NYC está facilitando que los indocumentados obtengan una tarjeta de identificación para ayudar en trámites, pero no es reconocida por el gobierno federal
Nueva York está facilitando que cientos de miles de inmigrantes indocumentados obtengan la tarjeta de identificación municipal IDNYC para ayudar a allanar el camino en trámites de vivienda y atención médica gratuita, aunque no es reconocida por el gobierno federal.
El cambio respaldado por la alcaldía, aprobado por el Ayuntamiento, agrega 23 tipos de documentos que los solicitantes -inmigrantes y estadounidenses- pueden mostrar para demostrar que residen en la ciudad de Nueva York y obtener la tarjeta IDNYC, reportó New York Post.
Por ejemplo, ahora pueden presentar licencias de conducir vencidas y documentos anteriores de ICE, la Oficina Federal de Prisiones y casos abiertos con departamentos de la ciudad como el de vivienda, además de otros 100 tipos de identificaciones.
Las identificaciones oficiales de la ciudad fueron ofrecidas por primera vez por la administración de Bill De Blasio en 2015 para tratar de ayudar a los inmigrantes a acceder más fácilmente a la atención médica gratuita en los hospitales públicos de la ciudad, abrir cuentas bancarias, firmar contratos de alquiler e inscribirse en la escuela, entre otros trámites.
Todos los neoyorquinos mayores de 10 años, “independientemente de su estatus migratorio”, pueden solicitar una tarjeta IDNYC, dice el portal de la ciudad, donde se pueden hacer citas y consultar los requisitos. Pero sólo alrededor de 1,7 millones de personas -en una población de 8 millones- han recibido la tarjeta hasta la fecha, incluidas 132,054 el año pasado y 127.859 en 2023, según la alcaldía.
Actualmente hay alrededor de 670,000 inmigrantes indocumentados en el estado Nueva York, según un estudio publicado a fines de enero por el Fiscal Policy Institute, ente de tendencia liberal. La mayoría vive en la ciudad de Nueva York.
Algunos criticaron la flexibilización del acceso a la IDNYC, diciendo que socava la ley federal de inmigración y la promesa del mandatario Donald Trump de hacerla cumplir. “Es una idea terrible”, dijo la congresista Nicole Malliotakis -republicana de Brooklyn/Staten Island- al New York Post. “Proporcionar una identificación gubernamental legítima a personas que están en el país ilegalmente y luego darles acceso a los edificios y servicios gubernamentales es sólo otro incentivo [para venir aquí].
“Lo más inquietante es que no hay verificación, no hay proceso para asegurar que los documentos proporcionados para probar la identidad no sean falsos y, además, destruyen estos documentos que podrían ser útiles en una investigación”, dijo la congresista, quien en 2017 demandó inútilmente a la administración de De Blasio para intentar obtener acceso a los datos para erradicar a los inmigrantes indocumentados.
Un vocero de la alcaldía afirmó que los antecedentes de los solicitantes de la tarjeta IDNYC son examinados rigurosamente para detectar posibles problemas criminales. En cuanto a entregar información obtenida del programa, la ciudad sólo está obligada a hacerlo si se presenta una orden judicial.
Steven Camarota, director de investigación del Centro de Estudios de Inmigración (CIS), criticó que el programa IDNYC “crea una hoja de parra de legitimidad para poder socavar la ley federal de inmigración. La tarjeta de identificación es para personas que están ilegalmente en el país. Es para hacer la vida más conveniente para las personas que están ilegalmente en el país”, afirmó.
La crisis migratoria ha marcado la gestión de Adams, en medio de una batalla política nacional entre demócratas y republicanos. El mes pasado recibió un aparente polémico perdón del gobierno republicano de Trump, cuando el DOJ desestimó el caso por soborno en su contra, en medio de un supuesto pacto para favorecer el plan de deportación masiva de la Casa Blanca.
El mes pasado Pam Bondi, la nueva fiscal general de Estados Unidos nombrada por Trump, aprovechó su primera conferencia de prensa oficial para anunciar que demandará al estado Nueva York, así como a la gobernadora Hochul, la fiscal general estatal Letitia James y Marc Schroeder, el comisionado del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) del estado, alegando que sus políticas limitan la cooperación con las autoridades federales de inmigración.
La demanda contra Nueva York se deriva de una ley estatal que permite a las personas sin documentos migratorios obtener licencias de conducir. La llamada “Green Light Law” (Ley de Luz Verde) se promulgó en parte para mejorar la seguridad pública en las carreteras, ya que las personas sin licencia a veces conducían sin ella o sin haber aprobado un examen práctico. El estado también facilita a los titulares de esas licencias la obtención de un seguro de automóvil.
