Laureno Ortega Murillo (2do. desde la izqda.), hijo de la pareja gobernante de Nicaragua, es el encargado de firmar los acuerdos con China. (Archivo)Imagen: El 19 Digital/CCC
20 de agosto de 2025
El gobierno de Daniel Ortega declaró propiedad del Estado casi 19.000 km2 en las fronteras norte y sur, incluyendo áreas naturales protegidas y territorios indígenas.
A inicios de este mes, el Parlamento controlado por el presidente Daniel Ortega declaró propiedad del Estado todas las tierras, ríos y lagunas de Nicaragua ubicadas en una franja de 15 kilómetros a lo largo de las fronteras con Honduras (norte) y Costa Rica (sur), medida que analistas y ambientalistas calificaron como una “enorme confiscación”.
Para no pocos, la Ley de Territorio Fronterizo (Ley 1258) desnudó el “afán insaciable” de Ortega y su esposa, la copresidenta Rosario Murillo, por hacerse de las grandes inversiones que crecen en ambas zonas, especialmente las concesiones mineras otorgadas a empresas chinas en los últimos años y de las que muy pocos detalles se conocen.
“El trasfondo de todo esto es la gran voracidad económica de los Ortega Murillo, que además de constituir un proyecto político son un grupo de poder económico”, dice en entrevista con DW la socióloga Elvira Cuadra, directora del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (CETCAM), con sede en Costa Rica.
¿Cuestión de soberanía?
Cuadra recuerda que Ortega controla desde hace tiempo “los principales nichos económicos” de Nicaragua, cuyo gobierno dirigió de 1985 a 1990 y al cual regresó en 2007 acuerpado por promesas de “trabajo y paz”, y la cuantiosa ayuda petrolera venezolana que totalizó al menos 5.000 millones de dólares, usados discrecionalmente por el Ejecutivo.
Al justificar la Ley de Territorio Fronterizo, el pasado 5 de agosto, el Gobierno aseguró que su objetivo principal es “salvaguardar la soberanía, integridad territorial y seguridad nacional de Nicaragua”, y por eso autorizó, en la misma norma, la movilización permanente del Ejército en ambas fronteras.
Los territorios afectados comprenden 14.250 kilómetros a lo largo de la frontera de Nicaragua con Honduras (de 950 km de longitud) y 4.635 kilómetros en el sur, en los 309 km de frontera con Costa Rica, para un total de 18.885 kilómetros cuadrados en las dos franjas.
Dicha ley, que solo tiene 4 artículos y ningún reglamento para su aplicación, no menciona explícitamente la confiscación de fincas ni empresas en las zonas mencionadas pero, “si esos territorios ahora pertenecen al Estado, ¿qué va a pasar con todas empresas, inversiones y propiedades privadas en esas áreas?”, se pregunta Elvira Cuadra.
En términos territoriales, la Ley 1258 afectará al menos 27 municipios a lo largo de las fronteras norte y sur del país, modificando el desarrollo económico de ambas regiones, basado en la agricultura (cultivos de café en el norte y de cítricos en el sur), señala.
También incidirá sobre el rol de los municipios (aunque todos están bajo control del gobernante partido sandinista), el cobro de impuestos y la gestión ambiental de las dos grandes reservas de biosfera natural: Bosawás, en la frontera norte, e Indio Maíz, en la sur, donde decenas de comunidades indígenas tienen -en teoría- derechos y autonomía sobre sus tierras ancestrales.
Legalizar concesiones mineras
Según el líder ambientalista Amaru Ruiz, director de la Fundación del Río, la medida debe analizarse “desde el punto de vista de los negocios” y, concretamente, de las inversiones chinas en Nicaragua. Por eso, al aprobar la nueva ley los diputados derogaron el mismo día la Ley de Fronteras vigente desde 2010 y que prohibía las concesiones mineras extranjeras en áreas naturales protegidas, explica.
“Esta ley además crea de hecho un nuevo ‘distrito minero’ en Nicaragua y viola la ley de titulación de comunidades indígenas y afrodescendientes”, afectando a ocho territorios miskitos y mayangnas en el norte, un territorio rama-kriol en el sur y a poblaciones de chorotegas en los departamentos norteños de Madriz y Nueva Segovia, afirma Ruiz.
Para la abogada constitucionalista Azahálea Solís, “estamos hablando de una expropiación masiva, de un robo de tierras de manera ‘legal’ y en abierta contradicción con la Constitución Política” de Nicaragua que prohíbe las confiscaciones.
La indetenible invasión china
Amparados en acuerdos comerciales recientes, compañías mineras chinas con nombres en inglés han tomado el riesgo de invertir en Nicaragua, de donde grandes empresas transnacionales prefirieron retirarse tras la crisis política que estalló con las protestas de 2018.
En los últimos dos años, el gobierno Ortega Murillo otorgó más de 20 concesiones mineras a empresas chinas, sobre unas 400.000 hectáreas. Entre estas se destacan tres grandes concesiones de explotación minera de oro en la biosfera de Bosawás, conocida como “el pulmón verde de Centroamérica” y otras dos en la sureña reserva Indio Maíz.
