La actual gestión asegura que encontró decenas de empleados y asistentes que cobraban salarios sin desempeñar labores específicas
Santiago de los Caballeros – jun. 20, 2026
El doctor Yvan Mercader, presidente del patronato que dirige el Instituto Oncológico Regional del Cibao. (DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ)
El presidente del patronato que dirige el Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC), Yván Mercader, aseguró el viernes que al asumir la administración de la entidad encontraron alrededor de 50 familiares del exdirector, Héctor Lora, nombrados en la nómina de la institución, muchos de ellos sin desempeñar funciones específicas.
Según Mercader, la elección de Lora como presidente del patronato se produjo mediante un procedimiento que violó disposiciones estatutarias.
Indicó que, tras el fallecimiento del entonces presidente, doctor Arvelo, los estatutos establecían que él, como vicepresidente, debía asumir la presidencia hasta ser ratificado por una asamblea.
Sin embargo, dijo que se decidió convocar nuevas elecciones y Lora resultó favorecido por la mayoría de los votos de la junta directiva.
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El dirigente del patronato sostuvo que, una vez en el cargo, Lora incurrió en violaciones a los estatutos de la institución al permanecer en la presidencia más tiempo del permitido.
Explicó que las normas internas establecen que las elecciones deben celebrarse cada dos años y que un presidente solo puede ser reelegido una vez.
“Ya llevaba tres elecciones consecutivas“, afirmó Mercader, quien señaló que las convocatorias no se realizaban de manera regular.
Además, dijo que miembros de la directiva eran sustituidos alegando supuestas renuncias o impedimentos.
Aseguró que el expresidente concentró el control administrativo y financiero de la entidad, manejando las cuentas de manera individual, pese a que los estatutos contemplan una administración colegiada.
Mercader afirmó que durante el proceso de revisión encontraron unos 50 familiares de Lora nombrados en diferentes áreas del centro, además de una cantidad considerable de empleados y asistentes sin funciones claramente definidas.
“Muchos estaban en nómina, pero no tenían un área específica de trabajo”, expresó.
El actual presidente del patronato indicó que también detectaron una elevada cantidad de personal superior al necesario, incluyendo decenas de enfermeras y asistentes, situación que atribuyó a la falta de controles administrativos durante la gestión anterior.
Asignación de fondos
Otra presunta violación atribuida a Héctor Lora fue haberse asignado RD$600,000 por concepto de gastos de representación, pese a que los estatutos del patronato establecen que las funciones de sus directivos deben ejercerse de manera honorífica y sin remuneración.
Según dijo, la nueva administración ha iniciado un proceso de reorganización institucional, depuración de la nómina y fortalecimiento de los mecanismos de control interno para garantizar la transparencia en el manejo de los recursos del Instituto Oncológico Regional del Cibao.
Las declaraciones fueron ofrecidas mientras continúan las investigaciones judiciales relacionadas con la pasada administración del centro de salud.
Aplazan para el martes coerción por presunto fraude al Senasa desde el Oncológico del Cibao
La posposición se debió a que el abogado del principal acusado no acudió
Imputados en el caso Senasa desde el Oncológico del Cibao salen de la audiencia que fue aplazada este viernes. (DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ)
Santo Domingo – jun. 19, 2026 | 09:28 p. m.| 3 min de lectura
La audiencia para conocer la solicitud de medida de coerción contra tres imputados acusados de sustraer fondos millonarios del Seguro Nacional de Salud (Senasa) en perjuicio de pacientes con cáncer y del Estado dominicano fue aplazada para el próximo martes 23 de junio a las 4:30 de la tarde.
La decisión fue adoptada por el tribunal de Atención Permanente debido a que uno de los imputados, Héctor Antonio Lora, no estuvo representado por su abogado, Francisco Consoró.
- La procuradora de corte Mirna Ortiz informó que el Ministerio Público acudió preparado para el conocimiento de la medida de coerción, pero los abogados de la defensa alegaron no estar listos para continuar con el proceso.
“En la audiencia de hoy el Ministerio Público vino una vez más listo para el conocimiento de esta medida de coerción. Sin embargo, los abogados de la defensa, tanto de la señora Luisa Guzmán como de Héctor Lora, decían no estar preparados”, expresó Ortiz.
La representante del órgano acusador indicó además que la jueza advirtió a los abogados del principal imputado que deberán comparecer en la próxima audiencia, bajo apercibimiento de declarar el abandono de la defensa.
Ortiz sostuvo que el Ministerio Público estará preparado para continuar el conocimiento del expediente el próximo martes y adelantó que la investigación sigue abierta.
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Acusaciones y estructura
Asimismo, reveló que el Senasa presentó una querella formal en el proceso en calidad de víctima, al considerar que fue una de las instituciones más afectadas por las presuntas irregularidades cometidas en el Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC).
El Ministerio Público solicita 18 meses de prisión preventiva y que el caso sea declarado complejo contra Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer; su actual esposa, Luisa Yasiris Guzmán, presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida; y Dilcia Isabel Vargas Sánchez, exesposa de Lora Cruceta y exvicepresidenta del patronato.
- Según la investigación, los imputados habrían desarrollado una estructura fraudulenta que incluía fraude clínico y farmacéutico mediante alteración de indicaciones médicas, uso de sellos falsos, doble facturación al Senasa y entrega incompleta de medicamentos a pacientes oncológicos.
El expediente también atribuye a los acusados la venta de medicamentos donados, el uso indebido de exoneraciones fiscales para importar mercancías, tráfico de sustancias controladas, utilización de áreas del centro médico para cirugías estéticas, reembolsos fraudulentos de viajes y hoteles, así como actos de sabotaje digital, sustracción de archivos y lavado de activos.
De acuerdo con la acusación, la red operó desde el Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y el Instituto Oncológico Regional del Cibao para desviar recursos destinados a la atención de pacientes con cáncer afiliados al régimen subsidiado del Senasa.
El grupo enfrenta cargos por asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, delitos de alta tecnología y lavado de activos, en perjuicio del Estado dominicano y de los afiliados al seguro estatal de salud.
