Panorama Nacional. – El dirigente político, educador y consultor, doctor Roberto Fulcar Encarnación, interpuso formalmente una querella con constitución en actor civil ante la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional en contra del señor Ángel Martínez, conductor del canal de YouTube “Detective Ángel”, por la difusión reiterada de informaciones difamatorias, injuriosas y carentes de veracidad.
Desde mediados del mes de diciembre del año 2022 hasta la fecha, Ángel Martínez ha sostenido una campaña de descrédito contra el doctor Fulcar a través de su canal de YouTube y redes sociales, acusándolo sin pruebas de haber recibido dinero del narcotráfico, de estar implicado en investigaciones por parte de agencias estadounidenses y de haber delatado a figuras políticas y gubernamentales dominicanas.
Particularmente, en una transmisión del 17 de diciembre de 2022, Martínez afirmó que Fulcar recibió presuntamente 150 millones de dólares del narcotráfico y que sostuvo reuniones con fiscales de la DEA para cooperar con investigaciones en curso. En el mismo contenido, mencionó supuestos sobornos entregados —en presencia de Fulcar— por figuras actualmente detenidas en Estados Unidos a políticos del país. Además, utilizó expresiones degradantes y ofensivas para referirse al exministro de Educación, atentando contra su dignidad, honor, imagen y moral.
En la querella, el doctor Fulcar señala que tales declaraciones son absolutamente falsas, carentes de sustento y han generado un profundo daño a su imagen personal, su integridad profesional y su entorno familiar y social, motivando así la acción legal.
La instancia presentada por el pasado coordinador general de campaña del presidente Luis Abinader está respaldada por testimonios de ciudadanos que confirman el impacto público negativo de las declaraciones, así como por pruebas médicas que certifican que el viaje del Dr. Fulcar a Estados Unidos respondió estrictamente a razones de salud, descartando cualquier otra intención oculta o vínculo con procesos judiciales en ese país.
Entre las pruebas depositadas figuran:
• Historia clínica del Dr. Roberto Fulcar, emitida por médicos en República Dominicana y en Estados Unidos.
• Testimonios de ciudadanos que dan cuenta del alcance y la percepción pública de las declaraciones difamatorias.
• Evaluaciones médicas del Massachusetts General Hospital y otros centros de salud en Boston, Massachusetts.
En virtud de estos hechos, se solicita a las autoridades competentes la apertura formal del proceso penal contra Ángel Martínez, así como la imposición de medidas de coerción y la persecución judicial por los delitos de difamación e injuria, conforme al marco legal vigente.
El doctor Roberto Fulcar reiteró su compromiso con la verdad, el debido proceso y el respeto a los derechos fundamentales, al tiempo que expresó su esperanza de que este caso siente un precedente frente al uso irresponsable de las plataformas digitales para la propagación de falsedades con fines de descrédito personal y político.
El equipo de apagados representantes de Roberto Fulcar está integrado por Melania Ingrid Hidalgo Martínez y Edwin Acosta.
Abogado de Ángel Martínez: «No hay razones para detenerlo ni un minuto más»
El abogado de Ángel Martínez Jiménez, acusado de difamación e injuria por el señor Anulfo de Jesús Gutiérrez Almonte, expresó este martes su confianza en que un tribunal de Santiago otorgue a su cliente la libertad pura y simple.
«Nosotros aspiramos a que a él le dicten libertad pura y simple, porque evidentemente que no hay razones para detenerlo ni un minuto más», afirmó el jurista Carlos Mesa a periodistas del Hoy Digial, al tiempo de señalar: «El Ministerio Público, hasta el día de ayer, no había depositado la solicitud. Él fue apresado a las 11 de la mañana (del domingo 8 de junio), ellos tienen hasta las 11 del día de hoy para presentar la solicitud».
Manifestó que el arresto de Ángel Martínez carece de ilegalidad, y que responde un acto destinado a distraer la atención pública de otros temas de interés, como la tragedia en la discoteca Jet Set y el proyecto de Ley Orgánica de Libertad de Expresión y Medios Audiovisuales, conocida como la ley Mordaza.
«El arresto más reciente fue debido a una presunta inasistencia a una vista de conciliación ante la fiscalía de Santiago, en un caso de acción pública e instancia privada, donde su abogado, quien le habla, asistió y le presentó a la fiscal la evidencia de que él había sido arrestado durante su breve instancia en un hotel de Santo Domingo. Evidentemente que todo se obedece a un acto para distraer la atención pública sobre los temas que sabemos que están ocurriendo, como el Jet Set, y la distracción respecto a la Ley Mordaza ha sido silenciada con el tema de Ángel Martínez», aseguró el letrado.
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Continuó: «Ángel Martínez fue apresado en esa embarcación y a él le quitaron todas sus pertenencias y teléfono, es decir, que las autoridades que lo apresaron duraron casi una semana con su teléfono y luego lo mandan a su hotel. ¿Qué quiere decir eso? Que si por ahí a alguien se le antojó manipular ese teléfono, no lo podrán utilizar, en este segundo apresamiento, como evidencia, porque todo eso es ilegal.
Presunta red de extorsión y chantaje
Al ser consultado sobre las informaciones que han trascendido en medios de comunicación, según las cuales el Ministerio Público supuestamente atribuye a Ángel Martínez la dirección de una «red de extorsión y chantaje», el abogado Carlo Mesa respondió: «Todo esto es parte del show mediático. Me gustaría ver cuáles fueron esos famosos extorsionados. Estamos a la espera de que se identifiquen cuáles son las víctimas que fueron extorsionadas por Ángel Martínez, y esa presunta red estructural.
Cabe destacar que el comunicador también enfrenta una querella por difamación e injuria, interpuesta por la ministra de Interior y Policía, Faride Raful. La funcionaria lo acusa de difundir declaraciones falsas, denigrantes y maliciosas en su contra a través de plataformas de acceso público, como YouTube y la red social X (antes Twitter).
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«Entre sus afirmaciones más lesivas, se incluyen imputaciones de vínculos con el narcotráfico, la acusación de proporcionar protección policial a un presunto criminal, y la amenaza pública de divulgar materiales audiovisuales de carácter íntimo supuestamente pertenecientes a la querellante, lo que constituye una afrenta directa contra su dignidad, reputación, honor, vida privada y estabilidad emocional. Estas manifestaciones se realizaron de forma reiterada, con total desprecio por la verdad y con el claro propósito de causar descrédito público y daño irreparable a su imagen como figura política y como ciudadana», afirma Faride Raful.
De igual forma, por los daños y perjuicios que le habrían sido causados como consecuencia del tipo penal cometido en su contra, la exsenadora y exdiputada solicita que Ángel Martínez también sea condenado al pago de Cincuenta Millones de Pesos Dominicanos (RD$50,000,000.00).
Además, en ambos casos, Faride Raful solicita que se le reserve el derecho de aportar nuevas evidencias y adicionar nuevos cargos contra los imputados durante toda la fase preparatoria.
