Hanna Dugan, jueza de Milwaukee (imagen de archivo)Imagen: Mike De Sisti/USA TODAY NETWORK/REUTERS
Varios jueces federales en distintos distritos del país han fallado contra las medidas que el gobierno de Donald Trump está tomando para acelerar y aumentar la cantidad de deportaciones de migrantes.
El FBI arrestó este viernes (25.04.2025) a una jueza de un tribunal de primera instancia en Wisconsin, indicó el director de la agencia, Kash Patel, quien la acusó de obstruir que las autoridades arrestaran a un migrante de México en la corte.
En una publicación en la red social X, Patel señaló que el FBI detuvo a la jueza Hanna Dugan bajo indicios de que “desvío intencionalmente a los agentes federales” que buscaban al migrante, identificado como Eduardo Flores Ruiz.
Patel borró posteriormente el mensaje de sus redes sociales, pero la detención de Dugan fue confirmada por medios locales, los cuales informan que la jueza permanece bajo custodia federal.
Aún se desconocen los cargos específicos que se le imputan a Dugan, pero su detención representa una escalada en el enfrentamiento entre el gobierno de Donald Trump y el poder judicial por sus políticas migratorias.
Estados Unidos ha enviado a más de 200 migrantes a El Salvador
Varios jueces federales en distintos distritos del país han fallado en contra de las medidas que la administración está tomando para acelerar y aumentar la cantidad de deportaciones de migrantes.
Estados Unidos ha enviado a más de 200 migrantes a la prisión de alta seguridad Cecot, en El Salvador, lo que grupos de defensa de los derechos humanos como Human Rights Watch han calificado como “desaparición forzada”.
El gobierno de Trump ha defendido las expulsiones al acusar a los migrantes de tener vínculos con las pandillas Tren de Aragua y Mara Salvatrucha (MS-13), calificadas recientemente por Washington como “grupos terroristas”.
rr (efe/afp)
Ordenan retorno a EE.UU. de otro migrante desde El Salvador
La jueza Stephanie Gallagher ordenó “facilitar el regreso a Estados Unidos” de un migrante venezolano llamado “Cristian”, quien tiene pendiente un proceso de asilo en ese país.
Una jueza ordenó al gobierno del presidente estadounidense Donald Trump “facilitar” el regreso de un migrante venezolano expulsado en marzo a una prisión de El Salvador, en una deportación similar a la del salvadoreño Kilmar Ábrego García.
El caso de “Cristian”, identificado por este nombre en documentos judiciales, forma parte de una demanda colectiva presentada en 2019 en nombre de personas que entraron en Estados Unidos como menores no acompañados y más tarde solicitaron asilo.
En 2024 se aprobó un acuerdo de conciliación que impide deportarlos hasta que se resuelvan sus solicitudes de asilo.
La jueza Stephanie Gallagher ordena “facilitar el regreso de Cristian a Estados Unidos para que pueda recibir el proceso al que tenía derecho bajo el acuerdo de conciliación vinculante de las partes”, se lee en el dictamen judicial emitido el miércoles.
La magistrada precisa que no basta con que la administración “haga una solicitud de buena fe al gobierno de El Salvador para que libere a Cristian”.
“Quedarse de brazos cruzados y no tomar ninguna acción no es facilitar. En casos anteriores que involucraban a personas trasladadas de manera indebida, los tribunales han ordenado, y el gobierno ha tomado medidas afirmativas para facilitar el regreso”, recordó a los demandados.
El abogado del grupo colectivo estima que la expulsión del Cristian “viola el acuerdo de solución”.
Los representantes del Departamento de Seguridad Interior (DHS) argumentan que el tribunal carece de jurisdicción sobre el caso.
“Este argumento no tiene fundamento”, replicó la jueza, en momentos de tensión entre el gobierno de Trump y los magistrados que contradicen su política migratoria.
Los demandados argumentan además que la deportación de Cristian no viola el acuerdo de conciliación porque “su designación como enemigo extranjero” hace que ya no sea “elegible para el asilo”. No presentan pruebas por ahora.
Caso de Kilmar Ábrego García
A mediados de marzo, Trump expulsó a El Salvador a más de 250 migrantes a los que acusa de pertenecer a pandillas.
La inmensa mayoría de ellos son venezolanos deportados en virtud de la Ley de “Enemigos Extranjeros” de 1798, usada hasta entonces solo en tiempos de guerra y blandida ahora contra presuntos miembros de la banda criminal Tren de Aragua.
El Salvador los encarceló a cambio de dinero. El uso de esta ley de excepción ha provocado numerosos recursos legales.
Los abogados de algunos migrantes expulsados aseguran que sus clientes no pertenecen a pandillas ni han cometido delitos, sino que se les acusa principalmente debido a sus tatuajes.
El sábado la Corte Suprema suspendió hasta nuevo aviso la expulsión de migrantes venezolanos a El Salvador bajo esta ley del siglo XVIII.
Gallagher cita el caso del salvadoreño Ábrego García, sobre el que se pronunció la Corte Suprema.
El máximo tribunal se sumó al pedido de que el gobierno “facilite” su regreso tras reconocer que fue expulsado por un “error administrativo”.
Por el momento la administración de Trump no ha hecho ademán de acatar las órdenes y acusa a Ábrego García de ser miembro de la pandilla MS-13.
El presidente salvadoreño Nayib Bukele, un gran aliado de Trump, tampoco da su brazo a torcer.
mg (afp, ABC News)
