Fiscal James de NY demanda a Trump para defender pagos de intereses a propietarios / Gobernadora firma leyes para proteger a los niños de NJ y apoyar la salud mental de los jóvenes
La fiscal general de Nueva York, Letitia James. Crédito: Andres Kudacki, file | AP
Letitia James cuestiona reglas de Trump que podrían eliminar intereses sobre fondos de propietarios destinados a pagar impuestos y seguros
Por Raúl Castillo
11 Ago 2026
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, demandó este martes a la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC) de Estados Unidos para impedir que nuevas reglas de la administración Trump eliminen la aplicación de leyes estatales que obligan a los bancos a pagar intereses a los propietarios sobre fondos depositados en cuentas de garantía hipotecaria.
James se sumó a una coalición de otros nueve fiscales generales estatales que buscan que un tribunal declare ilegales las normas aprobadas por la OCC y bloquee su implementación.
Según el comunicado de la fiscal general, las reglas amenazan los pagos de intereses que ayudan a los propietarios a cubrir gastos como impuestos sobre la propiedad y seguros de vivienda.
“En un momento en que ser propietario de una vivienda es más caro que nunca, la administración Trump está tratando de hacerlo aún más costoso con estas normas ilegales”, afirmó James. “Los grandes bancos y prestamistas hipotecarios no deberían poder obligar a los propietarios a mantener cantidades importantes de dinero sin pagar intereses”.
Las cuentas escrow son utilizadas por los prestamistas hipotecarios para mantener dinero de los propietarios destinado al pago de impuestos sobre la propiedad y primas de seguros.
De acuerdo con el comunicado, los prestamistas comenzaron a exigir estos depósitos mensuales en la década de 1930, y los estados empezaron a aprobar leyes para exigir el pago de intereses sobre esos fondos a partir de la década de 1970.
Legislación de 1974
Nueva York aprobó su legislación en 1974 y exige a los prestamistas hipotecarios pagar un interés de al menos 2% sobre los fondos mantenidos en estas cuentas. El comunicado señala que, para 2016, aproximadamente 80% de las hipotecas en Estados Unidos tenían una cuenta escrow asociada.
La disputa se centra en dos normas finales emitidas por la OCC el 15 de mayo de 2026. La agencia determinó que las leyes de Nueva York y otros 13 estados y territorios que exigen el pago de intereses sobre fondos escrow no deberían aplicarse a bancos nacionales y asociaciones federales de ahorro.
La OCC sostiene que esas leyes reducen la “flexibilidad” de los bancos nacionales para establecer las condiciones de sus cuentas escrow.
James y los otros fiscales generales rechazan ese argumento y sostienen que la agencia no ha demostrado que las leyes estatales interfieran de manera significativa con las operaciones de los bancos ni ha identificado alteraciones del mercado que justifiquen las nuevas normas.
Los fiscales generales también cuestionan que la OCC haya explicado cómo sus reglas protegerían a los consumidores frente a posibles abusos. Según la demanda, la agencia habría creado un conflicto con las leyes estatales de intereses sobre cuentas escrow para justificar posteriormente que fueran desplazadas por la normativa federal.
La coalición sostiene además que la OCC excedió las facultades que le otorgó el Congreso. La demanda invoca la Ley Dodd-Frank de Reforma de Wall Street y Protección al Consumidor, aprobada después de la crisis financiera de 2008, que estableció límites a la capacidad de la OCC para invalidar leyes estatales de protección al consumidor.
Según los fiscales generales, Dodd-Frank exige que la OCC determine si una legislación estatal “interfiere sustancialmente” con las facultades de un banco nacional. A su juicio, las leyes que exigen pagar intereses sobre cuentas escrow no cumplen ese criterio porque su impacto sobre las operaciones bancarias sería limitado.
Nuevas facultades
La demanda también acusa a la OCC de otorgar nuevas facultades a los bancos nacionales en contra de la Ley de Procedimiento Administrativo (APA).
Los fiscales generales argumentan que las normas carecen de una base factual suficiente, se apoyan en especulaciones no demostradas y no evalúan adecuadamente sus posibles efectos sobre los consumidores y el sistema financiero.
James y sus aliados solicitan al tribunal una orden que declare ilegales las dos normas de la OCC y prohíba su aplicación.
“Durante décadas, Nueva York ha impedido que los prestamistas se aprovechen de los propietarios, y mi oficina está tomando medidas para defender nuestras leyes”, afirmó James.
Además de Nueva York, participan en la demanda los fiscales generales de California, Connecticut, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Oregón, Rhode Island y Vermont.
