La Procuraduría General de la República (PGR) ha tomado medidas ante informaciones de que el empresario Antonio Espaillat López estaría realizando acciones para transferir bienes a su nombre. El órgano acusador habría interpretado esto como una estrategia para evitar resarcir a las cientos de víctimas del desplome de la discoteca Jet Set.

La Dirección de Persecución del Ministerio Público, que dirige Wilson Camacho, ha puesto en marcha varias “diligencias procesales” sobre las empresas Inversiones E y L SRL y Jet Set Club, así como otras propiedades de Antonio Espaillat como parte de la investigación iniciada en relación con la tragedia de la discoteca Jet Set, en la que murieron 232 personas y más de 180 resultaron heridas.

Entre estas diligencias, se interpusieron oposiciones a traspasos de bienes que estaban en movimiento. Según el Ministerio Público, esta es una medida para proteger los derechos de las víctimas, luego de que el pasado martes 8 de abril se desplomara por completo el techo de concreto de la discoteca mientras se celebraba una fiesta con el merenguero Rubby Pérez, quien también falleció en el lugar de los hechos.

“El Ministerio Público ha gestionado imponer un impedimento cautelar a cualquier transacción accionaria o patrimonial de las empresas vinculadas a Antonio Espaillat, propietario de la discoteca Jet Set”, comentó una fuente ligada a la investigación, señalando que las mismas diligencias se están realizando bajo el amparo de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos.

Indicó que esto tiene como fin evitar que los bienes vinculados a Espaillat sean transferidos o enajenados mientras se desarrolla el proceso judicial.

Precisó que esto no implica que se le esté investigando por lavado de activos, sino que se utiliza esa figura jurídica para que, de manera administrativa, se pueda poner un “stop” a cualquier transacción sobre la propiedad de las empresas y bienes vinculados a Espaillat.

La investigación se concentra en las empresas directamente vinculadas a Espaillat, en especial la sociedad bajo la cual operaba el icónico centro de espectáculos de Santo Domingo.

Aunque Espaillat ha declarado públicamente estar a disposición de la justicia y con la disposición de sus empresas a colaborar con la investigación, el Ministerio Público ha iniciado una revisión de la documentación corporativa, licencias, seguros, condiciones estructurales del local y cumplimiento de las normativas exigidas para un negocio de este tipo.

La Ley Orgánica del Ministerio Público, 133-11, en su artículo 169, establece que es el órgano del sistema de justicia responsable de la formulación e implementación de la política del Estado contra la criminalidad, que dirige la investigación penal y ejerce la acción pública en representación de la sociedad.

En su párrafo 1, sostiene que, en el ejercicio de sus funciones, el Ministerio Público garantizará los derechos fundamentales que asisten a los ciudadanos, promoverá la resolución alternativa de disputas, dispondrá la protección de víctimas y testigos, y defenderá el interés público tutelado por la ley.

Mientras que en el párrafo II, señala que la ley regulará el funcionamiento del sistema penitenciario bajo la dirección del Ministerio Público y otro organismo que a tal efecto se constituya.

Mientras que el artículo 170, sobre autonomía y principios de actuación, aduce que el Ministerio Público goza de autonomía funcional, administrativa y presupuestaria, y ejercerá sus funciones conforme a los principios de legalidad, unidad de actuaciones, jerarquía, individualidad y responsabilidad.

Fotos de víctimas por el derrumbe del techo de la discoteca jet Set, en un altar improvisado frente a este establecimiento

Santo Domingo, 18 abr-  El Estado Dominicano y el Ayuntamiento del Distrito Nacional han sido incluídos en dos nuevas demandas que acaban de ser presentadas por el desplome del techo de la discoteca Jet Set, de esta capital, en contra de los propietarios de este establecimiento.

Las querellas fueron interpuestas por familiares de dos de las víctimas de la tragedia ocurrida el 8 de abril último en contra de Antonio Espaillat y Ana Grecia López, dueños del centro nocturno.    Fueron recibidas en la Dirección de Persecución del Ministerio Público y en la Fiscalía del Distrito Nacional, instituciones a cargo de la investigación.

Las acciones legales fueron presentadas por separado por los padres de Melissa Yismel Tejada, de 26 años y doctora de profesión, y de Gustavo Noel Suero, de 37 años y piloto, a través del abogado Félix Humberto Portes.

ESTADO Y AYUNTAMIENTO DEL DN INCLUÍDOS POR RESPONSABILIDAD CIVIL

Ambas familias también demandaron al Estado dominicano y al Ayuntamiento del Distrito Nacional por responsabilidad civil, según argumentaron.

Las primeras reclamaciones fueron presentadas a inicios de esta semana por los familiares de Virgilio Rafael Aponte y Rauny Cedano en contra también de los dueños de la discoteca, el Estado y el Ayuntamiento.

Hace cuatro días la Procuraduría General de la República abrió una investigación sobre las causas  del desplome del techo de la discoteca Jet Set.

La procuradora general de la República, Yeni Berenice, instruyó a la Dirección de Persecución y a la Fiscalía de la capital para que lleven a cabo las pesquisas.

COMISION DE EXPERTOS INVESTIGA

De manera paralela, el Gobierno de Luis Abinader anunció la conformación de una comisión de expertos nacionales e internacionales para determinar qué ocurrió para que se desplomara el techo sobre centenares de personas mientras actuaba el merenguero Rubby Pérez.

De acuerdo con el mandatario, «a partir de ahora, hay de dar respuesta a qué pasó, por qué pasó y cómo pasó» la tragedia en la discoteca.

ro/mpv

(Con información de Prensa Latina)