Esta multinacional, encargada de la construcción del Aeropuerto Internacional de Pedernales, ha sido acusada y sancionada por sobornos, lavado de activos y corrupción en varios países, pero aquí en la República Dominicana no solo le adjudicaron una licitación millonaria, sino que también le permiten operar libremente con cuentas bancarias activas.
Es asombroso que una empresa incluida en listas negras en múltiples naciones, con restricciones para participar en licitaciones públicas, haya sido bienvenida en el país con los brazos abiertos.
La Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas (DGCP), la Superintendencia de Bancos y el Banco Popular Dominicano parecen haberse hecho de la vista gorda ante las investigaciones y sanciones que enfrenta Acciona en España, Brasil, México, Perú y Bolivia.
Acciona: Protegida por el sistema financiero dominicano
Según los criterios para los procesos de compras y contrataciones públicas en República Dominicana, las empresas contratadas por el Estado deben contar con cuenta bancaria en el país para recibir los libramientos o pagos de sus proyectos.
En un giro desconcertante, este medio pudo confirmar que el Banco Popular Dominicano le ha permitido a Acciona no solo abrir cuentas corporativas, sino que ha participado activamente en la financiación de sus operaciones en el país.
Este hecho resulta inquietante, ya que las entidades bancarias y financieras acostumbran tomar medidas preventivas sin previo aviso como el cierre de cuentas y negarse a abrir nuevas o facilitar créditos, cuando una persona física o jurídica es vinculada a una investigación penal, incluso antes de recibir una condena firme.
Sin embargo, en el caso de Acciona, que ha sido condenada en varias jurisdicciones por prácticas corruptas, no se ha visto ninguna acción de este tipo.
¿Por qué el Banco Popular ignora el riesgo?
El Banco Popular no solo permitió que Acciona abriera cuentas bancarias, sino que fue más allá al otorgarle un préstamo de hasta 100 millones de dólares.
El 17 de diciembre de 2023, el Banco Popular Dominicano anunció que esa entidad financiera y la empresa Cotoperí Solar FV, liderada por la compañía energética española Acciona Energía y Cotosolar Holding, firmaron un contrato de préstamo por hasta US$100 millones para financiar la construcción del Parque Fotovoltaico Cotoperí Solar I, II, III.
También se informó que, en paralelo, en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, ejecutivos del Banco Popular Dominicano y Acciona Energía abordaron los detalles del acuerdo de sostenibilidad vinculado a dicho contrato de préstamo.
Este acuerdo, anunciado con gran orgullo, se presentó como parte del modelo de banca responsable y visión sostenible de la institución financiera.
Sin embargo, en ningún momento se mencionaron los escándalos de corrupción que persiguen a la empresa española en su historial.
Es desconcertante que una empresa con un pasado tan turbio pueda obtener financiamiento de esta magnitud en un país donde el sistema bancario suele actuar de manera estricta con cualquier individuo o entidad vinculada a delitos. Mientras que a muchos ciudadanos y empresas locales se les cierran las puertas bancarias ante el más mínimo rumor, a Acciona se le ha tratado como un cliente de primera clase.
Ley 155-17: ¿Solo aplica para algunos?
La Ley 155-17 cuyo objetivo principal es la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, obliga a las entidades financieras a implementar controles estrictos sobre sus clientes y a reportar transacciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero (UAF). Los sujetos obligados financieros incluyen bancos, cooperativas, aseguradoras, casas de cambio y corredores de bolsa.
De acuerdo con esta legislación, cualquier persona o empresa vinculada a una investigación penal debe ser tratada con medidas de “debida diligencia intensificada”. Esto significa que los bancos y otras entidades financieras están obligados a recopilar más información sobre sus ingresos y transacciones, lo que a menudo genera retrasos, negaciones de servicio, y en algunos casos, el cierre de cuentas.
A pesar de que Acciona ha sido condenada en varios países por prácticas corruptas, la banca dominicana ha decidido ignorar este historial y permitirle operar libremente.
Este caso plantea serias preguntas sobre las prioridades del sistema financiero dominicano. ¿Por qué se aplican estrictas medidas de control a ciudadanos y pequeños empresarios locales, mientras que una multinacional con antecedentes penales goza de privilegios? ¿Acaso se han relajado las reglas cuando se trata de grandes contratos y financiamientos millonarios?
Se ignoran los riesgos
Ante el financiamiento y la apertura de cuentas corporativas, es implícito que los bancos deben tomar medidas como la gestión de riesgos, diligencia ampliada para clientes de alto riesgo y la designación de un oficial de cumplimiento. Además, se establece la obligación de monitorear transacciones y evaluar nuevos productos para prevenir el uso indebido del sistema financiero.
Acciona, con antecedentes de prácticas corruptas y colusorias en proyectos de infraestructura, ha enfrentado investigaciones y sanciones en múltiples países. Sin embargo, al parecer, la banca nacional no se enteró de las condenas, las multas millonarias y la exclusión de licitaciones públicas. A pesar de su cuestionable historial, parecería que fue catalogado como un cliente sin riesgo para el sistema financiero.
