Naciones Unidas se vio obligada a interrumpir este lunes (26.08.2024) las operaciones humanitarias de sus agencias en la Franja de Gaza debido a una nueva orden de evacuación israelí de Deir al Balah, el último lugar donde han tenido que reubicarse tras sucesivas órdenes de evacuación anteriores, anunció un alto funcionario de la organización.

“Esta mañana hablé con mi consejero de seguridad en el terreno y le pregunté: ¿hay operaciones esta mañana?, y me dijo ‘no, imposible'”, aseguró el funcionario, quien pidió el anonimato. “Se debe a las órdenes de evacuación de ayer (domingo) que afectan a la zona de Deir al Balah, donde habíamos desplazado a la mayor parte de nuestro personal y nuestras operaciones tras la orden de evacuación de Rafah hace unos meses”.

“Esto nos lleva al punto en que no podemos funcionar. No se trata de una decisión de interrumpir las operaciones, pero a nivel práctico, no podemos funcionar”, afirmó la fuente. El objetivo, agregó, es reanudar a la brevedad las operaciones, y aseguró que no se retirarán de la Franja de Gaza porque “la gente nos necesita”. Recalcó, empero, que en las condiciones actuales son incapaces de cumplir sus obligaciones.

“Respetar los edificios de la ONU”

Desde el inicio del conflicto entre Israel y Hamás en octubre, la ONU ha tenido que “retrasar o pausar” en ocasiones sus operaciones, “pero nunca hasta el punto de decir concretamente que ya no podemos hacer nada” como ocurre ahora, añadió el funcionario.

“Debemos encontrar soluciones. Si esto supone parar 24 o 48 horas y partir de cero, tenemos que hacerlo. Ahora, el desafío es encontrar un lugar donde empezar de cero y funcionar eficazmente”, agregó.

Consultado sobre cuál sería su principal petición al gobierno de Israel para garantizar la continuidad de las operaciones, el responsable dijo que el ejército israelí debería “respetar los edificios de la ONU”, ya se trate de almacenes o refugios improvisados, además de los vehículos de la organización.

DZC (AFP, EFE)

En entrevista con DW, el abogado brasileño Paulo Abrão, experto en derechos humanos y director ejecutivo del Washington Brazil Office, analiza el “terrorismo de Estado” bajo el régimen sandinista de Daniel Ortega, el “nuevo autoritarismo” de Nayib Bukele en El Salvador y la “triste realidad” de Venezuela, donde Nicolás Maduro se prepara para seguir en el poder seis años más, pese al triunfo electoral que reclama la oposición.

DW: A más de seis años de la revuelta cívica de 2018 en Nicaragua, que usted documentó personalmente siendo entonces el director ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismos humanitarios están denunciando un aumento de la represión por parte del gobierno de Daniel Ortega. Se reportan casi 150 presos políticos, más cierres de ONG, persecución a sacerdotes y periodistas. ¿Cuál es su lectura de la situación en el país?

Paulo Abrão: La implementación de medidas contrarias a los estándares internacionales por parte del gobierno de Nicaragua ha limitado severamente las libertades fundamentales de expresión, de organización, de reunión académica. El cierre de más de 5.000 ONG en los últimos años es algo que afecta los derechos de las poblaciones más vulnerables, que dependían de esas ONG para atender sus necesidades más elementales. Este cierre del espacio cívico es un indicio de que, hoy por hoy, no hay disposición del régimen de Nicaragua de establecer un diálogo que permita generar un ambiente favorable a una transición democrática y discutir cómo construir una reconciliación nacional.

Menciona una transición democrática, pero Ortega no parece interesado en reconciliarse con sus rivales políticos. Por el contrario, sigue desterrando a opositores, académicos, religiosos.

La estrategia del régimen, efectivamente, sigue siendo profundizar sus prácticas de terrorismo de Estado, con personas presas por motivos políticos, con un modelo de gobierno donde no existe independencia de poderes ni elecciones libres y participativas y, más aún, mantener una situación de impunidad frente a las graves violaciones de derechos humanos que persisten en el país. A la luz de estas acciones represivas, nosotros no vemos disposición de Ortega de abrirse al diálogo, pero la experiencia histórica de otros países nos hace creer que una efectiva presión internacional es capaz de empujar a los gobiernos a dialogar.

En las décadas de 1970 y 1980, varios países de Centro y Sudamérica soportaron dictaduras militares de derecha. Hoy vemos represión ejercida por gobiernos llamados de izquierda como los de Nicaragua, Cuba y Venezuela. ¿Sigue presente aquel viejo conflicto ideológico, o estamos más bien ante una lucha entre dictaduras y libertad?

