Los imputados en República Dominicana generaban ingresos ilícitos por piratería digital y enfrentarán cargos por violación a la propiedad intelectual y lavado de activos, según lo establecido en varias leyes.
República Dominicana.-El Ministerio Público puso en marcha la Operación Domo, con la cual desmanteló una red que se dedicaba a la piratería mediante la reventa ilegal de señales de reconocidos canales de televisión y servicio de plataformas de streaming.
Un equipo de 30 fiscales encabeza 19 allanamientos bajo la coordinación de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público conjuntamente con la Unidad de Propiedad Intelectual (UPI), la Procuraduría Especializada Contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Pedatec), la Procuraduría Especializada Anti Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía del Distrito Nacional.
La operación se llevó a cabo en conjunto con miembros del Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Dicat) y el Departamento Especial de Investigaciones de Delitos Transnacionales (Deidet) de la Policía Nacional. Además, contó con la cooperación internacional de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés).
En los allanamientos, practicados en el Distrito Nacional, San Pedro de Macorís y Jarabacoa, se ocuparon equipos electrónicos, documentos y vehículos.
El Ministerio Público adelantó que los integrantes de la red se lucraban con la reventa de contenidos como programas de televisión, series y películas en violación a los derechos de autor.
Las investigaciones establecieron que los detenidos forman parte de una red de seis imputados, de los cuales cuatro ya habían sido condenados en los Estados Unidos en el año 2017 por hechos similares de piratería digital.
La red utilizaba sofisticados mecanismos tecnológicos para vulnerar los sistemas de seguridad de plataformas de televisión paga y streaming, ofertando suscripciones ilícitas a nivel nacional e internacional.
El esquema incluía pagos con criptomonedas y la reventa de accesos, generando millonarias ganancias ilícitas que luego eran colocadas en el sistema financiero.
“El caso se suma a las acciones encaminadas por la actual gestión de la procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, para enfrentar la criminalidad y la delincuencia en todas sus manifestaciones”, destaca el comunicado enviado por la Dirección General de Comunicación, Prensa y Relaciones Públicas del Ministerio Público.
Los integrantes de la red enfrentarán cargos por violación a la propiedad intelectual y lavado de activos, delitos sancionados en Ley 65-00 sobre Derecho de Autor, la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, así como la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Envían a juicio a presidente y tesorero de Fedopem acusados de estafa agravada
La jueza declaró inadmisible la querella de varios atletas y reconoció como víctimas al Miderec y Fedopem. Las acusaciones señalan manejo irregular de RD$65,972,975.89 por parte de los imputados.

República Dominicana.-A solicitud del Ministerio Público, el Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dictó auto de apertura a juicio contra el presidente y el tesorero de la Federación Dominicana de Pentatlón Moderno (Fedopem), Freddy Núñez Jorge y Evaristo Ozoria Rodríguez (Aníbal), quienes son acusados por falsedad y uso de documentos falsos, estafa agravada, asociación de malhechores y, en el caso del primero, lavado de activos
El tribunal adoptó la decisión tras considerar que existe probabilidad de condena. En su fallo admitió las pruebas aportadas por todas las partes y declaró inadmisible la querella y la actoría civil interpuesta por varios atletas de la federación al no demostrar calidad ni perjuicio respecto a los tipos penales imputados, y reconoció como víctimas al Ministerio de Deportes y Recreación (Miderec) y a la propia Fedopem.
Asimismo, mantuvo vigentes las medidas de coerción consistentes en presentación periódica e impedimento de salida del país para ambos imputados, y fijó para el 2 de octubre a las 2:00 de la tarde la lectura íntegra de la decisión.
Los procuradores fiscales Ernesto Guzmán, Yoneivy González y Aurelio Valdez, adscritos a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), representaron al Ministerio Público en la audiencia donde la jueza Yanibet Rivas dispuso el envío a juicio de los acusados.
De acuerdo con la acusación, entre 2013 y 2023 la Fedopem administró RD$65,972,975.89 desembolsados por el Miderec, antes Secretaría de Estado de Deportes, Educación Física y Recreación (Sedefir). En ese período se detectó manejo irregular de fondos en varios ejercicios, lo que dio lugar a las investigaciones.
Las pesquisas incluyeron allanamientos en las provincias Santo Domingo y María Trinidad Sánchez, así como en las oficinas de Fedopem en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte (Distrito Nacional), donde se recolectaron documentos y otras evidencias que sustentan la acusación.
Un documento enviado desde la Dirección General de Comunicación, Prensa y Relaciones Públicas del
Ministerio Público, destaca que “Este proceso constituye el primer caso de corrupción en el deporte dominicano, en el que los acusados habrían girado múltiples cheques de la federación para solventar gastos personales, utilizaron conceptos falsos en la justificación de consumos y realizaron maniobras fraudulentas en las liquidaciones periódicas ante el Miderec”.
Estas acciones, según el Ministerio Público, les permitían garantizar la inyección constante de recursos mediante subvenciones y aportes estatales.
La Constitución de la República establece que el Estado debe garantizar estímulos e incentivos para la promoción del deporte para todos y todas, la atención integral de los atletas, el apoyo al deporte de alta competición y a los programas y actividades deportivas, mediante los recursos dispuestos cada año por las leyes de deporte y de presupuesto.
Núñez y Ozoria enfrentarán juicio por corrupción, falsificación, uso de documentos falsos, asociación de malhechores, estafa en perjuicio del Estado y lavado de activos, delitos sancionados en el artículo 146 de la Constitución, los artículos 145, 147, 148, 265, 266 y 405 del Código Penal, así como en los artículos 3 y 4 de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
