Gobernadora firma leyes para proteger a los niños de NJ y apoyar la salud mental de los jóvenes
A partir de ahora, el estado limitará prácticas de las redes sociales, protege datos de menores y crea un centro para estudiar sus efectos y riesgos
Por Montserrat Arqué
11 Ago 2026
La gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, promulgó un paquete de 3 leyes destinado a reforzar la protección de los niños y adolescentes en internet, limitar prácticas consideradas perjudiciales de las grandes plataformas tecnológicas y estudiar de manera independiente los efectos de las redes sociales sobre los menores.
La medida forma parte de la Kids’ Online Safety Agenda, impulsada por Sherrill y representa uno de los esfuerzos más amplios del estado para intervenir en un entorno digital donde los algoritmos, la recopilación de datos y las funciones diseñadas para prolongar el tiempo de uso generan cada vez más preocupación entre padres, educadores y especialistas.
“Big Tech podría haber impedido que los políticos en Washington las responsabilizaran, pero no nos detendrán aquí en Nueva Jersey”, afirmó Sherrill al anunciar la entrada en vigor de las nuevas disposiciones. La gobernadora, madre de 4 hijos, sostuvo que las compañías tecnológicas han desarrollado plataformas capaces de captar la atención de los menores mediante funciones adictivas y que las familias no deberían enfrentar solas los riesgos asociados.
El movimiento cobra especial relevancia en la región porque Nueva York también ha comenzado a establecer límites para el uso de redes sociales por parte de menores. El estado aprobó el SAFE for Kids Act, una legislación que busca proteger a los niños de ciertas prácticas de las plataformas y reducir los mecanismos que pueden fomentar un uso compulsivo de estos servicios.
Más privacidad y límites a las plataformas
Una de las principales medidas es la New Jersey Kids Code Act, correspondiente a los proyectos A4015/S3413. La legislación incorpora al marco estatal el denominado Age-Appropriate Design Code, que obliga a determinados proveedores de servicios en línea a considerar la seguridad y el bienestar de los menores al diseñar sus productos.
Entre sus disposiciones, la ley restringe la cantidad de datos que las empresas pueden recopilar y conservar de los niños y establece mayores salvaguardas para las interacciones entre menores y usuarios adultos.
Además, las plataformas deberán establecer para los menores los niveles de privacidad predeterminados más elevados. También se limitarán determinadas funciones concebidas para mantener a los usuarios jóvenes conectados de manera constante.
La normativa contempla, asimismo, mayores mecanismos de control para niños y padres. Entre ellos figuran determinadas opciones relacionadas con las recomendaciones algorítmicas, las interacciones digitales y la posibilidad de denunciar experiencias perjudiciales.
El objetivo no es únicamente establecer recomendaciones. La legislación crea estándares que podrán ser exigidos a las compañías tecnológicas cubiertas por la norma y contempla mecanismos de rendición de cuentas cuando estas obligaciones sean incumplidas.
Nueva investigación sobre redes sociales y adicción
El segundo eje del paquete es la creación de un Social Media Research Center en una de las instituciones públicas de educación superior de 4 años de Nueva Jersey.
El estado ya destinó $500,000 dólares en el presupuesto fiscal de 2027 para poner en marcha el centro, mientras que la Oficina del Secretario de Educación Superior abrió una convocatoria para que una universidad pública presente propuestas. La intención es que la institución comience a operar este otoño.
El centro analizará los efectos del consumo de redes sociales y estudiará especialmente las conductas asociadas con el uso adictivo entre niños y adolescentes. Sus investigaciones deberán servir para orientar a responsables políticos, familias, profesores y comunidades.
La tercera ley, S3412/A4013, amplía esa misión. Ordena al centro investigar si las etiquetas de advertencia y los avisos obligatorios pueden ayudar a reducir los comportamientos adictivos vinculados con las redes sociales entre menores.
Los resultados deberán plasmarse en un informe final con conclusiones y recomendaciones de política pública dentro de un plazo de 18 meses. Posteriormente, esos hallazgos podrían respaldar nuevas regulaciones del Departamento de Salud de Nueva Jersey.
La estrategia estatal comenzó desde el primer día de la administración Sherrill, cuando la gobernadora creó la Office of Youth Online Mental Health Safety and Awareness dentro del Departamento de Salud. Esa oficina coordina las iniciativas gubernamentales relacionadas con la seguridad y el bienestar de los menores en el entorno digital.
Para las autoridades estatales, el desafío va más allá del tiempo que los niños pasan frente a una pantalla. La privacidad, el acoso, la exposición a contenido dañino y los mecanismos de diseño que incentivan un uso prolongado forman parte de un problema que Nueva Jersey pretende abordar desde distintos frentes.
Con estas tres leyes, el estado coloca a las plataformas tecnológicas bajo nuevas obligaciones y apuesta por combinar regulación, investigación y herramientas para las familias. El mensaje de la administración Sherrill es claro: en Nueva Jersey, la seguridad de los menores deberá tener prioridad frente a las estrategias digitales destinadas a mantenerlos conectados.
