1/05/2026
Santo Domingo.- Un juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional dictó este viernes 18 meses de prisión preventiva contra Ángel Luis Guzmán Vásquez, implicado en la red criminal del caso Cobra, acusado de estafar al Estado dominicano a través del Seguro Nacional de Salud con más de RD$15 millones.
El magistrado ordenó que Guzmán Vásquez cumpla la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras.
La titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, Mirna Ortiz, explicó que el juez acogió la solicitud del Ministerio Público al considerar que se trata de hechos graves que afectan tanto los fondos públicos como la salud de los ciudadanos.
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Ortiz indicó que el fraude implicó el drenaje de recursos del sistema de seguros médicos, lo que pudo traducirse en una reducción de la cobertura y los servicios para los afiliados.
Recordó que esta es una de las principales líneas de investigación dentro de las irregularidades detectadas en SeNaSa, institución que según dijo ha sido impactada por distintos esquemas delictivos y de corrupción, cuyas investigaciones continúan en curso.
De acuerdo con el Ministerio Público, el imputado tenía acceso privilegiado a información, programas y códigos internos, lo que le permitió incorporar códigos de médicos y facturar servicios no prestados, aprovechando su condición de empleado de la institución.
La procuradora Ortiz señaló que, aunque el imputado no ha negado completamente las acusaciones, ha intentado defenderse de algunos señalamientos. No obstante, el juez consideró que los hechos presentados por el órgano acusador están debidamente sustentados.
Guzmán Vásquez enfrenta cargos por corrupción, violación a la Ley de Alta Tecnología, lavado de activos y otros delitos, por su presunta vinculación a la red que sustrajo millones de pesos del Estado en perjuicio del SeNaSa.
El imputado se desempeñó como auxiliar del Departamento de Autorizaciones Médicas en SeNaSa desde el 8 de marzo de 2021 hasta el 1 de noviembre de 2022. Fue detenido cuando intentaba salir del país con destino a Boston, Estados Unidos, sin boleto de retorno.
Está vinculado a autorizaciones irregulares de procedimientos médicos y consultas como parte del entramado que operó mediante maniobras fraudulentas para obtener beneficios económicos fuera de los parámetros legales.
Como parte de la Operación Cobra, el Ministerio Público investiga autorizaciones fraudulentas emitidas entre el 28 de enero de 2021 y el 20 de febrero de 2025, que incluyen 4,363 procedimientos de cirugía menor ambulatoria y consultas especializadas, con un monto acumulado de al menos RD$41,125,551.02.
En la solicitud de medida de coerción, depositada ante la Oficina Coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, se establece que el imputado podría afectar la investigación al destruir, modificar, ocultar o falsificar pruebas relevantes.
Por este caso, también guarda prisión preventiva el exdirector de SeNaSa, Santiago Hazim Albainy, señalado como presunto cabecilla del entramado de corrupción. Fue arrestado en diciembre pasado durante la Operación Cobra y cumple 18 meses de prisión preventiva en el mismo centro.
Junto a Hazim Albainy, también cumplen prisión preventiva los imputados Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis Martínez Hazim, Ada Ledesma Ubiera y Ramón Alan Speakler Mateo. A estos se les ratificó la medida este jueves por decisión del juez Deiby Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.
Los hombres se encuentran recluidos en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras, mientras que las imputadas cumplen prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo-Mujeres, en San Cristóbal.
Ministerio Público arresta hombre vinculado a estafa inmobiliaria en Punta Cana
2/05/2026
SANTO DOMINGO .- El Ministerio Público arrestó a un hombre vinculado a una estafa inmobiliaria relacionada al proyecto West Side Residences Punta Cana, de la constructora Paceo.
Al imputado Joan Fernando González Contreras, relacionado a la citada constructora, se le depositará medida de coerción en las próximas horas ante la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional.
La Unidad de Captura de Prófugos, Rebeldes y Condenados del Ministerio (Ucaprec), encabezada por la procuradora fiscal Andry De Los Santos, ejecutó la Orden Judicial de Arresto No. 2025-AJ0007854, emitida por el juez Rigoberto Sena Ferreras, del Octavo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.
La acción se llevó a cabo con la colaboración de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).
El Ministerio Público fue apoderado de la investigación de una querella, interpuesta en fecha 3 de julio de 2024, por Holger Ariosto León Rivas, en contra del Grupo Paceo LLC y del imputado González Contreras por la presunta comisión del tipo penal previsto en el artículo 405 del Código Penal Dominicano, que tipifica y sanciona la estafa.
Durante el proceso se ha establecido que León Rivas hizo negociaciones con la constructora para la adquisición de una de las villas que estaban siendo construidas en el proyecto llamado West Side Residences Punta Cana.
La villa sería adquirida con un monto de ciento diez mil dólares americanos (US$110,000), los cuales debían ser pagados en un plazo de dos años.
