Las filas del TSA en un aeropuerto de Estados Unidos. (FUENTE EXTERNA)
Desde el 14 de febrero, la parálisis presupuestaria ha causado caos en los aeropuertos, afectando la seguridad y los salarios de los agentes
AFP
El Senado estadounidense aprobó en la madrugada del viernes un texto destinado a poner fin a la parálisis presupuestaria parcial que provoca desde hace varias semanas caos en los aeropuertos, pero el texto generó el rechazo de los republicanos de la Cámara de Representantes.
En una votación a mano alzada, senadores de ambos partidos aprobaron la financiación de la mayor parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), con excepción de los servicios de inmigración y aduanas (ICE) y de la patrulla fronteriza (CBP).
El texto de compromiso debe aún someterse a la Cámara de Representantes, pero numerosos miembros republicanos ya advirtieron el viernes que el texto aprobado en el Senado no les convenía.
“La propuesta de ley del Senado está condenada al fracaso”, declaró el congresista republicano Chip Roy en un video publicado en X. La Cámara va a proponer un nuevo texto “para apoyar a la CBP y al ICE“, afirmó el ultraconservador texano, y añadió: “No aceptamos esta basura del Senado“.
Los líderes republicanos de la Cámara Baja han señalado que propondrán una financiación de 60 días para el conjunto del DHS, aunque parece poco probable que los demócratas acepten esta iniciativa.
Los republicanos disponen de la mayoría en ambas cámaras del Congreso, pero debido al reglamento del Senado, es necesario un cierto número de votos demócratas para aprobar los textos presupuestarios.
Consecuencias de la parálisis presupuestaria
Al margen de la CBP y el ICE, la propuesta aprobada por el Senado prevé en particular la financiación de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), que revisa pasajeros, equipajes y carga y depende del DHS, así como de otras agencias federales.
Desde el 14 de febrero, la financiación del Departamento de Seguridad Nacional está congelada debido al profundo desacuerdo entre demócratas y republicanos en el Congreso sobre la actuación del ICE, muy cuestionado por sus tácticas agresivas contra los inmigrantes indocumentados y por la muerte de dos ciudadanos estadounidenses durante operaciones en enero.
- Esto impide el pago de los salarios de los agentes de la TSA. El ausentismo y las dimisiones se han disparado, reduciendo los efectivos disponibles.
Reacciones y medidas del gobierno
En un país donde viajar en avión es algo muy común, las imágenes de filas de espera de varias horas para pasar los controles de seguridad llevan días ocupando las portadas de los medios estadounidenses.
El gobierno de Donald Trump desplegó el lunes a agentes del ICE en más de una decena de aeropuertos para ayudar a los agentes de la TSA, sin que las filas se redujeran de manera significativa.
El jueves, el presidente había anunciado que iba a firmar un decreto destinado a desbloquear fondos para pagar a los agentes de la TSA, pero no precisó por qué medios.
Anteriormente, Trump había advertido que no firmaría un acuerdo de financiación a menos que el Congreso aprobara también un polémico proyecto de ley para reformar el sistema de registro de votantes en las elecciones estadounidenses
La Casa Blanca rechaza la oferta de Elon Musk para pagar salarios de empleados de la TSA
Panorama Internacional. El gobierno estadounidense desestimó la propuesta del empresario tecnológico, quien buscaba cubrir sueldos durante el cierre parcial que afecta al Departamento de Seguridad Nacional, alegando obstáculos legales y éticos en la transferencia de fondos privados.
La Casa Blanca rechazó la propuesta del empresario Elon Musk de asumir el pago de los trabajadores de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) durante el cierre parcial que afecta al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y ha provocado demoras en aeropuertos de Estados Unidos, informaron fuentes a CBS News.
El ofrecimiento propuesto por el empresario tecnológico ascendía a USD 250 millones, según dos fuentes citadas por el medio.