Un sistema privilegiado para unos pocos
Ser vinculado a una acusación penal en la República Dominicana puede tener graves consecuencias para la reputación financiera de una persona. En muchos casos, las instituciones bancarias y financieras toman medidas preventivas, como el cierre de cuentas o la negación de solicitudes de crédito, con el fin de evitar el riesgo de estar asociados con actividades ilícitas.
Las políticas internas de los bancos no solo afectan al individuo , sino también a cualquier empresa en la que tenga participación. Las empresas pueden verse afectadas si un socio o directivo enfrenta cargos penales, lo que limita su capacidad para solicitar créditos, firmar contratos o incluso abrir cuentas bancarias corporativas.
Aunque una persona no haya sido condenada, las simples acusaciones pueden generar una percepción de riesgo, lo que conduce a su exclusión de las operaciones financieras regulares.
Un estudio de la Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana reveló que aproximadamente un 15% de las personas acusadas de delitos graves, como narcotráfico o corrupción, han experimentado el cierre preventivo de sus cuentas bancarias antes de una sentencia firme.
Igualmente, en un análisis realizado por la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN), se encontró que, en América Latina, un 12% de las personas acusadas de delitos graves han experimentado cierres de cuentas sin previo aviso. En la República Dominicana, este porcentaje aumenta al 18%, reflejando una política bancaria más estricta debido a la influencia de la Ley 155-17.
Esto da como interrogante entonces, porqué a unos sí les cierran las cuentas y a otros no? ¿Es que acaso es un sistema privilegiado?
Autoridades reguladoras
La Superintendencia de Bancos de la República Dominicana es el organismo encargado de supervisar y regular el sistema bancario del país. Su función es garantizar la estabilidad, solvencia y confianza en las instituciones financieras, asegurándose de que se cumplan todas las normativas aplicables, incluidas las relacionadas con la prevención de lavado de dinero.
En el contexto de las personas o empresas vinculadas a acusaciones penales, la Superintendencia tiene un papel crucial, ya que es la entidad que dicta las políticas de control de riesgo que deben implementar los bancos.
La Superintendencia de Bancos, si bien no toma decisiones específicas sobre casos individuales, es responsable de la emisión de normativas generales que los bancos deben cumplir. Entre ellas, la implementación de medidas para evitar el uso del sistema financiero para actividades ilícitas.
Sin embargo, en el caso de Acciona, parece haber un vacío en la aplicación de estas normativas.
¿Por qué Acciona sigue operando sin obstáculos en el sistema financiero dominicano? ¿Está el sistema bancario local dispuesto a cerrar los ojos ante la corrupción internacional cuando hay grandes sumas de dinero de por medio?
Este caso parecería indicar que en la República Dominicana no todos están sujetos a las mismas reglas y que bancos y las entidades reguladoras parecen estar dispuestas a hacer excepciones.
Las autoridades deben tomar acción inmediata para investigar cómo una empresa con un historial tan oscuro ha logrado penetrar en el sistema financiero dominicano sin levantar ninguna bandera roja.
Sanciones internacionales
En 2021, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México inició una investigación contra Acciona por lavado de dinero en la construcción de un parque eólico en Tamaulipa. Como restultado, le congelaron las cuentas bancarias y fue sancionada con aproximadamente 2.5 millones de dólares.
En 2017 la multinacional estuvo implicada en sobornos y corrupción para obtener contratos en la construcción de carreteras y otros proyectos energéticos en Perú. Tuvo que pagar 4.5 millones de dólares y le prohibieron participar en futuras licitaciones públicas.
En 2019, también fue investigada por prácticas irregulares para ganar contratos de infraestructura en Bolivia. Fue multada con 1.4 millones de dólares.
En 2018 fue investigada en España por corrupción en licitaciones públicas y resultó multada con aproximadamente 29 millones de dólares y fue temporalmente excluida de nuevas licitaciones públicas.
En 2016, fue investigada por sobornos en proyectos de infraestructura en Brasil. Resultó sancionada con 20 millones de dólares y fue incluida en una lista negra de empresas prohibidas de participar en futuras licitaciones públicas.
En 2022, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en España multó a Acciona con 29.4 millones de euros por su participación en un esquema de colusión con otras constructoras.
Asimismo, el Banco Mundial inhabilitó a Ingeniería Especializada Obra Civil e Industrial S.A.U. (IEOCI), la sucesora de Acciona Ingeniería S.A., por un período de 28 meses debido a prácticas corruptas, colusivas y fraudulentas en un proyecto financiado por el Banco en Bolivia.
El aeropuerto de Pedernales
En junio de 2024, la empresa Acciona fue adjudicada para la construcción
del Aeropuerto Internacional de Pedernales, pese a que presentó la oferta económica más elevada entre los participantes.
El proyecto tenía un presupuesto base de RD$3,640,000,000.00, y Acciona presentó una propuesta de RD$3,961,295,253.98, un 8.83% superando el monto inicial en RD$361,295,253.98. Sin embargo, fue seleccionada por alegadamente contar con una calificación técnica superior y mayor experiencia.
