(CNN Español) — En la primera juramentación de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela el 19 de abril de 2013, lo acompañaban en primera fila varios mandatarios latinoamericanos. Estaban los entonces presidentes Cristina Fernández de Kirchner (Argentina); Evo Morales (Bolivia); Dilma Rousseff (Brasil) y Raúl Castro (Cuba). Estrenaba en ese momento una nueva era que prometía seguir las bases de su fallecido antecesor Hugo Chávez, pero con promesas de mejoras para los tiempos por venir.
Once años después, ese grupo de mandatarios cumplió su ciclo. Solo Maduro ha logrado retener el cargo y con pretensiones de alargar su mandato por otros seis años.
En enero de 2024, Nicolás Maduro presentaba ante el Poder Legislativo siete puntos, siete transformaciones que, según él, necesita el país para ser una potencia. Es un plan resumido de lo que correspondería hacer para alcanzar una mejor versión del país.
La lista de propuestas aborda temas gruesos como la economía, el cuidado del medio ambiente, el respeto a los derechos humanos y la recuperación del bienestar.
Es una oferta a futuro que, viendo los resultados del pasado en cuanto al desempeño económico y las violaciones a los derechos humanos, difícilmente se podrá alcanzar.
Desplome económico
La contracción del Producto Interno Bruto (PIB) en 75% entre 2013 y 2021 revela la caída de la actividad productiva, según afirma el economista Pedro Palma, autor de varios libros, entre ellos “Crónicas de una historia vivida”.
Palma explica que, a pesar de la caída de los precios petroleros, Maduro no redujo el gasto público; además, se cerró el acceso a los mercados internacionales (en parte por las sanciones financieras de Estados Unidos -que en agosto de 2017 prohibió emisiones de deuda y de bonos- pero también por incapacidad de pago del Estado), lo que generó un déficit casi imposible de cubrir.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, con su hijo Nicolás y su esposa Cilia Flores en una imagen de 2013. (Crédito: Juan Barreto/AFP/Getty Images)
La situación se desbocó a partir de finales de 2017. En diciembre de ese año, de acuerdo con datos del Banco Central de Venezuela (BCV), la inflación mensual ascendió a 55,6%, cifra considerada por los expertos como el indicador del comienzo de la hiperinflación.
A partir de entonces, los venezolanos vieron cómo se diluyó la capacidad de compra del bolívar, la moneda local, cómo comenzó a usarse informalmente el dólar como moneda para las transacciones y se desató una crisis humanitaria que provocó una enorme ola migratoria que, hasta la fecha y según la ONU, suma más de 7,7 millones de refugiados y migrantes. El país salió de la hiperinflación en diciembre de 2021, cuando, de acuerdo con cifras del BCV, Venezuela cumplió 12 meses con una variación mensual menor a 50%.
Y aunque a partir de 2020, el Gobierno ha dado prioridad a reducir la inflación, lo ha logrado con lo que Palma llama una “política regresiva muy severa”, con medidas como la eliminación del crédito bancario. Si no hay capacidad de compra, la inflación se reduce.
En enero, durante su discurso anual en la Asamblea Nacional, Maduro afirmó que la economía venezolana había crecido 5% en 2023. Palma proyecta que en 2024 podría crecer 4%, pero advierte que ese crecimiento se produciría sobre el 25% de la actividad productiva, lo que no refleja, a juicio del especialista, una verdadera mejora ni para el Gobierno ni para el poder adquisitivo de la gente.
Pobreza generalizada
Y esa cifra queda reflejada en los niveles de pobreza que desde 2014 se ha medido en la Encuesta de Condiciones de Vida elaborada por tres universidades y conocida como Encovi. En 2020, los resultados arrojaron que Venezuela era uno de los países más pobres del mundo.
En el informe concluyeron que el 96% de la muestra entraba en una categoría que denominaron “pobreza de ingresos”, que el 54% de los encuestados decía estar dentro del rango “pobreza reciente” 54%, y que el 41% estaba en pobreza crónica.
La medición realizada en 22 de los 24 estados del país, con la excepción de Delta Amacuro y Amazonas, reveló que entre noviembre de 2019 y diciembre de 2020 79,3% de los venezolanos no tenían recursos para cubrir la canasta básica de alimentos, situación enmarcada en lo que se denomina pobreza extrema.
Esos números mejoraron en las mediciones siguientes, hasta el punto de que en los informes de 2021 y 2022 el estudio determinó que la “pobreza de ingresos” se contrajo a los niveles similares a 2017. Sin embargo, esa mejora se estancó en la medición de 2023.
Protesta en Venezuela el 26 de julio de 2017 (Crédito: RONALDO SCHEMIDT/AFP/Getty Images)
La pobreza multidimensional registrada por la Encovi, vinculada no solo a los ingresos sino a condiciones como vivienda, servicios públicos, protección social, trabajo y educación, fue del 51,9% en 2023, casi 15 puntos menos que la registrada en 2021, aunque todavía 12 puntos por encima de la de 2014.
El primero de mayo, Maduro anunció un incremento del “ingreso mínimo integral” hasta unos US$ 130 (pagados en bolívares), aunque el monto es una sumatoria entre el salario mínimo y bonos que no todos los trabajadores reciben. Varios sectores de la oposición y sindicatos se movilizaron ese Día del Trabajador en rechazo a la bonificación del salario mínimo y con la exigencia de elevarlo a US$ 200 al mes.
Si se elabora un escalafón que compare el ingreso mínimo de los países de América Latina, los US$ 130 ubicarían a Venezuela en el último lugar.
El impacto en la salud
La crisis económica ha tenido un especial impacto en la salud de los venezolanos.
