Félix Portes. Foto/Guillermo Burgos
La Operación Lobo, que involucra a una presunta red de corrupción integrada por militares y civiles acusados de utilizar sobornos para obtener contratos de seguridad privada en instituciones del Estado, sigue captando la atención nacional ante la incertidumbre sobre la medida de coerción, prevista para conocerse la mañana de este jueves.
Félix Portes, abogado del coronel Andrés Pacheco Valera (señalado como uno de los que habría recibido sobornos) considera que existen factores que podrían llevar al aplazamiento de la audiencia.
«Yo no creo que se vaya a conocer hoy. A mí y a varios abogados le han notificado la solicitud de medida de coerción y las pruebas (…), pero entiendo que los demás abogados van a solicitar el aplazamiento porque esta es la hora que no le han notificado la solicitud de medida de coerción y las pruebas porque parece que están fotocopiando»., dijo Portes.
Aun así, aseguró estar preparado, ya que ha estudiado el caso y ha conversado con su defendido.
¿De qué se les acusa?
El Ministerio Público depositó anoche la solicitud de medida de coerción contra los 15 arrestados el pasado martes, a quienes acusa de formar parte de una estructura que presuntamente gestionaba contratos estatales de seguridad mediante el pago de sobornos.
Los imputados permanecen detenidos en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Entre ellos figuran el mayor general retirado Ambrosio Robles Díaz, los coroneles Andrés Pacheco Valera, Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández Vásquez, Elías Camaño Pérez y el primer teniente Wellington Peralta Santos, todos del Ejército Nacional. También se encuentran detenidos los coroneles Yorbyn Eufracio Aybar (Fuerza Aérea) y Bolívar Nicolás Fernández Espinal (Policía Nacional), además del empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González.
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Según el expediente, la red operaba en perjuicio de instituciones como el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el Seguro Nacional de Salud (Senasa) y las empresas distribuidoras de electricidad Edenorte, Edesur y EdeEste.
De los 15 arrestados, el Ministerio Público solicitó prisión preventiva para diez, incluyendo al mayor general retirado Robles Díaz, así como a los coroneles Pacheco Valera, Vicioso Bocio, Guarín Fernández y Camaño Pérez. También para el coronel de la FAD Yorbyn Eufracio Aybar, el primer teniente Wellington Peralta Santos, el empresario Rodríguez González, el coronel de la Policía Ramón Quezada Ortiz y el civil Bolívar Nicolás Fernández Espinal. La fiscalía además pidió que el caso sea declarado complejo.
El Ministerio Público afirma haber identificado pagos en sobornos que superan los RD$100 millones y asegura tener más de 500 elementos probatorios que, según indican, sustentan las imputaciones presentadas en esta etapa inicial del proceso.
Hoy
SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Ministerio Público solicitó la noche del miércoles prisión preventiva, como medida de coerción, contra diez involucrados en una estructura de corrupción administrativa de militares y civiles enfrentada con la Operación Lobo, la cual se valía de la distribución de sobornos para agenciarse la contratación y el mantenimiento de contratos de seguridad privada en instituciones públicas.
“Es importante destacar que esta operación (Lobo) apenas inicia y que, como en todas las operaciones nuestras, pueden venir más personas investigadas, más arrestos y más sometimientos en este proceso”, explicó la procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), al encabezar el equipo de fiscales que depositó la solicitud de medida de coerción ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional.
“Con la Operación Lobo el Ministerio Público ha desarticulado una estructura criminal que operaba desde el ámbito de las contrataciones públicas, en empresas públicas, en el área de seguridad privada”, dijo.
“Hemos identificado hasta el momento una suma pagada en sobornos que excede los 100 millones de pesos y contamos con más de 500 pruebas para demostrar en esta primera fase del proceso la implicación y vinculación de todos los imputados que han sido arrestados en base a esta operación”, sostuvo Ortiz, quien estuvo acompañada de los fiscales Elizabeth Paredes, Ernesto Guzmán y Yoneivy González.
Al ser consultada por los periodistas sobre la posible implicación de funcionarios, la titular de la Pepca sostuvo que todo el que esté implicado en la estructura desmantelada con la Operación Lobo será sometido a la acción de la justicia. “Como les digo, esto apenas comienza”, apuntó. “Inicia la etapa preparatoria que abre la fase de investigación, así que vamos por más”, enfatizó.
