es una decisión fácil de anunciar porque genera simpatía inmediata. Golpea a una clase política desacreditada y conecta con el malestar ciudadano. Pero gobernar no es solo tomar la medida popular. Gobernar también implica tocar intereses más profundos, desmontar privilegios más costosos y asumir decisiones que no siempre generan aplausos, pero sí legitimidad.
Si el gobierno quiere hablar de austeridad en serio, entonces después de los partidos tienen que venir las exenciones fiscales que por años han servido como refugio de privilegios disfrazados de incentivo. Tienen que venir las exoneraciones que muchas veces benefician más al poder económico que al interés nacional. Tienen que venir los subsidios mal focalizados, las ayudas convertidas en herramienta clientelar y los beneficios que el Estado sostiene sin medir con rigor su retorno real.
También tienen que revisarse y detenerse de una vez las pensiones alegres, ese sistema de retiros privilegiados que durante años ha convertido el dinero público en premio político, herencia burocrática y carga permanente para un Estado que sigue pidiéndole sacrificios al contribuyente mientras reparte privilegios a discreción.
Y, por supuesto, tiene que venir una revisión seria del gasto corriente del propio gobierno.
La austeridad no puede seguir siendo un decreto bien redactado ni una rueda de prensa bien montada. Tiene que sentirse en el comportamiento del Estado.
Tiene que verse en la reducción real de nóminas infladas, en el desmonte de botellas, en el control de viáticos, en la eliminación de gastos superfluos, en la reducción de consultorías innecesarias, en el freno a alquileres excesivos, en el control de flotillas, en el uso racional de combustibles y en el fin de una cultura administrativa que ha normalizado el exceso mientras le exige sacrificio al ciudadano.
Y sí, también tiene que tocar la publicidad estatal.
Quienes vivimos de la comunicación sabemos perfectamente el impacto que eso tiene sobre medios, periodistas, técnicos y plataformas. Pero también sabemos que en tiempos de estrechez el gasto público en promoción debe ser racionalizado. Lo que no puede ocurrir es que ese ajuste vuelva a ser selectivo, discrecional o utilizado como herramienta de premio y castigo.
Si vamos a hablar de sacrificios compartidos, entonces el sacrificio tiene que ser compartido de verdad.
No puede recaer solo sobre partidos, medios y ciudadanos mientras el resto del aparato sigue operando con la misma lógica de siempre.
Ese ha sido el problema histórico de la austeridad en República Dominicana. No que se anuncie. Sino que casi nunca toca donde realmente duele.
En los últimos años el presidente ha emitido varios decretos de austeridad. Todos correctos en el papel. Todos impecables en el discurso. Pero ninguno ha logrado traducirse en una percepción real de transformación del gasto público. El país escucha los anuncios, pero no siente el ajuste. Y cuando eso ocurre, lo que se erosiona no es solo el decreto. Es la confianza.
Por eso esta vez el reto no es recortar. El reto es demostrar.
Demostrar que quitarle 50% a los partidos no es una medida cosmética ni una estrategia para debilitar a la oposición y cosechar aplausos fáciles, sino el inicio real, medible y verificable de un sacrificio nacional que debemos asumir todos.
Demostrar que esta no será una jugada coyuntural para castigar adversarios mientras se preservan privilegios propios, sino el primer paso de una reforma seria del gasto político en República Dominicana.
Y esa reforma debe ir más allá del recorte temporal.
Este es el momento de revisar y modificar la Ley de Partidos y la Ley Electoral, corregir distorsiones y poner fin al absurdo de seguir financiando con dinero público a decenas de organizaciones sin estructura, sin incidencia y sin verdadera representación social.
Hoy en República Dominicana existen más de 30 partidos reconocidos, muchos de ellos convertidos en simples negocios electorales, franquicias de alquiler o pequeñas industrias políticas cuyo único objetivo es sobrevivir del presupuesto público.
No fortalecen la democracia. La degradan.
No representan ciudadanos. Representan intereses.
No compiten por ideas. Compiten por fondos.
No existen para construir institucionalidad. Existen para subsistir del presupuesto sin producir valor democrático real.
Por eso el país no solo debe discutir cuánto dinero se les quita.
Debe discutir cuántos partidos realmente necesita sostener.
Porque recortar a los partidos puede ser una señal.
Pero recortarse el Estado sería la prueba.