Y el pasado 4 de agosto, un día antes de la aprobación de Ley 1258, el gobierno entregó la más reciente concesión minera a cielo abierto en el departamento de Río San Juan, fronterizo con Costa Rica, a la empresa china Thomas Metal S.A., que en esa misma semana recibió otras dos.
Los tres permisos de operación fueron conferidos a la firma asiática sobre 108.464 hectáreas incluidas en la reserva Indio Maíz, el territorio rama-kriol y el refugio de vida silvestre Río San Juan para el “aprovechamiento de minerales metálicos y no metálicos”, según dijeron las autoridades.
Entre los rubros “no metálicos” podrían figurar, según expertos, las codiciadas “tierras raras”, como se conoce al grupo de 17 elementos químicos tan necesarios para la industria electrónica y de cuya producción mundial China controla el 70 por ciento.
(cp)
El preso político nicaragüense Carlos Cárdenas murió bajo custodia de la dictadura de Ortega: es el segundo en menos de una semana
Las autoridades sandinistas entregaron el cadáver del abogado a sus familiares tras quince días de desaparición forzada, y sin brindar explicación alguna sobre la causa del fallecimiento
La dictadura de Nicaragua entregó el viernes el cuerpo sin vida del abogado Carlos Cárdenas Zepeda a sus familiares en Managua, luego de mantenerlo quince días detenido en condición de desaparición forzada.
La familia recibió el cadáver sin que se le brindara ninguna explicación oficial sobre la causa del fallecimiento, en medio de un clima de vigilancia y temor. Si bien la entrega de sus restos fue el viernes, la noticia se conoció durante el fin de semana.
La familia, no obstante, no ha ofrecido declaraciones públicas, debido al temor a represalias. Personas cercanas han confirmado que permanecen bajo estricta vigilancia del régimen, lo que explica el silencio forzado de los parientes.
De acuerdo con organizaciones opositoras y de derechos humanos, el jurista se convierte en el segundo preso político que el régimen entrega muerto en menos de una semana, en una práctica que se repite con un patrón de opacidad, amenazas y entierros controlados.
Carlos Cárdenas Zepeda era un abogado con larga trayectoria en la función pública. Durante dos décadas trabajó en el Poder Judicial y en la Contraloría General de la República.
En 2018, en medio de la crisis social y política de Nicaragua, fue convocado por obispos de la Conferencia Episcopal para brindar asesoría jurídica en el fallido Diálogo Nacional con el régimen.
Ese mismo año fue secuestrado por paramilitares en su casa de Managua, permaneció detenido y sufrió acoso desde entonces. Su detención más reciente ocurrió hace quince días, cuando policías llegaron a su vivienda y lo sacaron sin orden judicial ni explicación alguna. Desde entonces permaneció en condición de desaparecido hasta que, este viernes, fue entregado muerto a su familia.
Organizaciones como la Gran Confederación Opositora y la Asociación Democrática de Abogados de Nicaragua calificaron el hecho como un crimen de Estado y una desaparición forzada.
Denunciaron que el caso constituye una muestra más del “terrorismo de Estado” ejercido por Ortega y Murillo, e hicieron un llamado a la comunidad internacional para que asuma con firmeza estos hechos.
La muerte de Cárdenas ocurre apenas cuatro días después de que el lunes 25 de agosto el régimen entregara también muerto a Mauricio Alonso Petri, un político opositor de 64 años que había sido detenido el 18 de julio durante las redadas en Carazo previas a la conmemoración oficial del 19 de julio.
Alonso estuvo 38 días desaparecido y finalmente su familia fue notificada para recoger el cuerpo en el Instituto de Medicina Legal. Tampoco en ese caso se informó la causa del deceso. Los parientes, además, recibieron la advertencia de realizar un sepelio exprés, sin velorio público y en ataúd cerrado, bajo la estricta vigilancia de la Policía.
El abogado Yader Morazán, exfuncionario judicial y ahora crítico del régimen, denunció que muertes como esta responden a un patrón sistemático. “Cadáveres de presos políticos devueltos en secreto y sin derecho a un entierro digno en Nicaragua”, escribió en redes sociales.
“Estos no son incidentes aislados; forman parte de una serie de fallecimientos que cuestionan la responsabilidad del Estado en la protección de la vida de quienes están bajo su custodia”, explicó.
En su análisis, Morazán recordó que la ley penitenciaria de Nicaragua establece protocolos para proteger la vida y la dignidad de los privados de libertad. Sin embargo, en los casos de Alonso y Cárdenas se observa la ausencia de dictámenes medicolegales, la prohibición de autopsias independientes, restricciones a los familiares y la falta total de investigación transparente.
“Una muerte atribuida a enfermedad o a la privación de condiciones dignas no puede investigarse como una simple muerte natural, sino bajo el contexto y protocolos de responsabilidad del régimen carcelario. Aquí radica una doble responsabilidad: la de quien priva de libertad sin un proceso legal debido, y la que deriva de la desaparición forzada que deja a las víctimas fuera del amparo legal”, señaló.