Así es. Yo creo que hoy el gran tema en la región pasa por la confrontación entre democracias y nuevas formas de autoritarismo, algunas más agudas, con dictaduras surgidas de la violencia política, la ausencia de elecciones libres y la reducción de derechos civiles y sociales, como sucede en Cuba, Nicaragua y Venezuela. Estos tres países han venido siguiendo una misma fórmula: implementar un control totalitario, criminalizar toda oposición política y darle la espalda a la comunidad internacional. Es un modelo que tiene una inspiración originalmente cubana, y se fue perfeccionando por las nuevas dictaduras que hoy se retroalimentan y se alían para defender a otras autocracias o para justificarse internacionalmente. Incluso se repiten las tácticas de control social: detenciones arbitrarias, cierre de espacios cívicos, despojo arbitrario de la nacionalidad y otras prácticas de terrorismo de Estado. Pero también hay expresiones de nuevas formas de autoritarismo, como en el caso de El Salvador, donde la hiper personalización del ejercicio del poder y el control absoluto de los demás poderes del Estado por parte de un único partido político con amplia mayoría, permite que las medidas gubernamentales se acerquen más a medidas de carácter autoritario.

Usted cita el caso de El Salvador, donde el presidente Nayib Bukele se reeligió burlando una prohibición constitucional, como en 2011 lo había hecho Ortega en Nicaragua. Sin embargo Bukele arrasó en las urnas, pese al estado de excepción y las denuncias de violaciones de derechos humanos en su plan contra las pandillas. ¿Se equivoca la gente al votar por modelos autoritarios?

No se puede culpar a la sociedad porque se instale un sistema autoritario. La cooptación de las instituciones del Estado y la manipulación de la información limitan las opciones democráticas y terminan generando personajes populistas y discursos de verdades únicas. Estas soluciones fáciles pueden tener un efecto inmediato, como la reducción de la criminalidad, pero no son sostenibles a largo plazo y el precio que se paga es muy alto: restringen los derechos humanos y las libertades públicas, y no tienen efectividad real para combatir los problemas sociales. Porque cuando pase esa ola, ¿qué va a quedar en El Salvador? Van a quedar casi 3.000 niños y adolescentes que hoy están detenidos y que saldrán en 10 o 15 años de esas prisiones sin un proyecto de vida, sin posibilidad de ser ciudadanos útiles, porque se prefirió imponer el control social en vez de invertir en mejoras estructurales de educación, salud y desarrollo humano.

¿Qué escenario ve para Venezuela, después de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) validara las cifras del ente electoral que le dio la reelección a Nicolás Maduro, pese al rechazo de la oposición y de decenas de gobiernos en el mundo?

No era necesario esperar a las elecciones para saber que Venezuela no es una democracia. El régimen venezolano dio señales de que estaba dispuesto a realizar elecciones libres y supervisadas, lo que animó a la oposición a participar aceptando las reglas y condiciones impuestas. Esta situación nos hace creer que Maduro va a seguir manejando esta duplicidad entre endurecer y negociar, pero para mí esto solo tiene un objetivo: ganar tiempo para mantenerse en el poder seis años más. Y acá las Fuerzas Armadas tienen un rol crucial, porque hoy podrían estar al lado del pueblo en defensa de la Constitución y las libertades, pero siguen apoyando a Maduro. Así que no creo que haya alguna fuerza capaz de cambiar esta triste realidad.

¿Qué va a hacer la comunidad internacional frente al autoritarismo? Hemos visto que ni las sanciones ni los comunicados surten efecto, porque el mundo mira para otro lado.

En cuanto a Venezuela, la primera tarea de la comunidad internacional es no aceptar el resultado electoral oficialy seguir denunciando que no son creíbles las informaciones de las instituciones controladas por Maduro, como el Consejo Nacional Electoral y el TSJ. Esto es fundamental porque va creando un desgaste del régimen, lo que permitirá algún día lograr un cambio. Generar esa conciencia crítica es posible, porque en otros países que vivieron dictaduras y lograron conquistar la democracia, ese proceso de desgaste fue lento, fue gradual, pero ocurrió. Llegará el momento en que los dictadores pierdan el respaldo de quienes los apoyan, y yo lo sé porque fui presidente de la Comisión de Amnistía de Brasil, donde la dictadura militar (1964-1985) duró 21 años, pero un día terminó. Esto es algo que requiere paciencia histórica, resistencia y esperanza. Y también mucha capacidad de resiliencia, porque la lucha que se pierde es la lucha que se abandona.