El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia condenó a 25 años de prisión a Deivy José Rodríguez Delgado, de 30 años, de nacionalidad venezolana por la toma a mano armada de tres ciudadanos estadounidenses como rehenes en 2022, en la República Dominicana.

Aunque el suramericano fue condenado el 11 de diciembre de 2023, después de un juicio de casi dos semanas, fue en esta semana que la Oficina del Distrito de Columbia dio a conocer la información en su sitio web.

Dijo que un jurado declaró a Rodríguez Delgado culpable de un cargo de conspiración de secuestro y tres cargos de secuestro. Además de la sentencia de prisión, el juez principal del Distrito de Columbia, James E. Boasberg, ordenó que Rodríguez Delgado cumpla cinco años de libertad supervisada. Después de su liberación de prisión, Rodríguez Delgado estará sujeto a procedimientos de deportación.

Cómo ocurrieron los hechos

Según las pruebas presentadas por el Gobierno, Rodríguez Delgado, también conocido como “Sebastián“, secuestró a tres hombres en incidentes separados entre el 5 y el 30 de julio de 2022. En cada uno de los secuestros, atrajo a sus víctimas en línea con la promesa de una “cita” amistosa y las recogía en su automóvil. Después de conducir una corta distancia, se detenía repentinamente para dejar entrar a un cómplice en el asiento trasero, momento en el que mantenían a la víctima a punta de cuchillo, la inmovilizaban físicamente y exigían un rescate para su liberación. El ciudadano venezolano ordenaba que los rescates se pagaran en cuentas de banca en línea, incluyendo la misma cuenta de CashApp.

La nota de prensa del Distrito de Columbia refiere que, a punta de cuchillo, cada una de las víctimas fue obligada a llamar a sus amigos y familiares para pedir dinero con el fin de asegurar su liberación. Las víctimas fueron retenidas hasta por una hora y solo fueron liberadas después de que Rodríguez Delgado creyera que se había efectuado un pago de rescate por parte de los amigos y familiares. En los tres secuestros, las víctimas también fueron despojadas de sus pertenencias personales antes de ser liberadas en las calles de la República Dominicana.

Tras varios reportes de víctimas, las autoridades dominicanas comenzaron una investigación en agosto de 2022. Rastrearon un vehículo vinculado a uno de los secuestros, lo que condujo a la captura de Rodríguez Delgado el 14 de septiembre de 2022. Durante un registro del vehículo, las autoridades dominicanas encontraron dos cuchillos dentados similares a los utilizados en los secuestros.

El caso fue investigado por la Oficina de Campo de Miami del FBI, con asistencia proporcionada por la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia y la División Especial de Investigación de Crimen Organizado Internacional de la República Dominicana. La información no establece cuándo fue arrestado Rodríguez Delgado ni dónde.

Fue procesado por los fiscales federales John Korba y Jolie Zimmerman de la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito de Columbia, con la participación de Michael Watts, asistente legal.

La ciudad de Nueva York no puede utilizar una ley “antipobres” inconstitucional de hace dos siglos para impedir que el estado de Texas ofrezca a los inmigrantes viajes gratuitos en autobús desde la frontera sur de Estados Unidos hasta dicha ciudad, de acuerdo con el fallo de una jueza estatal.

La corte desestimó el jueves una demanda interpuesta en enero por el alcalde de Nueva York, Eric Adams, contra las empresas de autobuses contratadas por el gobernador de Texas, Greg Abbott. La demanda buscaba prohibirles transportar intencionadamente a “personas necesitadas”, basándose en una ley estatal de 1817 que penalizaba traer a una persona indigente al estado “con el propósito de convertirla en una carga pública”.

La jueza Mary Rosado dijo en un fallo que la ley es inconstitucional por varias razones.

Por un lado, escribió, los estados no tienen permitido regular el transporte interestatal de personas con base en su estatus económico.

La ley también “viola un derecho fundamental: el derecho a viajar“, añadió.

Rosado dijo que exigir a los operadores de autobuses que evalúen a los pasajeros con base en la posibilidad de que puedan necesitar asistencia pública al llegar a su destino infringiría ese derecho fundamental, además de que castigar a las empresas de autobuses por no mantener a las personas pobres fuera de la ciudad sería inapropiada.

La jueza concluyó diciendo que si los funcionarios municipales quieren hacer algo, deberían recurrir al Congreso en lugar de pedirle a la corte que haga valer “una ley anticuada e inconstitucional para infringir el derecho de un individuo a ingresar a Nueva York con base en su estatus económico”.

En 2022, el estado de Texas comenzó a ofrecer a los migrantes viajes gratuitos en autobús a ciudades con alcaldes demócratas. Al menos 46.000 fueron enviados a Nueva York, 19.000 a Denver, 37.000 a Chicago y más de 17.000 a otras ciudades, según la oficina de Abbott.

En ese entonces, Adams, un demócrata, dijo que los viajes eran ilegales y constituían “maniobras políticas del estado de Texas“.

Habría sido difícil para la ciudad de Nueva York demandar a Texas debido a una doctrina legal conocida como inmunidad soberana, por lo que se centró en las empresas de transporte en su lugar.

A pesar de que la corte falló en su contra, el gobierno de Adams dijo que la demanda ha tenido el impacto deseado: menos autobuses trajeron inmigrantes a la ciudad después de que se interpusiera la demanda, y ninguno ha sido identificado desde junio, según un comunicado de su oficina. Adams tampoco ha renunciado a tomar más medidas.

“Estamos revisando nuestras opciones legales para abordar los costos trasladados a la ciudad de Nueva York como resultado de la llegada de autobuses de Texas“, dijo la vocera del alcalde, Liz Garcia, en un comunicado.

La Unión Neoyorquina de Libertades Civiles (NYCLU, por sus siglas en inglés) aplaudió la decisión del tribunal.

“El alcalde Adams no está por encima de la ley y no puede seguir explotando erróneamente la difícil situación de los inmigrantes recién llegados para bien de su propia agenda política”, dijo Beth Haroules, abogada senior de NYCLU. “Todos, independientemente de su ciudadanía o ingresos, tienen derecho a viajar y residir libremente en cualquier lugar dentro de Estados Unidos”.

Abbott dijo durante una visita a Nueva York que Adams tenía razón en estar molesto por el aumento en el número de inmigrantes que llegan a la ciudad, pero que debería culpar al presidente Joe Biden.

Adams a fin de cuentas criticó al gobierno federal, y dijo que éste tenía la obligación de ayudar a las autoridades neoyorquinas a pagar por la vivienda y a proporcionar servicios a los inmigrantes.

Nueva York ha proporcionado albergue a más personas sin hogar que cualquier otra ciudad de Estados Unidos, en parte debido a una sentencia judicial de 1981 que le exige dar alojamiento a cualquiera que lo solicite. Los funcionarios de la ciudad dicen que han proporcionado albergue y otros servicios a más de 200.000 inmigrantes en los últimos dos años, de los cuales sólo una fracción llegaron en autobuses patrocinados por Texas.

A medida que aumentaban las llegadas, Nueva York y otras ciudades terminaron siguiendo el ejemplo de Abbott y ofrecieron a los inmigrantes boletos de autobús gratuitos a otros lugares. Nueva York pagó más de 4.800 pasajes para que los inmigrantes viajaran a Texas, incluidos algunos que habían sido transportados desde allí, según funcionarios locales.