Santo Domingo. – El presidente Luis Abinader calificó hoy de “terrorista” los disparos a un avión de Spirit Airlines, procedente de Florida, que se disponía a aterrizar en el Aeropuerto Internacional Toussaint Louverture de Puerto Príncipe.

“Eso fue un acto terrorista y los países que le dan seguimiento y que ayudan a Haití no declaran a esos grupos y bandas que atacan un avión de ciudadanos haitianos o de cualquier nacionalidad”, aseguró el Presidente en La Semanal con la Prensa.

“Hay siete orificios de balas… ahí pudo haber pasado una tragedia”, precisó Luis Abinader.

Dijo que Estados Unidos y los demás países tienen que declarar esas bandas como terroristas, “ya no pueden esperar un día más, nosotros los estamos tratando como bandas, si vienen aquí a República Dominicana ellos saben lo que le va a pasar”.

Abinader indicó que el avión tuvo que aterrizar en Santiago y que las autoridades le están dando seguimiento y las ayudas necesarias.

El ataque alavión se produce en medio de un paro en la capital haitiana tras las amenazas por parte de bandas armadas pertenecientes a la coalición Vivre Ensemble (Vivir Juntos), liderada por el expolicía Jimmy Cherizier, alias ‘Barbecue’.

El flujo de personas y de vehículos en las principales calles de la ciudad es prácticamente nulo, mientras en algunas zonas se escuchan disparos.

Las bandas armadas anunciaron la víspera nuevos días de terror en el área metropolitana de Puerto Príncipe, por lo que pidieron a la población que no salga a la calle si no es necesario.

En un mensaje difundido en las redes sociales, alias ‘Barbecue’, dice que «la batalla empezará de nuevo», por lo que, añade, «si no lo necesitas, no tienes por qué salir a la calle».

Pese a la presencia desde junio pasado de efectivos de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad, liderada por Kenia y con el aval de la ONU, la violencia no cesa en Haití.

Solo entre julio y septiembre pasado al menos 1.223 personas murieron y 522 resultaron heridas en Haití como consecuencia de la violencia y la lucha contra las bandas, según la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en el país caribeño (Binuh).

A ello se suman las 3.900 víctimas, entre muertos y heridos en el primer semestre del año, después de que 2023 cerrara con unas 8.000 víctimas.

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Santo Domingo.- República Dominicana continuará con su política de deportación masiva de ciudadanos haitianos indocumentados, porque lo importante para el país es su seguridad nacional, afirmó este lunes el presidente dominicano, Luis Abinader.

“Vamos a seguir deportando a quienes estén en las calles, sin trabajar, la seguridad nacional está primero (…). Esto lo haremos hasta que haya normalidad en Haití y desde allá ellos puedan lograr permisos de trabajo”, apuntó el gobernante.

Abinader, sin embargo, refirió que el Gobierno está en conversaciones con los productores de rubros como la caña de azúcar, el banano y el arroz, donde la mano de obra haitiana representa más del 80 %, para dar seguimiento a “muchos permisos” que tenían haitianos para trabajar en el país, pero que no han podido renovar por la inestabilidad en Haití.

“También hay que considerar que los productores de caña de azúcar y arroz han ido mecanizando sus cultivos y ese es el camino que debemos seguir”, acotó el presidente en su acostumbrada rueda de prensa de los lunes en el Palacio Nacional.

Abinader, por otra parte, desmintió que él y el canciller dominicano, Roberto Álvarez, se reunieran en septiembre pasado en Nueva York -en el marco de la Asamblea General de la ONU- con el hoy destituido primer ministro haitiano, Garry Conille, y su ministra de Relaciones Exteriores, Dominique Dupuy, como han expresado sectores de la oposición.

“Cualquier decisión entre República Dominicana y Haití en sus relaciones, nosotros las hacemos públicas, esas son especulaciones. Si hay una decisión que afecte al país en relación con Haití eso siempre será publicado y dado a conocer”, refirió.

El miércoles pasado, Dupuy saludó que se haya producido una reducción de las deportaciones de sus connacionales residentes en República Dominicana con estatus migratorio irregular y dijo aspirar a un diálogo franco y respetuoso con este país fronterizo.

“Saludamos la reducción de las deportaciones, fruto de nuestros esfuerzos y de nuestra solidaridad con nuestros aliados. Haití aspira a un diálogo franco y respetuoso con el Gobierno de República Dominicana, para una asociación donde cada nación encuentre sus ventajas”, expuso la canciller haitiana en su cuenta de X.

Sin embargo, ese mismo día la ministra de Interior y Policía dominicana, Faride Raful, desmintió “categóricamente” lo dicho por Dupuy sobre la reducción de las deportaciones.

“La política migratoria es un derecho soberano de cada Estado. Ningún país ni organización internacional tiene potestad para interferir en las decisiones internas de la República Dominicana”, escribió en su cuenta de X la funcionaria de alto nivel. Raful consideró que la política migratoria de la República Dominicana es un derecho soberano e innegociable.

“Desmentimos categóricamente cualquier afirmación sobre una supuesta reducción en las repatriaciones a solicitud de Haití. Las declaraciones de la canciller haitiana @DominiqueAyiti son falsas y buscan interferir en nuestros asuntos internos”, afirmó la ministra. El Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, que encabeza el presidente Luis Abinader, anunció a finales de octubre la ejecución inmediata de un operativo con el objetivo de repatriar hasta a 10,000 migrantes por semana.

Este operativo busca reducir el exceso de población migrante que se percibe en las comunidades dominicanas y se llevará a cabo bajo estrictos protocolos que aseguren el respeto a los derechos humanos y la dignidad de los repatriados, anunció el Gobierno.

En su lugar, los imputados en el caso Camaleón deberán pagar una garantía económica, presentarse periódicamente ante el tribunal y no podrán salir del país sin previa autorización de las autoridades.

Se recuerda que por el proceso judicial Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de tecnología del INTRANT, cumple arresto domiciliario; mientras que, a Frank Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras del INTRANT, se le impuso una garantía económica de 2 millones de pesos, impedimento de salida y presentación periódica.

En cuanto a los acusados Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del INTRANT, y Carlos José Peguero Vargas, se les impuso una garantía económica de un millón de pesos, impedimento de salida y presentación periódica como medida de coerción.

Los imputados son es acusados por el Ministerio Público de formar parte de una red de corrupción y crimen organizado, involucrados en delitos como desfalco, estafa contra el Estado, falsificación, coalición de funcionarios, contrabando, comercio ilícito, sabotaje, terrorismo contra infraestructura crítica y robo de identidad.

Estos delitos están tipificados y sancionados en el artículo 146, numeral 1 de la Constitución de la República Dominicana sobre la proscripción de la corrupción. Además, el Código Penal dominicano regula estos crímenes en los artículos 123, 124, 147, 150, 151, 171, 172, 265, 266 y 405. También se aplican la Ley 53-07 contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, la Ley 17-19 sobre Erradicación del Comercio Ilícito y Contrabando, la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y la Ley 267-08 sobre Terrorismo.

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