“Estamos solicitando prisión preventiva, como medida de coerción, ya que se trata de una estafa contra el Estado en instituciones públicas de tal magnitud que perjudica la libre competencia de otras empresas”, indicó.
Sostuvo que los militares y civiles implicados en la estructura de corrupción administrativa enfrentada por el Ministerio Público violan la Ley de Compras y Contrataciones (Ley 340-06) y, además, lo hacen instituciones que atienden necesidades de poblaciones vulnerables, como el caso del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), o de servicios básicos para la población y estratégicos para el desarrollo social y económico, como las empresas distribuidoras de electricidad.
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Además de solicitar prisión preventiva contra el mayor general retirado del Ejército Carlos Ambrosio Robles Díaz y los coroneles Andrés Pacheco Varela, Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández y Elías Camaño Pérez, el Ministerio Público solicita que el caso sea declarado complejo.
La solicitud incluye al coronel de la Fuerza Aérea Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar y al primer teniente del Ejército Wellington Peralta Santos, al empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González, al coronel de la Policía Ramón Quezada Ortiz y al civil Bolívar Nicolás Fernández Espinal.
Los imputados afectaron, además del Inaipi, al Seguro Nacional de Salud (Senasa) y a las empresas distribuidoras de electricidad del Norte (EdeNorte), del Este (EdeEste) y del Sur (EdeSur).
La investigación del Ministerio Público partió de una denuncia remitida al Ministerio Público por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental.
El Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI), bajo la dirección de Josefa Castillo, se desligó este martes de cualquier vinculación con las contrataciones cuestionadas en el marco de la Operación Lobo, caso en el que se investigan presuntas irregularidades en servicios de seguridad privada contratados por varias instituciones públicas.
A continuación el comunicado íntegro enviado por la institución:
En relación con las informaciones divulgadas en el marco de la Operación Lobo, y en las que se menciona al INAIPI entre las instituciones bajo investigación por contrataciones vinculadas a servicios de seguridad privada mediante posibles irregularidades administrativas, consideramos pertinente y responsable aclarar que:
Durante la actual gestión encabezada por la directora Josefa Castillo, el INAIPI no ha contratado ninguna compañía de seguridad privada.
Desde la asunción de esta administración, no se ha efectuado ningún proceso de contratación para este tipo de servicio, ni se han suscrito acuerdos en ese sentido. Las operaciones institucionales se han manejado con total apego a la legalidad, la ética y los principios de transparencia que rigen la administración pública.
Reafirmamos nuestro compromiso con una gestión íntegra, centrada en la protección de los recursos públicos y el cumplimiento estricto de las normativas que regulan los procesos administrativos en el Estado dominicano.
Finalmente, expresamos nuestra disposición plena a colaborar con cualquier proceso de investigación que emprendan las autoridades competentes y reiteramos que esta gestión no tiene vinculación alguna con los hechos señalados.
Sobre la Operación Lobo
El Ministerio Público puso en marcha la Operación Lobo contra una estructura delictiva que se apoyaba en la distribución de sobornos para agenciarse la contratación y el mantenimiento de contratos de seguridad privada en instituciones públicas.
La operación, desarrollada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) con el apoyo de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, incluyó la realización de 15 allanamientos en el Distrito Nacional y Santiago.
Un total de 26 fiscales de los órganos de investigación del Ministerio Público trabajaron con el apoyo de 189 agentes de la Policía Nacional para enfrentar la red que afectó al Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), al el Seguro Nacional de Salud (Senasa), la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (EdeNorte), la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EdeEste) y la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (EdeSur).
La Dirección General de Persecución y la Pepca adelantaron que la investigación, que llevó al arresto de 14 personas, inició con una denuncia enviada al Ministerio Público por la gestión de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental que encabeza la doctora Milagros Ortiz Bosch.
Explicaron que las líneas de investigación siguen su curso con la rigurosidad y la visión holística que promueven para estos casos la gestión de la procuradora general Yeni Berenice Reynoso y que buscan encarar la criminalidad y el delito en todos sus ámbitos.
En las próximas horas el Ministerio Público estará depositando su solicitud de medida de coerción contra los miembros de esta red criminal.
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