La víctima comenzó a realizar los pagos en fecha 21 de octubre del 2019, realizando un primer pago por cinco mil novecientos dólares americanos (US$5.900), así como otro por cinco mil dólares americanos (US$5,000) por concepto de abono para comenzar el proyecto.
Después, León Rivas procedió a realizar otros pagos por la suma de mil ochocientos diecisiete dólares americanos (US$1,817), por concepto de otro abono, realizando dichos pagos mediante transferencias a una cuenta de una entidad bancaria.
Luego del inicio de las negociaciones a la víctima le enviaban vídeos del proyecto. En octubre del 2021, la constructora Paceo, LLC, dejó de enviar los videos, así como también los recibos por concepto de pagos.
Ante la situación, la víctima le solicitó a un amigo que fuera a ver el proyecto, donde le mostraron una villa que presuntamente era la que había negociado, por lo que continuó realizando los pagos.
Posteriormente, cuando los abogados del afectado fueron al lugar a verificar el proyecto, pudieron establecer que este no existe, por lo que León Rivas procedió a interponer la querella.
Juez concluye audiencia preliminar del caso Jet Set y se reserva fallo para el 15 de junio
Wilson Camacho espera que Antonio y Maribel Espaillat sean enviados a juicio
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1/05/2026
Santo Domingo.- El juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Raymundo Mejía, decidirá el próximo 15 de junio si envía o no a juicio a los propietarios de la discoteca Jet Set Club, Antonio y Maribel Espaillat, acusados de homicidio involuntario en perjuicio de 236 personas fallecidas durante el derrumbe del techo del centro de diversión.
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En la tragedia también resultaron heridas 180 personas.
El magistrado adoptó su decisión de reservarse el fallo para las 10:00 de la mañana de esa fecha, con el objetivo de ponderar los argumentos del Ministerio Público, de los representantes legales de las víctimas y de la defensa de los imputados.
Durante la audiencia, familiares de los fallecidos y personas afectadas expusieron ante el juez cómo han cambiado sus vidas tras el trágico suceso. Asimismo, los imputados y su defensa presentaron sus argumentos ante el tribunal.
Ministerio Público insiste en envío a juicio
Se recuerda que el Ministerio Público solicitó formalmente el envío a juicio de los propietarios de la discoteca Jet Set Club, al considerar que existen suficientes elementos de prueba que demuestran la responsabilidad de los hermanos Espaillat en los hechos que se les imputan.
A la salida del tribunal, el director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, expresó que espera que el juez adopte una decisión acorde a la ley y ordene el envío a juicio de los acusados.
Camacho destacó que, debido a las limitaciones del Código Penal vigente de más de 140 años, resulta difícil establecer una sanción proporcional al dolor causado a las víctimas.
“Lamentablemente, en las condiciones actuales del Código Penal es difícil hacer una correlación entre la sanción que establece la norma y el dolor que han vivido los cientos de víctimas como consecuencia de la irresponsabilidad y negligencia extrema de los administradores de esta discoteca”, indicó.
Investigación y peritaje
El funcionario explicó que el Ministerio Público realizó una investigación exhaustiva desde el inicio, recopilando y preservando pruebas clave.
“Designamos una comisión de peritos, incluyendo un experto internacional, para determinar la causa del colapso de la discoteca Jet Set. Esta quedó claramente establecida: el derrumbe se debió al sobrepeso colocado en el techo por los administradores”, afirmó.
Camacho agregó que este punto está debidamente sustentado en el peritaje presentado ante el tribunal y que incluso la defensa se acogió a dichas pruebas.
Debate sobre la calificación jurídica
El caso también incluye una discusión técnica sobre la calificación jurídica de los hechos, la cual será determinada por el tribunal al momento de decidir si envía el caso a juicio.
Según explicó Camacho, el Ministerio Público sostiene que se trata de un caso de culpa consciente, basado en la representación del daño y el conocimiento de las posibles consecuencias.
El juez fijó para el 15 de junio a las 10:00 de la mañana la lectura del fallo, argumentando que se trata de un proceso complejo que requiere análisis detallado.
“Esperamos que el tribunal, sobre esta base, envíe el caso a juicio”, concluyó Camacho.
De acuerdo con el Ministerio Público, los imputados habrían implementado soluciones paliativas inadecuadas para reducir costos, a pesar de tener conocimiento de graves problemas estructurales en el techo.
Estas fallas habrían sido evidenciadas mediante reportes visuales, fotografías, videos y comunicaciones internas de empleados del establecimiento.
Las investigaciones también señalan que los propietarios sobrecargaron la estructura del techo al instalar sistemas de climatización de gran volumen, incluyendo seis aires acondicionados de entre 15 y 20 toneladas cada uno, además de tinacos de agua, sin contar con estudios técnicos que garantizaran la capacidad del edificio.
Esto se sumó a los desperfectos de la estructura de la edificación de la discoteca Jet Set, provocaron el derrumbe y la agonía de las víctimas que quedaron atrapadas bajo los escombros.
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