SANTO DOMINGO. – El presidente de la República, Luis Abinader, ha emitido el Decreto 442-24, mediante el cual se confirman importantes designaciones en el sector financiero del país, asegurando la continuidad y estabilidad de las instituciones claves del sistema bancario dominicano.
En el decreto, Héctor Valdez Albizu ha sido confirmado como Gobernador del Banco Central de la República Dominicana, cargo que ha desempeñado con distinción, consolidando su liderazgo en la política monetaria y estabilidad económica del país. Junto a él, Clarissa de la Rocha ha sido ratificada como Vicegobernadora del Banco Central, cargo en el que ha contribuido significativamente a las operaciones y decisiones estratégicas de la institución.
Asimismo, Alejandro Fernández Whipple ha sido confirmado como Superintendente de Bancos de la República Dominicana, rol en el cual ha demostrado un compromiso firme con la supervisión y regulación del sistema bancario, asegurando su solidez y transparencia.
Estas designaciones subrayan el compromiso del presidente Abinader con la estabilidad económica y financiera de la República Dominicana, garantizando la continuidad de un liderazgo experimentado en las principales instituciones financieras del país.
El decreto también instruye a que se envíe copia del mismo al Banco Central de la República Dominicana, a la Superintendencia de Bancos, al Ministerio de Administración Pública, a la Cámara de Cuentas, a la Contraloría General de la República y a las demás instituciones correspondientes para su conocimiento y ejecución.
SANTO DOMINGO, RD.- Llegó la hora cero. ¿Quiénes se quedan y quienes siguen?
El presidente Luis Abinader puso fin al mutismo al anunciar que viernes 16 de agosto, a partir de las 3:30 de la tarde dará a conocer al país, desde el salón de embajadores del Palacio Nacional, lo nombres de sus nuevos funcionarios.
En lo que va de esta administración que finaliza precisamente este 16 de agosto, el mandatario ha introducido pocos cambios de funcionarios, muchos de ellos motivados en situaciones que los cuestionan en el cumplimiento de sus responsabilidades.
La decisión as reciente de Abinader barco un movimiento para llevar al ministerio administrativo de la Presidencia al ex presidente del PRM, Andrés Bautista García y al de Interior y Policía la ex senadora del mismo partido, Farides Raful.
En los últimos cuatro años se han realizado decenas de cancelaciones en algunas de las más importantes instituciones del Estado.
Cerca de concluir el primer mandato constitucional del presidente Luis Abinader (2020-2024), el mandatario ha tenido que destituir a al menos 34 funcionarios de su gestión por conflictos que van desde problemas con la justicia hasta vicios gerenciales.
En este mismo período cuatro servidores públicos renunciaron.
Diario Libre ha realizado un levantamiento sobre los principales cambios que ha realizado la actual administración en direcciones, institutos, consejos u otras entidades gubernamentales.
En abril, con el develamiento de la operación Coral 5G, el general Juan Carlos Torres Robiu tuvo que poner a disposición de Abinader su título como director del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) tras ser imputado en una presunta estructura criminal que sustrajo del erario alrededor de 4,500 millones de pesos.
El 11 de mayo de ese mismo año, fue designado en esa posición el general Minoru Matsunaga, quien actualmente ocupa el cargo.
El jefe de Estado destituyó a Luis Maisichell Dicent como administrador de la Lotería Nacional el 15 de junio, luego de ser acusado de estafar a bancas de lotería por un valor de 500 millones de pesos. En marzo de 2023 el exfuncionario fue descargado del caso por la justicia.
El 19 de agosto Julio Antonio de la Cruz Nolasco fue destituido como titular de la Dirección General de Embellecimiento de Carreteras y Avenidas (Dgecac), luego de denuncias sobre presuntas irregularidades en dicha entidad.
Al día siguiente, Leonardo Faña fue despedido como director del Instituto Agrario Dominicano (IAD) por una supuesta denuncia de agresión sexual contra una exfuncionaria de ese organismo, en un caso del que posteriormente fue absuelto.
Juan Maldonado Castro, exdirector General de Comunidad Digna fue suspendido de esas funciones el 8 de septiembre tras ser apresado por su presunta vinculación a una red de lavado de activos y narcotráfico, develada con la operación Falcón.
El 11 de octubre el Poder Ejecutivo destituyó a Paula Disla Acosta del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), siendo designada como viceministra de Relaciones Internacionales del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), mediante el decreto 634-21.
Seis días después, el presidente Abinader desvinculó a Edward Sánchez como jefe de la Policía Nacional y lo convirtió en posteriormente como asesor policial honorífico del Poder Ejecutivo, con asiento en el Palacio Nacional.
El 28 de octubre Serafín Canario de la Rosa fue reemplazado en sus funciones de administrador de la Central Termoeléctrica de Punta Catalina (CTPC).
La exgobernadora de Samaná, Elsa de León, fue destituida de ese cargo el 1 de noviembre de ese año, luego de haber realizado declaraciones públicas en las cuales alegaba que iba a festejar cada persona que muriera por no haberse vacunado contra la enfermedad del Covid-19.
Siete días posterior a esta decisión, el mandatario suspendió al en ese momento director del Instituto Postal Dominicano (Inposdom), Adán Peguero, por presuntas irregularidades al otorgar contratos a la empresa de envíos Mia Cargo.
El 17 de noviembre Cecilio Rodríguez Montás fue cancelado del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) por denuncias sobre licitaciones irregulares.
Para concluir el año, el 6 de diciembre Abinader destituyó a José Altagracia Valenzuela Arias como cónsul de la República Dominicana en Juana Méndez, Haití, mediante el decreto número 784-21.
El 6 de abril Carlos Julio Martínez (hijo del comunicador Julio Martínez Pozo), Cristian Jesús Beltré Tiburcio y Paola Vásquez Medina fueron destituidos de la Comisión Reguladora de Prácticas Desleales en el Comercio y sobre Medidas de Salvaguardas.
Con el decreto 414-22 (del 3 de agosto), el presidente Abinader realizó numerosos cambios en instituciones de primer nivel.
Con esta ordenanza fueron retirados de sus funciones como directores generales: Rafael Arias del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant); Enrique García de Migración y César Cedeño Ávila de la Dirección de Bienes Nacionales.
El 15 de diciembre, 12 representantes consulares del Estado dominicano fueron cancelados mediante el decreto 739-22.
Luego de que la institución se haya visto envuelta en una ola de denuncias por escasez de libretas y entregas tardías, Néstor Julio Cruz Pichardo fue despedido de la Dirección General de Pasaportes el 23 de enero.
A través del decreto 15-23, que disponía esta medida, Cruz Pichardo también fue designado como cónsul general de la República Dominicana en Panamá.
El 14 de abril el gobernante sustituyó a Mérido Torres como director de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado (UTECT) tras ser señalado en el expediente de la Operación Calamar.
El primer mandatario destituyó el 7 de noviembre a Porfirio Peralta como director general del Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Promipyme) luego de denuncias de irregularidades en un programa de investigación periodística y por supuestamente obligar a los empleados de la institución que dirigía a comprar los boletos de una rifa para su movimiento político del PRM denominado Crece RD.
El 15 de enero de 2024, Wanda García fue destituida del Acuario Nacional por supuestas irregularidades en compras y contrataciones de esa institución, hecho por el que fue suspendida del cargo en noviembre de 2023.