El cierre parcial del gobierno federal, que mantiene sin fondos al Departamento de Seguridad Nacional desde hace 40 días, ha generado un impacto directo en la operatividad de los aeropuertos estadounidenses.
Los empleados de la TSA han visto reducidos sus ingresos a la mitad y, según el titular interino de la agencia, al finalizar la semana, el personal habrá perdido en conjunto mil millones de dólares en salarios, una cifra que se suma a los perjuicios del cierre anterior, que se extendió por 43 días.
De acuerdo con la información publicada por CBS News, la iniciativa de Musk buscaba mitigar el efecto económico sobre los trabajadores afectados.
El dueño de SpaceX y Tesla utilizó su cuenta de X el sábado para plantear públicamente su ofrecimiento: “Me gustaría ofrecerme a pagar los salarios del personal de la TSA durante este impasse de financiamiento que está afectando negativamente la vida de tantos estadounidenses en los aeropuertos de todo el país”, escribió Musk.
Su propuesta generó repercusión inmediata en la administración y entre los funcionarios responsables de la seguridad aeroportuaria, a la vez que sumó presión sobre el Ejecutivo y el Congreso para alcanzar un acuerdo presupuestario.
Pero la Casa Blanca consideró que existen obstáculos legales insalvables para canalizar recursos privados al pago de sueldos de empleados públicos.
Las fuentes consultadas por CBS News detallaron que la principal dificultad proviene de los contratos federales que mantiene Musk con el Estado y de las restricciones establecidas por la Oficina de ética Gubernamental de Estados Unidos, que prohíbe donaciones directas de particulares a salarios de funcionarios.
Una captura de pantalla muestra un tuit de Elon Musk ofreciendo pagar los salarios del personal de la TSA durante un estancamiento en la financiación que afecta a los aeropuertos de Estados Unidos
Especialistas en derecho administrativo señalaron que cualquier intento de transferir fondos privados a cuentas generales del gobierno para destinarlos a salarios requeriría una autorización expresa del Congreso.
La Oficina de ética Gubernamental obliga a que los pagos a empleados federales se realicen exclusivamente con partidas presupuestarias aprobadas por el Poder Legislativo, con el fin de evitar conflictos de interés y garantizar la independencia de la función pública.
Posturas políticas y clima de tensión
La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, responsabilizó a los legisladores demócratas por la situación y enfatizó que la solución depende de la aprobación de los fondos para el DHS en el Congreso.
“El presidente y los republicanos han mantenido una posición clara: financiar el Departamento de Seguridad Nacional”, subrayó Leavitt en declaraciones recogidas por CBS News.
La administración de Trump mantiene como condición para cualquier acuerdo incluir los recursos solicitados para seguridad fronteriza y proyectos relacionados con el muro con México, lo que ha obstaculizado las negociaciones presupuestarias.
En paralelo, trabajadores y sindicatos de la TSA alertaron sobre el deterioro de las condiciones laborales y los controles de seguridad en los aeropuertos.
El sindicato nacional estimó que más de 50.000 empleados sufrieron una merma de ingresos durante un periodo que ya supera los 40 días, lo que afecta directamente la capacidad de respuesta en los principales puntos de entrada al país.
El cierre parcial del gobierno federal se inició hace 40 días, después de que el Congreso no lograra aprobar la ley de financiamiento solicitada por la administración de Trump.
Varias agencias dependientes del DHS, entre ellas la TSA y la Patrulla Fronteriza, quedaron sin presupuesto. El antecedente más reciente fue el cierre de 2018-2019, que se extendió por 43 días y provocó pérdidas salariales similares para los empleados públicos.
La iniciativa de Musk se interpretó como un gesto inusual de intervención privada en los asuntos presupuestarios federales.
No obstante, expertos consultados por CBS News y otros medios estadounidenses advierten que la legislación vigente impide este tipo de transferencias por motivos de ética y transparencia, y que cualquier excepción requeriría un cambio normativo aprobado por el Congreso.