La muerte de presos políticos bajo custodia del régimen no es un hecho aislado de esta semana. Desde 2019 al menos seis opositores han perdido la vida estando encarcelados o bajo arresto domiciliario en condiciones de aislamiento y hostigamiento.
El primero fue Eddy Montes, ciudadano nicaragüense-estadounidense asesinado el 16 de mayo de 2019 en la cárcel La Modelo por un guardia del penal, en circunstancias nunca esclarecidas.
Luego se registró la muerte de Santos Flores en noviembre de 2021, un abogado que había denunciado abusos sexuales de Ortega contra su hermana menor y que falleció tras años en prisión en condiciones inhumanas.
En febrero de 2022 murió en prisión el general retirado Hugo Torres, histórico comandante sandinista que en los años setenta había participado en la liberación del propio Daniel Ortega. Detenido en junio de 2021, su salud se deterioró en El Chipote y el Hospital Policial sin atención oportuna.
El 30 de septiembre de 2024 falleció en arresto domiciliario Humberto Ortega Saavedra, exjefe del Ejército y hermano del dictador. Había sido sometido a aislamiento total desde mayo de ese año por sus críticas al régimen, sin acceso a tratamiento médico adecuado. En todos estos casos, las familias denunciaron negligencia, falta de atención médica, restricciones arbitrarias y ausencia de información clara.
El abogado Morazán subraya que se trata de un patrón común y sistemático. En todos los casos hay opacidad, entierros restringidos y prohibición de autopsias independientes. Tampoco hay investigaciones judiciales creíbles. Además, los reos fallecieron tras un deterioro de salud agravado por el aislamiento y la falta de atención. La repetición de estos elementos convierte las muertes en responsabilidad directa del régimen.
La entrega de los cadáveres de Alonso y Cárdenas ha desatado una ola de temor entre las familias de los presos políticos que siguen detenidos. “Cada día de encierro arbitrario es un riesgo de muerte”, denunciaron colectivos de familiares en conferencia de prensa este 30 de agosto.
“Nos negamos absolutamente a normalizar esta práctica. Cada muerte bajo custodia estatal es un asesinato político. La vida de nuestros familiares está en riesgo permanente y el silencio oficial no es más que una confirmación de la crueldad con la que actúa este régimen”, leyeron en un comunicado.
En esa misma línea se expresaron defensores de derechos humanos que acompañan a las familias. “Las cárceles del régimen se han convertido en antesalas de muerte”, señaló Claudia Pineda de la Unidad de Defensa Jurídica.
Salvador Marenco, del Colectivo Nicaragua Nunca Más, advirtió que estas desapariciones forzadas se suman a la lista de crímenes de lesa humanidad perpetrados por el régimen y que deberán ser juzgados en el futuro.
“Son crímenes imprescriptibles y crímenes que deberán de ser juzgados en una Nicaragua libre a todos aquellos perpetradores, agentes estatales y paraestatales que han participado en esta sistemática”, afirmó.
“En este momento yo no sé si mi hijo está vivo o si está muerto. Vivo una incertidumbre con lo del señor Alonso, que fue entregado muerto a su familia después de 38 días de desaparición forzada. Entonces yo vivo la misma angustia porque no sé nada de mi hijo”, declaró a la plataforma Confidencial Rosa Ruiz, madre del médico Estrada Yerri Estrada, arrestado el 13 de agosto en el Hospital Amistad Japón-Nicaragua de Granada y de quien no se tiene noticias desde entonces.
Las redadas previas al 19 de julio de este año, organizadas por la Policía y fuerzas parapoliciales, dejaron al menos 28 detenidos según el Monitoreo Azul y Blanco. Cinco familias enteras fueron capturadas en esas operaciones. Muchas de esas personas permanecen desaparecidas y en condición de riesgo. Los colectivos denuncian que, ante la falta de información oficial, cada día de silencio aumenta el peligro de que aparezcan muertos como en los casos recientes.
Actualmente el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas en Nicaragua registra entre 52 y 54 personas encarceladas por motivos políticos. De ellas, 33 han recibido sentencia y 19 permanecen sin condena firme, algunas en condición de desaparición forzada.
La cifra puede ser mayor, debido a la falta de información y a que las familias temen denunciar públicamente por las represalias.
“Se imagina cómo un custodio podrá justificar que alguien murió bajo su cargo sin haber una razón legal que lo sustente”, se pregunta Yader Morazán en sus comentarios.
Para Morazán, la responsabilidad no se limita a las acciones directas, sino también a las omisiones. La falta de atención médica, la incomunicación y las desapariciones forzadas son factores letales que convierten cada detención en un riesgo de muerte.
“Toda muerte bajo privación de libertad debe investigarse exhaustivamente, preguntando y respondiendo: ¿Cómo ocurrió? ¿Qué se hizo para prevenirlo? ¿Quién era el custodio responsable? ¿Bajo qué justificación legal estaba detenida esa persona? La responsabilidad recae en el régimen”, concluyó.
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