Para la organización de derechos humanos Provea, el tema de la salud es uno de los más acuciantes. En el informe de 2023, que hicieron como balance de la década de Maduro en el poder, enumeraban la escasez de medicamentos que afectó a la población al principio de esa era y el aumento de los precios; luego la desinversión en los hospitales, que ha hecho que la infraestructura decaiga. En 2013 registraban 1.976 denuncias de violaciones al derecho a la salud. En 2023, la cifra aumentó a 103.311.
El Gobierno de Maduro ha reconocido la gravedad de la crisis venezolana, pero ha trasladado la culpa a Estados Unidos por las sanciones impuestas a numerosos funcionarios y empresas, que se remontan a agosto de 2017.
Un mural del fallecido presidente Hugo Chávez (Crédito: JUAN BARRETO/AFP/Getty Images)
El 6 de enero de 2024, el presidente publicó en X: “En estos años de bloqueo, sanciones y agresiones hemos aprendido a parir, a innovar y a crear soluciones. Somos el pueblo que supera las dificultades”, escribió. Insistía en su publicación que Venezuela cuenta con el “Proyecto de Bolívar, del socialismo de Cristo, del socialismo bolivariano fundado por nuestro Comandante Chávez. ¡Estamos del lado correcto de la historia!”.
Denuncias por violaciones de DD.HH.
Según Amnistía Internacional, entre 2014 y 2023 diferentes organizaciones de la sociedad civil de Venezuela registraron cerca de 15.700 detenciones arbitrarias.
En el marco del examen ante el Comité de Derechos Humanos, las autoridades venezolanas sostuvieron que el hecho de que una persona pasara horas o días detenida sin que su familia fuera informada de su paradero no constituía desaparición forzada.
Sin embargo, admitieron que entre 2015 y 2022, solamente 10 de 455 presuntas desapariciones forzadas habían llegado a juicio, sin que se informara sobre el paradero de las víctimas ni se sancionara a nadie, según reportó Amnistía.
La organización Centro de Justicia y Paz (Cepaz) contabiliza al menos 12 detenidos por razones políticas que han muerto en custodia del Estado. También destacan que las mujeres experimentan una forma “más severa de persecución y criminalización”.
En algunos de esos casos la Fiscalía respondió iniciando investigaciones. En dos de ellos hubo fallos de la Justicia.
En febrero de 2022, un tribunal penal de Caracas condenó a 30 años de prisión a un oficial y a un teniente de la Guardia Nacional Bolivariana por el homicidio calificado y las torturas sufridas por Rafael Acosta Arévalo, un capitán de corbeta que se encontraba detenido en la sede de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim). Meses antes, en diciembre de 2021, dos funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) fueron sentenciados a cinco años y diez meses de prisión por delitos de homicidio culposo.
Pero la organización Programa Venezolano de Educación-Acción de DD.HH. (Provea) habla de al menos 1.652 víctimas de torturas y al menos 10.000 personas que han muerto a manos de agentes de seguridad entre 2013 y 2023.
Todas estas denuncias han trascendido las fronteras de Venezuela.
Así afectan las elecciones en Venezuela a la crisis migratoria 3:43El 27 de septiembre de 2019 el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas estableció la Misión Internacional Independiente de Determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela para determinar las denuncias de violaciones a los derechos humanos ocurridas en el país sudamericano, un mandato prorrogado hasta septiembre de 2024. En el último informe, publicado en 2023, la Misión documentó “numerosos casos de violaciones graves a los derechos humanos en contra de las personas opositoras al Gobierno o percibidas como tales”, entre ellas 28 casos de tortura.
Tras la publicación del informe, el Gobierno venezolano calificó de “insólitas, falsas y sin fundamento” las denuncias recogidas por la Misión, porque, en su criterio, no tienen “sustento metodológico, ni conocimiento de la realidad del país”. “Es parte de la política criminal e injerencista de ‘cambio de régimen’ que impulsa el Gobierno de Estados Unidos de América con la complicidad de sus gobiernos satélites en el mundo”.
Mientras la ONU documenta esos casos en sus informes, la Corte Penal Internacional (CPI) avanza en una investigación por posibles crímenes de lesa humanidad perpetrados durante las protestas antigubernamentales de 2017.
Para el Gobierno de Venezuela, la pesquisa del fiscal de la CPI “responde a la intención de instrumentalizar los mecanismos de justicia penal internacional con fines políticos, todo ello sobre la base de una acusación por supuestos crímenes de lesa humanidad que nunca han ocurrido”.
Pero las denuncias de violaciones a los derechos humanos apenas tienen eco en la televisión y la radio local. Los dos mandatos de Maduro han supuesto una auténtica hecatombe para el periodismo independiente y el pluralismo informativo, de acuerdo con Reporteros Sin Fronteras.
Para llegar a esta conclusión, la organización se apoya en un censo elaborado por Provea, citado en un informe publicado a principios de mayo. Allí se muestra que entre 2021 y 2023 hubo una reducción del 38% del número de emisoras radiales y del 45 % de la cantidad de televisoras.
Y fue justamente en un acto público, transmitido por redes sociales y el canal del Estado, cuando Maduro lanzó la advertencia apenas a nueve días de las elecciones previstas para el 28 de julio. “El destino de Venezuela, en el siglo XXI, depende de nuestra victoria el 28 de julio. Si no quieren que Venezuela caiga en un baño de sangre, en una guerra civil fratricida, producto de los fascistas, garanticemos el más grande éxito, la más grande victoria de la historia electoral de nuestro pueblo”, dijo el mandatario durante un acto público en una zona popular del oeste de Caracas.
